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martes, 3 de septiembre de 2019

De cara al porvenir: en su justa medida


Por Pedro Juan González Carvajal*

Pedro Juan Gónzalez Carvajal
Como ciudadano del común, al observar desprevenidamente el comportamiento de algunos de los miembros que conforman cada uno de los tres poderes públicos en Colombia, llegaría uno fácilmente a la conclusión que los tres poderes nacidos después de la Revolución Francesa como alternativa al poder omnímodo del monarca de turno, están apenas en pañales en términos de fundación, desarrollo y resultados entregados a la fecha, en un país como Colombia.

Lamentablemente los casos de algunos de sus miembros desprestigian a todo el andamiaje, sobre todo porque cuando en Colombia se habla de “casos aislados”, se habla de situaciones repetidas o consuetudinarias que están en cabeza de personajes diferentes, en momentos distintos del tiempo.

Les pregunto yo a mis alumnos en clase: “¿Usted se haría matar por defender el poder judicial en Colombia? La respuesta es NO. ¿Usted se haría matar por defender el poder legislativo en Colombia? La respuesta es NO. ¿Usted se haría matar por defender el poder ejecutivo en Colombia? La respuesta es NO.”

Puede que usted amable lector critique o no esté de acuerdo con la manera como está formulada la pregunta. Lo que sí es cierto es que todos sabemos su trasfondo y lo peor es que por unanimidad, las respuestas reflejan el desprecio, la indiferencia, el descontento, de quien responde (que es la generación que nos ha de relevar) por el accionar de estas mal llamadas instituciones republicanas. Lo que queda como corolario, es qué al no respetar estos poderes, pues no respetamos a la democracia, y si no respetamos a la democracia, pues deberían existir otras opciones, pero como no existen ni se buscan otras opciones, pues estamos sumergidos en un pantanero, en medio del limbo, lo que pone en alto riesgo nuestro frágil proyecto social y político, en caso de que exista.

El principio fundamental de los procesos educativos se llama “ejemplo”. ¿Cuál es el ejemplo que recibimos de manera usualmente generalizada de nuestros congresistas, de nuestros altos magistrados y de quienes ostentan los altos cargos ejecutivos como el presidente, los gobernadores y los alcaldes?

No hay día en que alguno de estos funcionarios públicos no aparezca vinculado a cualquier tipo de escándalo, escándalos que van desde falsificar títulos académicos, manipular condiciones para ocupar algún cargo, acoso sexual, nepotismo, contratos y licitaciones amañados, extralimitación de funciones, chanchullos, malos manejos, prevaricatos y algunos llegando hasta el límite de lo penal.

Repito: todos los días pasa y sigue pasando. ¿Qué pensará un joven ante esta realidad?, ¿qué pensará un extranjero?, ¿qué pasará por la cabeza de un simple ciudadano cuando ve a un magistrado, a un contralor, a un congresista, a un alcalde o a un gobernador esposado en medio de agentes del CTI? ¡Qué vergüenza planetaria! ¡Trágame tierra!

Los norteamericanos todavía no han podido superar lo sucedido con el presidente Nixon y Watergate, quien fue obligado a renunciar al más alto cargo de su Nación, traumatizando, desprestigiando y socavando en lo más profundo el respeto por quien es considerado en esas latitudes como el “papá de todo un país”.

Por otra parte, en Colombia no se conjuga el verbo renunciar, y además, a los implicados usualmente les sucede que caen de para arriba o les dan casa por cárcel o los favorecen con prebendas, o como usualmente sucede, el aparato de justicia presencia atónito pero impasible como hay que dejar en libertad a ciertos personajes por vencimiento de términos, procedimiento usado como estrategia por los más prestigiosos litigantes, lo cual entierra toda posibilidad de creer en el aparato de justicia colombiano.

¡Impunidad, impunidad, impunidad!

¿Para qué pensar en aumento de penas, o en cadena perpetua o en pena de muerte en Colombia si el aparato de justicia no es capaz de aplicar pronta y eficiente justicia?

Nos encanta que todo quede escrito como constancia, para después no tener cómo implementar lo establecido, redondeando el círculo vicioso de que en Colombia todo está previsto en la Constitución y los códigos. En Colombia la Ley se respeta, pero en Colombia la ley no se cumple.

¡Qué cansancio!

NOTA: Para colmo de males, y como para llenar la taza, recientemente hemos sido testigos pasivos de cómo quedan en libertad tres sujetos que nos avergüenzan ante propios y extraños por vencimiento de términos: Francisco Ricaurte exmagistrado de la Corte Suprema por el llamado “Cartel de la Toga”. Carlos Palacino por malos manejos de la EPS Saludcoop y César Mondragón por el mal manejo de las libranzas en Estraval.

domingo, 25 de agosto de 2019

Nosotros los abogados


Por Andrés de Bedout Jaramilllo*

Andrés de Bedout Jaramillo
El papel que desempeñamos los abogados en la sociedad es de vital importancia y si la sociedad colombiana esta en crisis, muy buena parte de la culpa la tenemos nosotros.

Si miramos las profesiones de quienes nos gobiernan en las tres ramas del poder público: legislativo, ejecutivo y judicial; más los órganos de control: contralorías, procuraduría, personerías, superintendencias, inclusive las emprases del sector privado, entre otras organizaciones, los responsables somos de profesión abogados ya que nuestra formación es tan amplia, que servimos en todos los campos.

Es que a nosotros los abogados nos formaron para manejar el estado en su sector público y privado, nos formaron para dar ejemplo de honradez, de pulcritud, de humildad, de equidad, porque se supone que conocemos las leyes y todas las motivaciones que las originaron, donde básicamente la distinción entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, son su fundamento.

Queridos colegas qué nos está pasando, no le estamos cumpliendo a la sociedad, la estamos perjudicando, estamos haciendo quedar mal a las universidades que nos formaron, unos delinquiendo y otros no denunciando a los abogados que se comportan mal, pecando por acción y por omisión.

La cantidad de manzanas podridas en el gremio de los abogados es bien numerosa y esas manzanas podridas hay que separarlas, quitarles la tarjeta profesional, para que no puedan ejercer la profesión, ni ocupar cargos ni de elección popular ni de nombramiento, ni en el sector público ni en el sector privado, donde dentro de los requisitos exigidos está el de ser abogado.

La mayoría de congresistas, diputados y concejales, son abogados, la mayoría de alcaldes, gobernadores y presidentes, son abogados, todos los jueces, magistrados, procuradores, personeros, contralores, fiscales, superintendentes, defensores públicos y privados, etc., son abogados. Y si nos ponemos a mirar los niveles de aceptación que en las últimas encuestas tienen las entidades donde la mayoría son abogados, son muy bajos, mejor dicho, dan pena y la consecuencia directa la paga la sociedad colombiana, no hay justicia oportuna y lo peor, no todos los colombianos tienen acceso a la justicia. Sin justicia no hay democracia, no hay equidad, no hay Estado.

Las facultades de derecho de las múltiples universidades que hay en el país y que seguramente tienen súper estudiado el tema, tendrán que ponerse de acuerdo en los ajustes, sobre todo éticos y morales, que deben incluir en su pensum.

Los colegios de abogados, deben aglutinarlo a todos y contar con una especie de tribunales de honor que permitan recomendar, al Consejo Nacional de la Judicatura y a las entidades que sean competentes, los listados de los colegas a los que se les debe retirar la tarjeta profesional.

Yo no sé que estamos esperando para que la reforma a la justicia sea materia de urgente atención en la Presidencia y en el Congreso de la República, al igual que la unificación de normas en los códigos correspondientes. Entiendo por ejemplo que los códigos civil y de comercio, están listos, para que los congresistas y el gobierno nacional se pongan de acuerdo y los saquen adelante. Inclusive entiendo que los códigos penal y de procedimiento penal, también están prácticamente listos para el estudio de los congresistas. Es como si en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, la mayoría de los que de eso viven, y muy bien pagados, no fueran abogados responsables, capacitados y educados para sacar adelante estos fundamentales temas para el funcionamiento del Estado.

Yo no sé cuántos abogados somos, pero nos debían de someter a todos al polígrafo; no más dilaciones, el Estado se está acabando en nuestras manos, qué irresponsabilidad.