Cómo reconstruir a Medellín 3

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

El control

1. Control personal, tengo que autocontrolarme al momento de decidir por quién voy a votar, tomarme mi tiempo para que mi decisión sea con la razón más que con la emoción y agregue valor al proceso de reconstrucción. Medellín es una empresa, los accionistas somos los ciudadanos, la junta directiva es el Concejo, el gerente es el alcalde, las JAL son el medio de enlace. La responsabilidad como accionistas y electores, para el próximo 29 de octubre, es muy grande.

2. Queremos candidatos serios, claros, transparentes, que digan la verdad, con experiencia y conocimiento, que busquen en su actuar el interés general, que estén dispuestos al autocontrol, a las veedurías ciudadanas, al control interno, al control anterior y preventivo, al control posterior y selectivo de la Contraloría y Personería de Medellín; alcalde que tenga como invitados permanentes a los consejos de gobierno, al contralor y al personero de la ciudad. Precandidatos y candidatos deben capacitarse debidamente en el conocimiento, entre otros tópicos del organigrama, presupuesto, plan de inversiones, programas sociales y funcionamiento de nuestra municipalidad.

3. Queremos concejales dispuestos a elegir en forma consciente un contralor y un personero que obedezcan más al conocimiento de su trabajo en el ejercicio del control, que al aprovechamiento de cuotas políticas. Recordemos que el contralor y el personero de Medellín ganan el mismo sueldo que el alcalde, $18.755.000/mes + viáticos + gastos de representación + bonificación.

4. Queremos un alcalde que nombre un control interno, secretario de vigilancia y control, valiente y profesional, que pueda detectar las actuaciones sospechosas y dañinas de sus compañeros de gabinete, para evitar daños al municipio.

5. Queremos unos concejales que ejerzan un verdadero control político, que no se dejen comprar con ofrecimientos ni prebendas burocráticas, que digan siempre la verdad, que sean claros y transparentes, que sean justos, estudiosos y muy profesionales. La responsabilidad de los concejales es muy grande, inclusive ganan bajo la figura de honorarios el mismo sueldo que el alcalde de Medellín. $18.755.000/30x24 = $15.629.000/mes.

6. Recordemos que el Municipio de Medellín es un conglomerado público/económico, con 25 secretarías y departamentos administrativos, 6 gerencias, 36 entes descentralizados, 60 subsecretarías y subdirecciones, que su junta directiva es el Concejo de Medellín, 21 concejales. No nos podemos equivocar en la elección de nuestros concejales, en la elección de nuestra junta directiva.

7. El Municipio de Medellín invierte mucho dinero en el control si sumamos lo que nos cuesta el Concejo, más la Contraloría, más la Personería, más las JAL, más los controles internos central y de las diferentes entidades descentralizadas; la cifra es de varios miles de millones de pesos. No tiene sentido que esos controles no estén a la altura que la ciudad necesita, ni siquiera para disuadir a los corruptos.

8. Medellín se precia de contar con sus propias empresas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas) EPM, ente descentralizado vinculado, con porcentajes de cobertura que superan el 90%. Si estas empresas se nos siguen politizando vamos a retroceder a niveles de no retorno. Tenemos que frenar en seco y retomar el camino, recordemos que la responsabilidad de nuestras Empresas Públicas de Medellín ya no es solo con nuestra ciudad, es con Colombia entera. El alcalde de la reconstrucción de Medellín, no se puede equivocar en el nombramiento de la junta directiva y del gerente de EPM y estos no se pueden equivocar en el nombramiento del control interno de la entidad y los concejales, contralor y personero elegidos, tienen que hacer su trabajo con justicia y responsabilidad en este proceso de reconstrucción.

9. El control de la sociedad es el más importante, somos los que sabemos si una obra es necesaria o no, si la ejecución se está haciendo correctamente o no, sabemos dónde se están presentando problemas de inseguridad, de basuras, de escombros, de huecos; sabemos dónde debe actuar el Municipio para atender habitantes de calle, etcétera. Pero, desafortunadamente, no estamos siendo escuchados, tenemos que recuperar la articulación entre comunidad y Estado. Las juntas administradoras locales juegan un papel importantísimo como enlace entre la comunidad y el Concejo; identifiquemos los líderes buenos en nuestros barrios, en cualquier momento los vamos a necesitar; los miembros de las JAL ya son remunerados.

10. El control de los medios de comunicación y de las redes son importantísimos, son estos los que están evidenciando algunas de las falencias, alertando a nuestros gobernantes, autoridades y a las entidades de vigilancia y control, para que tomen cartas en los diferentes asuntos de las comunidades. Importantísimo que estas entidades informen sobre el estado de las actuaciones e investigaciones originadas en el trabajo de los medios y redes.

Si estos controles, expresados en estos 10 puntos, nos funcionan, el proceso de reconstrucción y recuperación de Medellín será exitoso y nos garantizará la sostenibilidad.

Recordemos que Medellín es distrito especial de ciencia, tecnología e innovación, lo que va a permitir conseguir más recursos de la nación, recursos que con las rentas propias (predial e industria y comercio) más los excedentes de EPM, con un manejo eficiente, transparente y profesional, nos permitirá recuperar la senda de desarrollo y liderazgo que nos ha distinguido.

Cuando el hombre fuerte, completamente armado, vigila su propia vivienda, sus bienes están a salvo. Pero cuando alguien más fuerte lo ataca y lo vence, le quita toda la armadura en la que confiaba, y reparte su botín.

Lucas 11:21-22,

Que nuestro señor Jesucristo nos ilumine y nos ayude a reconstruir a Medellín.

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Personería... Prevaricato... Petro

Por José Alvear Sanín*

Para entender temas fundamentales del derecho nada mejor que ciertos aforismos. Uno de ellos dice que la ley no tiene corazón y que el magistrado que le presta el suyo prevarica. En consecuencia, cuando se falla por simpatía, amistad, militancia política, obediencia, coima, etc., el juez prevarica porque tuerce, tergiversa o contradice o abusa de la ley.

En Colombia, desde hace algunos años venimos acostumbrándonos al prevaricato, porque se suceden los más escandalosos e inconcebibles fallos para favorecer a ciertos personajes y grupos políticos en su camino hacia el poder, mientras a otros se niega sistemáticamente el reconocimiento de sus derechos.

El activismo judicial ha convertido esa rama del poder público en un eficaz mecanismo al servicio de la extrema izquierda revolucionaria, porque las “altas” cortes, y muchas de las que de ellas dependen, han sido copadas por individuos comprometidos en la subversión ideológica.

La más reciente sentencia de orden político es la del pasado 17 de septiembre, de la Corte Constitucional, que falla a favor de una tutela presentada por Gustavo Petro para que su grupo, “Colombia Humana”, sea reconocido como un movimiento representativo de ciudadanos, en contra de repetidos pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral, la entidad legalmente llamada a otorgar, o negar, dentro del ordenamiento, la personería jurídica a las formaciones políticas.

La absurda tutela presentada por Petro ya había sido negada el 29 de enero de 2019, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en la apelación por el Consejo de Estado, el 14 de marzo siguiente, precisamente por dos tribunales que poco se han distinguido por su imparcialidad política.

Finalmente —¡vaya sorpresa!—, la Corte Constitucional seleccionó esa solicitud de Petro, y por ocho votos contra 1 se lleva de calle la legislación electoral, para favorecerlo con una inesperada personería jurídica, que le abre las puertas de copiosa financiación del erario y le permite repartir avales y formar listas para Congreso, sin tener en consideración otras opiniones.

En esos vitales asuntos, Petro ya no tendrá que someterse a los engorrosos, costosos y lentos procedimientos de otros grupos, esos sí “significativos”, de ciudadanos que tratan infructuosamente de superar los numerosos escollos legales que hacen bien difícil su expresión.

El voto disidente fue del magistrado Lizarazo, hasta ahora el peor de la Corte Constitucional, quien no objeta el fondo de la personería para Petro, sino la forma como le fue entregada…

El impulso que recibe Petro con esa personería es incalculable, tanto en cuanto le favorece como en lo que representa en detrimento de quienes se le enfrenten tardíamente y en condiciones de inferioridad… ¡Así, Petro arranca con todos los fierros, seis meses antes que los demás!

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Carlos Ochoa Martínez. El 22 de septiembre falleció —después de penosa enfermedad— el historiador que hacía poco, con La grandeza trágica de Bolívar, había interpretado las horas más amargas del Libertador en un texto sobrio, elegante y profundo, publicado justamente por la Sociedad Bolivariana, de la cual era miembro, así como de la Academia de Historia del Valle.

Carlos, a pesar de una larga vida fuera de su natal Tuluá —en Medellín, en el exterior y sobre todo en Bogotá—, nunca descuidó su terruño, para el que motivó iniciativas culturales, escribió biografías de coterráneos ilustres y deliciosos recuerdos de juventud. Fue siempre el mejor, más generoso y sincero amigo. Durante los larguísimos años de nuestra amistad nunca tuve queja alguna, ni supe de alguien que no lo apreciase.

Descanse en paz el buen cristiano, amoroso esposo, padre y abuelo, excelente ciudadano y trabajador incansable que acaba de dejarnos.

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Los alcaldes de Cali, Bogotá y Medellín son peores que la comida de la cárcel, pero pueden seguir tranquilos, acabando con todo lo que tocan, mientras tengamos el poder judicial que padecemos y la tolerancia del ejecutivo.

Nosotros los abogados

Por Andrés de Bedout Jaramilllo*

El papel que desempeñamos los abogados en la sociedad es de vital importancia y si la sociedad colombiana esta en crisis, muy buena parte de la culpa la tenemos nosotros.

Si miramos las profesiones de quienes nos gobiernan en las tres ramas del poder público: legislativo, ejecutivo y judicial; más los órganos de control: contralorías, procuraduría, personerías, superintendencias, inclusive las emprases del sector privado, entre otras organizaciones, los responsables somos de profesión abogados ya que nuestra formación es tan amplia, que servimos en todos los campos.

Es que a nosotros los abogados nos formaron para manejar el estado en su sector público y privado, nos formaron para dar ejemplo de honradez, de pulcritud, de humildad, de equidad, porque se supone que conocemos las leyes y todas las motivaciones que las originaron, donde básicamente la distinción entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, son su fundamento.

Queridos colegas qué nos está pasando, no le estamos cumpliendo a la sociedad, la estamos perjudicando, estamos haciendo quedar mal a las universidades que nos formaron, unos delinquiendo y otros no denunciando a los abogados que se comportan mal, pecando por acción y por omisión.

La cantidad de manzanas podridas en el gremio de los abogados es bien numerosa y esas manzanas podridas hay que separarlas, quitarles la tarjeta profesional, para que no puedan ejercer la profesión, ni ocupar cargos ni de elección popular ni de nombramiento, ni en el sector público ni en el sector privado, donde dentro de los requisitos exigidos está el de ser abogado.

La mayoría de congresistas, diputados y concejales, son abogados, la mayoría de alcaldes, gobernadores y presidentes, son abogados, todos los jueces, magistrados, procuradores, personeros, contralores, fiscales, superintendentes, defensores públicos y privados, etc., son abogados. Y si nos ponemos a mirar los niveles de aceptación que en las últimas encuestas tienen las entidades donde la mayoría son abogados, son muy bajos, mejor dicho, dan pena y la consecuencia directa la paga la sociedad colombiana, no hay justicia oportuna y lo peor, no todos los colombianos tienen acceso a la justicia. Sin justicia no hay democracia, no hay equidad, no hay Estado.

Las facultades de derecho de las múltiples universidades que hay en el país y que seguramente tienen súper estudiado el tema, tendrán que ponerse de acuerdo en los ajustes, sobre todo éticos y morales, que deben incluir en su pensum.

Los colegios de abogados, deben aglutinarlo a todos y contar con una especie de tribunales de honor que permitan recomendar, al Consejo Nacional de la Judicatura y a las entidades que sean competentes, los listados de los colegas a los que se les debe retirar la tarjeta profesional.

Yo no sé que estamos esperando para que la reforma a la justicia sea materia de urgente atención en la Presidencia y en el Congreso de la República, al igual que la unificación de normas en los códigos correspondientes. Entiendo por ejemplo que los códigos civil y de comercio, están listos, para que los congresistas y el gobierno nacional se pongan de acuerdo y los saquen adelante. Inclusive entiendo que los códigos penal y de procedimiento penal, también están prácticamente listos para el estudio de los congresistas. Es como si en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, la mayoría de los que de eso viven, y muy bien pagados, no fueran abogados responsables, capacitados y educados para sacar adelante estos fundamentales temas para el funcionamiento del Estado.

Yo no sé cuántos abogados somos, pero nos debían de someter a todos al polígrafo; no más dilaciones, el Estado se está acabando en nuestras manos, qué irresponsabilidad.