¿Acaso vivimos en una sociedad amancebada con la anarquía?

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez*

Hace 211 años que celebramos unidos un grito de independencia. Como la hemos tenido, ahora no la valoramos y una minoría violenta quiere romper el equilibrio democrático entre libertad y orden, que garantiza equidad y justicia en el ejercicio de la legalidad.

Como hice parte de la directiva de entidades internacionales, no me cuesta reconocer que sus burocracias también se equivocan y son sujeto de contaminación ideológica que desvirtúa su loable propósito. Diga lo que diga la CIDH, el reconocimiento del derecho a la protesta, sin garantía ni penalidad en caso de resultar en un abuso de los derechos fundamentales de todo ciudadano, representa el camino más corto a la anarquía.

El reconocimiento constitucional del derecho a la protesta pacífica, pierde toda validez cuando está asociada a paros y bloqueos que vulneren otros derechos, afecten la libertad de movilidad y el abastecimiento de bienes y servicios, se efectúen mediante amenazas y actos terroristas, daños a la propiedad pública o privada, agresiones físicas a personas, ataques contra la fuerza pública, violencia ciudadana, vandalismo, asonadas, incendios y destrucción de infraestructura, con las consecuentes pérdidas económicas y en general cuando las protestas resultan asociadas a cualquier acto que sería punible cuando un individuo obra en solitario o por su propia cuenta.

El derecho a la protesta debe estar antecedido del cumplimiento de las obligaciones ciudadanas de acuerdo con la ley[1].(*)

En medio del lamentable silencio de gobiernos democráticos, organismos y organizaciones internacionales, las protestas en Cuba están plenamente justificadas por 60 años de opresión dictatorial comunista y represión de todas las libertades y derechos existentes. Igualmente, representan el último recurso en países como Venezuela y Nicaragua, causadas por décadas de destrucción de valor y valores, se remiten a realidades de descomposición, miseria y empobrecimiento, a manos de regímenes totalitarios disfrazados ideológicamente.

Y estas protestas en contra de las dictaduras, de ninguna forma validan las que se han vivido recientemente en Barcelona, Estados Unidos, Chile o Colombia. Por el contrario, devalúan y desvirtúan la falsa narrativa populista que se le vendió al mundo como un justiciero y loable propósito.

En el caso de las manifestaciones de protesta en Colombia y la violencia asociada a las mismas, se han ignorado todas las reglas de convivencia en pandemia, generando miles de contagios y muertes innecesarias.

El problema de los abusos a las libertades de toda una nación, no es asunto de filosofías ideológicas, ni del grado de qué tan liberal o conservadora sea la forma de pensar de quienes las expresen, son atentados contra los principios que comprenden la legalidad en la que tenemos que convivir como seres civilizados.

En democracia no se vale adoctrinar indefensos por fuera de los valores intrínsecos a la misma. Ni movilizar masas con un discurso engañoso. Menos pagar delincuentes y azuzar inconformes e ignorantes para que con violencia se encarguen de sembrar terror, desconfianza e incertidumbre, destruyan vidas, la economía, bienes e infraestructuras que mantienen las empresas privadas, los empleos y los ingresos de los que dependen los ciudadanos.

Tampoco se vale mentirle al mundo para validar los intereses cobardes del populismo, afines a un socialismo del siglo XXI, que no han podido aceptar que, ni todos podemos vivir del Estado, ni que las organizaciones criminales narco-comunistas, que se quieren tomar el poder por medio de la combinación de todas las formas de lucha, no pueden ser quienes habiendo cometido crímenes de lesa humanidad participen en el proceso legislativo y de control político democrático.

Criticar es simple. Destruir es fácil. Construir valor, sociedad, cultura y civilización, es tarea para líderes, gobernantes y comunicadores ejemplares. Honremos hoy con respeto la libertad.

Anexo. Terrorismo digital asociado a las protestas en Colombia.

Durante más de 20 días me he dedicado a hacer un análisis técnico comparativo de varias herramientas digitales cuantitativas disponibles en el mercado (SML - Escucha de Redes Sociales). En un periodo observado de abril 25 a mayo 20 de 2021, los resultados demuestran la narrativa que se construyó en más de un 95% desde Twitter, y estuvo concentrada en que el Estado, que no fue el agresor, era quien atacaba violentamente a la ciudadanía colombiana en franca violación de los Derechos Humanos.

La narrativa sobre “Violencia Estatal” estuvo asociada a sucesos en Cali, intervención de organismos internacionales (ONU), críticas de oposición política al gobierno de Duque y acusaciones a Uribe. Luego pasó de estar asociada “propuestas ciudadanas”, a actividades de Anonymus (Ciber-ataques & cierre de twitter), actuación del gobierno, asociación con Venezuela, censura en internet y apoyo a Duque.

Más del 80% de las cuentas observadas, interactuaron con los usuarios de redes de comunidades activistas supuestamente defensoras de Derechos Humanos y políticos de izquierda. Y aproximadamente el 60% de la conversación general estuvo asociada a violencia.

Unos veinte mil usuarios o el 1 % de la conversación total de la red presentaron alta actividad anómala, un promedio de 3 publicaciones por segundo pero generaron aproximadamente el 40 % de la conversación, que fue cercana a los 10 millones de comentarios, de los cuales, el 85 % acusaron al gobierno y a la fuerza pública de la violencia en las manifestaciones, amplificaron internacionalmente una narrativa de crisis socio-política validada por mensajes de apoyo de todo tipo de celebridades, mientras solo el 10 % de los comentarios favorecían al gobierno y a la ciudadanía indefensa ante bloqueos, violencia y asonadas, estratégicamente planeadas con el auspicio de organizaciones criminales.

La narrativa fue difundida principalmente por twitter.com y amplificada exponencialmente por cuentas anónimas o impersonales, Trolls y Robots fabricados con código por mercenarios mediáticos, como el caso de Yac News asociado con Anonymus (ciberataques), por sistemas masivos de distribución de información venezolanos y rusos como TeleSur, Marzo4F.com controlado por Diosdado Cabello y rt.com (RusiaTV), de los cuales se nutren rutinariamente otras agencias noticiosas y medios internacionales como El País, The New York Times, The Washington Post, CNN, BBC, etc. Las noticias y opiniones que difunden comentaristas radiales, televisivos y mediático-digitales colombianos se dedican a expandir esas versiones informativas, en muchos casos sin validar su autenticidad y veracidad.

Las herramientas analíticas registran que el origen de dicha narrativa proviene especialmente del twitter de senadores de oposición plenamente identificados, de sus grupos de trabajo digital, y de medios internacionales más distribuidos por usuarios anómalos, desde Venezuela, Colombia, Alemania, Rusia, España, Francia, USA, e Inglaterra; siendo los 10 más distribuidos: el medio Bolivariano marzo4f.com, elespectador.com, eltiempo.com, semana.com, france24.com, wradio.com.co, dw.com, cnnespanol.cnn.com, cuartodehora.com, elpais.com, y las plataformas más utilizadas fuera de Twitter, Youtube.com, Facebook.com, Instagram.com.

Las consignas o hashtags relacionas con el paro en todo el país, difunden en su mayoría videos asociados a manifestaciones y violencia policial. Los de mayor impacto inicial, fueron: #SOSColombiaDDHH y #ColombiaEnAlertaRoja. Se observaron picos incrementados por menciones de políticos y analistas como los de los días 14 y 15 de mayo creados por la noticia falsa de una supuesta agresión sexual de miembros de la policía contra la menor Allison Meléndez, #SOSpopayan, #ParoNacional, #PrimeraLínea, etc., seguidos por otros contra los escuadrones antidisturbios de la fuerza pública y contra el gobierno: #DuqueRetireLaReformaYa, #EstadoAsesino, #NosEstanMatando, #DuquePareLaMasacre, #DuqueMandoAMatarnos, #DuqueNarcoParacoYAsesino, #IvanDuqueAsesino, #IvanDuqueRenuncie, etc.

La conversación asociada a un “Golpe de Estado” dentro de una supuesta “crisis socio-política en Colombia”, #golpedeestado, se dio entre más de 50,000 usuarios que la multiplicaron más de 100,000 veces, en su mayoría cuentas de activistas de DDHH, y se originó principalmente en Twitters de Gustavo Petro, quien comparó el Gobierno de Duque con el de Pinochet en Chile, y en asociación de otras cuentas circularon la falsa idea de que Álvaro Uribe está desestabilizando la población para dar un golpe de Estado contra Iván Duque. De otra parte, algunas cuentas conservadoras hablaron de un posible golpe de Estado por parte de Petro en alianza con sectores de la izquierda y el narco-terrorismo.

En cuanto a los 10 usuarios más influyentes en la conversación general, están las cuentas de: @IvánDuque, @DiegoMolano, @ONUHumanRights, @GustavoPetro, @GustavoBolivar, @Col_Informa, @Contagioradio1, @CIDH, @IvanCepedaCast, @JMVivancoHRW.

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[1] (*) Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Reventados

Por José Leonardo Rincón, S. J.*

He dicho que como país estamos atravesando la mayor crisis estructural de nuestra historia. Sabemos que afrontarla no es nada fácil y que salir de ella tomará tiempo. Igualmente, creemos que se necesitan líderes corajudos y decididos en la mesa de negociaciones para lograrlo y nos molesta no ver avances, no sé si por miopía o porque el paquidermo efectivamente no se mueve. El hecho es que llevamos 35 días de paro y todos los días sale gente de todas partes para marchar y protestar. No se cansan, inmunes al sol y a la lluvia. ¿Trabajan? No. ¿Estudian? No. Nunca han tenido nada, algunos lo habían perdido todo. Por eso no hay nada que perder. Si acaso la vida por el covid-19 pero era preferible salir a la calle y enfermarse que morir de hambre en casa. Son jóvenes, familias enteras, sin futuro.

El rector de la Javeriana escribió un twitt el pasado 21 de mayo que me gustó mucho: “No sigan dilatando el comienzo de las negociaciones añadiendo condiciones y temas. El país está reventado. Queremos trabajar, queremos estudiar, queremos movilizarnos libremente, llegar a tiempo a la casa y al trabajo”. ¡Hace 15 días y la cosa sigue igual!

Estábamos muy maltrechos por la pandemia y sus consecuencias, pero ahora sí que estamos reventados con esta tomadura de pelo. No sé a qué están jugando estos señores apoltronados en sus cómodas trincheras, sin mirar más allá de su afán de protagonismo y de ganar dividendos políticos para su botín electorero. Qué insensatez, qué falta de sentido común. Dicen las partes que aman la patria, pero les importa un bledo la economía paralizada, la infraestructura cada vez más vandalizada, que no destruida, la crisis sanitaria en aumento, la sangre de los muertos y heridos chorreando por doquier. Hace rato que el gobierno debió tomar riendas y el tal Comité de Paro descalificar la violencia y la anarquía. Cada día que pase será un año más que tendremos que tomarnos para recuperarnos. Estamos en la apoteosis de la patria boba, desgastados en luchas intestinas fratricidas y oteo revoloteando en el horizonte aves de rapiña listas a devorar lo que quede del muerto. Imperdonable.

Caída la reforma que propusiera el ministro de infeliz memoria, sabihondo de economía neoliberal pero que nunca ha comprado un huevo en una esquina, desde el ejecutivo se debieron amarrar los pantalones y coger el toro por los cuernos. Sentarse con los líderes de las ramas del poder público no para recibir florecillas perfumadas sino para afrontar la crisis y decir: Sí señores. Estamos mal. No podemos seguir evadiendo responsabilidades. Esto es grave. Vamos a conformar 10 mesas de trabajo con representantes de todos los sectores en cada una de ellas para mirar los temas neurálgicos que nos agobian. Vamos a hacer en cada una el listado de lo más urgente que hay que resolver. Vamos a hablar “a calzón quitao” para no decirnos mentiras, ni hacer promesas engañosas de cosas que no se pueden cumplir, para priorizar las acciones que realmente se deben tomar ya. Hacer un cronograma realista de fechas puntuales para trabajar en comisiones y presentar propuestas concretas de modo que se fueran viendo logros y primeros resultados. El país es lo primero y nuestros intereses mezquinos hay que dejarlos de lado. Aquí, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Pero no. Eso que llaman elegantemente falta de empatía, en realidad pareciera más bien soberbia, desdén y desprecio. Ribetearon fácilmente a todos por igual tildándolos de izquierdistas y siguen tercamente convencidos de que es un complot para destruir su institucionalidad venida a menos.

Sobre la crisis nacional en un principio todos estuvimos de acuerdo, pero ya estamos otra vez en desacuerdo por la forma de afrontarla. Estuvimos de acuerdo en el derecho legítimo a la protesta, pero no hemos estado de acuerdo en que había que denunciar y deslegitimar todo brote violento. Estuvimos de acuerdo con las marchas y las protestas, pero no con los bloqueos indefinidos que tienen reventados a todos los sectores de nuestra economía. Estuvimos de acuerdo en la necesidad de sentarse a dialogar, pero nos agobia el tedio de su lentitud y el ver la prepotencia de sus protagonistas que no ceden nada.

Insisto: cada día más que pase lo lamentaremos tardía e irreversiblemente, pero si es verdad aquello de que “piensa mal y acertarás”, es muy probable que quienes negocian no estén tan estresados porque tienen todo asegurado, cuentan con cómodos salarios y sus familias y propiedades ya están en el extranjero. Algunos de esos, que dizque defienden a su gremio, en vez de retornarles sus aportes descontados por derecha, gastan diariamente millones en publicidad radial, en avisos de periódico, en cazar peleas por cualquier cosa, pero no veo que propongan y construyan nada. Nefastos. El hecho es que estamos reventados: los niños en la casa sin poder vivir su vida normal de colegio, los que trabajan en casa y están hartos de reuniones virtuales, los tenderos y pequeños comerciantes que no pueden abrir sus almacenes, los empresarios promisorios que ven frustradas sus inversiones por el receso obligado, el personal de la salud sobre exigido por la crisis sanitaria, los que por culpa de los cierres se quedan sin empleo, los que pasan hambre y no tienen techo… ¿hasta cuándo?

Decreto inocuo versus revolución rampante

Por José Alvear Sanín*

Para celebrar el primer mes de la revolución colombiana, cuyo chispazo fue inducido por la presentación de una reforma tributaria imposible y agresiva en medio de la pandemia, y también con el fin de restablecer el gobierno, el pasado 28 de mayo se dictó el retórico Decreto ordinario 575, suscrito por los señores Duque y Palacio, que ha sido denunciado como “militarización” de un país levantado contra “un gobierno opresor, que masacra la población indefensa”.

La parte motiva del Decreto comprende cuatro y media páginas donde se reproducen normas y sentencias redundantes, y tres artículos, inocuos porque ratifican la inconstitucional política de que son los gobernadores y alcaldes (más o menos comprometidos con la defensa de las instituciones) quienes deben responder por el orden público, para lo cual “coordinarán”, “ordenarán”, “implementarán”, “informarán”, “decretarán”, “brindarán”, “apoyarán”, con otras autoridades incluyendo ejército y policía, y bla bla bla…, como puede el consternado ciudadano observar si lee los tres artículos del decreto que va a restablecer el orden público y salvar la democracia:

Artículo 1. Medidas para la conservación y el restablecimiento del orden público.

Ordenar a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, para que en el marco de sus funciones constitucionales y legales, adopten las siguientes medidas:

1. Coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones.

2. Adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la fuerza pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos.

3. Adoptar las medidas, e implementar los planes y acciones necesarias para reactivar la productividad y la movilidad en sus respectivas jurisdicciones, entre ellas, fortalecer los controles de seguridad en las vías y las caravanas.

4. En virtud de los principios de colaboración armónica de que trata el artículo 113 de la Constitución Política brindar el apoyo y colaboración, en el marco de sus competencias, a las autoridades pertinentes para lograr la mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en los actos delictivos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana.

5. Mantener informada a la opinión pública, nacional e internacional sobre los avances en control del orden público y las denuncias de las agresiones sistemáticas contra la población, la fuerza pública, los bienes públicos y privados.

6. Decretar toque de queda frente a cualquier alteración significativa del orden público y que, en tal virtud, resulte necesario.

Artículo 2. Inobservancia de las medidas. Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

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Como puede observarse, los dos peores alcaldes del país, Claudia y Pinturita, pueden continuar haciendo, diciendo u omitiendo, como les venga en gana.