De las mesas vacías a las urnas repletas

José Alvear Sanín

Después de los ínfimos resultados del Pacto Histórico en las elecciones de Consejos de la Juventud, y de la bien merecida inclusión de Petro en la Lista Clinton, en medio de la inseguridad total, el caos económico y social, y el inocultable desequilibrio mental del gobernante, el fracaso en la consulta popular del partido de Gobierno, el 26 de octubre, era inevitable..., pero ¡oh sorpresa!, a medida que pasaban las horas, los boletines de la Registraduría inflaban las cifras, hasta el punto en que las urnas vacías terminaron repletas de votos.

A medida que escuchaba “los resultados”, recordaba la famosa, absurda e innecesaria “consulta anticorrupción” de Claudia López, donde pasó lo mismo...

Pero esta vez, la consulta ofrece un nuevo elemento, poque un gran jurista me hace caer en cuenta de que, si el Pacto no alcanzaba el umbral, unos dos millones de votos, perdía una abultada “reposición” de $ 5.000 millones, varias veces superior a los gastos efectuados por todos los que figuraron en estas elecciones, verdadero simulacro, o ejercicio, de lo que preparan para los comicios de marzo 2026, en ruta hacia las presidenciales, si es que las hay.

Al lado de la discusión sobre la posible magnitud del fraude, hay un hecho indiscutible, “la ratificación electoral” de la orden del Politburó, en el sentido de que el Gobierno tiene que llevar a Cepeda a la presidencia, mediante la combinación de todas las formas de lucha (guerrilla, propaganda, mermelada, violencia, bodegas, algoritmos, etc.), de manera que el previsible autogolpe ya no sea para la reelección del pintoresco orate, sino para la elección del Lenin colombiano, frío, cerebral, inflexible, calculador y doctrinario, que permita pasar de la preparación a la ejecución de la revolución comunista, con la eliminación de las libertades individuales y la implementación del modelo colectivista, improductivo, despótico y totalitario.

Ante esta aterradora perspectiva, la única respuesta parcialmente correcta es la del autoprecandidato Mauricio Cárdenas, cuando dice: “Nos unimos o nos hundimos, porque a continuación invita a la unión de un dizque ‘centro’: Fajardo, un tal Oviedo, Galán, etcétera, es decir otros autoprecandidatos, pero más ineptos y con menos votos, porque para estos insípidos señores es preferible un gobierno de extrema izquierda a uno de derecha constitucional, como sería, por ejemplo, el de Abelardo de la Espriella.

Desde luego, nadie puede decir que Petro sea mejor que Cepeda, aunque el camino por el que nos llevan hacia la revolución sea menos horrible que la cosa misma.

Sin embargo, dada la megalomanía de Petro y su delirante vocación imperial, no es de descartar que su previsible autogolpe, en lugar de conducir rápidamente a Cepeda al poder, postergue largamente la aspiración de este último, porque si se aplazan las elecciones, Petro se quedaría indefinidamente hasta lograr su “paz total”, haciendo así la felicidad de todos los congresistas, gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, hasta cuando sea posible hacer elecciones bajo la Carta dictada por el poder constituyente popular.

¡Como los gobiernos comunistas no sueltan el poder, muchos piensan que, si no cae Maduro, Petro se queda...!

Las cuatro enseñanzas que nos deja Caracas

Luis Alfonso García Carmona

No está tan lejana la época en que jóvenes venezolanos visitaban a Colombia para formarse en las universidades y colegios de Bogotá, que alcanzó, por esas calendas, a ser reconocida como la Atenas Sudamericana.

Ahora, por el contrario, y por causas bien diversas, somos los colombianos los llamados a tomar lecciones de las duras pruebas sufridas por este pueblo hermano y a adoptar todas las medidas necesarias para impedir la repetición de parecidas desgracias en nuestro país.

No se puede ignorar que la llegada de Hugo Chávez al poder, primero mediante un golpe militar, y luego, en una confrontación electoral ganada por su partido, respondió al descontento mayoritario de un pueblo que durante muchos años fue testigo de la corrupción política, el desgreño administrativo y la falta de atención oportuna de las necesidades primarias de la comunidad. Si bien el país se regía por una democracia formal, esta sólo se preocupaba de los intereses de la clase dominante, olvidando la función esencial del Estado de velar por el bien común de sus gobernados.

Primera lección. El Estado debe estar al servicio del bien común de los asociados y no al de sus gobernantes.

Chávez asumió el 2 de febrero 1999 y, de inmediato, procedió a manipular las instituciones para ponerlas al servicio de su dictadura, como es costumbre de las dictaduras de extrema izquierda en América Latina. Se convocó una Asamblea Nacional Constituyente, la cual aprobó una nueva Constitución en la que se habilitó la reelección presidencial, se suspendió el Congreso y se disolvió la antigua Corte Suprema de Justicia, atribuyéndose sus facultades. Se convocaron unas “mega elecciones” presidenciales, regionales y parlamentarias, dizque para “relegitimar todos los poderes”, en las cuales Chávez fue reelegido hasta 2006. Camino similar al que ya emprendió Petro: cambiar la Constitución por cualquier método, lícito o ilícito, asegurar su reelección, tema que ya están socializando sus adláteres, modificar el territorio para obtener ventajosas condiciones electorales, y mantener la vigencia de las curules gratuitas de las FARC y las otorgadas a presuntas víctimas del conflicto, para lo cual requiere la prórroga del espurio acuerdo de La Habana. Propone varias alternativas en sus contradictorios trinos el sátrapa que nos gobierna: una asamblea constituyente fundada imaginariamente en el humillante acuerdo de La Habana; unas asambleas populares; además de la inclusión del texto de la nueva constitución en el acuerdo de “paz total” que se firmará con el ELN al cual se le quiere dar “fuerza vinculante” sin intervención del pueblo soberano.

Segunda lección. Por ningún motivo debemos permitir los colombianos que se abra esa compuerta para que la camarilla gobernante manipule nuestra Constitución a su antojo. Equivaldría a una monstruosa violación al orden constitucional que deberán impedir las fuerzas militares y de policía, de conformidad con la “función primordial” que en esta materia les asigna la Constitución Nacional (arts. 217 y 218). Como una sola voz, solicitemos a los altos mandos la toma de esta decisión antes de que sea demasiado tarde para el porvenir de la patria.

Desde su llegada al poder, se propuso el “castro-chavismo” hacerse al control de la fuerza pública, y así lo han cumplido a lo largo de 25 años de inicua dominación de un pueblo libre. A las fuerzas militares y de policía las han desmoronado por el expediente de las “purgas”, los sistemas de contrainteligencia importados de Cuba, la corrupción mediante su participación en el sucio negocio de la cocaína (el “cartel de los soles”) y la utilización de su capacidad armada para el apalancamiento del régimen y la persecución de sus opositores. Esta es una de las tácticas preferidas de los movimientos afiliados al Foro de Sao Paulo y, por supuesto, ya ha empezado a ser implementada por el camarada Petro (alias Aureliano), mediante la organización de “guardias indígenas”, “gestores de paz”, “milicias revolucionarias” y otros colectivos armados, a expensas del dinero de los contribuyentes para perpetuar por la fuerza la presencia del régimen comunista en los centros de poder. Cuentan, además, con el respaldo explícito del régimen, quien calificó un secuestro de agentes del orden por uno de estos grupos irregulares como un “cerco humanitario”. El propio presidente prohibió al ejército acantonado en las cercanías intervenir en favor de los policías secuestrados y uno de estos fue degollado a plena luz del día por los aliados del guerrillero-presidente.

Tercera lección. No podemos pasar por alto estos hechos violentos constitutivos de un gravísimo desorden constitucional, los cuales deben ser impedidos en forma inmediata por las fuerzas militares y de policía, tal como lo dispone la Constitución, para lo cual no requieren una orden expresa pues este deber hace parte de su función primordial.

Los regímenes marxistas-leninistas conceden destacada importancia, tales como los de Maduro o Petro, a la dominación absoluta del sistema electoral que les permita mantenerse en el poder por tiempo indefinido. Podría afirmarse –con base en las reiteradas experiencias que ha afrontado la América Latina– que una de las principales preocupaciones de estos regímenes es acceder al poder por medios mimetizados bajo el embozamiento de una falsa democracia y, luego, a lo largo de los años, empeñar sus esfuerzos en el mantenimiento de las ventajosas condiciones que les permita el usufructo indefinido del poder.

Bajo las instrucciones recibidas del Foro de Sao Paulo y de la dictadura cubana ha logrado la dictadura castro-chavista cumplir, con excelentes resultados, con este execrable objetivo: en 2004 logró la aprobación de un referendo que prorrogó por 2 años y medio el período presidencial; en 2006 ganó las elecciones con un 63% de los votos; en 2009 obtiene la aprobación de un nuevo referendo para abolir los límites en el tiempo de varios cargos ejecutivos; en 2013, aunque por poco margen, gana Maduro las elecciones; y, en 2024, se llegó al máximo refinamiento del fraude electoral para dar por ganador a Maduro, a pesar de la demostración palmaria de que su opositor obtuvo cerca del 70% de los votos, tema que aún está sin resolver por la comunidad internacional.

Similar proceso se ha vivido en Colombia. Desde antes de empezar la campaña presidencial comenzó Petro a hacer proselitismo y gastar inmensas sumas de dinero que rebasan ampliamente los topes autorizados por la Ley, infracción que la Constitución penaliza con la separación del cargo. Hasta altos funcionarios de la campaña y miembros del clan familiar de Petro han confesado el ingreso de sumas no autorizadas a las arcas de la campaña, pero la utilización masiva del soborno por parte del Gobierno ha impedido que se surta el trámite de manera normal e imparcial.

Nunca un proceso electoral ha sido tan cuestionado como el de la elección de Petro. No obstante, con anuencia de los entes de control, las autoridades, las Cortes y hasta el Ejecutivo, fueron desoídos los reclamos sin autorizar la repetición de elecciones ni el recuento de votos en lugares sospechosos de fraude electoral.

Más grave aún: Petro no se podía posesionar por haber sido condenado por la comisión de un delito doloso. Sin embargo, se violó la Constitución a pesar de que existe la prueba de la pena de prisión que pagó y de la libertad que recibió por pena cumplida. Estamos, pues, navegando en el mismo albañal de inmundicia y todavía sacamos pecho para hablar de nuestras instituciones democráticas.

Cuarta lección. Sería irresponsable, por decir lo menos, confiar en que podemos ganar las elecciones del 2026 con un fraude como el que se está reeditando, una financiación de proporciones gigantescas proveniente de los presupuestos oficiales, la corrupción, las contribuciones de la guerrilla, de los narcos y de las organizaciones criminales y los aportes de la izquierda internacional. Formemos ya, como un solo hombre, una contundente fuerza que trabaje sin descanso hasta que los altos mandos de las fuerzas militares y de policía reviertan este desorden constitucional como es su deber; y que los miembros de la Comisión de Acusaciones cumplan con su deber de tramitar en forma honesta e imparcial el proceso por indignidad que cursa contra Petro.

Venezuela en la incertidumbre

Andrés de Bedout Jaramillo

Para que nuestro hermano país pueda salir de esta larga incertidumbre, luego de la aplastante derrota electoral al régimen dictatorial de Maduro, tendrá que suceder alguno de los siguientes extraordinarios hechos:

1. Que el régimen dictatorial muestre las actas y acepte la derrota.

2. Que las fuerzas militares y de policía se pongan de lado del pueblo venezolano, de la constitución y la ley, haciendo respetar los resultados electorales del pasado 28 de julio.

3. Que aparezcan unos mercenarios dispuestos a capturar a Maduro y a sus secuaces, a cambio de la jugosa recompensa ofrecida por los Estados Unidos.

4. Que Maduro se desestabilice física y emocionalmente y sufra un colapso fatal.

Lo cierto del caso es que el problema es de los venezolanos y solo ellos lo pueden solucionar, continuando en forma indefinida y al costo que sea, con las marchas pacíficas de protesta como oposición al régimen y al abierto robo que, de las elecciones, desafiando incluso la violenta e injusta reprensión a la que están siendo sometidos y a la muy posible detención que recaerá sobre Edmundo y María Corina.

Lo anterior amerita manifestaciones de apoyo permanente de la comunidad internacional, con comunicados de los países y organizaciones internacionales reconociendo el triunfo de Edmundo y la derrota de Maduro, conscientes de que varios países, entre ellos, desafortunadamente el nuestro, no estarán a la altura de dar la pelea por la democracia, prefiriendo mantener el apoyo de Maduro para el refugio de guerrillas y narcotráfico en ese país hermano; otros como China estarán interesados en cuidar sus intereses económicos por la gran cantidad de dinero que le han prestado al régimen, y otros como Rusia, Irán y Cuba, cuyo respaldo consolida fuerzas contra los Estados Unidos.

Colombia, Brasil y México, actúan solidariamente con los regímenes comunistas, propensos a dictaduras democráticas, que llegan al poder con el voto mayoritario del pueblo y con el firme propósito de atornillarse en este directamente o en cuerpo ajeno.

El derecho internacional y los otros países solo podrían intervenir si a Venezuela le diera por ocupar territorios vecinos o cometer atentados en otros países, como está sucediendo en los casos de Israel y Hamas/Palestina, y de Rusia y Ucrania.

Lo cierto del caso es que, en estos momentos, ningún país va a desplazar sus tropas hacia Venezuela para ayudar a la oposición a hacer respetar los resultados electorales y ningún organismo internacional podrá detener a Maduro y sus secuaces atrincherados en Venezuela, por haberse robado de frente las elecciones y negarse a mostrar las actas electorales.

Definitivamente el derecho internacional requiere de muchos desarrollos legislativos que permitan hacer cumplir los objetivos para el desarrollo sostenible de las naciones del mundo supuestamente civilizado, que no puede seguir avanzado en el convertir al bien en mal y al mal en bien.

Por todo lo anterior, el riesgo de que Maduro se afiance como el dictador de Venezuela es muy alto, inclusive si terminara proponiendo una negociación con la oposición, acolitado por Colombia, Brasil y México, bajo la disculpa del hackeo y el propósito de hacer unas nuevas elecciones.

Tenemos que orar mucho a Nuestro Señor Jesucristo, para que la resistencia del pueblo venezolano supere a la del régimen de Maduro y permita el triunfo de la democracia, para su bienestar y el de los latinoamericanos.

Agonía o muerte de los mecanismos electorales

José Alvear Sanín

Nunca dudé ni del colosal triunfo de María Corina, ni del robo de las elecciones. Lo que me sorprendió fue la desfachatez del fraude, su magnitud, y el descaro con el que se anunció, antes de los comicios, lo que iba a ocurrir, así como el desprecio por las consecuencias del atropello. Maduro y sus cómplices no se pueden ir, porque si entregan, llega, ahí sí, el dominó de Petro: Cae Cuba (shu), cae Petro (shu), cae Ortega (shu), cae Boric (shu), y no se reeligen ni el PT (shu), ni Morena (shu)...

Maduro todavía tiene que organizar simulacros electorales, mientras llega el momento de completar su versión del estalinismo tropical, como en Cuba. Entretanto, represión, supresión de las libertades, voto electrónico y Comisión Nacional Electoral de bolsillo, y cuando aun así los resultados le son adversos, robo descarado...

Siempre que se habla de democracia y elecciones, vale la pena recordar a Ortega y Gasset cuando resume magistralmente el tema:

La salud de las democracias, cualesquiera que sea su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Si el régimen de comicios es acertado, si se ajusta a la realidad, todo va bien; si no, aunque el resto marche óptimamente, todo va mal. (La rebelión de las masas. Madrid: Espasa Calpe; 1961, pág. 132)

La democracia se impuso, a medida que en muchos países dejó de ser cierto aquello de que “quien escruta, elige”, con la aparición de organismos electorales imparciales y apolíticos, que infundían confianza en los resultados electorales.

En Colombia, por ejemplo, la paz entre liberales y conservadores nunca hubiera sido posible sin la confianza que inspiraban la Registraduría y el Consejo Electoral durante el Frente Nacional; respeto que duró hasta las elecciones para Congreso de marzo 2022, computadas apresurada y electrónicamente con los extraños algoritmos de Indra, contratados por un registrador ambiguo y poco confiable. Así empezamos a transitar por la senda del fraude electoral, cuya secuencia inevitable fue la posterior elección de Petro para ocupar el solio.

Dejando de lado al África y la mayor parte de Asia, los regímenes políticos de elecciones libres y cómputo confiable se limitaban a las democracias de Europa, Japón, Corea del Sur, EEUU, Canadá, Oceanía y buena parte de Iberoamérica.

Pero en los últimos tempos el avance narco-comunista en nuestro continente, y el incontenible crecimiento en Europa y Norteamérica del globalismo marxista-cultural y woke del Deep State, orientado por la nefanda agenda 2030, han contaminado gran parte de los sistemas electorales.

Mediante la combinación de voto y cómputo electrónicos, y previa indoctrinación mediática y educativa del electorado, los resultados son cada vez menos confiables en las que fueron democracias ejemplares.

Como los narco-comunistas no dejan el poder jamás, los del progresismo populista están aprendiendo la lección, si consideramos los inocultables fraudes que dejaron amplio manto de duda razonable sobre la elección de Biden, la derrota de Bolsonaro, el paso de Lula de la cárcel a La Alvorada, y la elección reciente, en México, de la candidata de AMLO (el de abrazos en vez de balazos), acusado de favorecerla con maniobras que hermanan a Morena con el antiguo PRI.

Ahora bien, si con la duplicidad infame, artera y tramposa de Petro, Lula y AMLO, y con el terror desencadenado sobre la población, Maduro logra consolidar el mayor pucherazo mundial de los tiempos recientes, ese ejemplo podrá ser tenido en cuenta en muchos países, empezando por los Estados Unidos, para completar “la elección” de la horripilante Kamala Harris, o la reelección de Petro (en propio o en ajeno cuerpo).

Al fin y al cabo, en varios estados clave de la Unión, los mecanismos electorales ya están manejados por Dominion (asociado al parecer con la chavista Smartmatic), y en Colombia viene el voto electrónico, computado por esas mismas empresas, ya conocidas en Venezuela y los EEUU.

En un mundo dividido entre grandes bloques totalitarios, tanto en el Oeste woke y abortista — guiado por los movimientos LGTBQ etc.—, como en el Oriente, cada vez más despótico, las elecciones serán apenas simulacros electrónicos, mientras llega el momento de abolirlas por completo o convertirlas en certámenes de participación obligatoria en favor del partido único.

¿Marchamos entonces hacia ese aterrador escenario, ya vislumbrado por Orwell en su profético 1984, donde el mundo se divide en imperios antagónicos igualmente perversos y totalitarios, en permanentes equilibrios inestables?

¡Parece que asistimos a la desaparición de las elecciones libres!

Editorial: sucesos de la semana

En esta nueva edición del editorial de la semana para El Pensamiento al Aire, Antonio Montoya H. se refiere, entre otros temas, al informe presentado por el DANE sobre el crecimiento de la economía del 0,3%; también habla de los dineros ilícitos en las campañas de Juan Manuel Santos, de Óscar Iván Zuluaga y de Gustavo Petro; los beneficios que logra Salvatore Mancuso como gestor de paz; el choque entre los gobernadores y el ministro del interior, Juan Fernando Velasco; un nuevo anuncio de paro armado del ELN en el Chocó; otra vez hay cierre en la vía el Llano tras el temblor de tierra; la amenaza de Gustavo Petro a los cafeteros de quitarles el fondo nacional, y finalmente cierra reseñando la marcha de las mayorías. Lo(a) invirtamos a verlo.

Abandonemos nuestros errores históricos

Por: Luis Alfonso García Carmona

Se atribuye a Cicerón la conocida frase de que “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”.

Desgraciadamente, Colombia es un típico ejemplo de las naciones que parecen haber olvidado la suya, pues cada vez reincidimos en los fatídicos errores que nos han sumido en el estado de descomposición integral que padecemos.

1. La violencia

Desde que nos independizamos de la corona española, nos convertimos en enemigos de nuestros propios compatriotas, merced a la lujuria por el poder. Los partidos, al servicio de la codicia, se enfrascaron en fratricidas guerras civiles y en una cruel violencia que duró hasta el siglo XX. Con el acuerdo denominado “Frente Nacional” se logró poner fin a este fanatismo estéril. No obstante, este remanso de paz no fue duradero, pues pronto, con el advenimiento del comunismo y la aparición de las guerrillas, patrocinadas principalmente por la dictadura cubana, surgió “la lucha de clases”, en cuyo nombre se instauró en nuestra patria el más sanguinario y cruel terrorismo que hayamos conocido.

Dos bastiones se opusieron al asalto al poder que pretendía el marxismo-leninismo: de un lado, nuestra institución familiar, que ha mantenido las tradiciones espirituales de nuestro pueblo y, del otro, el patriotismo de la fuerza pública, que durante 6 décadas ha ofrecido el sacrificio de la vida e integridad personal de sus soldados y policías para defender la soberanía de la Nación y garantizar la seguridad de su población.

Somos el único país del mundo donde ha fracasado la guerrilla con más recursos a su alcance (el producto de la cocaína, el negocio más rentable de la tierra), en un territorio montañoso y selvático propicio para la “guerra de guerrillas”, y con el apoyo de países vecinos que le han servido de refugio (Venezuela, bajo la tiranía de Chávez y Maduro, y Ecuador en la administración de Correa).

En lugar de proteger esos magníficos bastiones, se ha plegado nuestra clase política ante la izquierda radical para atacar la institución de la familia, mediante normas a favor de la ideología de género, el aborto, la corrupción de los menores y la educación orientada hacia el materialismo marxista. Igualmente, se implantó la política de desmantelamiento progresivo de la fuerza pública, llegando al recorte del presupuesto necesario para subsistir, a la decapitación masiva de la cúpula militar, al acuartelamiento de los efectivos para impedirles actuar, al secuestro y la pública inmolación de soldados y policías con la aquiescencia del Gobierno, y a la equiparación de los militares y policías con los tenebrosos narco-terroristas de las FARC.

Por el contrario, los “capos” de la droga son premiados con impunidad y protección, y a los cabecillas de los grupos guerrilleros se les otorga la investidura de parlamentarios y el disfrute del enorme presupuesto aprobado para sus actividades mediante el espurio acuerdo de La Habana.

Ahora, ante la indiferencia de la llamada “oposición constructiva”, se dedica el Gobierno de turno a armar irregulares e inconstitucionales colectivos denominados “gestores de paz”, “guardias campesinas o indígenas”, “primeras líneas”, que no son otra cosa que milicias  para sustituir a la legítima fuerza pública.

2. El narcotráfico

El ilícito comercio de estupefacientes se ha convertido en la más depredadora actividad delictiva, ya que, además de ser el combustible de las guerrillas, ha contaminado todos los estamentos sociales del país, corrompiendo a funcionarios de todas las ramas del poder y sentando un pésimo precedente para nuestra juventud: Que el crimen sí paga y que el dinero fácil sustituye al trabajo y al esfuerzo personal.

El crecimiento del cultivo y la exportación de cocaína solamente pudo detenerse bajo la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. Según informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), las hectáreas sembradas de coca eran 62.000 en 2010, “el nivel más bajo de cultivo de coca en lo que va corrido de siglo”. ¿Qué pasó en las administraciones de Santos y Duque? Se suspendió la fumigación aérea con glifosato y el bombardeo de campamentos y laboratorios, se prohibió la extradición de los narcotraficantes, se establecieron subsidios a los cocaleros y se consideró el narcotráfico como delito conexo al delito político. La Unodc registró 204.000 hectáreas sembradas con coca en 2021, récord histórico hasta esa fecha, con un incremento del 229% sobre la cifra de 2010. La proyección para 2023 es que tengamos 300.000 hectáreas de coca, ya que continúan vigentes los beneficios a los cocaleros y la falta de acción preventiva del Gobierno, y, gracias a “la paz total”, tanto el ELN como los carteles de la droga recibirán todo el apoyo a su ilícito negocio.

3. La corrupción

Es un mal endémico que todos los políticos se comprometen a combatir mientras buscan el apoyo del electorado. Pero es lo cierto que cada vez el mal crece a pasos agigantados y ha invadido todos los niveles del Estado y todas las ramas del poder.

Sin embargo, los votantes siguen eligiendo candidatos que luego de ser elegidos, son protagonistas de sonados escándalos.

Nada hemos hecho para modificar nuestro sistema político diseñado para favorecer estas corruptas prácticas.

La norma que permitió las listas abiertas en los candidatos a corporaciones públicas dio a los partidos políticos la naturaleza de empresas electoreras: Se asocia un grupo de amigos e inversionistas para la conquista de un trocito del poder. Al conquistarlo, premian a los inversionistas que sufragaron la campaña con contratos donde la corrupción se lleva la tajada más apetitosa.

No existen normas que exijan un estudio minucioso de los antecedentes penales y disciplinarios de los aspirantes a ser elegidos. Tampoco se establecen requisitos mínimos de estudios que permitan un ejercicio idóneo de sus funciones.

Todos los cargos públicos se proveen libremente sin consideración a la honestidad, conocimientos y experiencia del aspirante; sólo se tiene en cuenta su amistad con el que lo nombra o su identidad política con el grupo gobernante.

Hay demasiado libertinaje para la contratación “a dedo”, que permite otorgar contratos sin licitación o mediante procesos que no se ajustan a la legalidad.

Las contralorías regionales hacen parte de la corrupción, pues su designación depende de los grupos políticos dominantes que van a ser “controlados” por sus compañeros de equipo electoral. Debieran ser eliminadas.

Nuestro pecado en esta materia es por omisión. Mucho bla, bla y de aquello nada. Hay que cambiar todo el sistema de contralorías por unas auditorías privadas contratadas por licitación y unos zares anticorrupción con el exclusivo fin de recuperar las pérdidas que sufran los fiscos y promover las investigaciones penales contra los presuntos responsables.

4. El desconocimiento de la democracia y del estado de derecho

Ante la indiferencia de la sociedad, ha hecho carrera la viciosa práctica de desconocer la voluntad del pueblo. Para darle visos de legalidad al claudicante acuerdo de Santos con los narcoterroristas de las FARC se convocó a un plebiscito en 2016 para votar SÍ o NO a la refrendación popular del acuerdo. Para asegurarse de su aprobación, se rebajó el umbral requerido al ridículo porcentaje del 13% (4.536.992 votantes). La Corte Constitucional, al reglamentar el plebiscito dijo expresamente : “ …si el plebiscito no es aprobado, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final…”.

Pues el pueblo mayoritariamente votó en forma negativa : 6.431.376 votantes que representaron el 50,21% de la votación. Además, 21.233.898 se abstuvieron de atender a la convocatoria del Gobierno para que concurrieran a dar su voto por el SÍ. En total, 27.665274 no apoyaron al Gobierno en ese humillante pacto.

Pero no se conformó el Gobierno farc-santista con la derrota y, mediante una proposición absolutamente inconstitucional aprobada en el Congreso, este sustituyó al pueblo soberano para dar al acuerdo la refrendación que se le había negado en el plebiscito.

No paró allí el puntillazo a la democracia, pues, a renglón seguido, la Corte Constitucional sentenció: “… tras la expresión ciudadana es legítimo que el proceso continúe y concluya en virtud de las competencias de una o más autoridades instituidas que le pongan fin…”

No se necesita ser un experimentado jurista para calificar este exabrupto como el más vituperable prevaricato en toda nuestra historia jurídica.

Sin que aquí pase nada, se modificó de manera ilegítima la Constitución y se volvió trizas el Estado de Derecho. ¿Por qué nos quejamos de lo que ahora nos pasa?

Igualmente sucedió con la última elección presidencial. Se denunciaron irregularidades en la contratación de empresas para asesorar a la Registraduría; se interpusieron miles de quejas por lo acontecido en la jornada electoral; se denunciaron los softwares adquiridos por la imposibilidad de verificar sus resultados; se solicitó recuento de votos en mesas donde se presentaron irregularidades. En suma, son las elecciones más cuestionadas de nuestra historia democrática, pero ni las autoridades electorales, ni el Gobierno, ni las entidades de vigilancia y control, permitieron una revisión para dar un mínimo de transparencia a la justa electoral.

Se comprobó, mediante una simple comparación matemática entre el tope de gastos fijado por la ley a las campañas y el monto ingresado a la campaña de Gustavo Petro, que este violó la ley al gastar más de lo autorizado. Esto, sin contar otros eventos conocidos con posterioridad, como el de los honorarios del asesor español que contrató cerca de 90.000 testigos electorales, o los 15.000 millones que confesó Benedetti haber recaudado para la campaña, o los millones que el hijo y la nuera del presidente ingresaron fraudulentamente a los fondos de la campaña. Es, a todas luces, una elección ilegítima que debe ser anulada de inmediato.

5. Enseñanzas de la historia

Este sucinto recuento de nuestros errores políticos nos debe imponer un cuestionamiento colectivo: si somos lógicos cuál debe ser nuestro propósito: ¿persistir en los errores que nos han conducido a la hecatombe que vive la patria en todos los órdenes, o, por el contrario, abandonar esas erróneas actitudes y empezar a reconstruir el país?

Sin lugar a duda, debemos ser conscientes de la necesidad de enmendar las equivocaciones cometidas y emprender de inmediato la tarea de derrocar el tiránico régimen que se ha tomado el poder en forma ilegítima. Tenemos el derecho a intentarlo a través del juicio político que otorga a los ciudadanos la facultad para destituir a quienes fueron elegidos con violación de la Constitución y la Ley.

Pero no nos es permitido dejar la nación al garete para volver a caer en otras deplorables situaciones como las que hemos atravesado.

Es necesario que nos unamos todos los que nos duele la patria en una gran fuerza, independiente de la corrupta clase política, para que corrijamos los defectos de nuestras instituciones e instauremos por fin la vigencia de la verdad, la justicia, el estado de derecho, la verdadera democracia, la familia como piedra angular de la sociedad, el respeto a la propiedad privada y a la libre empresa, la solidaridad con la fuerza pública, la fraternidad con la población más vulnerable, y el bien común integral como objetivo de la administración pública.

Son suficientes estas nobles causas para dejar atrás el egoísmo y el afán de protagonismo y que podamos unir nuestras voluntades los “colombianos al rescate” que Colombia reclama. Si lo logramos, nada ni nadie podrá derrotarnos.

Buscando el ahogado aguas arriba

Por: Luis Alfonso García Carmona

No es el momento de llorar sobre la leche derramada, como anotábamos en columna anterior. Pero sí es preciso identificar en qué nos seguimos equivocando, para adoptar un rumbo que nos conduzca de manera eficaz a la derrota del espurio régimen Petrista y al rescate de los valores que han caracterizado nuestra cultura.

Nos enfrentamos a una batalla cultural, no a una simple confrontación partidista

Todavía, a pesar de las contundentes realidades que muestran a las claras que en Colombia está en marcha la estrategia del Foro de Sao Paulo para convertirnos en otro país esclavo del comunismo castro-chavista, algunos siguen pensando –y actuando– como si nos encontráramos en un libre juego democrático entre los amigos y los enemigos de Petro.

En consecuencia, la única propuesta que se les ocurre para rescatar a Colombia del abismo en que está sumida es ganar las próximas elecciones regionales, en las que no se define el futuro del país sino la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados departamentales.

Si existiera un monolítico movimiento comprometido en la salvación de Colombia, con una adecuada organización capaz de seleccionar candidatos coherentes con ese objetivo, habría un mínimo de esperanza. Pero la experiencia nos indica que, a partir de la Constitución de 1991, los partidos fueron reemplazados por empresas electoreras, que permiten a cualquiera que esté interesado en acceder al manejo de los presupuestos, contratos y de la burocracia estatal, conseguir el aval de cualquier partido para satisfacer sus apetitos de poder. Ningún papel tiene ni la ideología ni la coherencia doctrinal del candidato.

Cunde una supina ingenuidad en quienes suponen que no se repetirá el fraude por cuenta de la Registraduría, bajo la presión de la camarilla comunista instaurada en el poder. La compra de votos, la coacción armada en gran parte del territorio nacional, los oscuros manejos en los softwares empleados para el conteo de votos a espaldas del pueblo, la violación de los topes de gastos en las campañas y todos los artilugios utilizados en las campañas para el Congreso y la Presidencia volverán a arrojar los resultados que convengan al régimen de la extrema izquierda.

Derrocar el espurio régimen es el prioritario objetivo

Es prácticamente imposible cambiar la funesta orientación política que está destruyendo a Colombia, mientras permanezca Petro, o su vicepresidente, al frente del Ejecutivo. Si la Constitución del país brinda la oportunidad de destituir a presidente por indignidad para ejercer el cargo, todos a una, como en Fuenteovejuna, deberíamos apoyar la denuncia formulada por el jurisconsulto José Manuel Abuchaibe ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por violación de los topes de gastos fijados por la Ley en la campaña por la Presidencia.

Es bien significativo el hecho de que multitud de ciudadanos comunes y corrientes se han solidarizado con este juicio político para derrocar a Petro, mientras que los dirigentes políticos de partidos que dicen estar en oposición guardan sospechoso silencio frente al tema. ¿Es que existe algún oscuro pacto con el sátrapa para no hacerle daño?

No desconocemos las dificultades que la fórmula del juicio político encierra, dado el nivel de corrupción de nuestra clase política. Hacia el futuro debemos acometer la reforma a fondo de nuestro sistema político para corregir las falencias de nuestra débil democracia.

Pero es fundamental ahora enfrentar con decisión el objetivo prioritario de derrocar al tirano para eliminar el primer obstáculo en la reconstrucción de nuestra sociedad.

No busquemos el ahogado río arriba. Apliquemos el sentido común y echemos mano de las herramientas que nos otorga la Constitución. Después será el momento de reestructurar toda nuestra organización política para erradicar de ella la corrupción, la compra de votos, el fraude electoral y el remedo de la democracia.

El efímero poder

Por José Leonardo Rincón, S. J.

El bochornoso espectáculo de sacarse los cueros al sol que nos ha dado estos días nuestra flamante clase política es una nueva y muy buena cátedra existencial de la que deberíamos sacar jugoso provecho.

Se nos olvida nuestra humana condición de seres limitados, lábiles, frágiles, llenos de defectos y de errores. No somos dioses, pero quisiéramos serlo a pesar de esas realidades. Legítima aspiración si se tratase de trascender, crecer y madurar. Equívoco sueño si de lo que se trata es de dominar todo, controlar todo, poseer todo. Lo grave es eso: olvidamos que no somos eternos.

Con razón que un superior mío, que lo fue toda la vida en la Orden, detestara a Machado porque le recordaba: “Todo pasa y todo queda, más lo nuestro es pasar…”. Claro, cuando uno está instalado en la mullida poltrona del poder le resulta terrible reconocer que un día ese cuarto de hora se le va a acabar. Los así llamados “viudos del poder” precisamente son aquellos que lloran amargamente la soledad de no tener una corte a su servicio, el ya no ser reconocidos ni aplaudidos, la irremediable suerte de ser paulatinamente olvidados.

Armando y Laurita, los personajes de turno, y con ellos toda la galería de estrellas fugaces, olvidaron esta verdad. Ser importantes y poderosos obnubila. Los fulgurantes destellos de ser el poder detrás del trono enceguecen. Se enredaron en la maraña de los hilos del poder que entretejieron y el querer robarse el control protagónico de las cosas, resultó saliéndoles por la culata. De tenerlo todo a quedarse sin nada. Subieron como palmas y cayeron como cocos. El revés ha sido estruendoso y promete serlo aún más.

El afán desmedido del tener, del poder, del placer, cobra un costo elevado. Entre más alto se suba, más duro el tiestazo en la caída. Lo sabemos, pero deliberadamente queremos ser amnésicos. Las deliciosas mieles se saborean y disfrutan, pero no son para siempre. Parafraseando diríamos: no hay poder que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y es que efectivamente nadie resiste a un poderoso que olvidó que tenía el poder no para abusar sino para servir. A esos poderosos todo el mundo les bate cola mientras están en la cima, pero ni siquiera los determinan cuando están en la sima. Por eso se habla de aprovechar el “cuarto de hora”, ese único y efímero tiempo que se tendrá en la vida para aprender forzosamente esta lección.

Pasa en las películas, pasa en la vida real… ¿cuándo aprenderemos la lección?

El Estado colombiano ha colapsado

Epicteto el opinador

Se dice que un Estado ha colapsado cuando deja de cumplir las funciones esenciales para las cuales fue constituido: garantizar las libertades y los derechos de sus habitantes; proveer a su seguridad personal y la de sus bienes; administrar justicia en los conflictos entre la población o entre esta y las autoridades; disponer de un sistema de salud y de seguridad social para ayudar a la gente en sus enfermedades o en su vejez; prevenir y castigar las conductas criminales que afectan a la sociedad y a sus componentes; facilitar la actividad económica y la generación de empleo en beneficio de la población, y aplicar los recursos públicos a la solución de las necesidades de los gobernados.

Sin el cumplimiento de esos fines básicos no se justifica la existencia del Estado ni la cesión por parte de la ciudadanía de una parte de sus libertades y derechos en favor de la camarilla que pretenda suplantar la organización estatal, como ocurre ahora en Colombia.

Comenzó el actual régimen sobre la base de unas espurias elecciones que presentaron el mayor número de irregularidades e inconsistencias de nuestra vida democrática, las cuales no fueron revisadas gracias al contubernio entre la Registraduría, el Gobierno de turno, los organismos de control y el poder judicial. ¿Dónde quedó el derecho al sufragio?

Bastó un solo semestre para que los avances democráticos e institucionales construidos por nuestros antepasados en más de 2 siglos de vida soberana fueran desmoronados por la izquierda radical entronizada espuriamente en el poder, con la complacencia de los dirigentes llamados “de centro”. Se atribuye a José Antonio Primo de Rivera la afirmación de que “En general, los partidos centristas son como la leche esterilizada, no tienen microbios, pero tampoco vitaminas” (De Foxá, Agustín, Madrid de corte a ckeka, Ediciones de Orientación Española, 1942, pag.171). Con la salvedad de que, entre nosotros, esos partidos han estado contaminados por los microbios de la corrupción, el encubrimiento del delito y la cobardía.

Ahora sufrimos los colombianos la inseguridad física y la de nuestros haberes en una sociedad al servicio del narcotráfico, el crimen organizado y el vandalismo.

Se han borrado los límites entre las ramas del poder y, desde el Ejecutivo se ordena la libertad de los terroristas y el cese a la erradicación de la coca, y ahora se anuncia la eliminación de los delitos del código penal para “disminuir la criminalidad”.

Nuestro sistema de salud, catalogado como uno de los más eficientes del mundo será despedazado para entregar la atención de los colombianos al Estado botarata y corrupto que conocemos.

Los ahorros que los trabajadores guardan para su pensión de vejez serán arrebatados por la tiranía comunista que no respeta ni la Constitución ni el sentido común.

Se incrementan los impuestos, aumenta la inflación, pierde valor nuestra moneda como nunca en toda nuestra historia, se ahuyenta la inversión, se prohíbe la explotación petrolera que representa el 30 % de nuestras exportaciones y se exprime el presupuesto nacional con gastos absurdos para conducir al país a la mayor hecatombe económica que se pueda imaginar.

Se fomenta desde el discurso gubernamental el odio de clases y se persigue a los generadores de empleo para cumplir el objetivo comunista de empobrecer a toda la población para que pase a depender de los subsidios estatales, las cartillas de racionamiento o las cajitas de alimentos. Se sigue a raja tabla la consigna del guerrillero-presidente: no permitir que los pobres dejen la pobreza porque se vuelven de derecha y no los podremos controlar.

En esta coyuntura vale la pena convocar a los colombianos a actuar conforme a la macabra realidad que nos agobia. No podemos seguir siendo complacientes con este triste estado de cosas ni pretender que ignoramos lo que nos pasa. Recurro a Marco Aurelio para insistir: “Es terrible, en efecto, que la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría (Meditaciones, pag. 105)

Pero actuar no es simplemente reenviar mensajes por el celular o llorar sobre la leche derramada. Tampoco podemos sentarnos a esperar que ocurra un hecho milagroso que nos salve de esta larga noche. No caigamos en la ingenuidad de pensar que los políticos que nos condujeron a esta infernal coyuntura nos salven en las próximas elecciones. O que, mediante un golpe militar, cesen todos los males que afligen a nuestra sociedad. No esperemos milagros, seamos nosotros mismos el milagro que necesita Colombia.

Profundizando en las causas del desastre

Por: Epicteto, el opinador*

Cuatro fueron las causas inmediatas que identificamos del desastre que vive Colombia: 1) Monumental fraude electoral. 2) Soborno de proporciones mayúsculas mediante la compra de votos. 3) Engaño a la población con el trasnochado mensaje de lucha de clases. 4) Incapacidad absoluta de la dirigencia política para evitar la hecatombe anunciada.

Pero tales circunstancias no se presentaron súbitamente. Por el contrario, fueron fruto de un proceso de descomposición que agobia al país desde hace tiempo. Denunciado por unos pocos escritores armados sólo de coraje, pero ignorados olímpicamente por las clases dirigentes tanto del país “político”, como del país “nacional”.

Comencemos por el fraude en favor del candidato de la izquierda radical, el aliado de las FARC y del santismo. Desde hace varios años viene controlando esa diabólica alianza tanto al Congreso como a las altas Cortes. Recordemos cómo, mediante una burda proposición, sus mayorías desconocieron la voluntad del pueblo en el referendo que negó su aprobación a los acuerdos de La Habana. Su poder sobre la Corte Constitucional se manifestó cuando este órgano supremo le dio su aval a semejante asalto a la democracia, argumentando que el proceso del referendo podía continuar en el Congreso. Semejante prevaricato habría bastado para cerrar definitivamente ese antro de corrupción y devolver a Colombia el estado de derecho y el libre ejercicio de la democracia.

Por supuesto, el sistema electoral ha sido sometido a la voluntad del farc-santismo y de la extrema izquierda desde entonces. El manejo del proceso electoral ha sido entregado a una conocida empresa vinculada estrechamente a Juan Manuel Santos, quien ha pertenecido a su Junta Directiva y, como presidente de la República, invitó a los propietarios de esta para que lo acompañaran en la visita oficial que hizo a la Reina de Inglaterra. No les pareció suficiente y, para estas cruciales elecciones se contrató, además, una firma amiga de gobiernos comunistas, con un software que ni fue probado ni permitió ser auditado externamente.

No ha existido en toda nuestra historia democrática un proceso electoral con un mayor número de irregularidades denunciadas, sin que se tomasen las necesarias medidas correctivas. Tanto el presidente de la República, como las autoridades electorales y los organismos de investigación judicial se negaron sistemáticamente, como si existiera un poderoso acuerdo entre ellos, a practicar un nuevo conteo en las mesas que habían sido señaladas con resultados fraudulentos.

De todos es conocido el origen guerrillero del triunfador en las elecciones. Su afinidad con el ELN y las FARC ha sido manifiesta y no requiere mucha explicación. Asimismo, su proximidad con los capos del narcotráfico, a quienes el farcsantismo y la extrema izquierda vienen favoreciendo desde la firma del espurio acuerdo de La Habana y ahora con la suspensión de la fumigación de los cultivos ilícitos. Súmese a lo anterior, el respaldo obtenido de los corruptos detenidos a quienes se les solicitó en la cárcel su apoyo a la candidatura del guerrillero. Allí tenemos el origen de fondos que ni siquiera el Estado podría igualar para la compra de las conciencias de sufragantes, manejadores de opinión y funcionarios electorales.

Por supuesto, detrás de este sucio entramado aflora la naturaleza corrupta de nuestro sistema democrático, la inoperancia de nuestros partidos políticos, la desvergüenza de quienes se hacen elegir para obtener inmerecidos privilegios olvidando los intereses de la patria. En suma, tenemos un sistema que no nos representa y sólo sirve a las oscuras camarillas que nos gobiernan.

Parecido origen tiene el acompañamiento logrado por las trasnochadas tesis del marxismo-leninismo. Fue nuestra clase dirigente la que permitió durante años el adoctrinamiento de la juventud por parte de un sindicato comunista de maestros. Se ha proscrito la enseñanza del evangelio en contra de las creencias mayoritarias de nuestro pueblo, para instaurar la enseñanza del comunismo ateo, la ideología de género, el derecho al aborto y demás prácticas destructoras de la familia como institución básica de nuestra sociedad. ¡Hoy presenciamos impávidos cómo se queman iglesias sin que la autoridad intervenga, mientras se sigue adorando la imagen de un asesino como el Che Guevara!

Ni qué decir de la responsabilidad que cabe a la clase dirigente en este catastrófico resultado. Llevamos más de una década cohonestando desde el poder el materialismo de la extrema izquierda, patrocinando por acción u omisión el funesto negocio de la cocaína, permitiendo una perversa formación de nuestras juventudes, conviviendo con la corrupción sin adoptar drásticas medidas para su eliminación, alimentando el envenenado poder judicial y legislativo, mientras olvidamos las verdaderas necesidades de nuestras gentes.

No es un problema de la derecha como algunos piensan. Aquí nunca ha existido un partido de derecha. Las colectividades tradicionales han permanecido en la línea de partidos demoliberales, ahora movidos únicamente por apetitos burocráticos y presupuestales, no ideológicos. Tampoco confundamos al Centro Democrático con la derecha. En sus comienzos defendieron algunos principios de derecha como eran la seguridad o la defensa del estado de derecho. Luego se olvidaron de la lucha contra el espurio acuerdo de La Habana, eligieron un presidente que se encargara de implementarlo sin exigir nada a cambio, y ahora propugnan, con algunas honrosas excepciones, por una oposición “constructiva” con un gobierno que sólo quiere destruir al país.

Hay que buscar con sabiduría, no movidos por la pasión, el fondo de nuestra problemática, no nos quedemos en lo superficial. El fondo está, ni más ni menos, que en nuestro fallido sistema político. Tenemos que buscar con inteligencia un nuevo sistema que nos represente a todos, que elimine la corrupción política que ha destruido todo lo que toca, y que nos permita construir un nuevo país que respete a Dios, la patria y la familia. Quizás teníamos que tocar fondo para despertar a esta cruda realidad. Ahora corresponde el turno a nuestro sentido del deber y a nuestra inteligencia porque, como dijo Aurelio: “la inteligencia derriba y desplaza todo lo que obstaculiza su actividad encaminada al objetivo propuesto, y se convierte en acción lo que retenía esta acción, y en camino lo que obstaculizaba este camino”[1].

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[1] MARCO AURELIO, Meditaciones, Editorial Grados, 1977, pag.106.

Todavía se pueden robar la Presidencia

Por José Alvear Sanín*

El inesperado éxito del ingeniero Rodolfo Hernández en las elecciones del pasado 29 de mayo tonificó al país y un aire de esperanza lo está oxigenando.

El ingeniero está hablando muy bien, sorprendiendo a los que nunca lo habíamos oído. Su escueto e incontrovertible discurso refleja lo que el país quería oír desde hace años. Tres días después de la primera vuelta es indudable que Rodolfo Hernández va a ganar en las urnas...

El 29 de mayo no se repitió el fraude monumental del 13 de marzo. Muchos teníamos un chocorazo electrónico para dar por ganador al candidato del autodenominado Pacto Histórico. En cambio, la ausencia, ese día, de fraude, ha dado credibilidad a última hora a una Registraduría que sigue siendo indigna de confianza.

He ahí el punto central. A junio 1° aún se desconocen los verdaderos resultados de las elecciones para Congreso y el famoso (o los varios) algoritmos siguen ocultos. Están, sin embargo, vivitos y coleando, y basta con apretar un botón para que el 19 de junio el candidato narco-castro-chavista gane por 10.000, 50.000 o un millón de votos...

¡Se ha dicho que quien escruta electrónicamente elige!

Avanzamos entonces hacia la elección definitiva, confiando con supina ingenuidad en un registrador indigno, cuestionado y que ha dado incontrovertibles pruebas de parcialidad y compromiso con las fuerzas revolucionarias.

Imaginemos por un minuto el escenario atroz del fraude electrónico e indetectable. Diez minutos después de proclamar la Registraduría al que sabemos, multitudes incontenibles exigirán el “respeto” por los resultados favorables al terrorismo, la ignorancia, el narcotráfico y el acuerdo de paz con el ELN. Nada se está haciendo para impedir el monumental fraude electrónico, que puede dar lugar a la más aterradora y criminal revolución de la historia.

Los secuaces actuales del perverso candidato del comunismo, reforzados ahora por los que llegan de la nauseabunda cáfila fajardista, constituyen un movimiento extremista cuya elección nos llevaría inexorablemente a lo de Venezuela, o quizá a lo de los jemeres rojos, porque sus propuestas delirantes y criminales a nada bueno pueden conducir...

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Si el ingeniero nombra esta semana cuatro o cinco grandes ministros en las carteras clave... puede arrasar en las urnas.

¿Quién ha visto el algoritmo?

Salus populi suprema lex
—Marco Tulio Cicerón

Por José Alvear Sanín*

Como ahora dependemos de los algoritmos, vale saber que cada uno de ellos es un grupo de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada, que permite solucionar un determinado problema. El algoritmo trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas que, por medio de una sucesión de pasos, permiten arribar a un resultado o solución.

Han pasado 65 días desde las elecciones el 13 de marzo y no se conoce el final de su extraño e interminable escrutinio y, por tanto, no se han expedido las credenciales de los nuevos congresistas. El dizque “preconteo” fue adicionado con crecientes cifras, primero, por medio millón; luego, por un millón, y hasta se ha hablado de millón y medio de votos, casi todos para inflar las curules del “Pacto Histórico”.

Aquí lo único histórico es que jamás en la historia de Colombia se había visto nada parecido. A pesar de la mala información, dada apresuradamente al señor presidente, no hubo únicamente “irregularidades”, como él opinó, porque lo que impera es un nauseabundo olor a fraude.

Todas las denuncias, las investigaciones prometidas, las modificaciones para los formularios E-14, las auditorías internacionales anunciadas, son meras palabras que se lleva el viento. Lo mismo puede decirse, hasta ahora, del reconteo total de votos decretado por un Tribunal de Cundinamarca.

Los hechos principales son:

1. El registrador Vega Rocha, antiguo colaborador de Ernesto Samper en Unasur (!), fue escogido por el grupo formado por los magistrados mamertos que presiden las llamadas “altas cortes” (!), que nunca lo van a suspender, investigar o sancionar.

2. El registrador, a finales del año pasado negoció el algoritmo para el cómputo de las elecciones con la muy cuestionada firma Indra, controlada por el gobierno español de Sánchez e Iglesias (!)

3. Poco antes de marzo, el registrador despidió a 300 funcionarios de la entidad, para cambiarlos por dóciles agentes suyos.

4. La mayoría absoluta de los jurados electorales procede de las filas del sindicato Fecode, de extrema izquierda, debidamente aleccionados para diligenciar de manera incorrecta los formularios E-14 (!).

5. Como afirma con pruebas ante la Fiscalía el abogado Sergio Alzate, de la Fundación Colombia Transparente, los jurados tuvieron la oportunidad de votar dos veces… y muchos de ellos se aprovecharon de esa indebida circunstancia.

6. Antes de marzo, Petro viajó a España, donde se reunió con los señores de Indra, probablemente para tomarse un buen café…, pero las recientes filtraciones, que dan cuenta de una “Registraduría paralela” organizada por su campaña, indican la posible disposición, por parte de ella, del codiciado algoritmo que les ha permitido la inmediata contabilización de centenares de miles de votos.

7. A pesar del monumental despilfarro de 1.5 billones de pesos, del increíble desorden, de la manipulación de cifras, de los contundentes indicios de abundantísimo fraude y de favorecimiento a la extrema izquierda, el registrador sigue tan campante…

8. Como lo ha expuesto en su incontrovertible memorial la doctora Vivian Morales, solo la Procuraduría puede investigar, sancionar o destituir al registrador. En vez de actuar dentro de la ley, de manera inmediata como lo exige la gravedad de las denuncias, la procuradora general ha manifestado que, en el caso del registrador, hay que “investigar antes de suspender”, mientras a Pinturita, primero se lo “suspendió”, para luego investigar.

Ahora bien, a dos semanas de unas elecciones definitivas de las que depende que Colombia conserve el modelo de la democracia representativa y las libertades individuales o siga la senda de Cuba y Venezuela, es intolerable que estas se escruten a través de un algoritmo que nadie conoce.

En cambio, en la mayoría de los países democráticos no se admite el cómputo electrónico de las votaciones, porque un algoritmo desviado puede, por ejemplo, por cada voto por el candidato A, apuntarle al candidato B, digamos 1,00012 votos, con las inevitables consecuencias…

Aun si a última hora se suspendiera al registrador, su separación del cargo nada garantiza (salvo provocar un escándalo de Petro), porque el personal que él escogió y el algoritmo de Indra, único proponente favorecido por Vega, seguirían el curso inexorable y predeterminado que puede suponerse…

¡A ojo sacado no vale santa Lucía!: No hay tiempo para contratar la auditoría internacional y esta también puede ser escogida ad hoc, para validar los resultados de ambas elecciones, o puede no ser contratada nunca, en medio de la euforia de los triunfadores.

Lo mismo puede ocurrir con el reconteo ordenado por el Tribunal de Cundinamarca.

Es necesario decirlo: lo único que podría dar tranquilidad al país sería la ejecución de una auditoría imparcial y técnica del famoso algoritmo y un recuento de la votación de marzo 13, antes de la elección para presidente, lo que no se hizo y que, como van las cosas, jamás se hará, si el país prefiere el formalismo jurídico a la legitimidad constitucional, que solamente puede recuperarse con un escrutinio intachable e inobjetable, para lo cual es necesario aplazar valerosamente la elección de presidente, hasta que se cumplan las condiciones reales para su validez.

Crónica de un exitoso fraude anunciado

Por José Alvear Sanín*

La salud de las democracias depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Si el régimen electoral es acertado, si se ajusta a la realidad, todo va bien; si no, todo va mal.

—José Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas

Pues bien, nadie, salvo el cínico registrador nacional, Alexander Vega, puede decir que en Colombia el fraude es imposible, porque existen numerosos mecanismos para blindar la pureza del sufragio.

Cuando la propia Registraduría reconoce que hubo “inconsistencias en 22.255 formularios E-14” y “posible responsabilidad penal en 5.109 mesas”, es imposible negarle eficacia a una maquinaria que sumó, tres días después del tal “preconteo”, 390.000 votos, solamente para un político, sin que se hubiera verificado, voto por voto, el auténtico resultado electoral.

Esos extraños votos del Pacto Histórico, que nadie ha visto ni contado, aumentaron súbitamente hasta 20 sus curules en el Senado, en detrimento de otros partidos cuyos votos sí son comprobables.

No se exigió, por culpa de la mayor parte de los partidos, la repetición completa y pública del escrutinio, como era necesario en vista de la multitud de hechos extraños en el proceso comicial. En cambio, bastó por parte de la Registraduría, con reconocer algunas “inconsistencias y errores” para que fueran aceptados unos resultados evidentemente trucados en beneficio de un movimiento extremista.

Nadie sabe si los 22.225 formularios E-14 tachados por la Registraduría han sido computados. Desde luego, deberían haber sido excluidos del cómputo, pero —repito— se ignora cuál ha sido su destino.

La conclusión inevitable es que los resultados de 22.225 mesas, por lo menos, son espurios, y ese número equivale nada menos que al 17 % de las mesas (¿pero son confiables los datos del 83 % restante?).

Se equivocaron entonces en materia grave el presidente de la República y la gran mayoría de los dirigentes políticos al aceptar las cifras del registrador, dando con premura y sin pruebas como buenos unos resultados nada confiables, en vez de provocar la salida (y hasta la denuncia penal) del protervo funcionario.

Sus antecedentes personales, sus viajes, las entrevistas con ciertos candidatos, los amigos, la destitución masiva de centenares de funcionarios y su reemplazo por vaya usted a saber quiénes, y sobre todo los contratos de costo astronómico otorgados a proponentes únicos, estrechamente vinculados con Juan Manuel Santos y con el gobierno social-comunista español, hacen previsible el fraude más aterrador y sin recursos viables para su impugnación. Y el carrusel de empleados entre Indra y la Registraduría…

En las elecciones de marzo 13 operó, bajo la autoridad electoral, el binomio de Fecode (que copa las mesas con jurados bien aleccionados) y Disproel (que computa y declara los “resultados”).

Dizque para corregir tanta podredumbre en la elección presidencial, se prometen algunos distractores cosméticos, como inocuas modificaciones en los formatos E-14 y el anuncio de misiones extranjeras de observación (inútiles, innecesarias y sesgadas), sin olvidar alguna capacitación para unos cuantos jurados, pero mientras opere ese mismo torcido binomio, siempre bajo Vega, los resultados nunca serán confiables.

Basta con algún algoritmo torcido para que un empate técnico se convierta en triunfo por un estrecho, pero plausible margen. ¡Con esta “estructura” para el escrutinio, Fico puede ganar en las urnas y perder en la Registraduría!

Por desgracia, a pesar de las valerosas denuncias de Andrés Pastrana, Fernando Londoño, Eduardo Mackenzie y el Foro Atenas, los grandes medios masivos y la mayoría de los partidos políticos pasan como sobre ascuas por este asunto trascendental y definitivo para la supervivencia del estado de derecho y la democracia.

Estamos a 31 días de la primera vuelta presidencial y el registrador Vega está atornillado por los presidentes de las cortes mamertas que lo eligieron, no habrá selección confiable de jurados y el cómputo lo harán los cuestionables contratistas.

¿Marchamos vendados hacia el abismo?

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Como una candidata viene prodigando un “abrazo ancestral de amor”, pregunto si ese era el que daban los vendedores tribales africanos a sus hermanos de raza, antes de embarcarlos en las naves de los compradores portugueses de esclavos.