Se sacudieron las
redes sociales con la propuesta del candidato Santiago Botero de aplicar
la pena de muerte a terroristas, asesinos y responsables de delitos graves para
recuperar el control del país.
Aunque todavía no
aparece en las encuestas de opinión que manejan los grandes medios, es lo
cierto que puso el dedo en la llaga para denunciar algo que la mayoría de los
colombianos anhela: que haya un líder que nos saque de este abismo de
inseguridad, narcotráfico, terrorismo, corrupción y desorden constitucional
que nos agobia y estremece día a día.
No se puede ocultar
que vivimos la etapa más azarosa de nuestra historia: La mayor parte del
territorio nacional se encuentra bajo el poder de grupos irregulares como las
FARC (mal llamadas disidencias), el ELN, el Clan del Golfo, etcétera. Tampoco
se escapan los centros urbanos donde bandas criminales extorsionan a
comerciantes, transportadores, vendedores ambulantes y hasta a los que piden
limosna en los semáforos. Toda Colombia está subyugada por la delincuencia. Las
instituciones llamadas a combatirla están cooptadas por un régimen
condescendiente con el crimen. Las Fuerzas Armadas están sometidas a un
proceso de debilitación que les impide cumplir con su finalidad básica de
defender la Constitución y proteger a los ciudadanos. La cárcel se convirtió en
una “universidad del crimen” donde los prisioneros perfeccionan sus
habilidades delictivas. La justicia cada vez cojea más en virtud del tribunal
de la JEP creado a la medida de las necesidades de los bandoleros de las FARC,
la infiltración de la politiquería en los fallos y la venalidad que la
convirtió en el “cartel de la toga”. En suma, el Estado es incapaz de
garantizar la seguridad y las mínimas normas para la convivencia, por lo
cual se imponen medidas más drásticas para recuperar el control social.
Es la pena de
muerte la única medida capaz de frenar el problema de la criminalidad
que ha tomado proporciones gigantescas en nuestro país y recuperar el
control social anarquizado por los conflictos políticos generados por los
gobernantes, las masacres relacionadas con el narcotráfico y el odio de clases
que afecta a los sectores de la economía y el trabajo. De hecho, ya la pena de
muerte existe desde hace varias décadas en nuestro país y ha causado más
asesinatos que muchas guerras civiles e internacionales. La característica
de esta pena masiva de muerte es que no se practica para beneficiar a la
sociedad sino para imponer la ideología marxista y envenenar al mundo
con los alucinógenos. No olvidemos que el principal cartel de la droga en
el planeta es la organización de las FARC, aliada de nuestros gobernantes de
turno.
Es necesario, en consecuencia,
que el Estado aplique la pena de muerte en los delitos graves que afecten
los fines del bien común y el bienestar de la población.
La pena de muerte
es la única que los delincuentes temen por su eficacia intimidatoria.
Históricamente, la criminalidad se ha incrementado en aquellos países que la
han suprimido. Por el contrario, el ejemplo de Singapur es bien
convincente. Pasó de ser uno de los países más inseguros y corruptos a ser hoy
el más seguro y próspero del planeta, gracias a la implantación de la pena de
muerte para narcotraficantes, asesinos y corruptos.
Debe apreciarse la
pena de muerte como benéfica y justa, ya que permite la eliminación de un
grave y seguro peligro para la sociedad. Es, además, ejemplarizante.
Ningún otro medio es más adecuado para servir de escarmiento. Contrasta con la
actitud de nuestros gobernantes de los últimos tiempos, empeñados en crear el
efecto contrario, premiando con curules en el Congreso y toda clase de honores,
privilegios, subsidios y beneficios personales, a los criminales más crueles
de nuestra historia, dejando a la posteridad el mensaje de que el crimen sí
paga.
El Estado tiene el legítimo
derecho de aplicar la pena de muerte. La sociedad no puede renunciar al más
formidable de sus derechos pues, en la búsqueda del bien común, el interés
social está por encima del individual, y debemos defender primero a la
sociedad que al criminal.
Tiene un efecto de
moralización de la sociedad ya que constituye el más eficaz recordatorio del
orden moral, sin el cual no podemos vivir los seres humanos. Desde la época
de los filósofos griegos nos llegan las palabras de Platón: ““Hay
naturalezas humanas que no soportan correcciones exteriores: deben ser alejados
de la República o sometidos a la pena capital”. También el mensaje
cristiano se refiere a la pena capital en San Mateo 26.52: “El que
usare la espada a espada perecerá”. En otras palabras, que todo el
que causare alguna una muerte injusta, debe también ser muerto por la autoridad”.
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