La república de las fobias

Fredy Angarita

El 15 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia[1], una fecha creada por las Naciones Unidas desde el 2022, para recordar que el miedo también puede transformarse en discriminación. ¿Será que en estos catorce días que lleva la guerra se va a tener presente esta fecha?

Las fobias no solo viven en los conflictos religiosos. También parecen haberse instalado en la política. Vamos a hacer un breve recuento de algunas de ellas.

En Colombia la política se parece cada vez más a un diccionario de fobias
[2]. No de esas que se estudian en los manuales clínicos, sino de las que se incuban en los pasillos alfombrados del poder, donde el miedo no se diagnostica, pero se practica todos los días.

Hay miedo a perder el cargo, miedo a perder la influencia, miedo a perder la próxima elección. Y en ese inventario silencioso aparecen viejas palabras que describen mejor la política que muchos discursos: demofobia, el temor a la gente cuando deja de aplaudir; diquefobia, el miedo a la justicia cuando esta comienza a tocar la puerta, y atiquifobia, el miedo a fracasar cuando el país empieza a mirar con lupa a quienes gobiernan.

Mientras tanto, el escenario político colombiano se reorganiza como una partida de ajedrez que todavía no revela todas sus jugadas. Las fórmulas vicepresidenciales se insinúan como pactos que buscan tranquilizar regiones, equilibrar partidos o domesticar electores inquietos. No siempre nacen de la afinidad política; muchas veces nacen del cálculo.

Al mismo tiempo, en el Congreso se libra otra batalla, menos visible, pero igual de feroz: la de quienes entran y la de quienes van a salir. Cada elección legislativa despierta una ansiedad que, en términos médicos, podría llamarse atiquifobia electoral: el miedo a que el apellido ya no alcance, a que la maquinaria se oxide.

Y en medio de ese movimiento hay algo que pesa más que cualquier estrategia: las sillas vacías. No solo por la ausencia física de algunos congresistas salpicados por el escándalo de la UNGRD, sino por el símbolo que dejan. Porque una silla vacía en política nunca está realmente vacía. Está llena de sospechas, de silencios y, sobre todo, de esa vieja compañera del poder: la diquefobia, el miedo a que la justicia deja de ser un rumor para convertirse en destino.

En la política colombiana abundan las fobias al pueblo, a la justicia y al fracaso. La única que parece haber desaparecido es la catagelofobia: el miedo a hacer el ridículo.

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[1] Islamofobia: miedo, odio, prejuicio o discriminación sistemática hacia el Islam y los musulmanes.

[2] https://www.yumpu.com/es/document/read/16042764/diccionario-de-fobiaspdf/1

 

Corrupción, el cáncer que devora a Colombia

Luis Alfonso García Carmona

Venimos sosteniendo reiteradamente que detrás de este desorden endémico que se consume a Colombia a pasos agigantados, subyace la nauseabunda crisis moral que en la actualidad permea todas las instituciones del Estado y salpica a buen número de contratistas privados.

En consecuencia, no podemos creer que la solución a este mal de connotaciones éticas y morales sea simplemente unas elecciones para seguir gobernados por quienes no quieren que nada cambie.

Partamos de la base de que el ejercicio de las funciones públicas debe estar sometido a unos valores fundamentales que entre nosotros se han abandonado: la búsqueda del bien común, la verdad, la equidad, la honestidad, la transparencia, la prudencia en el manejo de los bienes públicos y la responsabilidad por nuestros actos.

Todo ello se ha perdido. Solo importan los intereses de quienes administran el ente estatal. Su estrategia no es servir a la sociedad sino a sí mismos, a sus parientes y amigos. Su preocupación primordial es perpetuarse en los cargos que les permitan continuar el ilícito usufructo del patrimonio estatal. Llevamos 28 meses de ininterrumpidos escándalos protagonizados por la familia presidencial, los jefes de la campaña que los condujo al poder, los altos dignatarios del Estado, sus aliados en el Congreso y los corruptos contratistas, pero nada ocurre. Es como si no existieran la Fiscalía y demás organismos de control.

¿Hay, acaso, alguna forma para detener este proceso que dará al traste con los recursos financieros del Estado y ahondará aún más el subdesarrollo y la desigualdad en nuestro atribulado país?

Señala el candidato independiente Santiago Botero algunos problemas relacionados con la corrupción como:

*Los impuestos altos, aumentan la evasión

*El Gobierno quiere comprar conciencias y votos con subsidios

*El gobierno quiere comprar votos con contratos

*La mayoría de los entes de control se volvieron extorsionadores

Propone, en la presentación de Colombia Pa´lante Unida, medidas prácticas como las siguientes:

*Legalizaremos el lobby como en USA y Europa

*La evasión de impuestos conllevará cárcel como en USA

*Crearemos el más grande escuadrón anticorrupción de la región apoyado por los mejores del mundo

*Buscaremos que el Congreso, más que hacer leyes, traiga buenos proyectos para las regiones que los eligieron

*Automatizaré el Estado con tecnología Blockchain “trazabilidad”

Podemos ampliar la propuesta con los siguientes pasos:

1.- Derrocar a quien ejerce de manera fraudulenta el poder, bien sea mediante el juicio político que cursa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara o mediante intervención de las Fuerzas Militares y de Policía para restablecer el orden constitucional gravemente deteriorado por la presente administración. Con un jefe de Estado elegido fraudulentamente y que carece de todo respeto por el orden constitucional y los valores fundamentales, será imposible derrotar la corrupción.

2.- Intervenir las autoridades electorales para garantizar unas elecciones transparentes, sin dineros ilegales en las campañas, sin compra de votos, con auditoría ciudadana a los programas de conteo y escrutinio de votos, para impedir todos los fraudes llevados a cabo en las pasadas elecciones.

3. Elegir un presidente que encarne los valores que la lucha contra la corrupción requiere: honestidad, coraje, respeto por la normatividad, compromiso con el bien común y que, además, acredite una limpia trayectoria y absoluta independencia de la extrema izquierda y de sus aliados políticos. Este es el perfil adecuado para derrotar la corrupción.

4.- El nuevo Gobierno deberá implementar una acción que extermine la corrupción con tres grupos de decisiones:

a) Las primeras que deberá firmar el presidente electo el mismo día de su posesión para dejar clara la orientación del gobierno: decreto para dedicar la totalidad de adquisiciones de bienes y servicios a los fines del bien común de los ciudadanos y desarrollo del país. En consecuencia, todo gasto que no sea absolutamente necesario como reuniones sociales, viajes al exterior, vehículos de representación, suscripciones a medios de comunicación, subsidios a entidades, etc., deberán ser previamente autorizadas por la Presidencia de la República; los vehículos, con excepción de los dedicados a labores operativas de cada dependencia, serán vendidos por licitación; únicamente se autoriza vehículos de representación a los titulares de Ministerios e institutos descentralizados; las ceremonias oficiales serán austeras y solo se servirá café colombiano a los asistentes, comenzando por la posesión del presidente para dar ejemplo; los viáticos y gastos de representación serán autorizados únicamente por los ministros y directores de Institutos descentralizados; estudiar las medidas adelantadas por países como Dinamarca y Nueva Zelanda para conformar en Colombia el mejor escuadrón anticorrupción de la región; prohibir toda clase de privilegios a los congresistas, magistrados y funcionarios públicos, como nombramientos de cónyuges o parientes cercanos en la administración pública, o contratos de estos con el Estado.

b) Las segundas, que harán parte de un programa que penetre todos los ámbitos de la administración pública que dependan directamente del Gobierno nacional (mediante decretos del ejecutivo o resoluciones) o del Congreso (a través de proyectos de ley presentados por el Gobierno con carácter de urgencia): ordenar que todos los funcionarios públicos del Estado, con excepción de quienes tengan en la constitución un procedimiento especial para su designación, serán nombrados por concurso de méritos (se exceptúan los ministros, directores de institutos descentralizados, Fuerzas Militares y de Policía); suprimir los cupos indicativos o cualquier forma para que los recursos del Estado se repartan como auxilios parlamentarios; prohibir la adjudicación de contratos estales que superen el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales sin licitación pública y prohibir cualquier otrosí o adición que supere el 20% del valor del contrato; sancionar con penas privativas de la libertad a los responsables de corrupción y fraude al Estado y a sus cómplices, obligarlos, aún mediante procesos expropiatorios, a la devolución de los dineros defraudados y prohibir la concesión de casa por cárcel y cualquier subrogado penal; en la Presidencia de la República se creará una Comisión de Investigación de Fraudes al Estado (CIFE), encargada de adelantar los procesos de recuperación de los activos del Estado, hacerse parte en los procesos por fraude al Estado, perseguir los bienes de los condenados para recuperar lo defraudado al fisco, formular denuncias penales, presentar demandas de repetición, colaborar con la justicia y con las investigaciones internas en los entes estatales; antes de la elaboración del próximo presupuesto de gastos, revisar toda la legislación vigente que crea obligaciones fiscales a cargo del Estado y derogar las que no correspondan a las necesidades del bien común o del desarrollo del país; el Gobierno nacional podrá intervenir cualquier ente del Estado que incurra en procesos de fraude al Estado.

c) Las que requieran reformas constitucionales o las que no hayan sido aprobadas por el Congreso se someterán a procesos de consulta popular (plebiscito o referendo) para que sea el pueblo soberano quien se pronuncie: sustituir el procedimiento para elección de Contralor General por un sistema en el que se elabora una terna propuesta por las bancadas de oposición del Congreso, las Cortes y el Gobierno, de los cuales un comité de evaluación de méritos conformado por representantes de los gremios y las asociaciones de contadores, escogerá al Contralor; la auditoría en cada ente estatal y en las entidades territoriales se contratará mediante licitación pública con firmas especializadas, y se suprimirán los focos de corrupción en los que se han convertido las contralorías territoriales; recortar drásticamente el tamaño del Estado en todas las ramas y a todos los niveles, mediante fusión de entidades, supresión de otras que cumplen funciones duplicadas, reducción del tamaño y costo de otras, para lo cual se contratarán estudios con firmas de asesoría especializadas; los entes territoriales que reciban subsidios, regalías u otros emolumentos del Estado deberán cumplir con este proceso de reducción de su tamaño y costo; recuperar el estado de derecho y devolver la vigencia de la soberanía al pueblo suspendiendo en forma inmediata la aplicación del espurio acuerdo de La Habana y de todas sus disposiciones; se prohibirá a cualquier organismo o corporación pública decretar aumentos de sueldo por encima del índice de precios al consumidor; será obligación de todos los ministros, gobernadores, alcaldes, gerentes de institutos descentralizados y directores de entes estatales, durante el primer año de ejercicio de sus funciones, revisar todos los contratos celebrados por la entidad a su cargo para detectar si existen hechos constitutivos de fraudes al fisco o corrupción que no hayan prescrito, de los cuales deben dar cuenta a las autoridades respectivas.

En una fructífera alianza de las gentes buenas de Colombia con un candidato “sin rabo de paja”, que no se avergüenza de sus creencias católicas y de su afán de servicio a la comunidad, estamos seguros de que podemos desterrar este cancerígeno mal que pretende chupar la sangre a nuestro querido país.

¿Cómo derrocar a Petro?

Por: Luis Alfonso García Carmona

Bastaron solo nueve meses para que la inmensa mayoría de la población colombiana se convenciera de la necesidad inaplazable de echar a Petro y su camarilla del poder, antes de que culmine la funesta tarea de destruir al país.

Lo que hasta ahora no ha sido muy claro es el medio o camino para lograrlo. Algunos empezaron a organizar marchas de protesta, sin un objetivo muy definido o con el inocente mensaje de pedir la renuncia del guerrillero-presidente.

Por su parte, los políticos de profesión, los mismos que propiciaron –por activa o por pasiva– la toma del poder por el castrochavismo, se han dedicado a buscar nuevamente el apoyo electoral en las próximas elecciones, dizque para convertirlas en un verdadero plebiscito contra Petro, ocultando que el tirano, con una Registraduría a su servicio, inmensas fuentes de financiación y dominio territorial a través de grupos armados, aumentará su poder en todo el territorio nacional.

Mientras las gentes honestas protestan a su manera y con los limitados medios de que se dispone, los políticos (con algunas poquísimas excepciones) se ocupan de votar favorablemente las reformas que el sátrapa ha llevado al Congreso.

Ahora ha surgido la iniciativa de recolectar firmas para una consulta que busca derogar algunas de las reformas propuestas por el social-petrismo, consulta poco viable por el número de firmas que requiere, la demora de su trámite y los serios obstáculos que encontrará en el Congreso y la Corte.

No somos partidarios de soluciones por fuera del Estado de Derecho y precisamente en la Constitución y la Ley encontramos el mecanismo que permitirá al país librarse del presidente-guerrillero: Acaba de radicarse en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia contra Gustavo Petro por indignidad en el ejercicio del cargo, ya que violó de manera absolutamente comprobada los topes financieros en la campaña electoral, denuncia incoada por el distinguido jurista, especializado en asuntos electorales, doctor José Manuel Abuchaibe.

Las normas son contundentes (Constitución Política, arts. 174, 175 y 178 y Ley 1475 de 2011) y disponen que quien haya incurrido en dicha infracción debe ser destituido del cargo. Si del evento se derivan consecuencias penales, corresponde su juzgamiento a la Corte Suprema de Justicia. Son normas vigentes de cuya aplicación no hay nadie exento.

No se trata de un hecho sometido a una apreciación subjetiva, pues solo se requiere comparar –de manera objetiva– los topes aprobados con las sumas gastadas en la campaña, bien sea mediante aportes en efectivo o en bienes y servicios, los cuales deben ser registrados obligatoriamente como donaciones. La campaña Petrista superó con amplio margen el monto gastado por sus oponentes. Contrataron 71.000 testigos electorales y un experto español que dirigió su operación y no aparecen registrados ni los pagos a los testigos ni los del asesor.

Por tratarse de un juicio político, es obvio que todos los ciudadanos podemos y debemos participar. La mejor manera de hacerlo es apoyar la denuncia con nuestra firma, para lo cual ya los organizadores están diseñando la forma de hacerlo virtual o físicamente durante las próximas marchas de protesta que se están programando.

No podemos legitimar con nuestra pasividad un régimen que se ha tomado el poder con métodos fraudulentos. Si los políticos no asumen su responsabilidad de respaldar con valor esta iniciativa, lo hará el pueblo, el mismo que rechazó en el plebiscito el claudicante acuerdo de La Habana.

Contra quienes creen que el camarada Petro se saldrá con la suya comprando la conciencia de quienes deben investigarlo y juzgarlo, les notificamos que demostraremos ante el Congreso que las inmensas mayorías del país quieren que se haga justicia, ya que el guerrillero-presidente no está por encima de la Constitución y la Ley.

Por supuesto, las marchas de protesta y las heroicas manifestaciones de la reserva activa de la fuerza pública cuentan ahora con un mensaje claro y contundente “Fuera, Petro”, pero dentro de los límites del Estado de Derecho. Quien propicia el “golpe de Estado” es el presidente-guerrillero que ha violado la separación de poderes y las normas constitucionales desde que se posesionó en forma espuria de su cargo.

Entrevista con Martín Emilio Cardona

En la entrevista de la semana de El Pensamiento al Aire hablamos con el doctor Martín Emilio Cardona, el hombre que sacó del Senado a Roy Barreras, también tumbó la elección de Ángela María Robledo en la Cámara y de Álex Flórez en el Concejo de Medellín. Aquí nos habla sobre estos procesos y de su ejercicio profesional. No dejes de verlo.

Es antioqueño, abogado y especialista en derecho administrativo de la Universidad de Medellín. Profesionalmente se desempeñó como concejal de su municipio natal, Cisneros, diputado del departamento de Antioquia por el Partido Conservador en el 2000, y conjuez del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Vega quita y pone rey

Por José Alvear Sanín*

Cada día que pasa nos enteramos de nuevas e inverosímiles “irregularidades” en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Apenas horas después de las elecciones, Petro ya ubicaba todas y cada una de las mesas en las que dizque no le habían contado sus votos. Inmediatamente, la Registraduría se creyó ese cuento chino y le adicionó cerca de medio millón de votos en el “preconteo”, inflando la representación parlamentaria del tal Pacto Histórico. No le preocupó algo tan imposible como aceptar que en millares de mesas hubiera habido votos solo por ese movimiento político.

Con el fin de hacerle tragar al país tan extraña e increíble aberración estadística, ahora aparece otro medio millón de votos para sumarle al “preconteo”. Con esta nueva canastada, imposible estadísticamente hablando, se compensa la primera, pero estos recientes y milagrosos votos se reparten entre varias listas para no afectar el inflado número de congresistas de Petro.

Gobierno, Procuraduría y Fiscalía siguen cruzados de brazos. Si algún día llegan los nombres de los jurados de las veintitrés mil y pico de mesas, es posible que algún día ellos sean llamados a declarar… cuando ya todo esté consumado.

El CNE, en vez de ordenar un escrutinio verdadero de todos y cada uno de los votos depositados en las urnas —como puede hacerlo si prefiere actuar dentro del Artículo 265 de la Carta—, insiste en prevaricar negando el fraude, y sus abogados así lo manifiestan ante la tutela interpuesta por algún ciudadano aterrado, ¡de los que todavía creen en la justicia!

¡Los partidos son citados por el CNE a una reunión, y todos ellos —incluyendo el CD y el conservatismo— aceptan que no se realice el correcto recuento de la votación!

Como si todo esto fuera poco el constitucionalista Sergio Alzate, en nombre de “Colombia Transparente” denuncia ante las autoridades, con abundante acervo probatorio, cómo unos 300.000 jurados votaron dos veces el 13 de marzo. ¡La respuesta del registrador consiste en amenazar al valeroso jurista con denunciarlo penalmente!

Es imposible desconocer que la aplanadora del tándem Registraduría-CNE sigue avanzando a través de Disproel-Indra, hacia otro "preconteo", el próximo 29 de mayo.

Como si no bastara con lo anterior ahora aparece la “cereza del pastel”: ¡Un ejecutivo de Indra pasa a ser jefe de Informática de la Registraduría!, como si nada…, como si Indra no fuera una empresa cuestionada en varios países, controlada por el gobierno social-comunista español, beneficiaria a última hora de un jugoso contrato a dedo, y que recibe en su sede a un candidato colombiano, seguramente para tomarse apenas un café…

La democracia exige un mecanismo electoral confiable, imparcial, respetable, íntegro y por tanto incorruptible. Mientras en Colombia no lo tengamos, los resultados que de él salgan a nadie van a convencer.

En cambio, el país parece haber aceptado aquello de que “quien escruta elige”.

El registrador —aceptado de manera pusilánime por Gobierno, Procuraduría, Fiscalía y partidos políticos— no se va a caer. Se ha convertido, entonces, en el hombre más poderoso de Colombia, porque dispone del poder de facto de escoger al presidente. Por su pasmosa habilidad, su cinismo, su audacia y sombrías relaciones, Vega es el King maker.

Sea en primera o en segunda vuelta, la decisión del registrador será inapelable. Si declara ganador a Petro, para nada servirá la fundamentada duda de las gentes, porque la revolución arrasará con todo. Pero si se reconoce el triunfo, por escaso margen, de Federico, las bien entrenadas primeras y sucesivas filas incendiarán el país.

Faltan 43 días para la primera vuelta. Ese tiempo es muy corto, pero si el CNE, en vez de prevaricar ordenase el recuento —como está facultado para hacerlo—, se destituye al taimado y manipulador registrador y se depura el software para garantizar su transparencia, aún quedarían esperanzas para la democracia colombiana. De lo contrario…

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¡El que escruta electrónicamente, elige definitivamente!

Vigía: elecciones y ciberguerra

Por John Marulanda*

Parece ser lo que está en desarrollo en Europa: guerras emblemáticas que se han librado en países limítrofes de las áreas de influencia de las grandes potencias, tal es el fenómeno Rusia - Ucrania. A su vez, Colombia, Nicaragua y Cuba forman parte de un cinturón de defensa cercana de US, afectado por los intereses zaristas rusos. Y ahora que el Kremlin insiste en bombardear a Mariupol, mucho se habla sobre la eventualidad de Rusia enviando activos y tropas a Venezuela y tecnología a Nicaragua y Cuba. Rusia mantiene cuatro estaciones de seguimiento satelital a su sistema de posicionamiento global Glonass, tres en Brasil y una en Nicaragua, en las orillas del lago de Nejapa; China custodia una estación militar de exploración del espacio profundo en Neuquén, Argentina, mientras sus miríadas de barcos pesqueros invaden nuestras aguas del Pacífico e Irán sostiene en Venezuela el mayor centro operativo mundial de Hezbolá fuera de su área de influencia.

Pero existe un elemento adicional que en el pasado no se conocía: las redes sociales. Cubrimiento global, instantaneidad y miles de millones de usuarios conforman ese andamiaje de las tales redes, síntoma inequívoco de nuestro tiempo. En medio de la desconfianza generalizada por los resultados electorales y por el registrador –que recuerda a Tibisay Lucena-, la fuga de alias “Matamba” y la visita de delegados de Biden a Maduro, la ciberseguridad pareciera olvidarse, ignorando los recientes ataques cibernéticos al DANE y al Invima.

Virtualidad, algoritmos, IA, IoT, 5G, Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat, TikTok, WeChat, Messenger, iMessage, Multitasking, fake news, Amnesia digital, DDoS, criptomonedas, se confunden en un mundo en donde se mueven 65 millones de mensajes por minuto vía WhatsApp, con una fuerte actividad de phising, hackeo, suplantación de identidad, Ramsomware, extorsión, secuestro o robo.

Según el último informe del Foro Económico Mundial, en el primer semestre del 2021 los ataques cibernéticos crecieron un 151%. Y la desinformación produjo unos 2.600 millones de dólares aproximadamente, como registró Newsguard y Comscore. De acuerdo con una encuesta de Forrester Research Inc., en 2021, el 66% de los adultos estadounidenses usaron Facebook semanalmente y según EMarketer, las aplicaciones de mensajería fueron utilizadas por casi 3 mil 100 millones de personas en 2021, unos 500 millones más que en 2019.

Las interferencias de Pekín y Moscú en los diferentes procesos electorales, jaqueos a cuentas establecidas, filtración maliciosa de engañifas y cortos videos, son parte de la ciberguerra con nuevas armas a disposición de garajes o bodegas que, como en el caso de China, integran esos “batallones de cinco centavos” compuestos por cientos de jóvenes. Porque es la guerra cibernética lo que nos debe preocupar en estos momentos, dadas las denuncias públicas de injerencia cibernética en nuestras próximas elecciones presidenciales. Nos causa escozor el lavado cerebral que han venido realizando potencias extracontinentales como China, Rusia e Irán a través de sus medios masivos, RT, Sputnik, TV China, TV Iraní, Telesur, ahora que un Nuevo Orden Mundial asoma sus orejas en Europa y en estas sempiternas colonias.

Venezuela, por su lado, se ha convertido en la panoplia militar rusa latinoamericana con tanques de guerra T-90, misiles antiaéreos S-300, Pechora y Buke, aviones Sukhoi y helicópteros de combate M-35, radares estratégicos P-18 y otros accesorios de la “guerra dura” (hard warfare). Pero es en las bodegas en donde reside el mayor poder perturbador del hermano vecino, lo cual no deja de preocuparnos ante las avanzadas tecnológicas rusa, china e iraní que ponen lo mejor de su ciencia al servicio de la ideología comunista para someter a la “joya de la corona” latinoamericana. Así lo ha denunciado el expresidente Uribe en sus redes sociales, exhibiendo documentos confidenciales de la Contrainteligencia del vecino país. Además, Biden alertó el pasado lunes sobre ciberataques rusos a oficinas federales y empresas privadas en US.

La pregunta es si con Petro y su camarilla tendremos un Putin, un Jinping o un Ayatolá en Colombia; o un Castro, un Ortega o un Chávez: difícil predecir el final de esta dramática historia que estamos viviendo día a día.

Ante la opción de convertirnos en los esclavos de un nuevo Mundo Feliz o la de pelear por la defensa de nuestra vapuleada economía neocapitalista, elegiría la segunda opción; o, debido a mi edad, escogería emigrar a un país tranquilo. ”Desaparecer” en medio del carnaval triunfalista de los revoltosos que agitarán los gallardetes de su revolución, es otra elección que consideraríamos.

De cara al porvenir: cambio de formato

Por Pedro Juan González Carvajal*

Ante una campaña electoral por la Presidencia de la República completamente desabrida, sin propuestas sobre ningún tema y enfocada solo a tirarle piedra al candidato que puntea en las encuestas, pues nada más acorde que insistir con el formato obsoleto, trasnochado, anacrónico y farandulero de los llamados “debates presidenciales”, donde los candidatos sufren pánico escénico pues no saben y no tienen nada que decir, cayendo todos en una retórica bobalicona, llena de lugares comunes, sin comprometerse con nada y en medio de un estrafalario ambiente propio de un reality.

Hago la precisión que esto es a nivel planetario, no solamente colombiano. Recordemos los grandes osos peludos de Trump y Biden en esos cuadriláteros anodinos y, luego, iguales situaciones con sus respectivos candidatos a la vicepresidencia.

Es por eso por lo que me permito proponer un nuevo formato: el de SÍ o NO, en el cual los candidatos, una vez decantado el abundantísimo número de precandidatos, sean invitados a participar, advertidos de que las preguntas que se harán solo tienen la posibilidad de ser respondidas con un SÍ o con un NO, y que a quien se salga del formato, le será retirado el sonido de manera inmediata.

Se me ocurren de manera preliminar, las siguientes preguntas:

¿SÍ o NO se compromete con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-?

¿SÍ o NO tendrá en cuenta el mapa de riesgos planteado por el Foro Económico Mundial para los próximos 10 años?

¿SÍ o NO sacará adelante los compromisos con la OCDE?

¿SÍ o NO está usted de acuerdo con el aborto bajo cualquier circunstancia?

¿Sí o NO está usted de acuerdo con la pena de muerte?

¿SÍ o No está usted de acuerdo con la libre elección de la opción de la eutanasia?

¿SÍ o No, restablecería inmediatamente las relaciones diplomáticas con Venezuela?

¿SÍ o NO restablecería las relaciones diplomáticas con Cuba?

¿SÍ o NO aplicará la paridad de género en su gabinete?

¿SÍ o NO lideraría una campaña mundial por la legalización de las drogas?

¿SÍ o NO está dispuesto a impulsar el Acuerdo de Paz con las FARC?

¿SÍ o NO tendería puentes de diálogo con el ELN?

¿SÍ o NO autorizaría el uso de fumigaciones con glifosato?

¿Sí o NO autorizaría la explotación minera en los páramos?

¿SÍ o NO apoyaría el uso del fracking?

¿SÍ o NO impulsaría una reforma estructural al Congreso de la República?

¿SÍ o NO apoyaría la idea de tener un Congreso unicameral?

¿SÍ o NO impulsaría una reforma estructural a la justicia?

¿SÍ o NO impulsaría un cambio estructural de los impuestos en Colombia?

¿SÍ o NO promoverá las alianzas y coaliciones necesarias en el Congreso con sujetos de comprobada mala conducta?

¿SÍ o NO destituirá inmediatamente a los funcionarios de su gobierno que realicen actos ilegales?

¿SÍ o NO va a vender los pocos activos que le quedan al Estado?

¿SÍ o NO le mentirá al país como lo han hecho los candidatos en períodos anteriores anunciando que durante su gobierno no habrá reformas tributarias?

¿SÍ o NO impulsará el tránsito de las Fuerzas Militares y de Policía de un concepto de Seguridad Nacional -donde los enemigos son internos- a un estado de Defensa Nacional -defensa de la Soberanía Nacional-?

¿SÍ o NO sacará de la pobreza y del atraso al Departamento del Chocó?

¿SÍ o NO se compromete a cuidar y proteger nuestro territorio insular, llevando presencia del Estado en todos los campos?

¿SÍ o NO se compromete a impulsar una verdadera reforma agraria?

¿SÍ o NO se compromete a respaldar la aplicación de la Ley de restitución de tierras?

¿SÍ o NO dejará sin terminar los miles de obras inconclusas que hay en el país?

¿SÍ o NO se compromete a financiar la educación pública en todos los niveles para todos los colombianos?

¿SÍ o NO utilizará los cargos diplomáticos para pagar favores políticos?

¿SÍ o NO se compromete a promover e instrumentar el mandato constitucional de la descentralización con autonomía fiscal?

¿SÍ o NO se compromete a que durante su gobierno no morirá un solo niño de hambre?

¿SÍ O NO presentará al Congreso un proyecto de reforma al sistema de salud eliminando las EPS?

¿SÍ o NO garantizará la independencia de los órganos de control?

¿SÍ o NO, respetará las decisiones de las altas cortes sin utilizar la gastada frase: “la respeto y la acato, pero no la comparto”?

¿SÍ o NO liderará una reforma pensional sin importar el desgaste político?

¿SÍ o NO gobernará a nombre propio y no de sus padrinos y patrocinadores?

¿SÍ o NO respetará y hará respetar los estatutos de la oposición sin acolitar “jugaditas”?

¿SÍ o NO respetará y hará respetar la libertad de prensa sin ejercer ninguna forma de censura directa o indirecta?

¿SÍ o NO, expedirá otros nuevos e inútiles estatutos anticorrupción y estatutos antitrámites?

¿SÍ o NO utilizará los canales públicos para promover su imagen a costa del presupuesto nacional?

A partir de aquí amable lector, precise usted sus propias preguntas e inquietudes.

 

NOTA: recordemos a Alejandro Magno cuando decía: “De la conducta de cada uno depende el destino de todos”.

De cara al porvenir: el relevo

Por Pedro Juan González Carvajal*

Mientras los mismos con las mismas ya comienzan a organizar su espectáculo para la próxima campaña electoral para la Presidencia de la República, ofreciendo todos lo mismo, es decir nada que solucione o al menos intente solucionar los problemas estructurales del país, han venido consolidando su presencia en varios campos, colombianos nuevos, frescos, preparados, que ojalá no sean simplemente incorporados a los distintos gabinetes como comodines o como “fusibles”, sino que puedan tener la posibilidad, si así lo desean, de ocupar los más altos cargos del país, o al menos sean tenidos en cuenta por sus pensamientos, diagnósticos, críticas y propuestas, que en la mayoría de los casos, como diría Bolívar, “aran en el mar”.

Menciono solo algunos nombres, reconociendo de entrada que quedan faltando muchos: Juan Pablo Ortega, Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria, Mauricio García, William Ospina, Karen Abudinen, María Paz Gaviria, entre aquellos que, dentro de su campo específico, podrían asumir las riendas de un país donde algunos se atornillan al poder y otros simplemente lo usan para su propio beneficio, con las pocas excepciones propias de cualquier actividad humana.

Lo que sí es positivo es que existe materia prima nueva no contaminada, como ha sucedido siempre a través no solo de nuestra historia, sino de la historia misma de la humanidad.

Se ufanan las autoridades de todos los niveles de la disminución, el pasado año, de homicidios, lesiones personales, secuestros, accidentes de tránsito y otra serie de delitos y crímenes que tradicionalmente nos agobian. Lo presentan como logro de sus gobiernos, lo cual no es cierto, ya que están omitiendo un pequeño detalle: el 2020 ha sido un año atípico por la pandemia y durante casi medio año hemos estado semi encerrados, lo cual genera condiciones que no propician este tipo de crímenes. Es bueno saber cómo ha crecido la violencia intrafamiliar, los abusos con menores y mascotas, y todo aquello asociado con la intolerancia, sin dejar de tener en cuenta los exterminios y masacres que no tienen control por parte del gobierno.

Crudísima la ola invernal que nos agobia por estos días. Se siguen presentando inundaciones en algunos sectores recurrentes de nuestra ciudad, así como tragedias por deslizamiento en sectores también previamente diagnosticados.

¿Mal dimensionamiento de las redes de alcantarillado? ¿Falta de mantenimiento de las redes de alcantarillado? ¿Mal comportamiento ciudadano en el manejo de las basuras y los escombros? ¿Desidia gubernamental o incapacidad para evacuar oportunamente a la gente que habita en lugares de más alto riesgo?

Respuestas no hay, disculpas, afectados y muertos sí.

Por estos días se vuelve a mencionar un trayecto dentro de nuestras carreteras que hace decenios fue todo un hito en las competencias ciclísticas: La subida al Páramo de Letras. Resuenan en mis oídos las transmisiones de Julio Arrastía Bricca, acompañado por Alberto Piedrahíta, donde se narraba la epopeya de un Cochise Rodríguez, montado sobre su “caballito de acero”, que no tenía nada que ver con las sofisticadas ciclas de hoy.

De Mariquita al Páramo de Letras hay 80 kilómetros de pendiente continuada. Deberíamos aprovechar nuestro buen nivel ciclístico internacional para promover una jornada mundial de escaladores, con este trayecto, la subida al Alto de Minas, una crono etapa a Santa Helena y otros tantos circuitos montañosos que merecen ser desafiados y/o padecidos por los mejores del mundo.

NOTA: Mis mejores deseos por un año 2021 más generoso que el 2020.

Decisiones

Por Antonio Montoya H.*

Desde pequeños a todos nos enseñan en el hogar y en el colegio a tener herramientas para ir aprendiendo en el trascurso de la vida a tomar decisiones que obviamente van de menos a más y que, en la medida de las circunstancias, pueden tener consecuencias positivas o negativas, las cuales además de afectar a la persona que las toma, pueden, en otras circunstancias, incidir en la vida de toda una comunidad de una manera negativa, como sucede actualmente.

En Colombia, en estos momentos estamos viviendo unas circunstancias especiales con relación al mandato que ejercen actualmente los alcaldes y gobernadores de nuestro país, tanto los de las grandes capitales como las alcaldías de pequeñas ciudades, en donde las decisiones del año 2019 que se tomaron en forma racional, pasado apenas un año, han cambiado radicalmente, por diversos motivos. Los ciudadanos quieren revocar ese mandato, se han dado cuenta de que entre lo que decidieron en su momento y la realidad actual hay abismales diferencias, no se cumplieron los sueños, los programas y las promesas fueron olvidadas, los planes de gobierno simplemente se cambiaron, los independientes no resultaron serlo y los otros, que representaron posiciones políticas de izquierda o de derecha, no estaban preparados para gobernar.

Me dirán algunos que la causa de todo ese incumplimiento de los compromisos adquiridos es por causa de la crisis originada por el virus del covid-19, pero la realidad es que no. No se puede garantizar que en el periodo de gobierno que le corresponda al elegido todo sea color de rosa, por el contrario, uno se debe preparar para gobernar en tiempo de crisis, porque el talante, la responsabilidad, la creatividad y la honestidad, deben estar siempre presentes en todas las circunstancias sean estas positivas o negativas. Lo que vemos hoy en los gobernantes es que parece que están en un circo, dando espectáculo diariamente, controvirtiendo todo, en conflicto con la comunidad y gobernando por Twitter; así no se genera respeto hacia la comunidad, ni él mismo se gana el reconocimiento. Se requiere trabajar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y estabilizar las ciudades con decisiones reposadas, analizadas y de largo plazo.

Por tales circunstancias los ciudadanos están hastiados, no creen en nada, no hay gobierno, solo conflicto, no se actúa con serenidad, se burlan por las redes de los que opinan diferente, es pues un caos el que vivimos.

Por todo ello, en buena hora tenemos una democracia participativa, en la que en todo momento el ciudadano continua analizando, pensando y actuando, que además, fundamentada en la Constitución del 91, donde se constituyó la figura de la revocatoria del mandato una ves cumplido el primer año de gobierno, permite, previo cumplimiento de requisitos ya conocidos en las redes sociales, iniciar los procesos revocatorios de los mandatarios elegidos popularmente, eso sí permitiendo el derecho a la defensa o a la réplica en audiencia pública y luego sometida a votación.

Los procesos revocatorios más sonados son los de Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Cartagena, pero están en camino otros 28 más, lo que indica que haber consagrado esta figura en la Constitución fue un acierto, evita que el que viene realizando una mala gestión se mantenga en el cargo hasta el fin de su mandato.

En Medellín, ese proceso está en marcha y el 25 de este mes de enero se dará, mediante la virtualidad, la audiencia pública en las que se darán a conocer las razones para solicitar la revocatoria y el alcalde o su delegado podrá defenderse. Luego se entregarán los formularios para que los ciudadanos en las urnas tomen la decisión de revocar o no y para ello, se requieren 92.000 firmas válidas. Creo que con las decisiones diarias que toma el alcalde, la falta de criterio, el perjuicio para la ciudad, los motivos que se aducen que ya pasan de los 50, está favoreciendo el crecimiento del descontento ciudadano y por consiguiente estamos próximos a demostrar que requerimos ciudadanos y gobernantes idóneos para desempeñar el cargo y representar dignamente a la sociedad antioqueña, que tiene tradición, principios y valores, y defiende la institucionalidad y la gobernabilidad. A las urnas.

De cara al porvenir: de caudillos y malos perdedores

Por Pedro Juan González Carvajal*

Cuando parecía que el bestiario estaba completo o que los países desarrollados estaban exentos de fenómenos propios del trópico, apareció en la tierra de la democracia y de las sólidas instituciones, un caudillo digno del tercermundismo.

No es del caso analizar los resultados del gobierno de Trump pues ese ejercicio corresponde a los norteamericanos y, además, con seguridad, como todo gobernante, tendrá muchos asuntos pendientes, pero también importantes logros. ¡Si hasta los últimos presidentes de Colombia han tenido algunas cosas buenas!

El análisis radica, más bien,  en la postura de caudillo tropical que ha asumido en su cuatrienio de gobierno, su desconocimiento de la institucionalidad y de tradiciones sagradas para el pueblo de los Estados Unidos y la penosa actitud frente a los resultados electorales, atrincherándose en la Casa Blanca y negándose a reconocer su derrota, aferrándose a un fraude que solo existe en su realidad virtual en la cual desde hace ya meses, había empezado a plantear que le iban a robar las elecciones, posiblemente previendo que los votantes iban a reaccionar frente al errático manejo de temas tan delicados como la pandemia y que los medios de comunicación iban a enfilar sus baterías en su contra luego de cuatro años de malos tratos.

El precedente que está sentando Trump es doloroso para Estados Unidos y peligroso para el resto del mundo. Si en el país emblema de la democracia un presidente se niega a aceptar el resultado de unas elecciones, ¿que podrá pasar en los países latinoamericanos? ¿Con cuál autoridad moral se podrá exigir a Maduro, Ortega y etcétera que acepten un resultado que les sea adverso? ¿Cómo impedir que la estrategia de Trump de sembrar dudas sobre el proceso electoral aún antes de que este se inicie, se generalice en el planeta? ¿Cómo reprochar a cualquier gobernante que se niegue a reconocer que su tiempo terminó y que tiene que desalojar su casa temporal, para permitir que la ocupe quién lo ha de suceder?

Las reglas de la democracia son claras, aún en un sistema complejo como el de los Estados Unidos y no pueden ser buenas cuando se gana y malas cuando se pierde. No se puede tratar un sistema democrático con la simpleza de un partido de fútbol: si el VAR decreta penal a favor de mi equipo en el último minuto del partido, que viva el VAR; si lo decreta en nuestra contra, que quiten el VAR.

Y, acercando el tema a nuestro contexto, resulta francamente de quinta que una interesante figura como la revocatoria del mandato que nunca ha sido utilizada con seriedad en nuestro país, se trate de utilizar por parte de malos perdedores, para tratar de desconocer un mandato legítimo que se otorgó a determinada persona. Para la revocatoria del mandato no tiene la menor importancia si quien fue elegido me gusta o no me gusta, si estoy de acuerdo con sus posturas ideológicas o no, si comparto sus decisiones o su estilo de gobernar o no. Esa importante forma de participación ciudadana no puede ser utilizada para que los movimientos políticos perdedores traten de compensar el error de designar candidatos mediocres e ineptos.

En lugar de desgastar a la democracia y la ciudadanía con iniciativas absurdas podrían empezar a diseñar una propuesta seria para el próximo proceso electoral y definir la manera de seleccionar candidatos que, primero, sepan hablar y articular tres ideas seguidas y, en segundo lugar, que tenga las condiciones de experiencia, conocimientos y solvencia en todo sentido, que nuestra sociedad necesita.

Costos electorales y corrupción

Por José Alvear Sanín*

En vez de costosas e inútiles pantomimas, como una consulta popular para prohibir lo que ya estaba prohibido, el país requiere medidas enérgicas y de fondo contra la corrupción.

Rememoro la pobreza, austeridad y honestidad de la política colombiana desde los orígenes de la República hasta bien entrado el siglo XX, y siento angustia cuando comparo ese pasado con los niveles de corrupción que deforman actualmente su ejercicio.

Algo verdaderamente escandaloso es el costo que ha alcanzado a hacerse elegir. Las cifras que se barajan son aterradoras. Posiblemente hay exageración cuando hablan de mil o dos mil millones para alcanzar una curul en el Congreso, o de centenares de millones para un diputado o un concejal en las grandes ciudades. Todos nos preguntamos cómo es posible gastar en la campaña más de lo que se percibe por dietas y adehalas en la totalidad del periodo.

Por desgracia, esas cifras, aun reducidas al 50%, al 75% o aun al 1%, son inaceptables, porque a las corporaciones públicas debe llegarse por preparación, capacidad y méritos.

Recuerdo que cuando algo tuve que ver con las finanzas del Directorio Conservador de Antioquia, este se sostenía con pequeñas contribuciones de los empleados públicos y de los elegidos en nuestras listas, y que cada cuatro años, para las elecciones generales, rifábamos un automóvil. Los aspirantes recorrían el departamento en sus propios vehículos o en bus, y pagaban de su bolsillo los modestos hoteles de pueblo. Los concejales servían ad honorem, y las dietas parlamentarias eran exiguas. Nadie pensaba en enriquecerse con la política, y esta, por el contrario, empobrecía.

A pesar del clima austero y patriótico de este ejercicio, a veces se presentaban aprovechamientos indebidos, pero eran tan escasos como ahora los políticos probos.

En algún momento, tal vez coincidiendo con el auge mafioso del último cuarto del siglo XX, la política empezó a degradarse y a ella comenzaron a asomarse contribuciones de capos y de grandes intereses económicos. Se pensó entonces en la financiación oficial de los partidos y movimientos. No sé de dónde copiaron aquello de la reposición de gastos en función del número de votos contabilizados por cada grupo o candidato, pero el remedio resultó peor que la enfermedad.

En efecto, las sumas que se fijan como topes son tan abultadas como desproporcionadas, pero no colman los presupuestos de los aspirantes, de tal manera que al lado de una reposición de gastos más o menos bien sustentada, existe una “financiación” paralela, a cargo de constructores, concesionarios, multinacionales del soborno, urbanizadores, magnates, mafiosos, contrabandistas, usureros y de toda clase de interesados en maniobras, leyes, contratos y chanchullos, que se reclaman como contraprestación por esas “inversiones electorales”. Esto también ocurre, de manera especialmente preocupante, con los aspirantes a alcaldías y gobernaciones, cuyas campañas también son estrambóticas.

No vale la pena citar las cifras autorizadas, ni ponderar las “extralegales”, porque de lo que se trata es de reclamar el regreso a una política austera y moralmente satisfactoria, para lo cual los partidos y movimientos deben elegir a las personas preparadas y honestas que ahora no pueden asomarse a la ella.

Desde luego, es necesario que los electores conozcan lo que los candidatos piensan, representan y ofrecen, pero eso no se consigue con las caritas sonrientes en los infinitos afiches y en las estúpidas vallas, ni con los lemas tontos, la propaganda política pagada y chillona en radio y tv, los volantes que van a la basura, los costosos vuelos en aviones fletados, los grandes hoteles, bailes y banquetes de los aspirantes. En vez de discutir con ideas los problemas nacionales, se presenta un hostigante exceso propagandístico, poco o nada motivador, y por eso muchos proceden luego a la compra de votos, práctica cada día más extendida, que tiene mucho que ver con el costo astronómico de las campañas.

Para que el elector escoja bien, en conciencia, hay que eliminar todo ese ruido y presentarle a los candidatos, cara a cara, sin la costosa deformación de la vergonzosa propaganda política actual.

Nada más fácil ni menos costoso, si reducimos las campañas políticas a apariciones en tv y al esfuerzo individual de sus aspirantes, puerta a puerta y plaza por plaza.

No existe ya nadie que carezca de ese medio, y por eso el gobierno debe otorgar a todos los partidos tiempo razonable para la exposición de sus programas, teniendo en cuenta tanto el peso electoral de estos como la conveniencia de ventilar nuevas opciones de manera equilibrada, porque no es admisible que se privilegie al partido gobernante o a advenedizos procedentes de la subversión y el crimen. Este es un ejercicio difícil, pero tan posible como conveniente, porque lo inadmisible consiste en seguir dilapidando recursos, tolerando contribuciones off the record y convirtiendo la política en un coto cerrado al que solo se pueden presentar quienes tengan billete y más billete.

En cambio, los partidos deben financiarse con donaciones razonables, deducibles de la renta bruta, procedentes de una amplia base de afiliados, en vez de depender de las enormes sumas que ahora les otorgan el presupuesto y oscuros y multimillonarios donantes.

De paso hay que rechazar que el grupúsculo FARC (con 50.000 electores) reciba del Tesoro Nacional más dinero que los verdaderos partidos políticos. Inadmisible también que le regalen 42 emisoras, en vísperas electorales, por parte de un gobierno, obligado —no lo olvidemos—, a respetar el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y además, ningún partido, asociación, iglesia o grupo, debe tener emisoras regaladas por el Estado.

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Al doctor Santos también se le entró el elefante a sus espaldas, como al otro que tampoco se dio cuenta. Ambos se enteraron por la prensa… y por eso no se les puede exigir responsabilidad penal alguna. La diferencia entre estos dos ingenuos reside en que Samper limitó el mecanismo de la mermelada a los congresistas, y por esa razón los medios no lo encubrieron, en tanto que Santos les untó la tostada a unos y otros, y así pudo avanzar viento en popa hacia fines aun más perversos que los de su precursor.