Pena de muerte, solución a la inseguridad y el caos

Luis Alfonso García Carmona

Se sacudieron las redes sociales con la propuesta del candidato Santiago Botero de aplicar la pena de muerte a terroristas, asesinos y responsables de delitos graves para recuperar el control del país.

Aunque todavía no aparece en las encuestas de opinión que manejan los grandes medios, es lo cierto que puso el dedo en la llaga para denunciar algo que la mayoría de los colombianos anhela: que haya un líder que nos saque de este abismo de inseguridad, narcotráfico, terrorismo, corrupción y desorden constitucional que nos agobia y estremece día a día.

No se puede ocultar que vivimos la etapa más azarosa de nuestra historia: La mayor parte del territorio nacional se encuentra bajo el poder de grupos irregulares como las FARC (mal llamadas disidencias), el ELN, el Clan del Golfo, etcétera. Tampoco se escapan los centros urbanos donde bandas criminales extorsionan a comerciantes, transportadores, vendedores ambulantes y hasta a los que piden limosna en los semáforos. Toda Colombia está subyugada por la delincuencia. Las instituciones llamadas a combatirla están cooptadas por un régimen condescendiente con el crimen. Las Fuerzas Armadas están sometidas a un proceso de debilitación que les impide cumplir con su finalidad básica de defender la Constitución y proteger a los ciudadanos. La cárcel se convirtió en una “universidad del crimen” donde los prisioneros perfeccionan sus habilidades delictivas. La justicia cada vez cojea más en virtud del tribunal de la JEP creado a la medida de las necesidades de los bandoleros de las FARC, la infiltración de la politiquería en los fallos y la venalidad que la convirtió en el “cartel de la toga”. En suma, el Estado es incapaz de garantizar la seguridad y las mínimas normas para la convivencia, por lo cual se imponen medidas más drásticas para recuperar el control social.

Es la pena de muerte la única medida capaz de frenar el problema de la criminalidad que ha tomado proporciones gigantescas en nuestro país y recuperar el control social anarquizado por los conflictos políticos generados por los gobernantes, las masacres relacionadas con el narcotráfico y el odio de clases que afecta a los sectores de la economía y el trabajo. De hecho, ya la pena de muerte existe desde hace varias décadas en nuestro país y ha causado más asesinatos que muchas guerras civiles e internacionales. La característica de esta pena masiva de muerte es que no se practica para beneficiar a la sociedad sino para imponer la ideología marxista y envenenar al mundo con los alucinógenos. No olvidemos que el principal cartel de la droga en el planeta es la organización de las FARC, aliada de nuestros gobernantes de turno.

Es necesario, en consecuencia, que el Estado aplique la pena de muerte en los delitos graves que afecten los fines del bien común y el bienestar de la población.

La pena de muerte es la única que los delincuentes temen por su eficacia intimidatoria. Históricamente, la criminalidad se ha incrementado en aquellos países que la han suprimido. Por el contrario, el ejemplo de Singapur es bien convincente. Pasó de ser uno de los países más inseguros y corruptos a ser hoy el más seguro y próspero del planeta, gracias a la implantación de la pena de muerte para narcotraficantes, asesinos y corruptos.

Debe apreciarse la pena de muerte como benéfica y justa, ya que permite la eliminación de un grave y seguro peligro para la sociedad. Es, además, ejemplarizante. Ningún otro medio es más adecuado para servir de escarmiento. Contrasta con la actitud de nuestros gobernantes de los últimos tiempos, empeñados en crear el efecto contrario, premiando con curules en el Congreso y toda clase de honores, privilegios, subsidios y beneficios personales, a los criminales más crueles de nuestra historia, dejando a la posteridad el mensaje de que el crimen sí paga.

El Estado tiene el legítimo derecho de aplicar la pena de muerte. La sociedad no puede renunciar al más formidable de sus derechos pues, en la búsqueda del bien común, el interés social está por encima del individual, y debemos defender primero a la sociedad que al criminal.

Tiene un efecto de moralización de la sociedad ya que constituye el más eficaz recordatorio del orden moral, sin el cual no podemos vivir los seres humanos. Desde la época de los filósofos griegos nos llegan las palabras de Platón: ““Hay naturalezas humanas que no soportan correcciones exteriores: deben ser alejados de la República o sometidos a la pena capital”. También el mensaje cristiano se refiere a la pena capital en San Mateo 26.52: “El que usare la espada a espada perecerá”. En otras palabras, que todo el que causare alguna una muerte injusta, debe también ser muerto por la autoridad”.

De cara al porvenir: la avalancha

Pedro Juan González Carvajal

Se sienta uno a ver los noticieros de televisión, y partiendo del principio de la buena fe, uno cree en la responsabilidad periodística, a sabiendas de que cada noticiero por más objetivo e imparcial que se presente, como mínimo debe preocuparse por su supervivencia y entonces depende de la pauta publicitaria y ahí comienzan los conflictos de interés.

Es absolutamente alarmante el contenido típico de estos espacios de divulgación noticiosa.

No entiendo como todavía este país no ha colapsado ante esta hecatombe moral y este cataclismo ético que cada día observamos y del cual somos casi todos observadores pasivos y casi todos cómplices por inacción.

Cuando no son los desastres naturales previsibles y advertidos, pasamos a la masacre de turno –un poco más de dos docenas en lo que va corrido del año–, al asesinato de líderes sociales, ambientales, reinsertados, y miembros de la fuerza pública, cuando no es de la delincuencia organizada que doblega las posibilidades de las autoridades en las ciudades.

Ni hablar de los feminicidios, de los abusos a niños, del mercado sexual, del secuestro, de la extorsión, del gota a gota, de los ingenuos intentos por lograr una muy deseada “Paz Total” pero teniendo como interlocutores a grupos que ya patentaron la fórmula para continuar con este proyecto de vida, que no defiende  ideología alguna, sino a los intereses de los miembros de estos grupos, cual es la creación de “disidencias” que pareciera ser están planeadas desde antes de firmar un acuerdo de paz entre el Estado y un porcentaje importante de los miembros y dirigentes de estos grupos.

No podemos olvidar el impacto del narcotráfico y la estéril estrategia global empleada hasta ahora, basada en la prohibición, pero cuyos recursos han servido para corromper a una gran cantidad de personas e instituciones de nuestra pretendida sociedad, abriéndole paso y financiando a la maldita corrupción.

No olvidemos que estamos ante una situación donde los colombianos nos estamos matando entre nosotros mismos desde hace un poco más de 200 años. Independientemente de donde provengan las balas, el humano caído es un ciudadano colombiano.

Para enfrentar la corrupción no me voy a poner a desarrollar ideas melifluas, ni a proponer acciones políticamente correctas para dejar constancia ni a proponer mecanismos inocuos… ¡no!

Como el asunto se nos salió de madre, como los delincuentes se encuentran en todas las escalas sociales y perdieron hasta los modales y el recato para robar a plena luz del día, mi propuesta es sencilla: implementar una reforma bajo la figura jurídica pertinente para incorporar como mecanismo de combate contra la corrupción, la pena de muerte y el decomiso de todos los bienes de los parientes en primer y segundo grado de consanguinidad y de aquellos que sirvan como testaferros.

Como se está avanzando en la construcción de un proyecto de ley para la siempre cacareada y nunca implementada Reforma a la Justicia, podría ser el momento de tener en cuenta este “articulito”.

Estamos dizque librando una batalla frontal contra la corrupción, teniendo como actores a personajes castigados por corrupción, lo cual es un magistral ejemplo de nuestra Colombia macondiana.

O seguimos insistiendo en luchas simbólicas para dejar constancia, o nos ponemos serios y nos proponemos acabar con este flagelo, caiga quien caiga y pase lo que pase.

Lo que sí parece una línea sacada de una obra del “teatro del absurdo” es el eslogan del actual Gobierno que dice “Colombia, potencia de la vida”, lo cual dista mucho de ser verdad y de lo que la realidad nos está mostrando y enrostrando a diario.

Ojalá esta frase fuera cierta y tuviera un sentido real.

Ahí les dejo “Este trompo en la uña”.

Nota. Torpe, siendo generosos con el calificativo, es el manejo que el actual Gobierno le ha venido dando al proceso de elección del Rector de la Universidad Nacional. Está alborotando sin necesidad uno de los avisperos más complejos que existe, cual es el segmento de los estudiantes, al cual pueden adherirse fácilmente los maestros y otros grupos de interés. Este Gobierno que reclama permanentemente la participación y el respaldo de las bases, puede ver como acaba de lanzar un bumerán con recorridos y consecuencias impredecibles.

Recordemos a Daniel “el Rojo” y las marchas estudiantiles en la Francia del 68 que pusieron a tambalear al general De Gaulle, gran héroe nacional quien ocupaba la Presidencia de la República en ese momento histórico.

Para no darle muchas vueltas, “con los estudiantes no se juega”.

La cultura de la muerte

Por José Alvear Sanín*

Mientras avanza la “cultura de la muerte” se procura no hablar de ella, ni de los regímenes políticos que la propician, ni de los que se fundan sobre su capacidad de causarla. Si bien el nazismo fue derrotado militarmente, sus vencedores no siempre han sido amigos de la vida. Desde luego, el comunismo está edificado sobre cien y más millones de cadáveres, pero de un tiempo a esta parte las democracias han cedido a la misma tentación macabra.

Siempre me ha impresionado aquella lapidaria afirmación de Antonio Aparisi y Guijarro (1815-1872), en el sentido de que el Imperio Romano resolvía los problemas económicos con guerra e infanticidio, porque cuántas veces no se repite esa maldición en nuestros tiempos de aborto masivo, de interminables guerras y de la próxima eutanasia mandatoria, que ya viene ambientándose…

La pena de muerte para los culpables ha sido derogada en la mayor parte de las democracias. En Gran Bretaña, país donde fue defendida con pasión, su abolición data de 1965, aunque hasta 1998 se la conservó para la traición. Pero igual respeto no se extendió para la vida intrauterina inocente, ni para enfermos terminales, condenados judicialmente, con frecuencia, a la muerte.

El tema anterior es aterrador, no solo en lo que dice a ese país, pero hoy debo referirme únicamente a un asunto que para el lector colombiano trae el blog Colombian News, que dirige el gran periodista, historiador y politólogo Eduardo Mackenzie, pero que nuestra gran prensa, globalista y progre, omite. Transcribo entonces la nota correspondiente, procedente de una conocida publicación francesa Le Salon Beige, de Michel Janva:

El juez Yonko Grozev, un exmiembro de la Open Society de George Soros, juzgó sumariamente un caso de eutanasia, desestimándolo sin dar una sola explicación.

Su decisión es definitiva y no se publica en el sitio web de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH); el paciente polonés morirá de hambre y sed. El expediente, n ° 55987/20, pronto será destruido. Este paciente polonés -cuyo nombre e imagen no pueden ser revelados, por orden de los tribunales británicos- se encuentra internado en Gran Bretaña, en un servicio que había decidido abandonarlo a muerte. Según la familia de paciente, el hospital en cuestión tomará algunos de los órganos del polonés porque él se había declarado como donante potencial.

Sin embargo, su familia y el gobierno polonés han pedido su repatriación a su tierra natal, para que sea tratado con dignidad. Los obispos poloneses habían declarado asumir todos los gastos. En vano. Los tribunales británicos dictaminaron que él debe morir en el Reino Unido, y Grozev acaba de fallar a favor de esos jueces. El caso vuelve a plantear la cuestión de la parcialidad de los jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos.

https://www.lesalonbeige.fr/un-polonais-condamne-a-mort-par-un-juge-soros-de-la-cedh/

Se me dirá que poco aporta esta referencia, porque ya es bien conocida la adhesión judicial, en tantos países, a las directrices del Nuevo Orden Mundial, y que la Corte Europea de los Derechos Humanos es un tribunal tan parcializado como los británicos, en favor de la cultura de la muerte. Pero yo lo pongo en consideración de los lectores por algo aterrador, como es una cruel ejecución judicial que se lleva a cabo en un hospital por personal sanitario, privando al condenado, tanto de agua y alimento como de identidad, porque “su nombre e imagen no pueden ser revelados”, y excluido de la historia, porque “el expediente judicial n° 55987/20 pronto será destruido”. ¡Así que ese tal nunca existió!

¡Cómo es posible que la “justicia” en Europa haya llegado a estos extremos inauditos, propios de la peor época del estalinismo, para llegar a convertirse en extensión de la policía política y en órgano de represión ideológica al servicio de poderes en la sombra!

Cuando me entero de estos (y otros hechos del mismo corte), comprendo horrorizado cómo se perfila la sociedad poscristiana del nuevo orden mundial; y la obligación moral de oponernos, con fuerzas políticas cada vez más debilitadas, a su implantación definitiva en Colombia.

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No llega sola a la cúspide Ms. Kamala Harris, promotora en el Congreso de los Estados Unidos, con Barack Obama, Joe Biden y Nancy Pelosi, especialmente, de la legalización de las late term abortions (hasta 9 meses), y de la muerte para los bebés que sobrevivan a esa atroz “operación”. Ya Obama fue presidente y Biden acaba de ingresar, por algunos meses, a la Casa Blanca, en el triste ocaso de la democracia americana.

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Y en el crepúsculo del estado de derecho, la Jurisdicción Especial Prevaricadora (JEP), en un larguísimo galimatías nos informa que, creando tipos penales que no están en el Código Penal, ha decidido que sus superiores, es decir ocho miembros del Secretariado, no sean “procesados” por secuestro, sino por “toma de rehenes y grandes privaciones de la libertad”. Esta disimulada forma de expresarse carece, desde luego, de importancia: Los supuestos “procesados” (hoy congresistas), a lo sumo serán “condenados a penas alternativas” de naturaleza cívica…; y ni el fiscal, ni la procuradora denunciarán penalmente a los “magistrados” de la JEP por usurpación de funciones legislativas, por inventar “tipos penales” para tergiversar los hechos, desnaturalizar las leyes y cohonestar delitos de lesa humanidad.

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¡Reconstrucción o catástrofe!

Me pregunto

Por Antonio Montoya H.*

El por qué nuestra sociedad, la colombiana, debe y tiene que estar sufriendo, por causa de la falta de acción del Congreso colombiano, que impávido ve pasar el tiempo y no reacciona frente al clamor ciudadano, al dolor y a la angustia de miles de familias víctimas de varios flagelos abominables que atentan contra la convivencia ciudadana, la moralidad, las buenas costumbres y al sufrimiento de la víctima. Ellos guardan su dolor, la infamia, ocultan su humillación toda una vida hasta que agobiados no aguantan y sacan a la luz pública su tragedia como una forma de liberación.

Varias mujeres en el Congreso de la República han propuesto desde la pena de muerte hasta la cadena perpetua para algunos delitos atroces.

Hoy quisiera manifestar que un alto porcentaje del pueblo colombiano quiere la pena de muerte para delitos como el secuestro, el homicidio, la violación a menores de edad, la violencia contra la mujer y la violencia familiar que son delitos que afectan de manera grave y directa a las víctimas.

Qué importante sería mirar a la luz del derecho, de la disciplina y el orden social, si esos delitos que violentan la dignidad del ser humano deberían ser objeto de condena y pena de muerte para que entiendan que el delito tiene consecuencias, que la sociedad no está abstraída simplemente viendo el delito, sino que clama por la justicia verdadera, la que genera consecuencias, que castiga, condena y saca de la sociedad a aquellos que en forma permanente atentan contra la dignidad, el honor y el respeto por las normas legales.

Quisiéramos que entendiéramos que hoy estamos aportas de que estén en la calle más de diez y siete mil violadores (17.000), y unos dos mil quinientos (2.500) que están próximos a salir de la cárcel, no propiamente para contribuir al desarrollo y a la convivencia. Saldrán como aves de rapiña, serán como depredadores listos a cometer actos delictivos contra el primero que se les atraviese y entonces volverán a la cárcel, pero después de reincidir, de iniciar nuevamente el camino de la ofensa y del delito.

Debemos recordar que los Garavitos, este conocido asesino y violador, y otros muchos, sin vergüenza, ni verdadero arrepentimiento, con innumerables delitos a cuestas, tarde que temprano saldrán a recorrer los pueblos y veredas para violar y matar niños.

Desde el año pasado 2018, el presidente ha solicitado acción para aprobar la cadena perpetua para estos delitos de violación, pero el Congreso ha sido impávido a esta petición, dilatan hasta que se hunden por término de legislación y ahora no asisten a la plenaria. Son unos absolutos y totales irresponsables, dan grima y no podemos esperar nada de ellos.

La historia de la humanidad ha tenido que ir controlando la delincuencia y la violencia de muchas formas. Legislar fuertemente, aun con pena de muerte, sobre estos temas no es volver al pasado, es simplemente analizar la realidad y tomar decisiones, de lo contrario los niños y niñas de Colombia, las mujeres, los ciudadanos de bien, no tendremos seguridad, ni tranquilidad, las violaciones aumentarán, el feminicidio se multiplicará, los secuestros continuarán y la ausencia de ley, de justicia será más evidente.

Evitemos a toda costa que volvamos a épocas pasadas de aplicar sentencia por la propia mano porque entonces vendrá el caos.

Exijamos a través de redes sociales, artículos, prensa, radio, tv y todas las formas de difusión que la justicia debe prevalecer y que los delincuentes, actores de los delitos mencionados, deben o ser condenados a la pena de muerte o condenados a cadena perpetua.