De cara al porvenir: la dignidad de las "ÍAS"

Por Pedro Juan González Carvajal*

En poco tiempo resultó necesario tocar de nuevo el tema de la Fiscalía General, y ahora, acompañado por la Contraloría. O mejor, por respeto a las instituciones, del fiscal general y del contralor, estos en minúscula.

En esta oportunidad incurren en una situación francamente caricaturesca que hace poner en duda no solo su respeto a la ley, sino su cordura y su sensatez. Ya era suficientemente incómoda la relación superiores y subordinadas del fiscal y la esposa del contralor, y de este con la esposa de aquel. Es posible que allí no se viole la ley, no se incumpla el régimen de incompatibilidades e inhabilidades del servidor público, pero que se ve feo, se ve feo, y por lo menos, genera un conflicto de intereses y una incómoda situación desde lo ético, si es que este concepto todavía tiene alguna importancia sobre la faz de la tierra.

Pero este juego de intercambio de parejas tuvo un capítulo grotesco con el inútil e injustificable viaje a San Andrés, en aparente misión oficial, en compañía de sus cónyuges, de la hija del fiscal y de una amiga de esta, ambas menores de edad y en plena pandemia. Más que ridícula fue la justificación del viaje, soportada en que las funciones de las dos dependencias tienen que realizarse en todo el territorio nacional y que San Andrés no puede ser la excepción, pero más ridícula aún la rueda de prensa del fiscal en la que con fingidos pucheros invocó su calidad de padre de familia que no quiere alejarse de su familia. Espero que en próximos días los dos altos funcionarios visiten en compañía de sus esposas –es decir, cada uno con la suya- y de sus hijos menores, a Leticia, a Tumaco, o incluso, para no tener que incurrir en gastos de avión, a ciudad Kennedy.

En esta sociedad de doble moral puede suponerse que, si algún otro servidor público hubiese incurrido exactamente en las mismas conductas en las que incurrieron fiscal y contralor, estos dos funcionarios ya habrían iniciado las correspondientes investigaciones penales y fiscales, y habrían hecho su tradicional alharaca ante los medios de comunicación: si otros lo hacen está mal, si yo lo hago, es justificable. Más aún cuando, en medio de una infinita arrogancia, el fiscal “reinventa” la estructura del Estado y define que su cargo es el segundo más importante del país.

Qué desfachatez y qué falta de comprensión del cambio que pretendió generar la Constitución de 1991 al reemplazar el concepto de funcionario público por el de servidor púbico. Cuánta falta hace que, quienes ocupan cargos de cualquier nivel en la estructura del Estado, entiendan que están allí al servicio del país y dejen de pensar que tienen el país a su servicio.

Este tipo de situaciones, sumadas a tantas más que se presentan a diario en Colombia y en todo el mundo, le dan la razón a Fernando Savater cuando concluye que después de la pandemia, los humanos seremos “los mismos, pero un poco peor”. En otras palabras, cuando llegue eso que melosamente llaman “la nueva normalidad”, seremos los mismos, pero con tapabocas.

NOTA: Mi completa solidaridad con el señor Gobernador Aníbal Gaviria Correa y su distinguida familia.

Las tres "ías"

Por Antonio Montoya H.*

En meses pasados tuve la oportunidad de ver, en un programa de televisión nacional, a los señores que dirigen los tres grandes entes de control y de investigación de Colombia como son la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General, juntándose para anunciar con bombos y platillos la acción conjunta para luchar contra el delito. Contaron cómo cada una de ellas tiene funciones propias y determinadas, aunque con un objetivo común, claro y definido que no es otra cosa que buscar que los funcionarios públicos y las empresas privadas, desempeñen con rectitud y probidad sus gestiones, al igual que sus empleados en el cargo que desempeñan y que tengan un adecuado comportamiento como empresas contratistas. Con base en ese parámetro de trasparencia, se investiga, juzga y condena o absuelva cuando se pruebe o no que su accionar es contrario a derecho.

Existen hoy denuncias múltiples desde todos los lugares del país por sospechas de la existencia de firmas de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, de otros otorgados a dedo y de muchos de ellos suscritos con empresas fachadas con sobre costos. Por ello espero que rápidamente concluyan esas investigaciones, que entre otras cosas son bastante fáciles de investigar y se concluya en condenas que ratifiquen la inequívoca vocación de las tres “ías”, combatir la corrupción y el detrimento en el patrimonio público.

Además solicito que de igual forma en que se juntaron para decirnos que abrían investigaciones, comuniquen esas decisiones y digan quiénes son los funcionarios corruptos y quiénes son las empresas que se prestaron para ganar dinero con la necesidad de los ciudadanos que en horas de dificultad añoran esas ayudas.

Nadie en Colombia, puede desconocer la entrega absoluta que ha tenido el presidente y sus ministros en la atención a la crisis que se nos vino por causa de la pandemia; trabajan con denuedo día y noche, nos informan el avance de las acciones que pretenden mitigar la crisis y con ello prorrogar las medidas o flexibilizarlas. Pero de ahí surgen demasiados decretos que pretenden beneficiar a miles de personas, a empresas y a vastos sectores de la economía nacional. Por ello la importancia de los entes de control, que deben estar prestos a garantizar que las ayudas prometidas lleguen al lugar donde se destinen, que no existan sobrecostos en los contratos de mercados, ayudas médicas y que se eviten tanta intermediación que hace que el dinero se diluya y se pierda en la maraña de la corrupción.

En días recientes se expidió un decreto para ayudar a los autores, artistas y gestores culturales en los diversos departamentos y municipios y aún, en muchos de ellos, no se entregan los auxilios, han surgido asociaciones que no existían antes de la pandemia para pegarse de esos beneficios y evitar que lleguen al destinatario real, se envían las certificaciones de las sociedades informando quienes son los artistas y muchas no las tienen en cuenta y se entrega a quienes no corresponde.

Otro decreto importante es el que se expidió para ayudar a mantener el empleo en las empresas. Debe tener seguimiento porque es una suma representativa y ayuda a enfrentar problemas a quienes pretenden contribuir con que la economía no colapse. Ese auxilio por trabajador facilita mantener su ingreso, pero aquí no se ha utilizado todo porque no se ha solicitado, entonces debe protegerse que esos funcionarios vean allí una fuente de enriquecimiento.

Son muchos los riesgos, por ello el presidente, y los colombianos de bien requieren la ayuda de las “ías”, para velar y proteger los dineros y recursos públicos. Así podrán vanagloriarse de que efectivamente colaboraron para evitar el crecimiento de la plaga de la corrupción en plena crisis económica y de pandemia.