Colombia no es Venezuela, pero estamos peor

Luis Alfonso García Carmona

Comienzo por consignar mi admiración y respeto por el Dr. Rafael Nieto Loaiza, excelente escritor, patriota insigne y destacado líder político que, por sus condiciones morales e intelectuales, debería haber ocupado desde hace tiempo el solio de Bolívar.

Por todo lo anterior me cuesta estar en desacuerdo con algunos de los conceptos por él expresados en su columna “Colombia no es Venezuela, pero puede serlo”. No obstante, considero que compartir los mismos objetivos de buscar una solución definitiva a la crisis generalizada que afecta al país, nos autoriza para pergeñar algunas opiniones en contra, que puedan contribuir a la obtención de las metas que nos son comunes.

Considera el distinguido amigo que existen en Colombia diferencias que favorecen nuestra estabilidad económica, como las siguientes:

1. Una institucionalidad mucho más fuerte. Imagino que se refiere a instituciones como el Congreso (hoy cooptado por el régimen mediante la desmedida utilización del soborno como medio de presión para obtener las decisiones que interesan al sátrapa; a la Fiscalía General de la Nación, desempeñada por una funcionaria de la más absoluta confianza del Ministro de Defensa y del presidente, que ya ha dado muestras de parcialidad en sus primeras decisiones en favor de la familia presidencial; a la JEP, tribunal de bolsillo de las FARC constituido para otorgar impunidad a los bandoleros y perseguir a sus contradictores y a los miembros de las fuerzas del orden; o a la Corte Suprema, más conocida como “el carrusel de la toga”. Carece de todo valor, en nuestro personal concepto, una institucionalidad que no se encuentre afincada en la reciedumbre de los valores, en su imparcialidad a toda prueba y en el carácter impoluto de sus miembros; lo demás, equivale a un cascarón vacío…

2. Una tradición democrática más vieja y sólida. Se asemeja esta argumentación a la de los entrenadores de fútbol que defienden sus esperanzas de ganar un partido difundiendo las antiguas victorias del equipo, sin tener en cuenta el rendimiento actual, la calidad de su nómina vigente ni la estrategia que se ha adoptado para los últimos encuentros. Tanto la dictadura de Chávez como la de Petro llegaron al poder merced a los errores de las viejas castas políticas, su inclinación por las prácticas corruptas, su apego al poder y su falta de carácter. Si en Venezuela permitieron el golpe chavista, en Bogotá prohijaron el robo del plebiscito, piedra angular de la conquista del poder por la extrema izquierda petrista. Entrega que se consumó en el Gobierno de “transición” que, en nombre de la “centroderecha”, alcahueteó la “toma guerrillera de las ciudades” por el candidato Petro y que, de esa manera, alcanzó las mieles del poder. La solidez de la democracia no se mide en años como el bouquet de los buenos vinos, sino en actitudes enhiestas en defensa de los ideales democráticos.

3. Venezuela ha dependido del petróleo desde principios del siglo XX. Nosotros tenemos una economía mucho más diversificada. Ventaja más retórica que práctica. El pésimo manejo de los hidrocaburos ha arruinado el negocio del petróleo que ahora, en gran parte, está en manos de los grandes acreedores del Estado venezolano; no ha sido en vano la permanente violación de los derechos fundamentales de la población, que ha desencadenado la imposición de restricciones a la comercialización del petróleo en los mercados internacionales; la necesidad de obtener ayudas políticas en los organismos internacionales obligan a menudo al régimen a comprar apoyos a cambio de reparto gratuito de combustibles; la producción y refinación también han sufrido notables disminuciones por el éxodo de ingenieros y la descapitalización del aparato productivo. Escenario nunca visto en tierras venezolanas ha sido el de las largas colas de conductores a la espera de turno para llenar de combustible el tanque de sus vehículos. Por nuestra parte, la política de la camarilla gobernante es liquidar la explotación petrolera, lo que, unido a las medidas que ahuyentan la inversión, colocarán nuestra economía al borde del colapso.

4. Hay que evitar el control del CNE por parte del petrismo y asegurar que la Registraduría haga su tarea de manera eficaz y transparente. Tardía recomendación, ya que, desde la época del santismo la contratación de los servicios para los escrutinios se ha convertido en un monopolio controlado por la camarilla santista. En las últimas elecciones para presidente y Congreso, el sistema quedó aún más ligado a las mayorías petristas mediante la implementación de sistemas que no permitieron auditoría externa, ni corrección de las múltiples irregularidades denunciadas. Ni siquiera fueron aceptadas por las autoridades electorales, totalmente al servicio del Pacto Histórico y del candidato Petro, la petición de repetir los escrutinios en los lugares donde se denunciaron anomalías o practicar el reconteo de los votos.

Hasta se violó flagrantemente la Constitución al dar posesión a un presidente condenado por un delito de carácter doloso, con la excusa de que no se encontró el expediente, pero sí la constancia de que Petro pagó la condena y salió libre por pena cumplida.

Acorralado el pueblo colombiano por este inmundo conchabamiento entre las autoridades electorales y el candidato elegido espuriamente, tramita en la Comisión de Acusaciones de la Cámara un juicio por indignidad en el que se ha aportado la prueba de que los gastos de la campaña superan ampliamente las cifras permitidas por la ley, nueva infracción a la Constitución que el ente acusador se ha negado a tramitar de manera normal. No hay pues, ninguna ventaja por este concepto, entre la situación venezolana y la nuestra.

En cambio, debemos señalar algunas diferencias que sí arrojan un mayor peligro para Colombia en relación con la amenaza de la implantación de un régimen castro-chavista en contra del querer mayoritario de nuestros ciudadanos. Veamos:

1. Somos el segundo productor mundial de cocaína, lo que genera una monstruosa cantidad de efectivo a disposición del régimen petrista y de sus asociados del ELN, las FARC y demás grupos de la guerrilla marxista.

2. Somos el segundo país del mundo en materia de organizaciones delincuenciales, las cuales han venido apoyando a Petro en su campaña, firmaron el Pacto de La Picota y contribuyen a la implementación de los vándalos, grupos ilegales armados y milicias, carne de cañón para la acción callejera y para la sustitución de la acción de las fuerzas del orden.

3. Carecemos de una oposición al régimen, pues mientras parte de los políticos apoyan al partido Pacto Histórico, otros votan los proyectos del Gobierno o legalizan las votaciones completando con su presencia el quórum reglamentario a cambio de jugosos sobornos. Algunos, inclusive, están aportando un barniz de legalidad a los infames proyectos de redacción ilegal de una constitución participando en las espurias reuniones de negociación. La nueva palabra que mimetiza toda esta ominosa tolerancia con el oprobioso régimen es “oposición constructiva”.

La esperanza es lo último que se pierde y, al final de la columna de mi estimado Rafael, encontré un párrafo con el cual me identifico plenamente y me llena de optimismo hacia el futuro. Por eso lo reproduzco íntegramente y espero de corazón que su autor nos acompañe en la campaña que estamos librando para unir a los colombianos en una sola voz que solicite a nuestros militares y fuerzas de policía que emprendan de inmediato su función primordial de defender el orden constitucional, como lo ordena nuestra Carta:

“Finalmente, ningún golpe, o autogolpe, es exitoso y ningún dictador se mantiene en el poder, sin apoyo militar. Nada es más importante que asegurar que las Fuerzas Militares sigan siendo demócratas e institucionales. Que no olviden que, como dice la Carta del 91, su finalidad primordial [es] la defensa del orden constitucional”.

El mayor descalabro de nuestra democracia

Por: Luis Alfonso García Carmona

El próximo 19 de junio se cumple el primer aniversario de lo que ha constituido –sin lugar a la menor duda– el mayor descalabro en doscientos años de historia democrática de nuestro país.

No fue, como algunos despistados compatriotas llegaron a pensar, simplemente la derrota de unos líderes democráticos a manos de un partido de izquierda. Ni sus consecuencias se limitaron al cambio de unas caras por otras en los cargos oficiales. No. Para desgracia nuestra, ha sido un torpedo en toda la línea de flotación de esta nave que llamamos democracia.

No obstante, los numerosos escándalos que copan nuestra atención día a día, algo más horroroso que estos actos de corrupción está sucediendo: a nuestra amada Patria la están convirtiendo en otra esclava del comunismo internacional ante nuestros propios ojos.

“…de ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia discutiendo, gobernando, todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular (…) cada asamblea popular reunida periódicamente en todos los municipios debe tomar decisiones sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz, sobre la capacidad para movilizarse de una manera que ya no serán cien mil, doscientos mil, como ahora; esta es apenas la antesala, el preludio (…) la fase que sigue es el gobierno popular (…) las asambleas populares en cada municipio son para gobernar”.

Esto fue lo que dispuso el dictador en su reciente arenga. Estamos, pues, notificados que ya no existe otra autoridad en el país por encima de las asambleas del pueblo, al estilo de las más aterradoras dictaduras comunistas.

El Congreso, donde el Pacto Histórico obtuvo una minoría de las curules, hasta ahora le ha funcionado al sátrapa al impulso del más descarado soborno. De ahora en adelante, se someterá a lo que manden las llamadas asambleas populares.

La fuerza pública, bastión de la democracia en el pasado, está ahora sometida a la máxima capitis deminutio, después de sufrir el despido de su cúpula militar, la limitación de sus funciones, el cambio de su misión, y la reducción de sus recursos.

Será remplazada por irregulares colectivos al servicio de la tiranía como los guardias indígenas, los gestores de paz, la guardia campesina, que no son otra cosa que milicianos al servicio del régimen, como en los demás países de la órbita comunista.

Se disfraza toda esta revolución marxista con rimbombantes expresiones como la de la paz total, que simplemente es la compensación de impunidad y beneficios a los terroristas, vándalos, narcotraficantes y políticos corruptos que apoyaron la campaña presidencial del guerrillero ahora en el poder.

Como podemos colegir, no estamos solamente ante un problema electoral que se pueda corregir en unas elecciones locales como las que se aproximan. Está bien que en cada municipio nos unamos con quienes se comprometan a la resistencia contra la dictadura.

Pero, desde ahora, debemos adoptar soluciones drásticas que nos lleven a atajar la toma comunista de Colombia que ya se ha iniciado en forma tan acelerada. No encuentro sino una fórmula consistente en:

1. Apoyar la denuncia formulada por el doctor José Manuel Abuchaibe para que se inicie juicio político contra Petro y se le destituya por violación de los topes financieros en la campaña. Recientemente aparecieron otras grandes sumas gastadas en la contratación de un asesor español y 90.000 testigos electorales, y la confesión del hombre de confianza de Petro, Armando Benedetti, amenazando con descubrir el sucio origen de los 15.000 millones de pesos que él mismo consiguió para la campaña.

2. Creación de un gran movimiento mediante alianzas estratégicas con todos los grupos que trabajan en la resistencia al régimen, para preparar desde ahora la presentación de candidato único a la Presidencia y listas unificadas para el Congreso.

3. Un Plan B, en el caso de que ni el Congreso ni las instituciones judiciales y de vigilancia cumplan con su deber constitucional, para paralizar el país hasta que caiga el régimen totalitario y comunistoide que asaltó fraudulentamente el solio de Bolívar.

Demasiado tarde...

Por Luis Alfonso García Carmona

A sólo 10 días de la primera vuelta electoral para elegir presidente, no se percibe en la opinión de los colombianos una clara conciencia de lo que en esa fecha se juega el país.

Para una gran parte de los compatriotas, aunque sea doloroso reconocerlo, el tema de las elecciones no es de su agrado o los tiene sin cuidado. Prefieren que otros sean los que resuelvan por ellos, ignorando que cuando llegue el desastre no tendrán a quién acudir.

Desde hace varias décadas entregamos la educación de nuestros niños y jóvenes a la izquierda radical. No sólo en las universidades sino también a través de los maestros del sindicato comunista de Fecode. Ahora tenemos adictos al “marxismo cultural” en todos los estamentos y un semillero de vándalos para las protestas callejeras.

El establecimiento, por su parte, parece que está reaccionando a última hora apoyando la alternativa que representa la defensa de la democracia, las libertades individuales y el derecho a la propiedad privada, frente a la propuesta que abriría el camino a un narco-estado totalitario y comunista. Es una tardía respuesta, después de su connivencia con la entrega del país a las FARC a través del infame acuerdo de La Habana y del acompañamiento brindado al expresidente Santos en el desmoronamiento del país.

Mientras los candidatos y dirigentes políticos batallan por acceder al poder ejecutivo, ya desde hace años las decisiones son adoptadas por una sesgada “dictadura de la toga” que continuamente invade la órbita de las otras ramas del poder. Gran parte del Congreso quedará en las manos de una coalición de fuerzas de izquierda, lograda por el monumental fraude perpetrado el pasado 13 de mayo, y complementada con las curules que le fueron obsequiadas a cambio de nada en el funesto pacto Santos-Timochenko.

La falta de una acción contundente para erradicar el narcotráfico ha permitido que los cultivos ilícitos se cuadrupliquen a partir del pacto del farc-santismo, y que el poder de los “capos” gane terreno en casi todo el territorio nacional, hasta el extremo de que la fuerza pública sea secuestrada impunemente por un grupo de sembradores de coca.

Para mayor vergüenza, las elecciones se cumplirán en medio del peor escándalo electoral de toda nuestra historia, en el que se evidenció un gigantesco fraude, el desconocimiento de los derechos electorales, y la indiferencia del alto gobierno, las Cortes y los organismos de control que decidieron no repetir el conteo de votos, ni revisar la irregular adjudicación del manejo electoral a firmas cuestionadas, ni separar de sus cargos a los responsables.

La esperanza es lo último que se pierde, reza el refrán. Pero cuando se han subvertido todos los principios morales, éticos y jurídicos para instalar la combinación de todas las formas de lucha como práctica común, todo parece perdido. La toma del poder viene determinada por el podrido aparato electoral, la insensatez de nuestros gobernantes , la inoperancia de la justicia y de los órganos de control, el poder corruptor de las inmensas fortunas del narcotráfico, el terrorismo que impone su ley en muchas zonas del país, la complicidad de venales orientadores de opinión, la confabulación del “mamertismo” internacional dirigido por el Foro de Sao Paulo, y el discurso populista que reciben las ingenuas masas como bálsamo para sus ancestrales carencias.

Preparémonos desde ahora para lo peor. No hicimos a tiempo la tarea. Ya es demasiado tarde.

¿Invisible mano judicial?

Por José Alvear Sanín*

Desde la Colonia, en Colombia ha habido un poder judicial caracterizado por una lentitud pasmosa. Aquello de que “la demora en la justicia es la mayor injusticia”, no ha rezado nunca con nuestros falladores.

Bien que mal, entre 1821 y el Acuerdo Final de 2016 la justicia era una de las tres ramas del poder público. Se concebía como independiente frente al ejecutivo e imparcial frente a los que a ella acudían. Sus decisiones se presumían ajustadas a derecho y, por tanto, eran predecibles. Además, por aquello de la tridivisión del poder, no invadía las esferas de competencia de los otros dos, el legislativo y el ejecutivo.

Después del llamado “Acuerdo Final”, la justicia se transformó. Por un lado apareció una jurisdicción espuria, a cargo de magistrados escogidos por agentes extranjeros, encargada de fallar a favor de un grupo subversivo y en contra de los que habían defendido al Estado. Esa fue la reforma explícita, pero paralelamente se presentó, de hecho, una reforma implícita, que consistió en llevar a las llamadas “altas cortes” magistrados comprometidos con un proyecto político de extrema izquierda: poco a poco, estos señores hicieron mayoría y luego colocaron individuos de igual calaña en tribunales y juzgados.

En realidad, quien haya observado el sesgo político que impera en el poder judicial, puede concluir que actualmente este se parece a una obediente pirámide jerárquica, cuando antes los diferentes despachos carecían de coordinación funcional.

El mismo observador puede también concluir que la justicia colombiana es bifronte, como Jano. En efecto, los mismos despachos que dejan envejecer por años los negocios, actúan con pasmosa celeridad para producir resultados políticos favorables a la izquierda. Sea ante el más humilde juez de tutela o ante la más encumbrada corte, si lo que se demanda sirve a la revolución, el correspondiente fallo no tarda.

Sin embargo, la huella de cinco siglos de independencia judicial es difícil de olvidar, y entonces todavía algunos acuden a la justicia esperando un fallo legítimo, pero una y otra vez se llevan un palmo de narices, porque se resuelve, con pruebas, sin ellas, o contra ellas, siempre en favor de la izquierda. Esta ha avanzado más en los juzgados que en los sufridos campos de Colombia.

La aprobación judicial del Acuerdo Final, contra la voluntad del pueblo soberano, llevó a las FARC al centro del poder que no habían conseguido por las armas en el medio siglo anterior.

También el observador puede recordar cómo ya no se puede fumigar narco cultivos, ni explorar yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Asimismo, se condena al Estado a indemnizar los daños causados por las bandas subversivas. La extradición de comandantes narcoguerrilleros se traba hasta que logren fugarse, y así sucesivamente. Con docenas de fallos impredecibles y sorprendentes, se acerca el colapso jurídico en un país donde es prácticamente imposible gobernar, por la interferencia abusiva de las cortes, que cada día invaden más áreas.

Si alguien es rotulado como “de derecha”, tiene asegurada la condena, pero si es “progresista”, tiene expedita la absolución, la preclusión o la ceguera judicial.

El caso de Andrés Felipe Arias es especialmente preocupante. Fue condenado a 17 años de cárcel por una posible equivocación de tipo administrativo. Luego, solicitado en extradición invocando un tratado no vigente. Más tarde le fue negada la segunda instancia a la que todos tienen derecho. Y a pesar de esta haberle sido reconocida por una autoridad internacional indiscutible, tendrá que seguir esperando largos años antes de que se le fije fecha para audiencia.

No quiero referirme a la negativa de decretar la preclusión en el caso del expresidente Uribe Vélez (solicitada por Fiscalía y Procuraduría), porque la extraña resolución, ladina, acomodaticia y sin precedentes, causa estupor. ¡Pobre juececita! ¡Si llega a fallar en derecho, puede despedirse de su futuro en la rama!

Ahora bien, he empezado con aquello de la invisible mano judicial, porque revisando tanta actuación política eficaz observo que hay un hilo conductor, un derrotero inexorable, un propósito implícito y una coordinación inocultable para que la justicia actúe monolíticamente dentro de la senda revolucionaria. ¿Actuará también en la densa sombra un grupo de hábiles abogados que suministran a los jueces esos sorprendentes y calculados fallos?

Con sobrada razón Lenin eliminó la independencia judicial para transformar a los jueces en agentes políticos, sometidos a las consignas del partido.

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A 27 días de la primera vuelta el problema ya ni siquiera es Vega. Nadie ha “auditado” el misterioso algoritmo, no habrá tiempo para hacerlo ni lo revisarán expertos intachables. El fraude no se elimina con los cambios cosméticos anunciados para el formulario E-14, ni con afirmaciones de que hay que confiar en las buenas gentes de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, como finalmente le respondieron al Dr. Pastrana Arango. Estamos, pues, indefensos frente al posible fraude electrónico. ¡Quien pierde en las urnas puede ganar en la Registraduría!

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El artículo “Catástrofe en cámara lenta”, de Luis Guillermo Vélez Cabrera, en La República, es de obligatoria lectura para comprender lo que pasará si Petro es presidente.  http://www.lalinternaazul.info/2022/04/30/catastrofe-en-camara-lenta/

Populismo y fraude contra la democracia colombiana

Por Luis Alfonso García Carmona*

No nos cansaremos de repetir que en las próximas elecciones presidenciales Colombia se juega su destino, no sólo por un período de 4 años, sino por el resto de su existencia.

No se trata, como algunos quieren hacerlo ver para engañar incautos, de una pelea entre los amigos y los enemigos del expresidente Uribe, sino de una confrontación entre los dos grandes sistemas que compiten por el poder a nivel global, a saber:

La democracia que garantiza el respeto a la dignidad humana y a sus libertades, la protección de la vida y de la familia tradicional, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa, de un lado, y del otro, el totalitarismo marxista que persigue la sumisión del individuo y la familia al Estado, el despojo de los bienes privados (ahora lo llaman “democratización”), la pauperización de la sociedad para controlar a la población a través de subsidios de hambre y la instalación a perpetuidad de una camarilla de fanáticos, como ha ocurrido en Cuba o Venezuela.

Basta con repasar las propuestas del guerrillero que funge como candidato de la izquierda para concluir que están encaminadas a la destrucción del aparato productivo, al engaño del electorado con discursos populistas que ocultan venenosas intenciones y a convertir a los colombianos en nuevos esclavos del socialismo del siglo XXI.

Para asegurar su llegada al poder no tienen los “camaradas” el menor escrúpulo pues llevan en su ADN la consigna de que todos los medios son lícitos para implantar su llamada “revolución”. Han perfeccionado la máxima de Stalin de que “quien escruta, elige”, creando anticipadamente una percepción triunfalista mediante mítines transportados de pueblo en pueblo, encuestas sesgadas a favor de su candidato, periodistas u opinadores contratados para difundir lo que conviene a sus intereses.

No les basta con las viejas prácticas de comprar votos, pues descubrieron que es preferible utilizar la inmensa fortuna del narcotráfico en los centros de recaudo y contabilización de votos, mecanismo que demostró ser eficacísimo en las pasadas elecciones parlamentarias. De la noche a la mañana les aparecieron 500.000 votos de la nada; acepta la Registraduría que han detectado irregularidades en más de 22.000 mesas; miles de ciudadanos se han quejado pues desaparecieron sus votos o no les entregaron tarjetones si querían votar por movimiento diferente al del Pacto Histórico.

Ha llegado a tal extremo este monumental fraude que los entes de control se abstienen de intervenir para devolver la credibilidad al sistema electoral o para separar al inepto (por decir lo menos) funcionario responsable de los comicios.  Hasta el presidente de la República se ha lavado las manos con la excusa de que son “protuberantes” errores pero que no ameritan el reconteo de los votos.

Avanza, pues, a pasos agigantados la amenaza marxista sobre nuestra amada patria, sustentada en un vulgar discurso populista y un fraude monumental inédito en nuestra historia política.

¡Cómo se añora no haber contado con una derecha valiente dispuesta a jugársela para detener el zarpazo del marxismo y comenzar de una vez por todas la tarea de la reconstrucción nacional que el país requiere!

En garras del registrador y Fecode

Por José Alvear Sanín*

El país ya conoce la magnitud del fraude que representan los 489.000 votos que le aparecieron súbitamente a Petro.

Como el registrador, después de reversar su inicial aceptación del reconteo exigido por las circunstancias, se empeña en no modificar los inconsistentes y viciados resultados, de la poca confianza en los escrutinios hemos pasado a la incredulidad total sobre su validez.

Restablecer la confianza en los resultados electorales ya no será posible entonces, antes de la elección presidencial, si este registrador permanece en el cargo y el escrutinio lo realizan Gregg (empresa estrechamente vinculada con Santos) e Indra (controlada por el gobierno social-comunista español), con la colaboración de varios subcontratistas igualmente confabulados.

Los ciudadanos amantes de la legalidad y del derecho no entendemos la resignación del gobierno y de casi todos los movimientos políticos frente a una organización electoral proclive al candidato castro-chavista de las FARC, del ELN y del Foro de Sao Paulo.

Pues bien, la logística, el cómputo y el escrutinio de las elecciones este año cuestan unos 1.3 billones de pesos mal contados. Las cifras astronómicas que reciben los sospechosos contratistas, escogidos a dedo, en vez de garantizar el escrutinio imparcial y confiable han conducido a lo contrario, la pérdida absoluta de la credibilidad en el sistema electoral.

En el mundo actual ha aparecido un nuevo y colosal negocio: el manejo y escrutinio electrónico de las elecciones, apresurado e incontrovertible. Basta con algunos algoritmos para proclamar a los vencedores pocas horas después del cierre de las urnas… ¡Y apelación a los infiernos!

Un verdadero Kartell (SmartMatic y Dominion principalmente, con sus franquicias en muchos países, como Gregg e Indra en Colombia), está privatizando la función electoral. Estos colosales negocios, corruptos y aberrantes, seguirán extendiéndose por el mundo. En Colombia han avanzado escandalosamente y ya no temen mostrarse a plena luz del día.

Pero si la Registraduría apesta, el tema de la selección de jurados es también muy preocupante.

Todos sabemos de la orientación comunista y revolucionaria de la tal Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y de su compromiso militante con la candidatura de Petro.

Antes de la elección de Congreso se conocieron manifestaciones de ese sindicato en favor del Pacto Histórico, y de la “actitud vigilante” que se encarecía a los miembros de ese “colectivo” en su actuación como jurados de votación, pero no se publicaron —desde luego— las instrucciones impartidas para la correspondiente actuación en la elaboración de las actas y formularios de cada mesa.

Nada más sencillo que llenar las planillas con datos trucados, que se remiten a la Registraduría para ser computados y escrutados con el software de los contratistas.

Como de las filas de Fecode procede la inmensa mayoría de los jurados de votación, todo se puede esperar. Hay multitud de planillas E-14 fraudulentas, que a pesar de ser objetadas siguen contabilizadas a favor del Pacto Histórico.

Si a pesar de todo la democracia colombiana sobrevive con la elección de un candidato respetable, lo primero que habrá que hacer será proponer la reforma constitucional necesaria para depurar el organismo electoral y desmantelar el monopolio electoral de Fecode. Los 300.000 y más jurados de las mesas deben proceder de todos los sectores sociales del país. Así como la patria es de todos, las elecciones también deben ser de todos.

La total autonomía funcional y presupuestal de la Registraduría la ha convertido en un foco de corrupción inadmisible, y tal vez en el único elector del país.

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¿De dónde, si no de Fecode, salieron los 67.000 “voluntarios” que, coordinados por el señor Álvaro Echeverri Londoño, dizque “salvaron” los 489.000 votos que aparecieron en tres días? Mientras tanto, los demás movimientos carecen de estas bien entrenadas formaciones que prefiguran los “colectivos bolivarianos”.

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Dos perlas de Fecode:

¡Uribe, paraco, el pueblo está verraco!, cántico que resuena en tantas aulas infantiles

¡Y la niña de doce años, en La Unión (Antioquia), hija de una amiga, que le dice su mamá que vote por Petro, porque el profesor les enseñó que ese es el candidato bueno!