El momento de las grandes decisiones y reformas

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

La privación de la libertad del senador Álvaro Uribe y la no privación de la libertad del senador Santrich, obligan sin dilación alguna a reformar el congreso y las cortes de nuestro país, algo muy grave está pasando en su interior para que se den estas diferencias tan supremamente raras.

Beneficiar a un senador de extrema izquierda, guerrillero, delincuente, otorgándole la posibilidad de defenderse en libertad, que terminó en fuga, porque todos estábamos seguros, hasta sus propios compañeros de bancada, de que se fugaría para seguir delinquiendo y privar de la libertad a una persona que ha trabajado sin descanso por el país, que todos sabemos que no se va a fugar, porque nunca le ha escurrido el bulto a nada, es un contrasentido de tal magnitud, que la sensación de invasión de la política en la justicia, pasa a ser una realidad que hay que corregir de inmediato.

Si no se reforman los poderes legislativo y judicial, adelgazándolos, independizándolos y volviéndolos eficientes, nuestro país seguirá por el sendero incorrecto, de un Estado gigante, insostenible, ineficiente, con un desequilibrio, donde no van a poder prosperar ni siquiera los miembros de esos cuerpos colegiados, sumidos en el desprestigio y la desconfianza.

Con una cámara legislativa y con una corte judicial tenemos, eso sí, integradas por personas de altísimas calidades morales, culturales y profesionales, que sean prenda de garantía en el ejercicio de sus responsabilidades y motivo de orgullo y confianza para el país.

Llegó el momento impostergable de que las reformas propuestas por Uribe, de años atrás, para estas instituciones fundamentales en el buen funcionamiento del Estado colombiano, se lleven a cabo con rapidez, así toque echar mano de los mecanismos constitucionales establecidos, donde seamos los colombianos los que demos la orden, como constituyentes primarios, habida consideración de que el congreso actual no ha tenido la grandeza de hacerlo.

Pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le permita al senador Uribe, en libertad y en el senado, ayudar a sacar adelante estas reformas, y a su vez que se defienda de las acusaciones que se le indilgan, no es pedirle mucho. Ellos saben que él no se pondrá en fuga, saben que su experiencia, su conocimiento y su inteligencia, permitirán producir en el congreso o en una constituyente si es del caso, las reformas urgentes requeridas por el país y más en estos muy difíciles momentos que vivimos y con tendencia a ser más difícil aún más con los efectos del coronavirus, donde el desempleo por la masiva quiebra de los sectores formales e informales, resentirá fuertemente los ingresos del Estado, lo que afectará el poder sostener instituciones tan costosas e ineficientes como las que manejan los poderes legislativo y judicial, además de las entidades de vigilancia y control conocidas, para resumir, como las IAS.

El presidente Duque debe montar inmediatamente una estrategia que detenga esta carrera absurda de polarización, convocando a los acuerdos políticos y patrióticos que beneficien a los colombianos y que permitan la unidad, el equilibrio y la sensatez, necesarias para enfrentar la crisis.

La experiencia y el conocimiento de Uribe es fundamental en esos diálogos y a la Corte no le cuesta nada dejarlo en libertad, para que pueda participar en los mismos. A pesar de sus defectos, sus ideas reformistas son muy buenas, es más, si no hubiera metido en la consulta popular de su último periodo de gobierno, un tercer periodo, el pueblo las habría apoyado, y de pronto, ese camino de reformas al congreso, a las cortes y a las IAS, ya lo habríamos recorrido, pero nunca es tarde.

La JEP ya tiene los elementos de juicio suficientes para definir quienes han contado o no la verdad, quienes han reparado o no a las víctimas y quienes van a o no a repetir conductas delictivas. Que se pronuncien, esto no da más espera.

A mostrar grandeza, los de centro, los de izquierda, los de derecha; el interés general y la razón natural los obliga y nos obliga a todos a cambiar de actitud. Bajémosle a la confrontación, cumplamos con las obligaciones que nos corresponden, gastemos las energías en hacerle frente a la situación, a que se tomen las deducciones constitucionales y legales que les corresponden y a que se procedan con las reformas necesarias y útiles para el país.

La independencia entre los poderes solo se logrará si con humildad reconocen que van, que vamos por muy mal camino y solo conversando pueden convenir e implementar las reformas que necesitamos para una Colombia, eficiente, sostenible, inclusiva, responsable y solidaria.

Me resisto a creer que no seamos capaces de salir adelante, estamos sobre diagnosticados, solo falta voluntad, grandeza, humildad y acción.

Que nuestro señor Jesucristo, ilumine a todos nuestros gobernantes y dirigentes, para sacar adelante las decisiones y reformas requeridas para el buen funcionamiento del Estado.

Vigía: Venezuela, virus, dólares y AK-47

Por John Marulanda*

La justicia norteamericana, sólida, pragmática y severa, después de una década de investigaciones acusó formalmente de narcoterrorismo a Maduro, a su banda y a cabecillas de las FARC. No es de extrañar. Desde los 80, un dogma moral comunista ha sido que las drogas envenenan y debilitan al enemigo imperial al tiempo que proveen recursos para la revolución.

Esta verdad judicial cae en medio de una pandemia que amenaza debilitar la economía norteamericana y arriesgar la reelección de Trump; potenciar a la ladina China; llevar al desastre total a Venezuela, ahora sin petrodólares y hundir a Latinoamérica en una severa crisis humanitaria y de violencia. Aunque el modelo Causa Justa (Panamá, 1989) no aplica, sí podría darse una operación sofisticada, para la cual US posee las mejores capacidades del mundo, además de experiencia. De paso, esperaríamos que nuestras fuerzas especiales apoyadas por los Seals, neutralicen a Márquez y a Santrich, cómplices de Maduro, y los lleven a enfrentar una justicia seria. El aplauso sería atronador en toda Colombia.

Las opciones de la camarilla madurista son calamitosas. Dejar el poder y acogerse a la transición que propone Washington, no es redituable para ellos. Igual Maduro y otros seguirán reclamados por la justicia del Norte y las confesiones de los generales Alcalá y Carvajal, serán los clavos más largos del cajón. Huir es muy riesgoso: hacia afuera, amenaza captura y hacia adentro traición, sino linchamiento. Montar un zafarrancho, interno con autoatentados o externo en la frontera con Colombia, igual culminaría con Maduro caído. Es probable una vendetta, no sin sangre, al interior de la pandilla que involucraría a los colonizadores sargentones habaneros presentes. Sería una versión tropical de la operación Walkiria (Alemania, 1945), con algún “cuatriboliao” (venezolanismo que significa decidido) coronel Stauffenberg patriota. La “salida de las fuerzas extranjeras” que exige la Casa Blanca, pone el toque geopolítico del asunto, frente a lo cual Miraflores rechaza, cínicamente, cualquier “tutelaje extranjero”. La propuesta de US, garantiza la permanencia del actual alto mando militar durante el periodo de transición, dándole protagonismo histórico al general Padrino y estableciendo un mínimo de seguridad para evitar una confrontación interna que desbordaría fronteras. La oficina de Asuntos Venezolanos, establecida en Bogotá en octubre del 2019 para “trabajar por la restauración de la democracia" en ese país, jugará su rol en todas las acciones, políticas o no, pero especialmente de “reconstrucción”, que el Departamento de Estado decida adelantar en Venezuela.

Así están las fichas del dramático e interesante tablero regional, mientras estamos en cuarentena.

De cara al porvenir: mamados

Por Pedro Juan González Carvajal*

Cada que vivimos un invierno fuerte como el actual, y fuera de las calamidades tristes que afectan a miles de colombianos a lo largo y ancho del territorio nacional, se nos desnuda una verdad que no queremos reconocer o que no hemos alcanzado a dimensionar: a pesar de todos los esfuerzos, somos un país estructuralmente no competitivo, ya que después de cada época invernal, hay que reconstruir media infraestructura vial del país, y no nos pasa lo mismo con la infraestructura férrea, pues porque no existe. Y así no se puede ni hablar de competitividad ni mucho menos ser competitivos.

Y es que resulta elocuente lo que pasa con la llamada vía al Llano: va un poco más de un cuarto de siglo bregando a terminarla y no hemos podido, metiéndole y metiéndole plata para que cada tanto los derrumbes, como en el suplicio de Sísifo, obliguen a que hay que volver a empezar. Y lo que pasa es que la solución no es otra que abandonar este proyecto y hacerlo por otro trayecto donde los suelos lo permitan. Así de duro y de radical como suena. De otro modo, los costos de reconstrucción, periódicos, sin dimensionar ni cuantificar los costos de oportunidad, nos seguirán llenando de frustraciones. Y esta reflexión para una vía del orden nacional se aplica también para las vías de Antioquia, hoy y siempre semi destruidas o destruidas en cada invierno, pero hay que reconocer que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Dice el título de esta columna, “Mamados”, y es así. Yo por lo menos estoy hasta la coronilla de oír hablar, o más bien despotricar, a los amigos o a los enemigos del senador Uribe. De oír hablar de Santrich. De oír hablar de las fumigaciones con glifosato. De oír hablar de la corrupción. De oír hablar de la inexistente lucha contra la corrupción. De oír hablar de falsos positivos (viejos y nuevos). De oír hablar del desempleo. De oír hablar de la ineficiencia e ineficacia de nuestra justicia. De oír hablar de la institución más desprestigiada de todas, el Congreso Nacional. De oír hablar en contra de las Altas Cortes. De oír hablar del narcotráfico. De oír hablar de la JEP. De oír hablar  de lo mala que es nuestra educación. De oír hablar de los pecados de la Iglesia. De oír hablar a nuestros expresidentes. De oír hablar a nuestros fiscales. De oír hablar del Proceso de Paz. De oír hablar de lo buenas que son las series de Netflix. De oír hablar de los realities y los concursos en la televisión. De oír hablar de Trump. De oír hablar de China. De oír hablar de Putin. De oír hablar de Corea del Norte. De oír hablar de Irán. De oír hablar de las dietas. De oír hablar de los feminicidios. De oír hablar de los asesinatos de niños y niñas. De oír hablar de la muerte de líderes sociales. De oír hablar de la intolerancia rampante. De oír hablar del cambio climático. De oír hablar del deterioro ambiental. De oír hablar de la inocua lucha contra las drogas. De oír hablar del Código de Policía. De oír hablar de Odebretch, entre un sinfín de asuntos más.

Está bien que los romanos se tomaran muy en serio aquello de lo de “Pan y circo”. Sin embargo en Colombia se nos ha ido la mano en la escasez de pan y en la mala calidad de los payasos.

Pasando a otro asunto, todos nos apesadumbramos, y cómo no, con la tragedia de Notre Dame, hace ya algunos meses. Sin embargo, echándole cabeza a las grandes tragedias históricamente registradas en la humanidad, en distintos momentos de tiempo, no tiene punto de comparación con lo que perdió la civilización humana con el incendio de la Biblioteca de Alejandría, el repositorio más importante del mundo antiguo del cual quedaron algunos textos, algunas reseñas y muchas cenizas.

Hoy el gran repositorio mundial es Google y es la entidad más respetada y empleada en el momento actual. Cualquier cosa que a uno se le ocurre averiguar, está ahí, disponible, a la velocidad de la luz y sin ningún costo. La tecnología ha posibilitado que nos alejemos de la escritura manual, del cálculo mental y de la disposición a investigar de manera elemental, al menos en las bibliotecas.

¿Qué pasaría si por alguna circunstancia Google dejara de funcionar? El incendio de la Biblioteca de Alejandría parecería, en perspectiva, una simple candelada y los humanos usuarios quedaríamos un poco rezagados ante la dependencia que hemos adquirido con este tipo de herramientas tecnológicas, haciendo que algunas destrezas de base hayan sido lamentablemente abandonadas.

Decía Einstein que, al morir, quien muere no se da cuenta de que está muerto. Lo mismo sucede con los estúpidos: son estúpidos y no se dan cuenta de que son estúpidos. ¡Paciencia!

¿Cuál es la verdad?

Por Antonio Montoya H.*

No es otra, que la existencia plena y comprobada de un delito denominado narcotráfico, en el que incurrió el señor Santrich, el señor Marlon, sobrino de Iván Márquez, y unos delegados de los carteles de la droga mexicanos que concertaron una reunión clandestina para negociar un embarque de droga hacia México y otros destinos. Hay un video, que no puede ser objeto de discusión, que demuestra que dicha reunión se efectuó y que incluyó la entrega de dinero. Es un escenario que no admite prueba en contrario, es cierto y no hay manera de discutirlo.

Lo que sí discuten es si esa reunión de negociación criminal se realizó antes de la firma del acuerdo de paz o con posterioridad a él, porque depende de ello, cuál sería el tribunal que juzgue la conducta. Y ahí se presentó el problema: el tribunal especial de paz (JEP) consideró que no había prueba suficiente para determinar la fecha de la reunión criminal, porque ello no se discute y por ende le dieron la libertad.

Luego la fiscalía con nuevas pruebas ordenó la detención del personaje mencionado quien salía de la cárcel en silla de ruedas y con aire triunfador. ¡Qué horror! la izquierda, los narcotraficantes, las FARC, gritaron, manotearon, e iracundos muchachos jóvenes que no conocen la realidad de este país trataron de pegar a periodistas y otras personas que cumplían con su deber; además, los abogados expresaban sus argumentos para que no fuera detenido nuevamente, planteando tesis jurídicas contrarias a la realidad legal.

La juez de conocimiento después de varias horas avaló la nueva detención y por ende el personaje volverá a la cárcel, eso sí después de que se recupere de sus quebrantos de salud.

Todos a una sola vez, senadores, representantes a la Cámara, líderes de la guerrilla, pusieron el grito en el cielo por no respetarse la decisión del tribunal de paz, y exigían su libertad. Qué contradicción con lo que hicieron durante años y años, con aquellas personas y familias que fueron víctimas del flagelo del secuestro, cuando la sociedad indignada exigía su liberación y estos sin un ápice de respeto por la vida, la dignidad y sentimientos de familia no respondieron al llamado clamoroso para que se acabara ese flagelo. Allá, en el monte, se consideraba como un acto de guerra, de necesidad económica para sufragar la operación desestabilizadora del país.

¿A quiénes engañan? pues a aquellos jóvenes que no conocen la historia, a los que sus padres no formaron en valores, a los que consideran aún que la izquierda es la salida para solucionar las diferencias del país, a aquellos que se dedican a despotricar de la democracia y no saben, ni conocen que es vivir en la miseria producida por gobiernos de izquierda. Miremos solamente a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Corea del Norte, y muchos otros países que optaron por ese sistema y no producen sino hambre y dolor.

Este señor Santrich, hizo parte de un grupo criminal que secuestró, violó, extorsionó, asesinó y mutiló niños, hombres y mujeres por causa de las minas quiebrapatas; impidieron el desarrollo de los pueblos y por décadas, amparados en la mentira de estar luchando por el cambio, no respetaron la justicia, repudiaron la equidad, y el respeto por el derecho a la vida de los demás.

Son ellos los que hoy con gallardía, deben aceptar que el que cometa un crimen debe ser juzgado por la justicia y no seguir con la misma patraña de descalificar lo que se hace cuando no les conviene.

Aceptamos que los acuerdos se mantengan, que se continúe con el proceso de reinserción, pero que por parte de ellos también acepten que, si se comete un delito, cualquiera que ese sea, sean sometidos a la justicia como un ciudadano común, de lo contrario no vale la pena insistir en la paz.

Santrich y la JEP

Por Julio Enrique González Villla*

“La Constitución de 1863 ha dejado de existir”

Cuando los radicales de 1863 pierden el poder después de Aquileo Parra y se comienza a gestar un nacionalismo o regeneración entre los liberales jóvenes y moderados liderados por Rafael Nuñez y lo conservadores, se desata la guerra de 1885 que termina con el combate de La Humareda donde se pierde cualquier posibilidad de triunfo de la insurrección liberal contra el gobierno de Núñez. Una vez es enterado del resultado de la victoria, un hecho, Núñez sale al balcón de la Casa Presidencial y dice: La Constitución de 1863 ha dejado de existir.

Textualmente el llamado Acuerdo Final que suscribió Santos con las FARC, dejó muy claro en el punto 6.6. que aceptaban el mecanismo de participación popular que la Corte Constitucional indicara y en los términos que esa Corte lo señalara:

“El Gobierno de Colombia y las FARC-EP, para zanjar las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en desarrollo de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del Proyecto de Ley Estatutaria No. 156 Cámara de 2015, 94 de 2015 Senado, en el espíritu hasta ahora anunciado y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que este alto tribunal señale”

Pues bien, la Corte Constitucional se pronunció a fondo en la Sentencia C 379 del 2016.

Primero explicó y reiteró que Colombia es un Estado participativo, por lo que el pueblo es soberano y tiene que ser oído, y respetarse sus decisiones cuando se es consultado:

“1. La democracia participativa es un valor, un principio ‘estructural e inescindible’ del Estado colombiano, así como un derecho”

“Las implicaciones del carácter democrático en la Constitución de 1991 son (i) que el Pueblo es poder supremo o soberano y, en consecuencia, es el origen del poder público y por ello de él se deriva la facultad de constituir, legislar, juzgar, administrar y controlar, (ii) que el Pueblo, a través de sus representantes o directamente, crea el derecho al que se subordinan los órganos del Estado y los habitantes, (iii) que el Pueblo decide la conformación de los órganos mediante los cuales actúa el poder público, mediante actos electivos y (iv) que el Pueblo y las organizaciones a partir de las cuales se articula, intervienen en el ejercicio y control del poder público, a través de sus representantes o directamente”. (Negrilla nuestra)

“…la democracia participativa como valor tiene un impacto en el diseño institucional del Estado colombiano, en tanto ‘se optó por un modelo que privilegia un poder decisional ascendente, el cual parte de la voluntad de los individuos titulares de los derechos políticos (el pueblo es titular único de la soberanía) hasta llegar a la decisión política (del cual emana el poder público)’”

“…el principio democrático participativo se caracteriza por ser esencial, transversal, universal y expansivo”

“13. La decisión tomada por los ciudadanos en un plebiscito tiene un valor político. En consecuencia, (i) dota de legitimidad popular la iniciativa del Presidente de la República; y, además, (ii) tiene un carácter vinculante, en términos de mandato político del Pueblo soberano. La vinculatoriedad de dicho mandato deviene de ser la expresión del poder constituyente, que en uso de su soberanía popular y en ejercicio de su derecho fundamental a la participación, se pronuncia para aprobar o desaprobar una decisión política sometida a su consideración. Esa expresión popular insta al Presidente de la República a llevar a cabo las acciones correspondientes desde la órbita de sus competencias para dotarla de eficacia”.

“13.4. Así, el plebiscito materializa la democracia participativa, en la medida en que con ese mecanismo se logra la expresión de la voluntad ciudadana, que como fuente de poder soberano irradia las esferas estatales de decisión, y exige a las instancias de representación que actúen conforme al mandato político expresado y lo doten de eficacia. Lo contrario implicaría que el mandato del pueblo con respecto a la decisión colectiva sobre el destino del Estado carece de contenido y tendría tan sólo un carácter simbólico. En este sentido, desconocer el carácter vinculante del mandato político conllevaría suprimir los fundamentos axiológicos sobre los que se funda el Estado constitucional y democrático colombiano. Adicionalmente, ignorar el mandato político de los ciudadanos cuando se expresan por medio de un plebiscito también sería negar el carácter vinculante que el artículo 104 de la Constitución adjudica a la decisión del Pueblo; así como, también lo hace el literal a del artículo 40 de la Ley 1757 de 2015”.

La Corte fue entonces clara, contundente que el resultado del plebiscito era la voluntad soberana del pueblo que no podía ser desconocida ni por el Presidente, ni por el Congreso, ni siquiera “por un nuevo mejor acuerdo”, ni por la Corte Constitucional. ¡Por nadie!

Tiene que recordarse que ese acuerdo final al que nos hemos referido y que fue firmado el 24 de agosto del 2016 tuvo esta cronología: comenzaron los acercamientos en mayo del 2011 y se sentaron a negociar en La Habana en agosto del 2012, es decir, ese acuerdo se firmó después de cuatro años exactos de discusiones.

Resalto esto por cuanto después de que el acuerdo de agosto del 2016 (que fue el resultado de cuatro años de discusiones) se somete a consideración del pueblo a través del mecanismo avalado por la sentencia de la Corte Constitucional, y el pueblo soberano le dice claramente que NO al acuerdo y que según la Corte esa decisión era vinculante, Santos se hace cómplice con la Corte y desconoce el plebiscito dizque porque en un mes hace un “nuevo mejor acuerdo” y el Congreso mediante un pupitrazo lo aprueba por mayoría.

¡Nunca he visto mayor violencia a la soberanía popular!

De esta violencia a la soberanía resultó el engendró de la JEP, y del engendró de la JEP, la no extradición de Santrich, y la renuncia irrevocable del Fiscal General de la Nación, uno de los cuatro puestos unipersonales más importantes del país: presidente, fiscal, procurador y contralor.

Ese Acuerdo que no tiene validez, que no tiene sustento, que no tiene base, no hay que hacerlo trizas; ¡está hecho trizas!

Entonces, si un Presidente de la República (Santos), un Congreso de la República (el que a pupitrazo aprobó “el nuevo mejor acuerdo”), una Cortesana que desconoce su misma sentencia, desconocieron la voluntad popular expresada legítimamente, se desestructuró, se desestabilizó, se destruyó, el Estado de Derecho creado en 1991.

En consecuencia, tiene que salir a evocarse la figura de Rafael Núñez, salir al balcón y proferir: ¡La Constitución de 1991 ha dejado de existir!

¡Constituyente!