Luis Alfonso García
Carmona
Como el galeno que
busca la causa del mal en lugar de detenerse solamente en los síntomas, debemos
escudriñar en qué nos hemos equivocado para evitar recaídas en similares
situaciones de peligro para nuestra sociedad.
Alianza
FARC - Santos
Derrotada
militarmente la guerrilla de las FARC y encauzado el país por el sendero de la
atracción a los inversionistas y el mejoramiento social de la población más
vulnerable, la desafortunada elección de Juan Manuel Santos acarreó un
retroceso al país del cual no hemos podido recuperarnos.
Se desconoció la
voluntad del pueblo soberano que se negó a aprobar el proyecto de acuerdo de
paz tramitado por Santos con las FARC. La implementación del espurio acuerdo
no garantizó paz alguna, pues las FARC, disfrazadas de disidencias, en compañía
del ELN y de los carteles de la droga, continúan alterando el orden y la
tranquilidad ciudadana. El costo de los beneficios y reformas derivados del
humillante acuerdo han afectado seriamente las finanzas estatales, hasta el
punto de obligar al Gobierno anterior a recurrir a una reforma tributaria para
cumplir lo pactado.
Se suspendió la fumigación
de los ilícitos cultivos de cocaína permitiendo el crecimiento exponencial
de las áreas cultivadas y la expansión del ilícito negocio.
La alianza FARC-Santos
garantizó la impunidad de los criminales más crueles de nuestra historia,
los premió con curules en el Congreso, impidió la efectividad de la sanción de
despido impuesta por la Procuraduría al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo
Petro, e implementó la JEP, tribunal conformado a la medida de las FARC, con
candidatos designados por representantes del comunismo internacional.
Igualmente, intervino en la Corte Constitucional a través de magistrados que
designó para que legalizaran las decisiones de su gobierno. Su mandato catapultó
a la izquierda para iniciar su carrera al poder.
Duque:
Gobierno de transición
La pésima gestión santista
generó un descontento general en la población que se manifestó en la
elección de Iván Duque, candidato que supuestamente representaba al Centro
Democrático y otras fuerzas de “centro - derecha” no afectas al santismo.
Desde un comienzo, esas expectativas carecieron de respaldo en la gestión duquista.
Desde su discurso de posesión se notó la ausencia de toda crítica a la gestión
de su antecesor, la cual fue refrendada con la conservación de la burocracia
leal con Santos, las designaciones de sus colaboradores con escasa representación
de los partidos de Gobierno y el alejamiento de aquellos que fueron
determinantes en su elección.
Su acercamiento
con la izquierda y sus aliados fue notorio. Pasos iniciales después de su
elección fueron sendas reuniones con la JEP, tribunal de bolsillo de las FARC,
y con el CEO del grupo Soros. Acudió como invitado a las posesiones de
presidentes de orientación izquierdista y se abstuvo de hacerlo con quienes no
fueran afectos a tal doctrina. Invitó a Palacio a los facinerosos de las FARC
pero repetidamente se negó a recibir la visita de las víctimas de esa
organización criminal. Prorrogó voluntariamente los contratos suscritos con la
ONU para supervisar el cumplimiento del pacto fraudulento con las FARC y
presentó al Congreso el proyecto para la aplicación del tratado de Icuasú en
Colombia, perniciosa injerencia en nuestra soberanía judicial.
Capítulo aparte
merece su inaudita tolerancia con la “toma guerrillera de las ciudades”,
protagonizada por Gustavo Petro, con la colaboración del ELN, las FARC, la
Primera Línea, Fecode y otros colectivos irregulares, que causaron pérdida de
vidas humanas, agresiones a la fuerza pública, daños al Transmilenio y a la
infraestructura de las ciudades, bloqueos a las vías y puertos, y graves
traumatismos a la economía nacional y al empleo de los colombianos. Fueron dos
meses y medio de terror donde el país estuvo en las garras de sicarios y
vándalos amigos del actual presidente, preludio del paraíso que ahora nos
propone la constituyente de Petro. Con un grupo de compatriotas solicitamos sin
resultado alguno al presidente Duque la aplicación de la conmoción interior
y la investigación de los responsables de los múltiples delitos cometidos.
Ignorábamos hasta entonces que el régimen de transición sólo estaba interesado
en preparar la llegada del guerrillero a la presidencia.
Dirigencia
política, cómplice por activa y por pasiva
Decepcionante, por
decir lo menos, ha sido el papel de la dirigencia política y de los
administradores de justicia en este penoso iter criminis que aquí nos
hemos permitido resumir.
Sin una
organización comparable a la maquinaria oficial ni con los recursos que el fisco
y la empresa privada destinaron a promover el “SÍ” al inicuo acuerdo
FARC - Santos, el pueblo colombiano superó a sus dirigentes y se
manifestó mayoritariamente por el “NO”.
Lamentablemente, nuestra
dirigencia política fue inferior a su rol en este trascendental momento.
Cuando Santos fue derrotado se debió exigir su inmediata salida del poder como
él mismo lo había prometido en caso de que no fuera aprobado el plebiscito. El
pueblo entero hubiera secundado esa exigencia. Pero no. Nuestros jefes
políticos prefirieron negociar con el tramposo presidente, quien implementó un
acuerdo con el mismo contenido, corregido y aumentado a su antojo.
Acudió el tramposo
Santos a sus amigos de la Corte Constitucional, quienes, incurriendo en el
más protuberante prevaricato en los anales de nuestra jurisprudencia,
declararon que el proceso del plebiscito no había concluido con la votación y
que podía continuar en el Congreso. Seguidamente avalaron una proposición
aprobada por la coalición santista del Congreso, según la cual, ellos, en
representación del pueblo soberano, daban su aprobación al acuerdo de La
Habana. Esa es la historia de como desapareció el Estado de derecho y la democracia
en nuestro país.
Toma
del poder sin obstáculos
Como en la novela
de nuestro premio Nobel, este proceso constituye un buen material para otra
crónica de una muerte anunciada: La muerte de la democracia.
Desde el Foro de
Sao Paulo, esa oscura colectividad dedicada a fomentar la subversión y el caos
en Iberoamérica, se ha trazado y difundido el plan para la toma del poder en
Colombia y Chile. Parece que ese tema a nadie interesaba. Nuestros jefes
políticos seguían pensando solo en ellos, en sus intereses, en situar a sus
familiares y amigos en sitios con poder de contratación, vale decir, de
enriquecimiento ilícito. Con Santos, con Duque o con Petro, el objetivo sigue
siendo el mismo: llenar la barriga y las faltriqueras.
Qué tan fácil
hubiera sido, conociendo la estrategia enemiga, diseñar un plan para
contrarrestarla. Pues, se hizo todo lo contrario: pavimentarles la vía de
acceso a los camaradas para que se tomaran el poder sin el menor riesgo. Se
designaron los alfiles de confianza en la Registraduría y en el Consejo
Nacional Electoral, y se contrataron las firmas expertas en la manipulación de
votos por la vía de la informática, sin posibilidad de verificar los
resultados.
Todavía siguen
apareciendo cuantiosas donaciones en dinero y en especie a la campaña, no
registradas en su contabilidad, que invalidan la elección por sobrepasar
considerablemente las cifras aprobadas por la Ley. El fraude en la compra de
votos, así como las irregularidades encontradas en los formularios electorales
y en el conteo de votos es de un tamaño inaudito.
No pudo ser más sospechosa
la actitud de todas las autoridades, el ejecutivo, las cortes, los entes de
control y la propia Registraduría, que se negaron sistemáticamente a investigar
las denuncias, practicar reconteos o repetir elecciones para arrojar resultados
desprovistos de la menor duda sobre su transparencia. Estaba cantado que había
que posesionar a Petro como fuera y todo estaba preparado para ello. No nos
extrañemos ahora de que el juicio político también sea inútil, no obstante, el
nutrido acervo probatorio que día a día se incrementa en contra de los
encartados.
Epílogo
De esta somera
narración vale la pena extraer, por el momento, algunas forzosas deducciones:
a. Es absolutamente
imperativo corregir esta situación, comenzando por el derrocamiento del
régimen fraudulentamente elegido;
b. Los colombianos
comprometidos con la implantación del bien común para toda la población,
debemos acceder al poder para iniciar la reconstrucción del país;
c. Tanto nuestro sistema
electoral como la administración de justicia han tocado fondo. La
reconstrucción debe comenzar por corregir las graves falencias que impiden su
normal funcionamiento, y,
d. Se acabó el
tiempo para la retórica insulsa de los politiqueros de oficio y para los
diálogos que solo buscan el aplazamiento de las reales soluciones. Es la hora
de actuar y ello solo se consigue convirtiendo esa arrolladora masa de
descontentos con el régimen en un nuevo movimiento preparado para el
derrocamiento del sátrapa y la restauración de los valores culturales que hacen
parte de nuestra nacionalidad.
Vale la pena
recordar, en tan crucial coyuntura, algunas sabias palabras:
“La
retórica es el cementerio de las realidades humanas, cuando más, su hospital de
inválidos.”
“La
salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de
un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. todo lo demás es
secundario. Si el régimen de comicios es acertado, si se ajusta a la realidad,
todo va bien; si no, aunque el resto marche óptimamente, todo va mal.”
“Sin
el apoyo de auténtico sufragio las instituciones democráticas están en el
aire.”
(José Ortega y
Gassett. La rebelión de las masas)
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