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viernes, 26 de diciembre de 2025

La responsabilidad es de todos

Luis Alfonso García Carmona
Luis Alfonso García Carmona

La escalada del horror con los ataques con drones a la fuerza pública, toma de pueblos, colocación de explosivos en las vías, confrontaciones armadas entre grupos de narcoguerrilleros, reclutamiento forzado de menores, masacres y daños a la infraestructura, nos confirma que este dantesco panorama de violencia, terrorismo e inseguridad es la peor secuela de la llegada de la extrema izquierda al poder.

No existirá solución posible mientas permanezca este régimen o una continuidad de este al frente de los destinos de la patria. Necesitamos con urgencia la sustitución de esa perversa ideología tanto en la Presidencia como en el Congreso Nacional.

¿De quién es la responsabilidad en esta inaplazable tarea? De todos los colombianos habilitados para votar. Ha llegado el momento de sacudirnos de la pereza y de los prejuicios inútiles y materializar nuestro patriotismo, salvando a la nación de la terrible hecatombe que se nos vino encima. Con un Congreso compuesto por gentes honorables y con valor suficiente para enfrentar a los enemigos del país y un presidente que lidere la defensa de la patria y su reconstrucción espiritual y material, podremos ganar esta batalla y enfrentar esta tenebrosa inseguridad.

Son muchas las áreas que habrá que atender. Por ejemplo:

1. Reanudar las buenas relaciones con nuestros tradicionales aliados, Estados Unidos e Israel, para modernizar la dotación de nuestra fuerza pública y adquirir los últimos adelantos en materia de drones, comunicaciones, transporte aéreo, así como la tecnología que exige la guerra en la actualidad.

2. Reorganizar y fortificar la inteligencia militar y de la policía en todos los rincones del territorio nacional, para evitar que sigan cumpliendo los facinerosos con su infernal agenda criminal, tomando de sorpresa a las fuerzas del orden.

3. Pasar de la pasividad que ha impedido a nuestros efectivos defenderse hasta en extremas situaciones donde han sido secuestrados y despojados de sus armas, a una estrategia de combate dirigida a la eliminación o neutralización de todos los grupos irregulares dedicados al narcotráfico, terrorismo y criminalidad en general. Prioritariamente, se debería combatir a sus cuadros directivos y destruir instalaciones tales como campamentos, laboratorios, depósitos de armas y de alucinógenos.

4. Aumento del pie de fuerza que efectivamente esté destinado al combate; recuperación de la misión para la que fueron creadas las fuerzas del orden; reapertura de bases estratégicas y fuerzas de acción conjunta suspendidas.

5. Destrucción de los cultivos de alucinógenos en todo el país, mediante la utilización de drones, aeronaves teledirigidas, fentanilo y supresión de erradicación manual y de subsidios a cocaleros.

6. Programas especiales para detectar y suprimir el lavado de activos, adquisición de precursores, cesación de la minería ilegal, persecución al secuestro y la extorsión y otros medios de financiación de los grupos armados.

7. Revisión de partidas presupuestales destinadas al orden público e incrementar los ingresos de la fuerza pública para cubrir sus necesidades en la compra de equipos y mantenimiento de sus operaciones.

8. Organización de una red nacional de voluntarios para la defensa de la seguridad, cuyas funciones serán: Informar a las autoridades todo hecho sospechoso, mantener comunicación con sus vecinos más próximos para la defensa de sus hogares mientras llega la presencia de las autoridades y recaudar pruebas fotográficas o de otro tipo que sirvan en los procesos que se adelanten contra los delincuentes.

9. Debe estructurarse un Estatuto Nacional de Seguridad, mediante un proyecto de ley elaborado por un grupo bicameral compuesto por amigos de la seguridad y la democracia en unión con el gobierno que sea elegido, que incluya, entre otros, los siguientes aspectos: a) Penalizar con cadena perpetua el narcotráfico, terrorismo, secuestro, reclutamiento de menores y masacres; b) Prohibición de beneficios penales para condenados por estos delitos; supresión de libertad provisional para porte de armas o explosivos, y eliminación del delito político como justificación para cualquiera de estos delitos; c) Organización de cárceles en lugares alejados, con niveles de alta seguridad, sin posibilidad de comunicación exterior para los reclusos, que serán vigiladas por un organismo compuesto por veteranos de las fuerzas armadas; d) Reforma a la administración de Justicia, cambiando el sistema de elección de magistrados para que no haya intervención de la política, encargando de su juzgamiento a la Comisión de Aforados, sancionando el incumplimiento de términos en materia penal, estableciendo vigilancia permanente de los despachos judiciales a cargo de la Procuraduría.

10. Diseñar plan de interceptación aérea y marítima en conjunto con los Estados Unidos para eliminar el transporte de alucinógenos desde Colombia a otros países.

La ignorancia o la ingenuidad ya no nos servirán de excusa para no actuar responsablemente. Hagamos caso a esta advertencia: “Es terrible, en efecto, que la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría(Meditaciones, Marco Aurelio)

martes, 26 de agosto de 2025

La Amazonía dominada por grupos al margen de la ley

José Hilario López Agudelo
José Hilario López Agudelo

Acaba de concluir en Bogotá la V Cumbre de presidentes de los Estados Miembros del Tratado de la Cuenca Amazónica (OTCA), antesala de COP30 a celebrarse a finales del presente año en Belém de Pará, donde se debatió la carta que los países amazónicos van a jugar para proteger la mayor selva y pulmón del mundo. En términos tangibles, el mayor logro de la V Cumbre fue establecer las reglas de juego para que, finalmente, opere un mecanismo de cogobierno de los pueblos indígenas dentro de la OTCA. Otro compromiso para resaltar de esta Cumbre fue el respaldo al lanzamiento de un fondo para proteger el bioma amazónico, garantizar la participación de los indígenas en la toma de decisiones de la organización y la inauguración de un centro internacional de inteligencia policial en Manaos, Brasil.

La Amazonía noroccidental, en su mayor parte territorio colombiano, compartido con Ecuador, Perú y Brasil es una región que cumple una función estratégica vital dentro del gran bioma amazónico. En la cuenca hidrográfica del río Putumayo y en parte del denominado Trapecio Amazónico se conforma la conexión entre las altas montañas andinas y la planicie amazónica. Justamente estas dos subregiones, las más vulnerables por su valor ecosistémico y geopolítico de la Amazonia, se han convertido en territorios en disputa por múltiples actores al margen de la ley, atraídos por actividades ilegales, que compiten por la extracción de los recursos naturales (forestales y mineros), generando una crisis multidimensional que amenaza no sólo la vida y el equilibrio ambiental, sino también la democracia, la seguridad climática y la estabilidad regional.

La profesora Dolors Armenteras directora del grupo brasilero de Investigación Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas (Ecolmod), señala que “si se pierde la conectividad entre los Andes y la Amazonia baja, se rompe el delicado equilibrio de procesos vitales como el ciclo del agua, el transporte de nutrientes y las migraciones de especies, tanto terrestres como acuáticas, fundamentales para la salud ecológica de toda la región, y sin duda del planeta.

El informe “Amazonía en disputa. Seguridad climática y conflictos socioambientales en la Amazonía noroccidental”, presentado por la V Cumbre de la OTCA, hace un llamado urgente a los Estados, la sociedad civil y la comunidad internacional a actuar de manera decidida ante una realidad crítica[1]. Según el presidente Lula da Silva, en la Amazonía operan hasta 17 organizaciones criminales compitiendo por el control del territorio. Justamente las dos subregiones atrás mencionadas (Cuenca del río Putumayo y Trapecito Amazónico) son las que enfrentan mayores y crecientes presiones por la expansión de actividades extractivas.

La realidad de una Amazonía en disputa remite a un escenario de confrontación territorial multisectorial. No se trata únicamente de un conflicto entre actores legales e ilegales, sino de una lucha por el significado mismo del territorio, su uso, su gobernanza y su futuro. Según la OTCA, en el centro de esa disputa confluyen los siguientes conflictos:

Disputas ambientales. Enfrentamientos entre actores con intereses, valores o modelos de desarrollo contrapuestos, en contextos de desigualdad, debilidad institucional y presiones extractivas sobre uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Estas disputas, provocan pérdida de bosque afectando su capacidad de regulación climática y su capacidad de absorción de carbono.

Disputas de capital. Conflictos estructurales entre diferentes formas de acumulación, inversión y extracción de valor en los territorios amazónicos, en los que actores legales, ilegales e híbridos compiten por controlar tierras, recursos, rentas y circuitos logísticos. Estos conflictos convierten el territorio en mercancía y giran alrededor de los recursos de la Amazonía, incluyendo minerales estratégicos, tierras raras, el agua, el oro, la fauna y la flora, así como la riqueza biológica del bioma. La demanda internacional por commodities juega un papel central en estos conflictos, que se acentúan sobre las zonas fronterizas y su funcionalidad geográfica en términos de corredores y rutas que conectan la Amazonía con los mercados internacionales.

Disputas del crimen organizado. Las economías ilícitas y los grupos que las regulan imponen normas y reglas para controlar territorios y poblaciones de su interés. Esta imposición se traduce en una gobernanza de facto, en donde la violencia se convierte en una forma de castigo y en donde se generan vínculos entre las economías ilícitas, las economías lícitas y las economías informales. La competencia por el control o la regulación de las economías ilícitas y sus enclaves se traduce en un incremento de la violencia o de otras formas de control social, como la extorsión.

Disputas comunitarias. Se trata de conflictos entre actores sociales del mismo territorio o región, generalmente pueblos indígenas, comunidades campesinas, colonos, ribereños o afrodescendientes, que compiten o entran en tensión por el uso, acceso, control o reconocimiento de derechos sobre la tierra, los recursos naturales, las formas de gobernanza local o las relaciones con actores externos. Estos actores comunitarios, que juegan un papel central en la protección y conservación del bosque, son muchas veces deslegitimados en procesos de decisión estatal y empresarial.

Disputas institucionales. Este conflicto se genera por la competencia entre diferentes formas de estatalidad, compuestas por instituciones muchas veces fragmentadas, superpuestas y contradictorias, que oscilan entre la protección formal y la captura corporativa y estatal. Estas disputas incluyen la administración de justicia, la regulación ambiental, el poder local o el control fronterizo; campos en los que intereses privados logran poner las instituciones públicas a su servicio, provocando un proceso de erosión democrática sin precedentes.

Tampoco se presentan de manera aislada unas de otras, pues en el ámbito territorial se dan en el marco de una superposición de territorialidades, actores, recursos, capacidades e intereses, donde se manifiesta la complejidad de la crisis de la Amazonía. Más allá de la clasificación analítica, el abordaje de estas disputas, y de la disputa por la Amazonía en general requiere un abordaje integral y multiescalar. Este entramado de territorialidades produce un mapa cambiante de conflictos socioambientales, donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal, lo público y lo privado, lo político y lo criminal, son constantemente redefinidas.

La Amazonía Noroccidental es un territorio en disputa por múltiples razones interrelacionadas, que van desde intereses económicos y geopolíticos hasta dinámicas criminales, tensiones sociales y desafíos ambientales. Su importancia estratégica y su vulnerabilidad la convierten en uno de los escenarios más críticos para la seguridad ambiental, climática y humana en el siglo XXI, el cual no es ajeno a la creciente polarización política y a la competencia internacional entre las grandes potencias. Comprender la relación entre esas disputas permitirá encontrar la forma apropiada de fortalecer las capacidades de los gobiernos amazónicos, la sociedad civil, y las organizaciones regionales, para desarrollar acciones dirigidas al control de la criminalidad organizada en la región, así como a la mitigación de sus impactos ambientales. Mientras la polarización frente a temas como el cambio climático aumenta en los foros internacionales, y las negociaciones políticas sobre responsabilidades y compromisos de los diferentes Estados avanzan lentamente, la pérdida de superficie boscosa y de biodiversidad en la Amazonía continúa acelerándose.

Esperemos que los gobiernos de la región noroccidental de la Amazonia - Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, la COP30 - y la comunidad internacional se responsabilicen de un gran proyecto internacional para salvar la Amazonia de su inminente destrucción, a que la están precipitando los grupos al margen y la ley. Las demás acciones, tales como empoderar a las comunidades indígenas de la gobernanza de sus territorios, están supeditadas a que la institucionalidad recupere el control de la de la Amazonia Noroccidental.

Amagá (Antioquia), 25 de agosto de 2025.

lunes, 9 de junio de 2025

Razones para separar a Petro del cargo de forma inmediata (Primera parte)

Luis Alfonso García Carmona
Luis Alfonso García Carmona

1. Aumento de la criminalidad y de la inseguridad de la población

*En 2024 se presentaron 76 masacres con un total de 267 víctimas.

*En 2024 se registraron 13.109 homicidios, lo que equivale a que, en promedio, cada día mueren por violencia 36 personas.

*En los primeros dos meses de 2025 ocurrieron 32 actos terroristas, con un incremento del 25 % sobre el mismo período del año anterior.

*En 2024 se reportaron 279 secuestros, mientras que en los primeros 4 meses de 2025 se reportaron 131, la cifra más alta en un período cuatrimestral en 15 años.

* Se documentaron 12.956 casos de extorsión en 2024, con un crecimiento del 18 % sobre el año anterior. Es bien sabido en los medios policivos que la mayor parte de estos delitos no son denunciados por sus víctimas, por elemental temor a las represalias de los facinerosos.

* La Defensoría del Pueblo registró 463 casos de reclutamiento de menores en 2024, la mayor parte en el departamento del Cauca. Como es obvio, en esta cifra faltan muchísimos casos que no llegan a ser conocidos por las autoridades debido a que gran parte del territorio nacional está dominado por grupos guerrilleros, responsables de estas crueles infracciones contra la niñez.

* En 2024 se reportaron 90.000 desplazamientos forzados, principalmente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. En la región del Catatumbo, en 2025, los enfrentamientos entre el ELN y las FARC han producido 56.000 desplazamientos que afectan a 92.000 pobladores.

* En 2024 batimos el récord en área cultivada de coca llegando a 253.000 hectáreas. Contrasta con la cifra de 68.000 hectáreas en el año 2010, al finalizar el gobierno de la Seguridad Democrática, con una reducción del 60 % con respecto a la década anterior. Después de la firma del humillante Acuerdo de La Habana, los gobiernos de transición hacia la izquierda de Santos y Duque, y la llegada al poder del régimen castro-chavista de Petro, el incremento en la siembra del alucinógeno alcanzó el 272 %. La producción en toneladas pasó de 410 toneladas en 2010 a 2.254 en 2024, con un crecimiento del 549 %. Las exportaciones potenciales para 2024 fueron de 1.925 toneladas, con las que se mantiene Colombia como el primer productor y exportador mundial del alucinógeno.

* Colombia ocupa una deshonrosa posición en el panorama mundial del crimen organizado. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2023, elaborado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime, el país se ubicó en el segundo lugar entre 193 naciones, solo superado por Myanmar.

Principales indicadores de criminalidad

* Puntaje de criminalidad: 7.75 sobre 10, reflejando una alta incidencia de actividades delictivas.

* Redes criminales: Colombia lidera con una puntuación de 9.5, indicando la presencia significativa de grupos mafiosos y redes delictivas estructuradas.

* Tráfico de cocaína: Colombia es el mayor productor mundial, con una puntuación de 9.5 en este rubro.

* Trata y tráfico de personas: puntuaciones de 8.0 y 7.5 respectivamente, evidenciando la gravedad de estos delitos en el país.

* Extorsión y cobro de "vacunas": puntuación de 8.5, mostrando la prevalencia de estas prácticas. Todo el país, en zonas urbanas y rurales, está afectado por este delito, aunque sólo una mínima parte de los casos son denunciados.

* Minería ilegal: particularmente en la extracción de oro, afecta gravemente a los recursos naturales.

Actores Criminales Relevantes

* Clan del Golfo: considerado uno de los grupos narcotraficantes más poderosos de Colombia, con aproximadamente 4,000 miembros. Ha establecido alianzas con cárteles mexicanos y mafias europeas como la 'Ndrangheta y la mafia albanesa.

* ELN y “disidencias” de las FARC: Guerrillas que combinan actividades políticas con economías ilícitas, incluyendo narcotráfico y minería ilegal.

Persisten desafíos como la corrupción, la impunidad y la limitada presencia estatal en algunas regiones, lo que dificulta la erradicación completa de estas redes delictivas.

* La presencia y el control de grupos armados ilegales en Colombia han experimentado un notable incremento en los últimos años, afectando significativamente la seguridad y estabilidad en diversas regiones del país.

Municipios con presencia de grupos armados ilegales

* Total de municipios afectados: de los 1.104 municipios que conforman Colombia, 790 presentan presencia de grupos armados ilegales, lo que equivale al 71,5% del total nacional.

Porcentaje del territorio nacional bajo influencia de grupos armados

* Área controlada: se estima que los grupos armados ilegales tienen presencia en aproximadamente el 28 % del territorio colombiano, lo que representa cerca de 324.736 km

Principales grupos armados y su expansión

* Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC):

-Presente en 392 municipios de 24 departamentos.

-Incremento del 84% en su presencia territorial entre 2019 y 2023.

* Disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia):

- Operan en 299 municipios de 19 departamentos.

- Aumento del 141 % en su presencia desde 2019.

* Ejército de Liberación Nacional (ELN):

- Activo en 232 municipios de 19 departamentos.

- Crecimiento del 56% en su presencia territorial desde 2019.

Conclusiones:

1. Bajo el régimen petrista se ha blindado el sucio negocio de la droga, se ha impulsado el crecimiento de la criminalidad organizada y la inseguridad ha llegado a niveles insostenibles para la población urbana y rural.

2. No existe una voluntad política del Gobierno de atacar esta alarmante tragedia y, por el contrario, se ha favorecido la impunidad, impedido el normal funcionamiento de las fuerzas del orden y promovidos el odio y la violencia callejera con fines políticos.

3. El mantenimiento de Petro en el poder no significa otra cosa que conducir el país a la anarquía, al gobierno de la delincuencia y a convertir a Colombia en un narcoestado.

4. Por ésta –y otras razones que expondremos detalladamente– convocamos a los colombianos de bien a constituir de manera urgente un “frente patriótico”, cuya primera tarea será sacar avante el juicio político por indignidad que busca la separación del poder del señor Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Cumplido ese paso, nos prepararemos como un gran movimiento nacional, independiente de los grupos políticos, para alcanzar la reconstrucción del país y la conversión de Colombia en “el milagro económico de América”.

jueves, 13 de abril de 2023

Vigía: echando por la borda

Coronel John Marulanda (R)
Por John Marulanda*

Echando 15 años por la borda desde que Correa era Primer mandatario, el actual presidente, Guillermo Lasso, autorizó el porte de armas para la defensa personal en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos (cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón). (Ayer asesinaron 10 “pescadores” en Guayaquil).

Una pistola puede alcanzar entre USD 500 y USD 700 y no existen requisitos para exhibir y vender estas armas en los almacenes de Ipiales en Ecuador y Pasto en Colombia.

En Guayaquil, los crímenes se acercan a los 600 en menos de cuatro meses y el 95% se han perpetrado con armas de fuego. La mayoría ocurre en donde se ventilan graves conflictos por minería ilegal y narcotráfico.

De El Comercio, iban por carretera en la provincia de Esmeraldas, tres periodistas el 26 de marzo de 2018: cinco años después, el Ministerio Público no se ha pronunciado.

Es en ese sector en donde se han registrado 356 agresiones, 67 más que el año anterior y han disparado contra las instalaciones del canal RTS para dejar panfletos prohibiendo la circulación del diario Extra. Así como El Heraldo, en Barranquilla.

Hace poco asesinaron a Rubén Cherrez Faggioni, probablemente ligado a la mafia albanesa. Su cuerpo fue encontrado en Santa Elena, costa ecuatoriana, junto a sus dos acompañantes. El hombre era amigo del cuñado del presidente, Danilo Carrero, lo que generó la apertura del caso conocido como ‘Encuentro’, por el que el presidente ahora enfrenta un juicio político. La Corte Constitucional admitió solo una de tres imputaciones, relacionada con contratos fracasados entre la Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker.

Colombia, es el núcleo central de tráfico de armas, con la frontera con Venezuela y el andén Pacífico colombo-ecuatoriano siempre abierto al contrabando de fusilería. Recordemos que en el Ecuador existe y funciona Alfaro Vive Carajo y el Frente Che Guevara, y que en el límite bifronterizo, se dice que Tarek al Aissami, el protegido de Maduro, es el encargado de entregar armas al ELN y al Tren de Aragua.

A esta autorización se han opuesto organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada, mientras los carteles criminales mexicanos tienen al Ecuador como su más violenta zona de conflicto en el hemisferio sur.

¿Tiene esto que ver con el asesinato del gran amigo de su cuñado o con el de los periodistas? ¿O tendrá que ver con el crimen generalizado de la costanera ecuatoriana, propiciado por los carteles mexicanos?

Adendo: Ayer murió el décimo soldado de la emboscada en Norte de Santander. Quedan 9 heridos.