Colombia: esperar el caos o restaurar el orden

Luis Alfonso García Carmona

Como respuesta al clamor nacional por la separación de Petro y su cuadrilla de los más altos cargos del Estado, sintetizado en el lema “¡Fuera, Petro!” que retumba en todos los rincones de la Patria, ha acelerado el sátrapa su estrategia para dar un golpe certero a la Constitución Nacional y aprobar de inmediato todos los despropósitos que ha anunciado para disolver las instituciones, desmoralizar las fuerzas armadas, despedazar la economía y convertir en esclavos del Estado a 50 millones de colombianos.

Después de llevar a cabo 78 encuentros con participación de guerrilleros, vándalos de la Primera Línea y organizaciones afines a la guerrilla y a sus ideas, el Comité Nacional de Participación, conformado en su gran mayoría por elementos de extrema izquierda, cuenta con un borrador que será discutido con el ELN en la mesa de diálogo que se inicia el próximo 20 de mayo. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/asi-es-el-borrador-sobre-la-participacion-de-la-sociedad-en-el-proceso-con-eln/

En dicho documento que, según el régimen, contiene recomendaciones “con fuerza vinculante”, se incluyen temas relacionados con elementos estructurales del Estado; cambios en la doctrina de seguridad y reformas a la fuerza pública; sustitución del sistema político, militar, económico y ambiental; desmantelamiento de clanes políticos que controlan la vida política, económica, cultural y social; cambio del modelo extractivo; cambio en  la tenencia de la tierra; transformación de las economías “ilegalizadas”, etc., sin contar con otros documentos en preparación que ahondarán los “ejes de la transformación”. Ni más ni menos que toda una carta constitucional, completamente contraria al contenido del orden constitucional vigente.

Estamos, queridos compatriotas, ante una alteración total, ilegítima e inmediata de nuestro orden constitucional, a espaldas de la mayoría de los ciudadanos y ante la indecisión de quienes tienen como fin esencial el mantenimiento del orden constitucional, al tenor de lo que reza el artículo 217de la Constitución Política.

Ha escogido el tirano un camino expedito, donde la autoridad está concentrada en su persona. La negociación de la “paz total” con el ELN será la disculpa para darse el autogolpe. No tendrá voces discrepantes en la dirigencia política que, como se ha palpado en estos meses, se ha puesto a su servicio en el Congreso y se ha marginado de cualquier asomo de apoyo a la acción constitucional consistente en un juicio político para separar del cargo a quien fue elegido fraudulentamente, en ejercicio de lo que dispone el artículo 1109 de la Constitución Política.

Por si quedare la más remota duda sobre la legitimidad de una eventual participación militar para restablecer el orden constitucional y evitar la debacle que planea desencadenar el tirano para perpetuarse en el poder, veamos las siguientes aclaraciones extraídas del ensayo jurídico “Modelo constitucional de la fuerza pública en Colombia”, de los juristas Daniel José Vásquez Hincapié y Luz Marina Gil García:

La investigación permite concluir que el constituyente modeló la fuerza pública y en especial su misión, como instrumento para cumplir los fines del Estado y, principalmente, para mantener el orden constitucional y proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los residentes en Colombia.

La misión de la fuerza pública es de carácter instrumental, esto es, es uno de los medios o instrumentos del Estado para la consecución de sus fines (Corte Constitucional, sentencia C-872/2003). Como tal, los principios fundamentales de la norma superior legitiman y justifican su existencia permanente, tornándose inherentes y transversales a su misión de: defender y mantener, proteger y asegurar; y garantizar, lo cual se evidencia en los tres numerales que se desglosan a continuación: (…)

En relación con la defensa del orden constitucional, el tribunal Constitucional precisó:

Elementos centrales del orden constitucional lo constituye el cumplimiento pleno

(...) de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)” (art. 2^dº de la Carta) y la preservación del monopolio del uso de la fuerza y las armas en manos del Estado. (…)

El artículo 217 de la Constitución dispone que es función de las fuerzas militares garantizar el orden constitucional. Dicho orden no se limita a preservar la estructura democrática del país, sino que comprende el deber de participar activa y eficazmente (Constitución Política, art. 209) en la defensa de los derechos constitucionales de los asociados. tales derechos constituyen los bienes respecto de los cuales el Estado tiene el deber –irrenunciable– de proteger (sentencia Su-1184/2001).

Por disposición constitucional, las autoridades públicas, entre ellas la fuerza pública, tienen la posición de garante institucional de los deberes irrenunciables y propios de un Estado social de derecho. De ella, se derivan deberes jurídicos positivos (de hacer y no hacer) de seguridad y protección que incluyen precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos y libertades de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado, en los términos de la Constitución Política y las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (Corte Constitucional, sentencia Su-1184/2001). A las fuerzas militares (art. 217 Constitución Política) les corresponde: la defensa de la soberanía, (Corte Constitucional, sentencia C-048/2001), la independencia, la integridad territorial (Corte Constitucional, sentencia t-439/1993) y el orden constitucional. Es decir, tienen como misión el mantenimiento de las “condiciones estructurales de seguridad” del Estado, según manifestó la Corte Constitucional en sentencia Su-1184/2001.

Existiendo un peligro cierto para la vigencia de las condiciones de seguridad del Estado, cuyo mantenimiento ha sido asignado por la Constitución a las fuerzas militares, sólo cabe esperar, dentro de lo razonable y con la mira puesta sólo en el bien de la Patria, las decisiones que desarrollen ese fin esencial de nuestro gloriosas fuerzas militares, antes de que se ponga en marcha la demoníaca estrategia que adelantan de consuno el régimen, el ELN, los vándalos y sus socios del narcotráfico.

FFMM: de la emasculación al control

Por José Alvear Sanín

Para Lenin, quien sostenía que el poder depende del fusil, la consolidación del Estado totalitario no es posible si al poder militar no se le suman los poderes político, económico y cultural.

Lo más importante no es el orden en que adquiere el control de esos poderes, sino ejercer el dominio absoluto sobre todos ellos.

En Colombia avanza ese proceso: tienen el ejecutivo, buena parte del judicial, se aprestan a ocupar la fiscalía, y un Congreso siempre sobornado les aprueba todo; y para transformar la cultura, actúan sobre tres frentes:

1. Ahora, en vez de suprimir la Iglesia —como hicieron en 1917 en Rusia y como hizo Castro en Cuba a partir de 1959—. esta, a través de la teología de la liberación, se pone al servicio de la revolución, mientras los templos se desocupan y la poca doctrina que queda se diluye.

2. Los medios masivos son tomados ideológicamente por “comunicadores” de izquierda, y los que son libres o contestatarios son marginados o eliminados.

3. El sistema educativo, desde la guardería hasta el posgrado, se ha convertido en un mecanismo de adoctrinamiento colectivo.

Como todo lo que se ha logrado hasta hora es endeble, si no se tiene el absoluto poder militar, hay que conquistarlo para hacer posible la revolución.

Si consideramos la actual correlación de fuerzas podemos pensar:

1. Que las fuerzas militares apenas están neutralizadas, y, por tanto, no son todavía plenamente confiables para el Gobierno.

2. Que las incipientes milicias campesinas aún no están entrenadas, y por tanto no son operacionales.

3. Que todavía falta reclutar y entrenar los 100.000 “jóvenes de paz”, para que se conviertan en algo comparable a los Colectivos Bolivarianos de Venezuela.

Entonces, como el Gobierno no dispone aún plenamente del monopolio de la fuerza, todavía tiene que simular que se mueve dentro de la Constitución y la Ley.

Pasemos ahora a considerar lo de las fuerzas armadas legítimas. Tan pronto se posesionó Petro, con la remoción de unos 80 generales fueron emasculadas, castradas o capadas. A esa calificación masiva de servicios —que las desorienta, por decir lo menos—, siguieron la reducción presupuestal, la deficiencia operativa y la inhibición en el cumplimiento de su misión, por el cese unilateral del fuego, decretado por el Gobierno.

En Perú, Chile y Argentina, las fuerzas militares no pudieron ser emasculadas. En consecuencia, Castillo está preso; Boric, maniatado; y Milei, elegido, mientras Petro, en medio de diarios e inconcebibles escándalos, sigue, sin pausa, ejecutando el plan estratégico para convertirnos en otra Venezuela.

El país va muy mal, pero Petro muy bien. Y para él ha llegado entonces el momento de intentar el control absoluto de las fuerzas militares. Los generales despachados son reemplazados por coroneles, y estos, por otros oficiales, y así sucesivamente ocurre en cada grado, de manera que a todos los peldaños solo pueden acceder los militares que estén dispuestos a aceptar la nueva orientación, es decir, una oficialidad obediente y leal al Gobierno.

Con unas fuerzas armadas depuradas de preocupaciones sobre la Constitución, la legitimidad, la democracia y el modelo económico-social de libertades individuales, la revolución no puede detenerse.

Por eso, Petro ha iniciado una ofensiva, hasta ahora asordinada, de seducción y amable acercamiento hacia el personal militar, cuyo bienestar ahora le interesa. A la Armada ya se le ha prometido el manejo portuario; el torcido mindefensa actual será cambiado por alguien simpático y accesible, mientras se prepara la adquisición de material procedente de los nuevos y generosos países “mejor-amigos”.

Entretanto, según se filtra, los seiscientos y punta de oficiales que se preparaban para ascenso en los distintos escalones, han sido cuidadosamente perfilados para que el Gobierno —que aprueba las promociones— pueda estar seguro de su lealtad. Hasta donde se sabe, cerca de 300 de esos aspirantes, que habían completado sus cursos, han sido retirados del servicio activo.

El gran Brusiloff no fue el único general zarista que se plegó a la revolución, y sobre los cimientos del Ejército Imperial se edificó el Ejército Rojo.

Vamos hacia unas fuerzas armadas donde la lealtad política, en lugar de la preparación profesional y el compromiso con la Constitución, sea lo determinante para el ascenso y la dirección de las operaciones.

El tiempo vuela: ¡Es hora de mirar lo que se está moviendo en las fuerzas militares!

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¡Antes de su visita al Vaticano, para asegurar la colaboración eclesiástica en la paz total, nuestro piadoso gobernante se reúne con la Comunidad de San Egidio, tan católica como el ELN!

En América Latina la amenaza no son los militares

Por John Marulanda*

Ilicitud y estadísticas

La queja generalizada de todos los familiares de los mal llamados falsos positivos no es que los hayan asesinado, sino que limpien su nombre. “No era guerrillero”, es el clamor común de los dolientes. Entendible que en las mentes ciudadanas la ilegalidad, la ilegitimidad, no quepa dentro de su moralidad, prueba palmaria de la aversión que la mayoría de los padres y familiares siente por el narcoterrorismo. Terrible el asesinato a sangre fría de estos inocentes, pero, precisamente, de ahí surge la amplia simpatía de la opinión pública por nuestro ejército, a la cual cadenas tóxicas de información intentan contaminar. Nada solidarios los tales periodistas que presumen de objetividad y neutralidad.

Las estadísticas no solo revelan el momento como si se tratara de una foto, sino que también marcan tendencias, como en el caso de Invamer, que lleva varias décadas mostrando a Colombia como: a) un país cristiano y creyente; b) un país con profundo sentido patriota y afecto por sus militares y c) un país empresarial, de emprendimientos.

La semana anterior conocimos la encuesta trimestral Invamer (abril 27) que, una vez más, colocó en primer renglón a la Iglesia, con un 65,9 % de simpatía; en segundo lugar, a las fuerzas militares con un 63,1 %, y en el tercero a los empresarios con un 52,3 %. En la última línea de confiabilidad están el Congreso con un 32 % y los partidos políticos con un 29.2 % de aprobación. Las empresas financiadoras de la encuesta fueron Caracol Radio, Blu Radio y El Espectador.

Con esta marcada tendencia, ¿caben, entonces, propuestas que busquen cambiar la naturaleza confesional, occidental y de cultura capitalista como la de Colombia? A pesar de la miseria que nos ha dejado la pandemia, lo veo difícil. Mucho más ahora que la reciente renuncia del comisionado mayor retirado del ejército Carlos Guillermo Ospina, contaminó la supuesta verdad de la Comisión que lleva ese título y que es dirigida por un cura con simpatías por la izquierda.

América Latina, Perú y Venezuela

En América Latina “La amenaza no son los militares, sino el populismo” dijo Marta Lagos, directora de Corporación Latinobarómetro con sede en Providencia, Chile, en una charla en la Casa de América, en Madrid, el pasado 26 de abril. “Por un nuevo contrato social. Renovar la democracia para no dejar a nadie atrás”, fue el título de la conferencia en España, en la que participó la expositora. Nada refleja mejor el sentimiento de todos los colombianos, aunque “vivir sabroso” parece haberse convertido en el grito de batalla de la juventud 22, desconociendo lo que ese “paraíso” prometido ha significado para países como Venezuela, desgobernado por un populista indolente y altisonantes.

Vladimir Cerrón, neurocirujano y fundador del partido Perú Libre, al cual pertenece Castillo, lo ha dicho públicamente según un video que circula en redes. Penetrar y controlar las estructuras militares y policiales (patriotismo y fuerza), eclesiales (creencias y fe), magisteriales (“legalidad”) y burocráticas (administración y funcionalidad) son objetivos prioritarios del marxismo-leninismo. En ese país limítrofe, el ministro de Defensa, almirante retirado José Gavidia y los generales Arriola de la Policía Nacional (Dircote), Astudillo del Comando General de las FFMM y Zeballos, de la operación Chavín de Huantar, se han manifestado en contra de los pronunciamientos del ideólogo. En su comunicado, el mindefensa peruano ha dejado en claro que “…rechaza la más mínima insinuación que busque transgredir el rol constitucional de las Fuerzas Armadas, las cuales, sin ser deliberantes, están subordinadas al poder constitucional (…)” Dicha cartera, aclaró que intentar poseer el control sobre las FF. AA. va en contra de la Carta Magna, ya que es “irresponsable, fuera de lugar y atenta contra la institucionalidad de las mismas”. “Cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas, (…) cumple a cabalidad la misión encomendada, con valor y sacrificio; por lo tanto, no se debe permitir que nadie intente mancillar su honor ni trate de confundir a la población sobre el rol que cumplen las instituciones armadas”, finaliza el pronunciamiento.

Qué falta que nos ha hecho un comunicado similar en el reciente incidente del general Zapateiro. De ahí surgen las especulaciones de un nuevo “ruido de sables” entre los militares colombianos, que alimenta la carátula de una popular revista. Con todo, y a pesar de la evidencia de miseria de los ciudadanos venezolanos pedigüeños en las calles de Colombia, la oposición generalizada a las propuestas del populista Petro será arrolladora en la primera vuelta.

Vigía: contratistas y mercenarios

Por John Marulanda*

Para el afán amarillista de tantos comunicadores ansiosos de rating, ningún titular puede ser más atractivo que el del asesinato de un presidente de una isla del Caribe a cargo de unos mercenarios colombianos. Y no solo es rating: el hecho entra al arsenal de argumentos políticos contra la desajustada democracia colombiana. Basta oír las declaraciones del robótico canciller venezolano.

Durante más de 60 años, Colombia soportó el asedio de la extrema izquierda que buscó llegar al poder a balazos, asesinando civiles, magistrados, policías y militares, dinamitando vías y oleoductos, activando carros bomba. No logró su propósito, aunque hoy en día persiste en su malogrado empeño a cargo de los mismos matasiete de siempre, las FARC y el ELN. El dique que impidió tal desafuero, fueron principalmente las fuerzas militares, el Ejército Nacional, que desde hace 200 años viene defendiendo a costa de su sangre un sistema de libertades y de desarrollo. Cualquier otra explicación sobre el fracaso del proyecto marxista-leninista, es política.

Los militares y policías colombianos mantienen un gran reconocimiento en el ámbito mundial debido, precisamente, a su experiencia, disciplina y formación; miles de ellos, representan dignamente al país, en diversas latitudes en donde son respetados y apreciados, y varios retirados son los responsables globales de la seguridad de importantes multinacionales. No son mercenarios, de acuerdo con la Convención Internacional sobre el mercenarismo de las Naciones Unidas; son contratistas, término genérico utilizado para quienes se emplean en los asuntos relacionados con la seguridad pública y privada, y los asuntos de la defensa nacional.

Otras profesiones y especialidades también emplean el mismo término, contratistas. Ingleses, franceses, israelíes, norteamericanos, sudafricanos, campean en este empresarismo legal y legítimo que ofrece perspectivas económicas gratificantes para quienes, una vez de regreso a la vida civil, seleccionen esta opción entre muchas otras, pues entre los militares retirados se encuentran cientos de abogados, médicos, ingenieros, docentes, empresarios y pocos políticos. Y los militares neogranadinos, a pesar de todo y lo de Haití, siguen siendo una de las instituciones más apreciadas por los colombianos y respetadas por las demás nacionalidades.

Los militares retirados, con todo, son miembros de un gremio mirado con odio o sospecha por los detractores y malquerientes de la institucionalidad, pero también con esperanza y confianza por empresarios, ciudadanía, organizaciones sociales y muchas instancias gubernamentales.

Los mercenarios han existido, existen y existirán, en tanto la guerra y el conflicto sigan siendo parte de la naturaleza y la civilización humanas. Baste revisar nuestras guerras de Independencia y en años recientes, la presencia de mercenarios británicos, israelíes y norteamericanos en la región. En el caso de los militares retirados colombianos en Haití, de confirmarse definitivamente su participación consciente y activa en el asesinato de Moïse, sería el primer caso claro y evidente de mercenarismo colombiano, aclarando que también existe el mercenarismo a cargo de ciudadanos no militares según la misma convención de la ONU. Además, los actores del Crimen Organizado Transnacional, en pleno esplendor actualmente, convergen en este embrollo para generar mayor confusión.

Al caso de Haití, se agrega el involucramiento de un capitán retirado en el atentado en contra del presidente Duque, algo difícil de explicar y que genera serias dudas sobre los mecanismos de contrainteligencia interna de las FFMM. Parecieran estos hechos, indicios del desbarajuste moral en que entró el país desde que los acuerdos habaneros concluyeron con el quiebre del régimen democrático, después del plebiscito del 2016. Dura tarea la de recuperar la moral pública, justo en estos momentos de crisis económica, agravada por el desastre educativo en que Fecode ha sumido a los jóvenes de hoy, que deambulan con celular, sin historia ni lógica, embriagados de odio y resentimiento. Ya lo hemos advertido: un nuevo ciclo de violencia se está iniciando y reiteradamente los colombianos tendrán que confiar en sus soldados para que los protejan y contengan a los estalinistas aupados desde Venezuela, que insisten en lograr el poder a punto de AK 47, porque por votos no lo lograrán.

Pero, cualquiera que sea la discusión y más allá de titulares, el daño que han causado a la imagen de Colombia los militares retirados presuntamente involucrados en el magnicidio de Haití, es irreparable.

Vigía: la ominosa foto de la humillación

Por John Marulanda*

Deprimente la foto de soldados despojados de su armamento de dotación, amarrados como criminales, vilipendiados y humillados. Un video en redes mostró al sargento comandante de esos soldados, llorando de impotencia al narrar cómo fueron agredidos por aborígenes chocoanos aperados de garrotes. ¡Ah!, nuestros indígenas. Siempre quejosos, de voz lastimera, pedigüeños, vencidos por la civilización y la tecnología, luchando por rescatar lo que queda de sus 500 años de historia. Siguen aferrados a su Pachamama en donde, desde el siglo 16, cultivaron y exportaron tabaco a Europa y Norteamérica, y en donde hoy cultivan y exportan a esos mismos destinos, hoja de coca, otra planta andina que brinda euforia a los ciudadanos “civilizados”.

Esa cocaína les deja a los indígenas colombianos mucha “lana” (mexicanismo equivalente a dinero) a pesar de lo cual persisten pobres, implorantes y, por supuesto, acobardados para detener, desarmar, amarrar y humillar a los miembros de las bandas narcoterroristas del ELN y las FARC que conviven con ellos. De esta manera, las Guardias indígenas, organizaciones paramilitares certificadas en el negociado Santos-farc de Cuba, garrote en mano, están cumpliendo su cometido de garantizar el negocio del crimen organizado transnacional manteniendo a raya a soldados y policías.

Mientras los indígenas cumplen esta tarea –y lo de atacar a las fuerzas de Estado lo hacen en todo el continente–, otros miembros de la componenda para la desestabilización de Colombia intentan generar una opinión desfavorable a los efectivos bombardeos contra campamentos de narcoterroristas en la peri amazónica frontera con Venezuela. Se rasgan las vestiduras por la muerte de niños en los bombardeos del Guaviare, desconociendo adrede los parámetros nacionales e internacionales que cumplen con rigurosidad los militares colombianos para tales operaciones.

El interés de estos engrupidores mediáticos es detener el arma que sometió militarmente a los narcoterroristas y facilitarles a las FARC y al ELN, un rápido crecimiento a expensas del reclutamiento de niños, crimen de guerra que ninguno de esos dos carteles ha suspendido.

Los niños fueron la última reserva de nazismo en sus postrimerías, la herramienta más útil del comunismo cuando toma el poder y materia prima de las mencionadas Guardias indígenas que agreden a las FFAA. Además, los niños, y en general los civiles, han sido el inmoral pero mejor escudo para controvertir y prevenir los bombardeos, mientras adquieren misiles tierra aire que podrían provenir del arsenal ruso venezolano.

Deterioro, y en lo posible destrucción de la familia, la religión, la propiedad privada, la libre empresa y la libertad individual, son las líneas estratégicas del proceso de desestabilización al que estamos asistiendo. Mientras los indígenas protegen su cocaína y los narcoterroristas reclutan niños para neutralizar la superioridad aérea del Estado, algunas jóvenes, con las tetas al aire, trataron de profanar los templos católicos en Bogotá, tal como lo hicieron en Santiago de Chile. Estos desórdenes urbanos, estimulados desde los campamentos farianos y elenos, son la vanguardia de la estrategia de desorden público e inseguridad que busca sembrar desazón para lograr este año, una desestabilización general anunciada la semana anterior desde la Casa Blanca, en donde advierten actividades de agentes rusos con ese propósito y operando desde Venezuela.

La estrategia en desarrollo, diseñada por el Foro de Sao Paulo y, operada por el Grupo de Puebla, ya ha sido probada con relativo éxito en otros países y Colombia es ahora un objetivo preferencial de este tipo de “guerra híbrida”.

Este país, que resistió durante 60 años el ataque inclemente del extremismo comunista, se ha convertido en la joya de la corona de obligatoria captura. Pero hay malas noticias para los promotores encubiertos de tal estrategia. La encuesta de Invamer (Gallup) de febrero, afirma por vigésimo año consecutivo, que la institución de mayor credibilidad en el país son las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, seguido por la Iglesia y los Empresarios. Los enemigos de la democracia tienen, un 2% de favorabilidad el ELN y un 9% las FARC, porcentaje que comparte con los partidos políticos. Otro dato interesante es la manera como gran cantidad de ciudadanos ha venido reduciendo las suscripciones a canales de TV, periódicos y radioemisoras que, en aras, dicen, de “equilibrio informativo y la búsqueda de la paz” son generosos con la izquierda y azotadores con las FFMM. Los medios están 7 puntos debajo de la FFMM. Queda para discutir el papel de las redes sociales y de los medios alternativos en esta turbulencia.

La foto de los soldados presagia la situación de los colombianos que será idéntica a la de los venezolanos: desarmados, amarrados y humillados por bandolas cuyos inspirados cabecillas marxistas-leninistas viven como millonarios en Disney World a costa de la nobleza, o la timidez, o la cobardía de los ciudadanos cumplidores de la ley. Defectos y fallas de la democracia, dicen los tratadistas.

De cara al porvenir: salpicón

Pedro Juan González Carvajal*

El título de este artículo refleja lo que es el acontecer de sucesos, hechos y noticias que nos atiborran y abruman todos los días.

Denuncian los señores obispos de Cúcuta y de Cali, monseñores Víctor Manuel Ochoa y Darío Monsalve, en medio de la celebración de La Semana por la Paz que ya lleva 34 ediciones anuales continuas, que lo que pasa en el país es catastrófico y que se está atentando contra el proceso de paz, ya que el actual Gobierno lo torpedea de manera continua y sistemática y que al Estado se le está saliendo de las manos su obligación de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, que por centenas van caídos en lo que va del presente año, en lo que irresponsablemente denominan como asesinatos múltiples y no como masacres. Por denunciar estos hechos, son mirados y tildados de críticos y enemigos del Gobierno, casi subversivos y promotores de respuestas y reclamos por parte de la ciudadanía, como si el derecho a la protesta no fuera un derecho constitucionalmente establecido.

El manejo de la pandemia en las últimas semanas más parece un espectáculo mediático que otra cosa. Se abre la economía y no atendemos los ejemplos de lo que sucede en varios países europeos. Ojalá el boomerang no se devuelva como hoy sucede por esas latitudes y veamos a nuestros altos funcionarios dándose golpes de pecho y buscando desesperadamente a quién echarle la culpa. No perdamos tiempo en esos asuntos: si hay algún responsable integral por el manejo de la pandemia es el gobierno y punto.

Como nuestra historia puede ser entendida como un recorrido pendular permanente, el resurgimiento del paramilitarismo y la llegada al país de algunos de sus fundadores después de haber pagado condenas irrisorias por pecados veniales en Estados Unidos es un mal presagio de lo que se nos avecina. Recordemos a Michel Foucault, cuando dice: “La delincuencia tiene una cierta utilidad económica-política en las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente: Cuantos más delincuentes existan más crímenes existirán, cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo haya en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad en cada nuevo día”.

Sin que la mayoría de las personas lo tenga muy claro, pero eso sí, presas de una emoción ignorante, hoy, ante los nefastos acontecimientos recientes, se habla de que hay que reorganizar o mejor, reformar a la Policía Nacional.

Digamos que es necesario, pero a partir de otras realidades. Existe una diferencia profunda del concepto de Defensa Nacional, instaurado por Bismarck, donde el enemigo de un país es un agente externo, y otro el concepto de Seguridad Nacional impulsado por los Estados Unidos dentro de la Guerra Fría, donde se reconocía que el enemigo era interno y atentaba contra el Estado y los gobiernos de turno.

En la Defensa Nacional las Fuerzas Militares están adscritas al Ministerio de Defensa o de Guerra, de acuerdo con la nomenclatura y estructura organizacional de cada país y su función es proteger la soberanía nacional y las fronteras. En cambio, la Policía Nacional debe pertenecer al Ministerio de Gobierno o del Interior, de acuerdo también a la nomenclatura y estructura organizacional de cada país y su función es controlar el orden civil, con alcances, protocolos y dotaciones operacionales diferentes a las de las Fuerzas Militares.

Como ya firmamos un Acuerdo de Paz con el principal promotor de disturbios interno que eran las FARC, y los otros grupos de alguna manera no tienen la misma dimensión, pues es hora de que nos organicemos y seamos coherentes con el orden internacional en ese sentido.

No puede seguir siendo aceptable que los resultados operativos de nuestras fuerzas militares y de policía sean dar de baja a conciudadanos que piensan y obran distinto y no a enemigos externos, en caso de existir.

Ahora bien, la concentración de poderes por parte del poder ejecutivo y unas fuerzas armadas y de policía organizadas como las tenemos en la actualidad, hacen que parezca ‒en su debida proporción‒, que nuestro Estado, cada vez más autoritario, tenga algunas similitudes con el gobierno de Alexander Lukashenco, presidente de Bielorrusia, reelecto por 5 períodos consecutivos desde 1994 y que hoy es el último dictador de Europa.

Para comprender todo esto, necesitamos gobernantes idóneos, pulquérrimos y de alta estatura política, una ciudadanía ilustrada y un sistema de educación y uno de justicia que verdaderamente operen.

Por otro lado, seguimos haciendo el oso con respecto a nuestras posturas internacionales como acaba de darse con la elección del nuevo presidente del BID, donde fuimos el único país que abiertamente apoyamos al candidato de Trump, violando los parámetros que habían regido la institución desde que fue creada. Y luego nos quejamos porque a nivel interno dizque incumplimos los códigos y los protocolos de buen gobierno. ¿Y esa elección qué fue pues?

Recordemos que el hombre virtuoso se hace a partir de la escuela, la disciplina y el método.

Vigía: la Comisión ¿de la mentira?

Por John Marulanda*

Honesta y valiente la declaración del comisionado de la tal Comisión de la Verdad, el señor mayor de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, abogado, Carlos Ospina. En una explícita carta, el mayor comisionado corrobora lo que el exministro de Defensa, Pinzón, había planteado a la opinión pública hace algunos días cuando dijo que la mayoría de los comisionados de ese ente.

Tuve la oportunidad de concurrir a una convocatoria de esa Comisión y durante un día en el hotel Cosmos de Bogotá percibí el ambiente mamerto del evento, con la mayoría de los participantes entusiasmados en imaginarios humanistas y con un viciado interés por la paz, coreando en cada exposición la culpabilidad única e histórica de las FFMM, los paramilitares, la oligarquía, el imperialismo, etcétera, mientras disimulaban cualquier referencia a los grupos narcoterroristas. Si se mencionaron las FARC o el ELN alguna vez, fue para proclamar la nobleza de su lucha por el pueblo. Por supuesto, Castro, Chávez, Evo eran nombres que se deslizaban entre mesa y mesa de trabajo. Algunos participantes, sin embargo, al conocer que yo era un militar retirado, se acercaron sigilosamente cuando iba al baño o en los descansos, algunos con clara intención investigativa y otros con un reprimido deseo comunicativo. El ambiente se tornaba aprensivo al momento de manifestar contradicción u opinión diferente al criterio imperante. Ante mis reclamos sobre la efectividad de esa comisión, fui acallado con un argumento que se ha convertido en el principal y más importante de sus operadores: es una comisión perfectamente legal, establecida de acuerdo al decreto tal y tal y encuadrada dentro de la constitución. Pero una cosa es la legalidad, y otra la legitimidad. En el plebiscito de octubre del 2016, la mayoría de colombianos deslegitimaron, democráticamente, el acuerdo de La Habana y todo lo nacido de ese negociado. Eso incluye la Comisión de la Verdad, que aún no logra credibilidad aceptable en el colectivo nacional.

El jefe de esa Comisión, el jesuita de Roux, no inspira confianza. Su paso por el Cinep y por el Magdalena Medio parece que lo volvieron taciturno y su simpatía con el narcoterrorista ELN (“El planteamiento mismo del ELN es muy de lo que en Colombia queremos, por supuesto”, “Nosotros no queremos el Estado capitalista… queremos que esto cambie…”), han aumentado el caudal de sus detractores. Su frecuente explicación de que los que critican su feudo presupuestal de casi 96 mil millones de pesos para este año, que salen de nuestros bolsillos, le tienen “miedo a la verdad”, recuerda la sentencia de un desafortunado lugarteniente de Santos quien, cínicamente, sentenció a los cuatro vientos que “todos somos culpables”. Menos él, claro, Salvador Jaramillo. Además, se queja de Roux, que no se le puede “quitar autoridad moral” a su aparato, que se agita en olor a ejército del pueblo, como lo proclama la Teología de la Liberación. Pero es claro que no se le puede quitar algo que no tiene, como lo demuestra el escrito del mayor Ospina.

Y como esa “verdad” perversa se quiere imponer a pesar de las evidencias, pues la Comisión de Roux aclarará contra viento y marea que los principales culpables históricos de lo sucedido son los militares, en tanto la desacreditada JEP, a su vez, demostrará que los principales reos jurídicos de lo acaecido, coincidencialmente, también son los militares. Lista la fullería. Será la nueva historia de Colombia. Nihil obstat

La censura impuesta al comisionado mayor (RA) Carlos Ospina, es una demostración más de los objetivos y el manejo de esa Comisión de la Mentira. Desde la Reserva Activa, va el aplauso y el reconocimiento de soldados, policías y ciudadanos simpatizantes de la Institución, por su valiente voz que sin ambages muestra la componenda con la que se está llevando el país al caos. La causa del mayor Ospina, es una invaluable oportunidad para que, desde diferentes frentes e intereses, se identifique la Reserva en una meta común: denunciar públicamente esa Comisión. Porque, para citar la Biblia, como vamos, vamos camino, no a Damasco, sino a Venezuela.

Vigía: ¿cuál caja negra?

Por John Marulanda*

Un amigo, profesor universitario, reclama que Gallup es una multinacional cuyas estadísticas favorecen los intereses del imperio y que, por eso, siempre coloca a los militares como la institución de mayor confiabilidad de los colombianos. La Universidad del Rosario aplicó una encuesta sobre lo que piensan los jóvenes entre 18 y 32 años. Y según los resultados, las entidades de las que más se fían, son sus universidades. Fuera de su mundo, las instituciones formales en las que mayormente confían son las fuerzas militares, seguidas por la Iglesia. En las que menos creen: el congreso, el presidente y los jueces.

Paralelo con lo anterior, un articulista escribió sobre “Militares e identidad”, tesis doctoral de un oficial naval retirado la cual, al decir del columnista “nos abre por primera vez la ‘caja negra’ y nos permite conocer y quiénes son y qué piensan los militares del país”. El cronista, que se dice conocedor del tema, confunde armas con fuerzas y el documento de la Javeriana, excluye suboficiales y tropa, cuatro quintas partes de la milicia, perpetuando el desueto esquema federiciano del clasismo organizacional del siglo 18, que le entrega a la oficialidad ‒nobleza del despotismo ilustrado‒ la patente del pensamiento castrense. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, aunque los militares continúan cumpliendo una responsabilidad social muy especial que los obliga a vivir en cuarteles, obedientes y disciplinados en medio de armas, sometidos a rituales y simbolismo milenarios y obligados a enfrentar riesgos inminentes, so pena de la deshonra y el castigo penal por cobardía.

Lo interesante es que la encuesta estudiantil, al tenor de la de Gallup, recaba que los militares en Colombia sí están en el corazón de los colombianos mientras políticos y jueces permanecen en el subsuelo de la confianza nacional. Es ese sentimiento popular y no el desempeño político, lo que mantiene la moral de nuestros soldados, a pesar de los malabares sofistas de parlamentarios para presentarlos como genéricos violadores de los derechos humanos, asesinos de niños y potenciales dictadores.

Definir los militares como gueto, hoy en día es maledicente. Las puertas del ejército bicentenario están abiertas para quien quiera adentrarse en la complejidad vocacional, emocional y espartana, de una institución con derechos civiles castrados, sin voto y sin posibilidad de agremiación o sindicalización. Hablar, pues, de una “caja negra”, tiene cierto sabor a menosprecio y ofensa, que nos toca a los retirados, a los reservistas.

Indignante

Por Antonio Montoya H.*

Realmente en Colombia no hay semana, ni día en el que no suceda algo nuevo, lo lamentable es que no se trata de noticias positivas sobre las que valga la pena enorgullecernos, por el contrario, son sucesos cotidianos lamentables que minan la confianza de la gente, que van en contravía del país que queremos construir y que sin duda alguna nos afectan como ciudadanos. Aunado a ello las consecuencias sobre esos actos, con excepciones contadas en los dedos de la mano, se quedan en la impunidad, durmiendo el sueño del tiempo en los anaqueles de los juzgados cuando está bien o tirado, arrumado a otros múltiples expedientes que hablan de nuestra pronta y eficaz justicia.

Específicamente vimos, en las noticias y sobre todo a través de WhatsApp, ese hecho bochornoso, que produce dolor de patria, el vejamen que cometieron unos bandidos contra un soldado del ejército de Colombia, al que insultaron, empujaron, le tiraron ladrillos y él, con su fusil en la mano, tuvo la paciencia para sortear ese momento con tranquilidad. Pienso yo, que seguramente tuvo muchas ganas de reaccionar y actuar en defensa propia contra la agresión infame de dos vándalos que no merecen ser parte de la sociedad.

Este hecho no puede ser parte de una noticia aislada, sin consecuencias para quienes actúan de esa forma; allí, no solo se estaba atacando a un hombre sino más allá, a la institución, a las Fuerzas Armadas de Colombia, que tiene como función principal defender al ciudadano de agresiones internacionales, pero también, al interior del país, de quienes quieren a toda costa y de cualquier manera crear el caos minando la institucionalidad y la dignidad de todo un pueblo.

Daban ganas de llorar observando al soldado inerme, enfrentando solo el embate de esos dos enemigos de la sociedad, que deberían estar pagando hoy con toda la fuerza de la ley sus delitos, porque no es solo uno, son varios, más la afectación moral de la nación que sin duda alguna es más grave que los demás.

Esta escena dantesca, por el entorno en que sucedió, por la forma en que violentamente atacaron y por lo sucedido después, hace pensar que estamos muy mal, que estamos tocando fondo, que la sociedad no actúa ante estos atropellos de terceros que, amparados en la imposibilidad de una reacción fuerte e inmediata, llevan hasta su máxima expresión a un hombre al límite para abstenerse y no generar más conflictos.

Me pregunto yo si un soldado de la patria, entendiendo que es el que da su vida por nosotros, tiene que aguantar inmerecidamente golpes, insultos y ofensas; qué no tendrá entonces que soportar cualquier civil indefenso ante el ataque de los cobardes en su cotidianidad, esa violencia que tiene que vivir a diario, para ir a trabajar, en los buses, calles y empresas.

Esto no está bien, es indignante que no reaccionemos, que no tengamos como norte la disciplina y el orden. Pronto todos seremos objeto y presa de los bandidos que amparados en sus armas, palos y violencia irán contra todo lo que sea institucionalidad y el orden social se revertirá y vendrá una época de crisis. Actuemos ya, defendamos con ahínco la democracia, dejemos de ser pusilánimes, sentados esperando que el gobierno actúe, porque nos llegará la muerte a la puerta y nada pasó.

Con fortaleza, con gobiernos fuertes, fuerza militar y de policía motivadas, orgullosas de portar el uniforme, defenderemos del caos a la sociedad y tendrán futuro nuestras familias.

Prudencia o impotencia

Por John Marulanda*

Si los soldados y policías son humillados durante el cumplimiento de su misión, vilipendiados por agentes extranjeros y juzgados y condenados por el enemigo que derrotaron, cuando llegue el momento de salvaguardar a sus conciudadanos, vacilarán y cada quien tendrá que defenderse como pueda. Y ahí reiniciará el caos.

Lo sucedido en La Lizama, es un adelanto de lo que puede suceder en grande si no se adoptan medidas serias, aunque incómodas, destinadas a evitar que el país caiga en una nueva oleada de barbarie. Lo que viene sucediendo cada vez con mayor frecuencia y de manera sistemática en Cauca, Nariño, Putumayo, Catatumbo, Arauca y en el propio Bogotá, es una muestra de las vulnerabilidades y debilidades de las fuerzas legales y legítimas del Estado. Ni en Noruega, ni en Francia, ni en Estados Unidos, puede una persona amenazar a un soldado con un machete en el cuello mientras intenta quitarle su fusil de dotación, ni apedrear a un militar por la espalda, sin que haya una reacción fuerte. Aquí, burócratas, periodistas y jueces mamertoides descalifican la letalidad de las fuerzas militares como algo perverso, cuando en realidad es el mejor disuasivo para males peores, como el del camino que estamos transitando a la vista de todos. La prudencia es una cosa, el amilanamiento otra. Para no hablar de la cobardía.

Narcomilicianos farianos y elenos, al comprobar que los soldados no van a disparar, avanzarán intentando meterse a bases o cuarteles para asesinar uniformados, obtener armamento o realizar actos simbólicos como izar su bandera y pintar grafitis, éxitos asegurados de táctica propagandística.

Mientras tanto, algunos comandantes militares y policiales, amedrentados por jueces amañados y por gacetilleros, parecen esperar la orden del señor Vivanco desde Washington, para hacer uso de sus armas de dotación, a pesar de estar cumpliendo a cabalidad con todos los protocolos establecidos, como lo aclaró la Comisión de Excelencia Militar.

Indígenas cocaleros, campesinos entrenados por cubanos y jóvenes milicianos manipulados por hábiles comunistas, impiden que nuestros policías cumplan órdenes de captura, dinamitan a quienes erradican cultivos ilícitos, montan acusaciones falsas, mientras sus cabecillas, desde Caracas, vociferan libertad, justicia, antimperialismo y cacarean el tozudo proyecto castro chavista: construir a punta de babas, ladronismo y plomo una sola patria narco bolivariana, ahora con dos corredores estratégicos binacionales en pleno desarrollo, al norte y al sur de ambos países. Cortesía santoshabanera de la “combinación de todas las formas de lucha”.