Propuestas para un cambio en la justicia laboral

Por Antonio Montoya H.*

Días atrás, en entrevista que realicé con el doctor Enrique Gómez Martínez, presidente del Movimiento de Salvación Nacional, expresó una propuesta que con el trascurrir de los días me ha ido gustando más, que puede conllevar a una rápida aplicación de justicia en aspectos laborales y que sin duda alguna disminuiría la congestión en el país sobre estos aspectos.

Decía él que muchos de esos despachos judiciales podrían quedar libres y disponer de ellos para aplicar justicia en otras diversas áreas del poder jurisdiccional, ya sea en lo penal, civil, o contencioso, y aún más, se podrían poner a disposición de la fiscalía, si los procesos laborales que surgen por el no pago de liquidación  de prestaciones sociales o indemnizaciones, tienen un manejo administrativo, es decir pasar de un modelo judicial para lograr el pago de algo cierto como lo es lo referente a salarios, prestaciones e indemnizaciones de un trabajador y convertirlo en una sanción económica a cargo del empleador si no se cancelan estas en un tiempo prudente de treinta días calendario. Pero, además, entre las partes podrían hacerse acuerdos de pago de estas que evita el tipo sancionatorio y que hace más difícil la situación al empresario.

Es sin duda alguna un cambio disruptivo, que tiende a disminuir el conflicto laboral, cuando no tiene por qué haber conflicto. Es cierto, que quien vincula a un trabajador sabe y conoce las consecuencias del no pago oportuno del salario, prestaciones sociales, aportes a la seguridad y demás obligaciones surgidas del contrato, no tiene por qué requerirse una sentencia que ordene ese pago, y, por ende, bajo sanción, a quien no cancele a tiempo se evita el desgaste de la justicia.

Es un tema de hondo contenido social, de los que verdaderamente producen un cambio significativo en la mente del empresario y es que, si contrata a un ser humano bajo la modalidad laboral, asuma las consecuencias y no diluya la responsabilidad en el tiempo amparado en la decisión judicial, que en múltiples ocasiones es esperada por el empleador y, mientras tanto, es el trabajador con su familia el que sufre las consecuencias económicas de no recibir lo que corresponde al terminar el contrato.

Obvio, como lo dije antes, que pueden surgir efectos negativos para el empresario por situación de mercado, economía o pandemia como la que estamos apenas superando, pero no es obstáculo para que entre el empleador y el trabajador se encuentre directamente una solución bajo un acuerdo en el tiempo de pago de las prestaciones y demás obligaciones laborales; si conversan se logra el acuerdo y se evitan para las partes grandes sinsabores.

Por todo ello, considero que esa propuesta debe llegar a convertirse en ley de la República, amerita un trabajo legislativo que lleve a los legisladores a apreciar la importancia del cambio y el mejoramiento en la condición económica del trabajador y a que comprendan los empresarios y trabajadores que un buen acuerdo conlleva a un clima laboral bueno, porque los demás compañeros perciben esos acuerdos de una manera positiva.

Seguiremos hablando en otro artículo de la importancia del tema indemnizatorio y de lo vital que es quitarla para los nuevos contratos mejorando un poco el salario, es decir diferenciándolo de los otros, será más fácil contratar para los empleadores y ayuda a la búsqueda de empleo formal a muchos otros.

¡El problema de haberle vendido el alma al diablo! Parte uno

Por Luis Guillermo Echeverri Vélez*

– Parte uno. De la sociabilización de la injusticia. (Serie Cultura de la Legalidad)

Hablando en términos reales, pero con expresiones figurativas: “Cuando alguien le vende el alma al diablo, la apelación es en los infiernos”. Veamos porqué se descarriló la democracia, cuando ante la imposición de la impunidad, calló la justicia.

Para entender la gravedad de un problema de la justicia, que no es nuevo en Colombia, el colmo lo marca el hecho particular de que “un presidente” se haya dedicado ocho años a sociabilizar la injusticia. Es así como se rompió la unidad democrática y la independencia de poderes, cuando en procura de pasar a la historia el gobernante resolvió de manera arbitraria, vanidosa y entresijos, endosar los principios constitucionales a una pila falaz de negociadores embusteros y resentidos, que resultaron empeñando la legalidad en una prendería de quinta categoría en La Habana, en favor de las fuerzas narcoterroristas del crimen organizado.

A cambio de una medalla, se vendió al mundo una falsa ilusión de paz y se le dio sepultura a la autenticidad de un sano debate democrático. Se le dio rienda suelta a la ideologización y los abusos de las cortes en una estructura judicial que ya estaba politizada. Se construyó la moda de una nueva ola de publicidad propagandística enmarcada en una irresponsable corrupción ideológica, con la cual, bajo la complicidad de un parlamento vendido, se engañó al pueblo, a los medios y a la propia la justicia representada en algunos de sus más altos jueces y magistrados, que bendijeron el establecimiento de nuevos órganos paralelos para legalizar todo lo que antes era ilegal.

Siendo muchos jueces y magistrados personas integras y verdaderos apóstoles del derecho, no se puede desconocer que aquí ya parece que no hay a quién se le pueda reclamar en justicia. Menos cuando las actuaciones más visibles de la rama judicial demuestran abusar del poder en favor de los delincuentes.

Cuando los jueces toman abiertamente posición ideológica en los asuntos propios o ajenos a su competencia, se trapea con la legalidad. Cuando se calumnia la honra de las personas en redes y en medios, se le usurpan a “Themis” la venda y la balanza, y es la impunidad lo que resulta después de la mayoría de los atropellos contra la vida, honra, bienes y la libertad de los ciudadanos del común.

Es claro que hoy empezamos a sentir en el diario vivir del ciudadano del común, el efecto nefasto del estupro político que violó la voluntad del constituyente primario desconociendo el triunfo del “no” en el 2016. Hecho con el cual se legitimó en el Congreso un atraco a la democracia a cambio de contratos y cuotas clientelistas, que en su mayoría encajan perfectamente en el concepto de corrupción administrativa.

En medio de un constante mama-toco con la impunidad, las verdades se construyen con acusaciones temerarias en el foro mediático de algunos pasquines y radio-juzgados matutinos, donde en contraposición al derecho universal del debido proceso y la presunción de inocencia, las actuaciones propias de juicios y las condenas, se realizan en lo que dura un programa, y se ratifican, en algunos noticieros de la noche.

Entre tanto, vemos a la propia justicia sufriendo, convertida en negocio transaccional donde hay un trueque de sentencias y penas, a cambio de convenientes informaciones, que luego llevan a otras acusaciones, y en el medio, se pierden los conceptos de la verdad y el equilibrio que debe mantener quien a jurado decidir en justicia.

En resumen, aquí son “los pájaros los que le disparan a las escopetas”, y a menudo, es creando escándalos impertinentes, como a golpe de pluma y micrófono, el cuarto poder es quien resulta determinando con ánimos alevosos, cómo se imparte justicia en Colombia.