¿Cuántas "supra constituciones" para la "paz total"?

Por José Alvear Sanín*

Para unos, entre gobierno y ELN hay crisis; para otros, apenas un malentendido. Pero en ambos casos se lamenta ese aparente tropiezo en el proceso hacia la “paz total”, cuando lo preocupante es la decisión de entregar el país, mediante ese subterfugio, a cinco “estructuras violentas”.

Desde luego, el proceso con el ELN es el más aterrador. Así como entre FARC y Juan Manuel Santos había completo entendimiento desde antes de iniciar conversaciones en La Habana, es presumible que entre el ELN y Petro haya completo acuerdo desde antes de Caracas, o de cualquier otro lugar del mundo donde se reúnan.

Los seis años de simulacro de discusiones eran necesarios para hacer creer que se “negociaba”, en vez de entregar el país inmediatamente. Requería Santos tiempo suficiente para socavar y debilitar a las fuerzas armadas con el frecuente cambio de sus cúpulas, y para completar la toma mamerta de las “altas cortes”.

Ahora hay que hacer creer al país que entre el gobierno y el ELN hay diferencias, cuando tanto el uno como el otro están identificados como actores revolucionarios de obediencia castrista. Por esa razón es preciso disimular, para que ambas partes aparezcan como contrapuestas, cuando en realidad tienen un objetivo común. Lo que no sabemos es cuántas tretas más y cuántos meses serán necesarios para hacer bien creíble el inexistente contrapunto entre ambos actores de la conjura.

Tanto el expresidente Pastrana —cuya franqueza denunciando las verdaderas motivaciones de Petro es laudable—, como María Isabel Rueda —columnista siempre bien informada—, consideran que el proceso con el ELN terminará en acuerdo para reunir una Constituyente.

Esta hipótesis es probable pero no necesariamente concluyente. Para convertir a Colombia “legalmente” en un Estado marxista-leninista, aunque una Constituyente sumisa y complaciente es un buen mecanismo, hay algo más expedito, otra “supra constitución” (como la que lograron las FARC en el tal “acuerdo final”), con el fin de completar lo que falta para el absoluto triunfo “jurídico” de la revolución.

Después de la aprobación, en 2016, mediante una mera proposición en las Cámaras del “acuerdo” con las FARC (de 312 páginas), negado por el pueblo, el Artículo 374 de la Carta quedó como el vago recuerdo del Estado de derecho. Cuando este regía, la Constitución solo se podía reformar por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por Referendo. En cambio, con el “acuerdo final” se modificaron centenares de normas legales, violando en todos los casos la Constitución, para beneficiar la subversión y paralizar al Estado. Ese espurio “acuerdo” inconstitucional, auténtico macro golpe de Estado, ha sido aplicado rigurosamente tanto por su autor, Santos, como por Duque, y ahora por Petro.

Repito que no sabemos cuántos meses tardará en producirse el acuerdo Petro-Gabino, ni de cuántos centenares de páginas constará, pero no ignoramos que irá mucho más allá de lo convenido por Santos-Timo. Será otra supra constitución, radical e inflexible como sus dos autores, pero no será sometida al azaroso proceso plebiscitario. Bastará con una proposición untada de mermelada para que otro Congreso prevaricador hunda a Colombia definitivamente en el abismo revolucionario.

Después de surtida esa horrenda trapisonda, los cambios constitucionales y legales (empezando por la Presidencia vitalicia de Petro) tendrán lugar en la República Popular, Democrática y Bolivariana de Colombia, hermana de Venezuela y Protectorado Cubano.

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¡Desde luego, también habrá mini supra constituciones para complacer a las otras cuatro “estructuras” invitadas a la “paz total”!

¿Invisible mano judicial?

Por José Alvear Sanín*

Desde la Colonia, en Colombia ha habido un poder judicial caracterizado por una lentitud pasmosa. Aquello de que “la demora en la justicia es la mayor injusticia”, no ha rezado nunca con nuestros falladores.

Bien que mal, entre 1821 y el Acuerdo Final de 2016 la justicia era una de las tres ramas del poder público. Se concebía como independiente frente al ejecutivo e imparcial frente a los que a ella acudían. Sus decisiones se presumían ajustadas a derecho y, por tanto, eran predecibles. Además, por aquello de la tridivisión del poder, no invadía las esferas de competencia de los otros dos, el legislativo y el ejecutivo.

Después del llamado “Acuerdo Final”, la justicia se transformó. Por un lado apareció una jurisdicción espuria, a cargo de magistrados escogidos por agentes extranjeros, encargada de fallar a favor de un grupo subversivo y en contra de los que habían defendido al Estado. Esa fue la reforma explícita, pero paralelamente se presentó, de hecho, una reforma implícita, que consistió en llevar a las llamadas “altas cortes” magistrados comprometidos con un proyecto político de extrema izquierda: poco a poco, estos señores hicieron mayoría y luego colocaron individuos de igual calaña en tribunales y juzgados.

En realidad, quien haya observado el sesgo político que impera en el poder judicial, puede concluir que actualmente este se parece a una obediente pirámide jerárquica, cuando antes los diferentes despachos carecían de coordinación funcional.

El mismo observador puede también concluir que la justicia colombiana es bifronte, como Jano. En efecto, los mismos despachos que dejan envejecer por años los negocios, actúan con pasmosa celeridad para producir resultados políticos favorables a la izquierda. Sea ante el más humilde juez de tutela o ante la más encumbrada corte, si lo que se demanda sirve a la revolución, el correspondiente fallo no tarda.

Sin embargo, la huella de cinco siglos de independencia judicial es difícil de olvidar, y entonces todavía algunos acuden a la justicia esperando un fallo legítimo, pero una y otra vez se llevan un palmo de narices, porque se resuelve, con pruebas, sin ellas, o contra ellas, siempre en favor de la izquierda. Esta ha avanzado más en los juzgados que en los sufridos campos de Colombia.

La aprobación judicial del Acuerdo Final, contra la voluntad del pueblo soberano, llevó a las FARC al centro del poder que no habían conseguido por las armas en el medio siglo anterior.

También el observador puede recordar cómo ya no se puede fumigar narco cultivos, ni explorar yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Asimismo, se condena al Estado a indemnizar los daños causados por las bandas subversivas. La extradición de comandantes narcoguerrilleros se traba hasta que logren fugarse, y así sucesivamente. Con docenas de fallos impredecibles y sorprendentes, se acerca el colapso jurídico en un país donde es prácticamente imposible gobernar, por la interferencia abusiva de las cortes, que cada día invaden más áreas.

Si alguien es rotulado como “de derecha”, tiene asegurada la condena, pero si es “progresista”, tiene expedita la absolución, la preclusión o la ceguera judicial.

El caso de Andrés Felipe Arias es especialmente preocupante. Fue condenado a 17 años de cárcel por una posible equivocación de tipo administrativo. Luego, solicitado en extradición invocando un tratado no vigente. Más tarde le fue negada la segunda instancia a la que todos tienen derecho. Y a pesar de esta haberle sido reconocida por una autoridad internacional indiscutible, tendrá que seguir esperando largos años antes de que se le fije fecha para audiencia.

No quiero referirme a la negativa de decretar la preclusión en el caso del expresidente Uribe Vélez (solicitada por Fiscalía y Procuraduría), porque la extraña resolución, ladina, acomodaticia y sin precedentes, causa estupor. ¡Pobre juececita! ¡Si llega a fallar en derecho, puede despedirse de su futuro en la rama!

Ahora bien, he empezado con aquello de la invisible mano judicial, porque revisando tanta actuación política eficaz observo que hay un hilo conductor, un derrotero inexorable, un propósito implícito y una coordinación inocultable para que la justicia actúe monolíticamente dentro de la senda revolucionaria. ¿Actuará también en la densa sombra un grupo de hábiles abogados que suministran a los jueces esos sorprendentes y calculados fallos?

Con sobrada razón Lenin eliminó la independencia judicial para transformar a los jueces en agentes políticos, sometidos a las consignas del partido.

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A 27 días de la primera vuelta el problema ya ni siquiera es Vega. Nadie ha “auditado” el misterioso algoritmo, no habrá tiempo para hacerlo ni lo revisarán expertos intachables. El fraude no se elimina con los cambios cosméticos anunciados para el formulario E-14, ni con afirmaciones de que hay que confiar en las buenas gentes de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, como finalmente le respondieron al Dr. Pastrana Arango. Estamos, pues, indefensos frente al posible fraude electrónico. ¡Quien pierde en las urnas puede ganar en la Registraduría!

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El artículo “Catástrofe en cámara lenta”, de Luis Guillermo Vélez Cabrera, en La República, es de obligatoria lectura para comprender lo que pasará si Petro es presidente.  http://www.lalinternaazul.info/2022/04/30/catastrofe-en-camara-lenta/

Ante una prórroga político-electoral

Por José Alvear Sanín*

La mal llamada Comisión de la “Verdad”, formada por un cura tránsfuga y unos activistas de extrema izquierda, todos muy bien remunerados por el gobierno, es un mecanismo propagandístico de especial importancia, porque, siguiendo a Lenin, el partido define lo que es la verdad ahora, mañana y también con retroactividad. Por eso, en el “Acuerdo Final” se impuso ese organismo para formar un trípode con el Centro de la Memoria Histórica y la JEP, con el fin de cambiar la historia y la justicia del país, y lograr el control ideológico de la sociedad.

Sin embargo, eso se les desarticuló parcialmente con el nombramiento de un probo historiador profesional para dirigir el Centro de Memoria Histórica, al cual se ataca diariamente con inaudita virulencia, mientras las otras dos patas del entramado continúan su labor de demolición de las instituciones y tergiversación de los hechos.

Ahora bien, el encargo de la Comisión de la Falacia estaba previsto para estos días del 5° aniversario del desconocimiento de la voluntad soberana, pero como esa Comisión constituye el embrión del futuro Ministerio de la Verdad —en el sentido orwelliano—, era necesario lograr su costosa prórroga, de tal manera que antes de las próximas elecciones para Congreso y Presidencia pueda inundar al país de propaganda revolucionaria.

No sobra recordar que ese organismo tenía cinco años para presentar sus conclusiones. Estas ya se conocían desde antes del nombramiento de sus integrantes: cambiar la historia de Colombia, de tal manera que la subversión sea considerada como un movimiento heroico y benévolo, siempre respetuoso de los derechos humanos, en especial de los “retenidos”, a los que se les ofrecía buena comida y cómoda cama. Todo ello se hacía en defensa de la infancia y de un pueblo oprimido y masacrado por un gobierno tiránico, perverso y criminal, formado por los explotadores, los negreros y los traficantes del dolor humano.

No se requieren dotes especiales para saber de antemano que el informe final de la Comisión saldrá completo después de las elecciones, pero oportunas filtraciones previas a ellas producirán efectos demoledores contra las fuerzas democráticas.

Desde luego esta prórroga, que no ha merecido comentarios —porque nos han enseñado a aguantar todos los abusos—, está inscrita en el plan de conquista de los escasos poderes que aún no están en manos de la subversión, como la mayoría parlamentaria y la Presidencia. Cuando estas caigan vendrá el cambio del modelo económico y social, que dará al traste con la república y condenará al pueblo colombiano a igual miseria que la venezolana.

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Si cinco curules regaladas en el Senado y otras tantas en la Cámara ya desvirtúan gravemente el principio de la democracia representativa en el poder legislativo, ¿qué diremos de la situación el año entrante, cuando en la Cámara de Representantes el número de los escaños de la subversión suba de cinco a veintiuno? Tendrán entonces siempre el poder decisorio en esa corporación.

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Por agradecer con dinero público a algún periódico amigo, tiene que renunciar y es procesado el canciller Kurz en Austria, mientras los alcaldes progres en Colombia inundan diariamente los medios con ríos de mermelada.

¿Derrotismo o resolución?

Por José Alvear Sanín*

Ominosa la semana que ha pasado:

1.     A medida que se conocen los antecedentes terroristas de los ministros del sombrerón, aumenta el pánico económico en el Perú.

2.     Impelida por Biden, la oposición tira la toalla en Venezuela.

3.     En México, las ceremonias indigenistas de tergiversación de la historia alcanzan un nuevo paroxismo, con Amlo a la cabeza.

4.     La encuesta Invamer-Gallup nos presenta un Petro invencible en segunda vuelta.

5.     La señora Pachón se coloca en pole position para colaborar con Petro

La actitud de la intrigante viuda indica la tónica de una clase política que responde siempre a la pregunta de ¿Quiénes vamos ganando?

El viento de la resignación se extiende por doquier. El partido del apoyo irrestricto oscila entre la conformidad y la murmuración, pero en esa agrupación ya predomina la aceptación, como un hecho incontrovertible, de que el Acuerdo Final y la JEP son componentes inmodificables y obligatorios de la “Constitución”. Resignados al status quo, postergan la escogencia del candidato presidencial hasta marzo 2022, cuando ya no sea posible cosa distinta de presencia simbólica en las elecciones de la primera vuelta en mayo de ese año.

Como el CD tiene excelentes precandidatos que prácticamente no registran en las encuestas, esa posición es, hasta cierto punto, políticamente correcta.

La segunda vuelta es un mecanismo razonable en cuanto hace posible la reflexión de último minuto del electorado, pero no es garantía de éxito para el candidato moderado frente al extremista. Salvó al Ecuador, pero no funcionó en Perú. El resultado es aleatorio y desde ahora no puede aceptarse la idea de que quien quede de segundo salvará inexorablemente al país, de Petro, en junio 2022.

Actualmente el poder está mayoritariamente en manos de la izquierda revolucionaria: la justicia, la educación, los medios masivos. Los jurados de votación los pone Fecode. El cómputo electoral lo hace una empresa santista… Y como si todo eso fuera poco, la JEP y la Comisión de la “Verdad” ya entraron, con sendos y bien publicitados espectáculos, a intervenir en la contienda. La primera da la sensación de imparcialidad cuando reconoce 18 000 niños secuestrados, para luego absolver a los plagiarios; y la segunda, prorrogará su mandato, para arrojar continuamente lodo, de aquí a las elecciones, contra las fuerzas democráticas.

Lo anterior explica el derrotismo y la componenda con Petro, pero los acomodaticios olvidan que pasados unos pocos meses les llegará el triste y fatal destino que experimentan todos los moderados, desde los girondinos, cuando las palomas colaboran con los halcones, cuervos y gallinazos.

El país no puede entregarse al socialismo del siglo xxi, así no más.

Colombia espera a quien se resuelva a dar el grito de independencia, resistencia y recuperación, que encontrará respuesta en millones de patriotas.

La lucha que nos espera es heroica, difícil, definitiva, y habrá que darla —aconsejaba Mariano Ospina Hernández en momentos decisivos— “con el gobierno, sin el gobierno o contra el gobierno”: o ¡con los partidos, sin ellos o contra ellos!

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¡De aquí a marzo, nos quedan 178 días!

¿Será que no estamos ya en la guerra urbana?

Por José Alvear Sanín*

El 30 de junio pasado, en un artículo “políticamente correcto”, Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia, empieza hablando de “ciudadanos buenos y generosos que protestan por ellos y por todos”, y en cuyas filas se infiltran vándalos… A continuación, dice:

(…) la indiferencia del gobierno ante la crisis asombra (…) así han nacido guerrillas en Colombia. Los bloqueos y actos violentos tan largos podrían llevar a que los vándalos de tinte político se logren articular y formen guerrillas urbanas (…) en las ciudades, donde se dice que en más del 40% de los territorios no manda el Estado (…) los vándalos pueden encontrar espacios abonados para hacer nuevas y exitosas guerrillas urbanas.

El doctor Pérez Gutiérrez se preocupa entonces por una posibilidad aterradora para el futuro, en vez de reconocer que hace años la guerrilla urbana existe; y olvida que incluso a él, cuando era alcalde de Medellín, le tocó combatirla en la Comuna 13, donde era innegable la combinación de narcotráfico y subversión.

Desde que existen guerrillas en Colombia, la posibilidad de su paso de las remotas montañas y selvas a las ciudades preocupaba a los gobernantes. Para prevenir esa suprema amenaza, ejército y policía se mantenían preparados.

Todo cambió con el “acuerdo final” entre Santos y Timo, que consagró el cogobierno entre las autoridades legítimas y la subversión legitimada. Unos 7 000 guerrilleros bajaron a las ciudades, a disfrutar de sueldos y prestaciones extravagantes, y a varios centenares de ellos se los empleó como guardaespaldas muy bien remunerados por el gobierno, con dotación de armas oficiales y vehículos blindados de alta gama.

Ahora bien, por lo menos 6 000 de ellos que desde 2016 habitan en los suburbios, no han abjurado de la formación militar, terrorista y revolucionaria que les inculcaron, ni han dejado de pertenecer al tal “partido” FARC (ahora “de los comunes”), marxista-leninista y practicante siempre de la combinación de todas las formas de lucha.

El Secretariado, ahora en el Congreso, nunca ha renunciado a esa ideología. Por el contrario, han dicho y repetido que su propósito inmodificable sigue siendo la toma del poder para establecer el “socialismo”, porque “comunismo” es una palabra que asusta y, por tanto, su pronunciación es tabú.

A partir de abril 28 los acontecimientos consisten en una cadena ininterrumpida de actos terroristas de la mayor violencia, siguiendo una indiscutible estrategia subversiva y revolucionaria, que cuenta con la eficaz complicidad de alcaldes proclives y de comunicadores, nacionales y extranjeros, que han inventado aquello de la violencia policial y de un gobierno represor que atropella y mata al pueblo.

Acabo de escuchar a Miguel Uribe Turbay, quien, como secretario de Gobierno de Bogotá, sabe de lo que habla cuando denuncia que hay escuelas de entrenamiento para la formación de los individuos de la “primera línea”.

Durante estos 65 primeros y horribles días de la revolución colombiana venimos presenciando todos los actos propios de la guerra urbana, ejecutados por gentes preparadas al efecto, dirigidas por un partido leninista profesional, como es el comunista, organización multiforme, militar y mimetizada, de obediencia castrista y con propósitos continentales.

A todas estas, nadie pregunta acerca de los miles de reinsertados: ¿Qué han hecho y dónde han estado durante estos dos largos meses? ¿Habrán puesto sus habilidades y su experiencia al servicio de la subversión? ¿Habrán entrenado guerrilleros urbanos durante los últimos cinco años? ¿Cuál es ahora el número de efectivos de las guerrillas urbanas? ¿Qué relación tienen con la primera línea? ¿Quién financia el eficaz aparato logístico que está destruyendo a nuestro país? ¿Hasta cuándo se seguirá ocultando deliberadamente la participación de las FARC en los actuales disturbios?

A preguntas pertinentes como las anteriores, y a mil más, deben responder los organismos de inteligencia del Estado, para prevenir actos, atentados y acontecimientos desestabilizadores, pero esos mecanismos indispensables fueron —obedeciendo al “acuerdo final”— desmantelados o marchitados.

Si el gobierno y la sociedad siguen cerrando los ojos frente a la realidad de la guerra urbana para considerarla una remota posibilidad, y si continúan negándose a ganarla —como hasta ahora—,  no queda esperanza para Colombia.

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En la celebración de los cien años del PCCh, su amo absoluto dice que ellos sacaron de la pobreza a centenares de millones. Se equivoca, porque los primeros setenta años de marxismo-leninismo solo produjeron revolución, guerra, miseria, y la eliminación de innumerables millones. En los últimos treinta años no ha sido el comunismo, sino la adopción del capitalismo, lo que ha enriquecido al país, cuya gente sigue oprimida hasta extremos aterradores. ¡Cuánto mejor sería tener capitalismo + democracia, en lugar de comunismo + capitalismo salvaje de la Nomenklatura!

El partido y el gobierno

Por José Alvear Sanín*

Maurice Duverger, en su clásica obra “Institutions politiques”, cuya primera edición data de 1955, definió los partidos latinoamericanos como “clientelas en el sentido romano del término”. Esta descripción peyorativa corresponde en muy buena parte a la triste realidad de un continente gobernado por fantoches, aupados por fanáticas y vociferantes clientelas unidas en la rapacidad, el nepotismo y la corrupción.

Hasta hace unos pocos años Colombia parecía ser la excepción: un solo golpe militar en el siglo XX, y una serie de austeros estadistas apoyados en partidos fundados en principios sólidos, cuya alternación en el ejecutivo no significaba ni la aniquilación del adversario, ni la sustitución del modelo económico-social, por la revolución, el caos y la miseria.

Todo cambió con el robo del plebiscito, la refrendación delictual del “acuerdo final”, el fast track y el establecimiento de un régimen supraconstitucional que conduce inevitablemente al “gobierno de transición”, aterradora seguidilla de hechos para cambiar el estado de derecho por el golpe de Estado permanente.

Había que elegir entre Constitución y supraconstitución (es decir, el AF). La elección del doctor Duque, entonces, debía romper esa fatídica cadena, porque su programa hacía énfasis en la legalidad como inmodificable principio de gobierno. Por lo tanto, prometía reformar el AF en el sentido de regreso al orden constitucional…

Pero una vez elegido, el doctor Duque, de manera sorprendente, escogió como “legalidad” el acatamiento de la supraconstitución, y por tanto, continuamente se ufana de haberla respetado escrupulosamente. Solo una vez, después de larga dubitación, objetó seis articulitos de una ley infame, la del “procedimiento” de la JEP. Sus objeciones, desde luego, estaban destinadas a ser desechadas por la Corte Constitucional.

Pero lo trágico es que, si Colombia sigue transitando por el camino del AF, el gobierno de Duque se verá obligado, quiéralo o no, a convertirse en el “de transición”, desde luego de manera menos abrupta de lo que hubiera sido con Petro, pero para llegar al mismo resultado previsible en 2022.

En defensa del presidente se dice y se repite que nada distinto puede hacer, porque esta maniatado por el AF, carece de mayoría parlamentaria y tiene en contra todos los poderes judiciales, obedientes a la extrema izquierda. Así las cosas, el Centro Democrático y los conservadores se ven obligados a apoyarlo para que “no se caiga la estantería” …

A mí, en cambio, me parece que el CD y el Conservatismo están actuando frente a Duque como clientelas romanas. Lastimadas porque la mayor parte de los cuadros superiores del gobierno son santistas, sus únicos reclamos al gobierno son de cómputo burocrático.

¿Dónde están, en cambio, la defensa de la legalidad y la preservación del orden democrático? La razón de ser de los partidos legitimistas no puede ser otra que la conservación del estado de derecho y la oposición permanente al avance de la revolución que ha de eliminarla.

Desafortunadamente, el gobierno y sus amigos se mueren de miedo siquiera de hablar, y mucho más de reconocer que existe una subversión comunista actuante y que sigue una estrategia continental para la toma del poder, especialmente en Colombia, donde ya dispone de buena parte del Estado, sobre todo en la rama judicial; domina la educación y tiene la complicidad de los medios masivos.

Para superar la fragilidad en el ejercicio del poder, ahora se nos viene una “gobernabilidad” basada en la repartición de “cuotas de poder”: algo para el CD y los conservadores, y mucho para otras clientelas, las comprometidas con la observancia total del AF, es decir Cambio Radical y la U, sin descartar la posibilidad de que César Gaviria también se monte en ese destartalado bus…

Lo que no se quiere reconocer es que resignarnos a un gobierno de transición, así sea presidido por alguien estimable como Duque, no tiene horizonte distinto al triunfo electoral de la izquierda, porque en el 2022, las fuerzas democráticas estarán agotadas y diezmadas por el fracaso del gobierno, mientras las de la extrema izquierda llegarán crecidas a las urnas, para recoger un país carcomido por la pusilanimidad, el populismo, la indecisión, la desinformación, y sustentado económicamente en los ingresos de la narcoindustria.