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lunes, 24 de julio de 2023

Buscando el ahogado aguas arriba

Luis Alfonso García Carmona
Por: Luis Alfonso García Carmona

No es el momento de llorar sobre la leche derramada, como anotábamos en columna anterior. Pero sí es preciso identificar en qué nos seguimos equivocando, para adoptar un rumbo que nos conduzca de manera eficaz a la derrota del espurio régimen Petrista y al rescate de los valores que han caracterizado nuestra cultura.

Nos enfrentamos a una batalla cultural, no a una simple confrontación partidista

Todavía, a pesar de las contundentes realidades que muestran a las claras que en Colombia está en marcha la estrategia del Foro de Sao Paulo para convertirnos en otro país esclavo del comunismo castro-chavista, algunos siguen pensando –y actuando– como si nos encontráramos en un libre juego democrático entre los amigos y los enemigos de Petro.

En consecuencia, la única propuesta que se les ocurre para rescatar a Colombia del abismo en que está sumida es ganar las próximas elecciones regionales, en las que no se define el futuro del país sino la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados departamentales.

Si existiera un monolítico movimiento comprometido en la salvación de Colombia, con una adecuada organización capaz de seleccionar candidatos coherentes con ese objetivo, habría un mínimo de esperanza. Pero la experiencia nos indica que, a partir de la Constitución de 1991, los partidos fueron reemplazados por empresas electoreras, que permiten a cualquiera que esté interesado en acceder al manejo de los presupuestos, contratos y de la burocracia estatal, conseguir el aval de cualquier partido para satisfacer sus apetitos de poder. Ningún papel tiene ni la ideología ni la coherencia doctrinal del candidato.

Cunde una supina ingenuidad en quienes suponen que no se repetirá el fraude por cuenta de la Registraduría, bajo la presión de la camarilla comunista instaurada en el poder. La compra de votos, la coacción armada en gran parte del territorio nacional, los oscuros manejos en los softwares empleados para el conteo de votos a espaldas del pueblo, la violación de los topes de gastos en las campañas y todos los artilugios utilizados en las campañas para el Congreso y la Presidencia volverán a arrojar los resultados que convengan al régimen de la extrema izquierda.

Derrocar el espurio régimen es el prioritario objetivo

Es prácticamente imposible cambiar la funesta orientación política que está destruyendo a Colombia, mientras permanezca Petro, o su vicepresidente, al frente del Ejecutivo. Si la Constitución del país brinda la oportunidad de destituir a presidente por indignidad para ejercer el cargo, todos a una, como en Fuenteovejuna, deberíamos apoyar la denuncia formulada por el jurisconsulto José Manuel Abuchaibe ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por violación de los topes de gastos fijados por la Ley en la campaña por la Presidencia.

Es bien significativo el hecho de que multitud de ciudadanos comunes y corrientes se han solidarizado con este juicio político para derrocar a Petro, mientras que los dirigentes políticos de partidos que dicen estar en oposición guardan sospechoso silencio frente al tema. ¿Es que existe algún oscuro pacto con el sátrapa para no hacerle daño?

No desconocemos las dificultades que la fórmula del juicio político encierra, dado el nivel de corrupción de nuestra clase política. Hacia el futuro debemos acometer la reforma a fondo de nuestro sistema político para corregir las falencias de nuestra débil democracia.

Pero es fundamental ahora enfrentar con decisión el objetivo prioritario de derrocar al tirano para eliminar el primer obstáculo en la reconstrucción de nuestra sociedad.

No busquemos el ahogado río arriba. Apliquemos el sentido común y echemos mano de las herramientas que nos otorga la Constitución. Después será el momento de reestructurar toda nuestra organización política para erradicar de ella la corrupción, la compra de votos, el fraude electoral y el remedo de la democracia.

miércoles, 5 de julio de 2023

No nos rendiremos ante la indignidad

Luis Alfonso García Carmona
Por: Luis Alfonso García Carmona

Como en una interminable película de terror, asistimos diariamente al acelerado desmantelamiento de lo que nos es más caro: nuestros valores tradicionales, nuestra identidad nacional, nuestros derechos fundamentales y libertades, y la estabilidad de una sociedad que brinde normales condiciones para el bienestar de nuestros hijos.

Con la complicidad de una miope y cobarde clase dirigente, la camarilla de extrema izquierda asaltó el poder, apelando al más descarado fraude electoral que hayamos conocido, a la violación de los topes fijados por la ley para los gastos de la campaña y a la más desvergonzada compra de votos.

Y el régimen está en lo suyo: atornillarse en el poder como lo enseñan las cartillas marxistas-leninistas, mediante la decapitación de la cúpula militar, la financiación de irregulares colectivos armados, el desconocimiento del principio democrático de la separación de los poderes, las violaciones al Estado de derecho y la convocatoria de “asambleas populares” que decidirán la suerte de los colombianos.

Se gobierna al impulso de la conveniencia de corruptos, narcotraficantes, terroristas y vándalos, procurándoles impunidad, facilitando el cultivo y la explotación de la cocaína y otorgando toda clase de privilegios a quienes están al margen de la ley.

No nos engañemos. El objetivo de la camarilla que nos gobierna es implementar a toda marcha la revolución comunista. Es cambiar la cultura de la vida, del amor y de la protección por la del sometimiento al Estado, el odio de clases y la desprotección de la población.

Es un objetivo cultural, aunque muchos aún no lo hayan asimilado. Por ello no debemos extrañarnos de que los proyectos oficiales se encaminen a destruir la empresa privada, dejar a la población sin la adecuada protección de salud, disponer del ahorro pensional de los trabajadores para malgastarlo en los descabellados proyectos estatales, gastar sin medida los recursos públicos en viajes internacionales y contratos para sus amiguetes.

Y todo en nombre de la “paz total”, o de la lucha contra la oligarquía, o del cambio (¿hacia dónde?), o del “progresismo”, rimbombantes lemas que ocultan su verdadero propósito, cual es la “pauperización” del pueblo para que se convierta en servil instrumento de la camarilla en el poder, como lo han anunciado con desfachatez Petro, López Obrador y Hugo Chávez.

Cabe preguntarnos:

¿Vamos a permitir que pisoteen nuestras tradiciones para imponernos una cultura materialista ajena a nuestra identidad como nación?

¿No es ya la hora de alzar nuestra voz por nuestros hijos, nuestra dignidad, nuestra patria, nuestros derechos y libertades?

¿Nos conformaremos con una abyecta sumisión a los representantes del mal o emprenderemos solidariamente la reconstrucción política y económica que Colombia pide a gritos?

Tenemos una profunda convicción sobre la verdad de los principios morales en los que nos formaron nuestros mayores. Sabemos que, por encima de esas doctrinas sin fundamento que nos quieren imponer, sobresale el humanismo cristiano, que es un reflejo de la ley natural.

Nuestra libertad nos permite actuar en defensa de la moralidad, del derecho a la vida desde la concepción, de la protección a la propiedad y al trabajo digno, y exigir que los gobernantes ejerzan sus funciones para la búsqueda del bien común de todos, no para su propio beneficio ni para el de su camarilla.

Es la hora de actuar contra la indignidad que se ha apoderado de la sociedad colombiana. Y podemos hacerlo, dentro del marco de la ley, exigiendo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que actúe con arreglo al derecho para decidir sobre la acusación a Gustavo Petro por haber sobrepasado los topes económicos en su campaña. Por lo tanto, deben ser destituidos el presidente y la vicepresidenta, y convocarse a nuevas elecciones presidenciales. No nos rendiremos ante la indignidad.

jueves, 15 de junio de 2023

El mayor descalabro de nuestra democracia

Por: Luis Alfonso García Carmona

El próximo 19 de junio se cumple el primer aniversario de lo que ha constituido –sin lugar a la menor duda– el mayor descalabro en doscientos años de historia democrática de nuestro país.

No fue, como algunos despistados compatriotas llegaron a pensar, simplemente la derrota de unos líderes democráticos a manos de un partido de izquierda. Ni sus consecuencias se limitaron al cambio de unas caras por otras en los cargos oficiales. No. Para desgracia nuestra, ha sido un torpedo en toda la línea de flotación de esta nave que llamamos democracia.

No obstante, los numerosos escándalos que copan nuestra atención día a día, algo más horroroso que estos actos de corrupción está sucediendo: a nuestra amada Patria la están convirtiendo en otra esclava del comunismo internacional ante nuestros propios ojos.

“…de ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia discutiendo, gobernando, todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular (…) cada asamblea popular reunida periódicamente en todos los municipios debe tomar decisiones sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz, sobre la capacidad para movilizarse de una manera que ya no serán cien mil, doscientos mil, como ahora; esta es apenas la antesala, el preludio (…) la fase que sigue es el gobierno popular (…) las asambleas populares en cada municipio son para gobernar”.

Esto fue lo que dispuso el dictador en su reciente arenga. Estamos, pues, notificados que ya no existe otra autoridad en el país por encima de las asambleas del pueblo, al estilo de las más aterradoras dictaduras comunistas.

El Congreso, donde el Pacto Histórico obtuvo una minoría de las curules, hasta ahora le ha funcionado al sátrapa al impulso del más descarado soborno. De ahora en adelante, se someterá a lo que manden las llamadas asambleas populares.

La fuerza pública, bastión de la democracia en el pasado, está ahora sometida a la máxima capitis deminutio, después de sufrir el despido de su cúpula militar, la limitación de sus funciones, el cambio de su misión, y la reducción de sus recursos.

Será remplazada por irregulares colectivos al servicio de la tiranía como los guardias indígenas, los gestores de paz, la guardia campesina, que no son otra cosa que milicianos al servicio del régimen, como en los demás países de la órbita comunista.

Se disfraza toda esta revolución marxista con rimbombantes expresiones como la de la paz total, que simplemente es la compensación de impunidad y beneficios a los terroristas, vándalos, narcotraficantes y políticos corruptos que apoyaron la campaña presidencial del guerrillero ahora en el poder.

Como podemos colegir, no estamos solamente ante un problema electoral que se pueda corregir en unas elecciones locales como las que se aproximan. Está bien que en cada municipio nos unamos con quienes se comprometan a la resistencia contra la dictadura.

Pero, desde ahora, debemos adoptar soluciones drásticas que nos lleven a atajar la toma comunista de Colombia que ya se ha iniciado en forma tan acelerada. No encuentro sino una fórmula consistente en:

1. Apoyar la denuncia formulada por el doctor José Manuel Abuchaibe para que se inicie juicio político contra Petro y se le destituya por violación de los topes financieros en la campaña. Recientemente aparecieron otras grandes sumas gastadas en la contratación de un asesor español y 90.000 testigos electorales, y la confesión del hombre de confianza de Petro, Armando Benedetti, amenazando con descubrir el sucio origen de los 15.000 millones de pesos que él mismo consiguió para la campaña.

2. Creación de un gran movimiento mediante alianzas estratégicas con todos los grupos que trabajan en la resistencia al régimen, para preparar desde ahora la presentación de candidato único a la Presidencia y listas unificadas para el Congreso.

3. Un Plan B, en el caso de que ni el Congreso ni las instituciones judiciales y de vigilancia cumplan con su deber constitucional, para paralizar el país hasta que caiga el régimen totalitario y comunistoide que asaltó fraudulentamente el solio de Bolívar.

miércoles, 31 de mayo de 2023

¿Cómo derrocar a Petro?

Luis Alfonso García Carmona
Por: Luis Alfonso García Carmona

Bastaron solo nueve meses para que la inmensa mayoría de la población colombiana se convenciera de la necesidad inaplazable de echar a Petro y su camarilla del poder, antes de que culmine la funesta tarea de destruir al país.

Lo que hasta ahora no ha sido muy claro es el medio o camino para lograrlo. Algunos empezaron a organizar marchas de protesta, sin un objetivo muy definido o con el inocente mensaje de pedir la renuncia del guerrillero-presidente.

Por su parte, los políticos de profesión, los mismos que propiciaron –por activa o por pasiva– la toma del poder por el castrochavismo, se han dedicado a buscar nuevamente el apoyo electoral en las próximas elecciones, dizque para convertirlas en un verdadero plebiscito contra Petro, ocultando que el tirano, con una Registraduría a su servicio, inmensas fuentes de financiación y dominio territorial a través de grupos armados, aumentará su poder en todo el territorio nacional.

Mientras las gentes honestas protestan a su manera y con los limitados medios de que se dispone, los políticos (con algunas poquísimas excepciones) se ocupan de votar favorablemente las reformas que el sátrapa ha llevado al Congreso.

Ahora ha surgido la iniciativa de recolectar firmas para una consulta que busca derogar algunas de las reformas propuestas por el social-petrismo, consulta poco viable por el número de firmas que requiere, la demora de su trámite y los serios obstáculos que encontrará en el Congreso y la Corte.

No somos partidarios de soluciones por fuera del Estado de Derecho y precisamente en la Constitución y la Ley encontramos el mecanismo que permitirá al país librarse del presidente-guerrillero: Acaba de radicarse en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia contra Gustavo Petro por indignidad en el ejercicio del cargo, ya que violó de manera absolutamente comprobada los topes financieros en la campaña electoral, denuncia incoada por el distinguido jurista, especializado en asuntos electorales, doctor José Manuel Abuchaibe.

Las normas son contundentes (Constitución Política, arts. 174, 175 y 178 y Ley 1475 de 2011) y disponen que quien haya incurrido en dicha infracción debe ser destituido del cargo. Si del evento se derivan consecuencias penales, corresponde su juzgamiento a la Corte Suprema de Justicia. Son normas vigentes de cuya aplicación no hay nadie exento.

No se trata de un hecho sometido a una apreciación subjetiva, pues solo se requiere comparar –de manera objetiva– los topes aprobados con las sumas gastadas en la campaña, bien sea mediante aportes en efectivo o en bienes y servicios, los cuales deben ser registrados obligatoriamente como donaciones. La campaña Petrista superó con amplio margen el monto gastado por sus oponentes. Contrataron 71.000 testigos electorales y un experto español que dirigió su operación y no aparecen registrados ni los pagos a los testigos ni los del asesor.

Por tratarse de un juicio político, es obvio que todos los ciudadanos podemos y debemos participar. La mejor manera de hacerlo es apoyar la denuncia con nuestra firma, para lo cual ya los organizadores están diseñando la forma de hacerlo virtual o físicamente durante las próximas marchas de protesta que se están programando.

No podemos legitimar con nuestra pasividad un régimen que se ha tomado el poder con métodos fraudulentos. Si los políticos no asumen su responsabilidad de respaldar con valor esta iniciativa, lo hará el pueblo, el mismo que rechazó en el plebiscito el claudicante acuerdo de La Habana.

Contra quienes creen que el camarada Petro se saldrá con la suya comprando la conciencia de quienes deben investigarlo y juzgarlo, les notificamos que demostraremos ante el Congreso que las inmensas mayorías del país quieren que se haga justicia, ya que el guerrillero-presidente no está por encima de la Constitución y la Ley.

Por supuesto, las marchas de protesta y las heroicas manifestaciones de la reserva activa de la fuerza pública cuentan ahora con un mensaje claro y contundente “Fuera, Petro”, pero dentro de los límites del Estado de Derecho. Quien propicia el “golpe de Estado” es el presidente-guerrillero que ha violado la separación de poderes y las normas constitucionales desde que se posesionó en forma espuria de su cargo.