Ante Petro, ¿tolerancia?, ¿resignación?, ¿aceptación?

José Alvear Sanín

La clase política y los dirigentes gremiales, que forman el establishment, constituyen el único sector informado de la sociedad colombiana que no grita “¡Fuera Petro, fuera Petro!” ...

Los grandes dirigentes políticos, con excepción de los doctores Andrés Pastrana y Enrique Gómez, guardan “prudente silencio” frente a los avances incesantes del proceso narco-revolucionario, y ante los desatinos, amenazas, locuras y vulgaridades de quien ocupa la jefatura de un Estado proyectado al caos institucional y económico.

Nadie conoce mejor que ellos lo que significa, en términos de opresión y hambruna, una revolución comunista. Por eso mismo no es excusable la tolerancia con la que nuestro establishment responde a los disparates, dislates, amenazas, insensateces, barbaridades y despropósitos legislativos de Petro. También es intolerable la omisión de toda protesta, a medida que avanzan el control territorial por parte de los movimientos subversivos armados, y el caos económico propiciado por el Gobierno.

Contrariando la situación real, business as usual parece ser la consigna de quienes, resignados ante la pérdida del poder, no tienen preocupación distinta a conservar algunos jirones de influencia o de proficuos negocios. Por tanto, no se hace la unión indispensable, patriótica, generosa y, sobre todo, urgente, para que se unifiquen todas las fuerzas democráticas bajo un único líder capaz de conducirlas al triunfo, si hay elecciones libres y respetadas en 2026...

En cambio, con cada jefe por su lado y con docenas de candidotes, el país va a repetir muy probablemente la tragedia de 2022.

La única y remota esperanza de que Petro caiga reside en el Consejo Nacional Electoral (CNE), porque si algún día se aprueba la acusación por la astronómica violación de los topes, se abre la posibilidad de que opere el Artículo 109 de la Carta. Pero el CNE está solo: la dirigencia política no se manifiesta en su apoyo, y los grandes medios callan sobre el asunto. ¿Será que el CNE está amedrentado? ¿O teme provocar una repotenciada primera línea que, formada por terroristas, incendiarios y mingas, salga de la Universidad Nacional para propinarle al país el autogolpe petrista?

Pensar que se derrotará al comunismo con el ejercicio político de corte tradicional es propio de bobalicones ingenuos, o de quienes se resignan a salvar lo que se pueda en los dos años venideros, para vivir luego en el exterior o en componenda con el subsiguiente régimen castro-petrista.

Quizá por esa actitud, no existe oposición real al Gobierno, ni política ni gremial.

En vez de organizar congresos de defensa empresarial, se sigue invitando a Petro a las asambleas gremiales, a las que acude para proponer locuras y agredir a los medrosos ejecutivos, ¡que siempre manifiestan su disposición de “colaborar” y “dialogar” con el Gobierno...!

Y en el Congreso se da curso a los proyectos más disparatados, en la esperanza de corregirlos “un poquito” ...

¡Los parlamentos, contrariamente a lo que se cree, no son para expedir muchos estatutos, sino para impedir que las iniciativas absurdas se conviertan en leyes!

Proyectos horrorosos, como la reforma a la salud y la laboral, la jurisdicción agraria, la segunda “Ley de financiamiento” de este Gobierno, y la de seguridad digital para censurar la información y aislarnos del mundo, siguen su trámite como si se tratase de iniciativas normales y razonables. Entre manipulación y mermelada, terminarán como leyes de la república para acabar con el modelo de libertad individual y empresarial.

Los proyectos aberrantes no merecen deliberación alguna, pero un Congreso mediocre (por decir lo menos), es incapaz de abortarlos antes de que sean expedidos para dañar irremisiblemente al país.

Enrique Gómez Hurtado (estadista menos conocido que Álvaro, pero más antipático) decía que en el Derecho Público no existe borrador, porque cuando un absurdo se convierte en ley sigue perjudicando siempre...

Los jefes políticos democráticos están en mora de exigir a sus bancadas el cese de toda actividad legislativa diferente al control político y las mociones de censura a los integrantes de la inepta y cleptocrática recua que nos desgobierna.

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Con la complicidad de la gran mayoría de los senadores, Petro se hará a su procurador de bolsillo, mientras le llega el turno a la junta del Emisor.

Entrevista con Martín Emilio Cardona

En la entrevista de la semana de El Pensamiento al Aire hablamos con el doctor Martín Emilio Cardona, el hombre que sacó del Senado a Roy Barreras, también tumbó la elección de Ángela María Robledo en la Cámara y de Álex Flórez en el Concejo de Medellín. Aquí nos habla sobre estos procesos y de su ejercicio profesional. No dejes de verlo.

Es antioqueño, abogado y especialista en derecho administrativo de la Universidad de Medellín. Profesionalmente se desempeñó como concejal de su municipio natal, Cisneros, diputado del departamento de Antioquia por el Partido Conservador en el 2000, y conjuez del Tribunal Administrativo de Antioquia.

¿Invisible mano judicial?

Por José Alvear Sanín*

Desde la Colonia, en Colombia ha habido un poder judicial caracterizado por una lentitud pasmosa. Aquello de que “la demora en la justicia es la mayor injusticia”, no ha rezado nunca con nuestros falladores.

Bien que mal, entre 1821 y el Acuerdo Final de 2016 la justicia era una de las tres ramas del poder público. Se concebía como independiente frente al ejecutivo e imparcial frente a los que a ella acudían. Sus decisiones se presumían ajustadas a derecho y, por tanto, eran predecibles. Además, por aquello de la tridivisión del poder, no invadía las esferas de competencia de los otros dos, el legislativo y el ejecutivo.

Después del llamado “Acuerdo Final”, la justicia se transformó. Por un lado apareció una jurisdicción espuria, a cargo de magistrados escogidos por agentes extranjeros, encargada de fallar a favor de un grupo subversivo y en contra de los que habían defendido al Estado. Esa fue la reforma explícita, pero paralelamente se presentó, de hecho, una reforma implícita, que consistió en llevar a las llamadas “altas cortes” magistrados comprometidos con un proyecto político de extrema izquierda: poco a poco, estos señores hicieron mayoría y luego colocaron individuos de igual calaña en tribunales y juzgados.

En realidad, quien haya observado el sesgo político que impera en el poder judicial, puede concluir que actualmente este se parece a una obediente pirámide jerárquica, cuando antes los diferentes despachos carecían de coordinación funcional.

El mismo observador puede también concluir que la justicia colombiana es bifronte, como Jano. En efecto, los mismos despachos que dejan envejecer por años los negocios, actúan con pasmosa celeridad para producir resultados políticos favorables a la izquierda. Sea ante el más humilde juez de tutela o ante la más encumbrada corte, si lo que se demanda sirve a la revolución, el correspondiente fallo no tarda.

Sin embargo, la huella de cinco siglos de independencia judicial es difícil de olvidar, y entonces todavía algunos acuden a la justicia esperando un fallo legítimo, pero una y otra vez se llevan un palmo de narices, porque se resuelve, con pruebas, sin ellas, o contra ellas, siempre en favor de la izquierda. Esta ha avanzado más en los juzgados que en los sufridos campos de Colombia.

La aprobación judicial del Acuerdo Final, contra la voluntad del pueblo soberano, llevó a las FARC al centro del poder que no habían conseguido por las armas en el medio siglo anterior.

También el observador puede recordar cómo ya no se puede fumigar narco cultivos, ni explorar yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Asimismo, se condena al Estado a indemnizar los daños causados por las bandas subversivas. La extradición de comandantes narcoguerrilleros se traba hasta que logren fugarse, y así sucesivamente. Con docenas de fallos impredecibles y sorprendentes, se acerca el colapso jurídico en un país donde es prácticamente imposible gobernar, por la interferencia abusiva de las cortes, que cada día invaden más áreas.

Si alguien es rotulado como “de derecha”, tiene asegurada la condena, pero si es “progresista”, tiene expedita la absolución, la preclusión o la ceguera judicial.

El caso de Andrés Felipe Arias es especialmente preocupante. Fue condenado a 17 años de cárcel por una posible equivocación de tipo administrativo. Luego, solicitado en extradición invocando un tratado no vigente. Más tarde le fue negada la segunda instancia a la que todos tienen derecho. Y a pesar de esta haberle sido reconocida por una autoridad internacional indiscutible, tendrá que seguir esperando largos años antes de que se le fije fecha para audiencia.

No quiero referirme a la negativa de decretar la preclusión en el caso del expresidente Uribe Vélez (solicitada por Fiscalía y Procuraduría), porque la extraña resolución, ladina, acomodaticia y sin precedentes, causa estupor. ¡Pobre juececita! ¡Si llega a fallar en derecho, puede despedirse de su futuro en la rama!

Ahora bien, he empezado con aquello de la invisible mano judicial, porque revisando tanta actuación política eficaz observo que hay un hilo conductor, un derrotero inexorable, un propósito implícito y una coordinación inocultable para que la justicia actúe monolíticamente dentro de la senda revolucionaria. ¿Actuará también en la densa sombra un grupo de hábiles abogados que suministran a los jueces esos sorprendentes y calculados fallos?

Con sobrada razón Lenin eliminó la independencia judicial para transformar a los jueces en agentes políticos, sometidos a las consignas del partido.

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A 27 días de la primera vuelta el problema ya ni siquiera es Vega. Nadie ha “auditado” el misterioso algoritmo, no habrá tiempo para hacerlo ni lo revisarán expertos intachables. El fraude no se elimina con los cambios cosméticos anunciados para el formulario E-14, ni con afirmaciones de que hay que confiar en las buenas gentes de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, como finalmente le respondieron al Dr. Pastrana Arango. Estamos, pues, indefensos frente al posible fraude electrónico. ¡Quien pierde en las urnas puede ganar en la Registraduría!

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El artículo “Catástrofe en cámara lenta”, de Luis Guillermo Vélez Cabrera, en La República, es de obligatoria lectura para comprender lo que pasará si Petro es presidente.  http://www.lalinternaazul.info/2022/04/30/catastrofe-en-camara-lenta/

Personería... Prevaricato... Petro

Por José Alvear Sanín*

Para entender temas fundamentales del derecho nada mejor que ciertos aforismos. Uno de ellos dice que la ley no tiene corazón y que el magistrado que le presta el suyo prevarica. En consecuencia, cuando se falla por simpatía, amistad, militancia política, obediencia, coima, etc., el juez prevarica porque tuerce, tergiversa o contradice o abusa de la ley.

En Colombia, desde hace algunos años venimos acostumbrándonos al prevaricato, porque se suceden los más escandalosos e inconcebibles fallos para favorecer a ciertos personajes y grupos políticos en su camino hacia el poder, mientras a otros se niega sistemáticamente el reconocimiento de sus derechos.

El activismo judicial ha convertido esa rama del poder público en un eficaz mecanismo al servicio de la extrema izquierda revolucionaria, porque las “altas” cortes, y muchas de las que de ellas dependen, han sido copadas por individuos comprometidos en la subversión ideológica.

La más reciente sentencia de orden político es la del pasado 17 de septiembre, de la Corte Constitucional, que falla a favor de una tutela presentada por Gustavo Petro para que su grupo, “Colombia Humana”, sea reconocido como un movimiento representativo de ciudadanos, en contra de repetidos pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral, la entidad legalmente llamada a otorgar, o negar, dentro del ordenamiento, la personería jurídica a las formaciones políticas.

La absurda tutela presentada por Petro ya había sido negada el 29 de enero de 2019, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en la apelación por el Consejo de Estado, el 14 de marzo siguiente, precisamente por dos tribunales que poco se han distinguido por su imparcialidad política.

Finalmente —¡vaya sorpresa!—, la Corte Constitucional seleccionó esa solicitud de Petro, y por ocho votos contra 1 se lleva de calle la legislación electoral, para favorecerlo con una inesperada personería jurídica, que le abre las puertas de copiosa financiación del erario y le permite repartir avales y formar listas para Congreso, sin tener en consideración otras opiniones.

En esos vitales asuntos, Petro ya no tendrá que someterse a los engorrosos, costosos y lentos procedimientos de otros grupos, esos sí “significativos”, de ciudadanos que tratan infructuosamente de superar los numerosos escollos legales que hacen bien difícil su expresión.

El voto disidente fue del magistrado Lizarazo, hasta ahora el peor de la Corte Constitucional, quien no objeta el fondo de la personería para Petro, sino la forma como le fue entregada…

El impulso que recibe Petro con esa personería es incalculable, tanto en cuanto le favorece como en lo que representa en detrimento de quienes se le enfrenten tardíamente y en condiciones de inferioridad… ¡Así, Petro arranca con todos los fierros, seis meses antes que los demás!

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Carlos Ochoa Martínez. El 22 de septiembre falleció —después de penosa enfermedad— el historiador que hacía poco, con La grandeza trágica de Bolívar, había interpretado las horas más amargas del Libertador en un texto sobrio, elegante y profundo, publicado justamente por la Sociedad Bolivariana, de la cual era miembro, así como de la Academia de Historia del Valle.

Carlos, a pesar de una larga vida fuera de su natal Tuluá —en Medellín, en el exterior y sobre todo en Bogotá—, nunca descuidó su terruño, para el que motivó iniciativas culturales, escribió biografías de coterráneos ilustres y deliciosos recuerdos de juventud. Fue siempre el mejor, más generoso y sincero amigo. Durante los larguísimos años de nuestra amistad nunca tuve queja alguna, ni supe de alguien que no lo apreciase.

Descanse en paz el buen cristiano, amoroso esposo, padre y abuelo, excelente ciudadano y trabajador incansable que acaba de dejarnos.

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Los alcaldes de Cali, Bogotá y Medellín son peores que la comida de la cárcel, pero pueden seguir tranquilos, acabando con todo lo que tocan, mientras tengamos el poder judicial que padecemos y la tolerancia del ejecutivo.

Pesadilla

Por Antonio Montoya H.*

Es lo que vivimos en Medellín. Creemos que no es realidad y lamentablemente sí lo es, nos despabilamos y no lo creemos, nos pellizcamos tratando de despertar y al hacerlo nos damos cuenta de que no es un sueño y nos enfrentamos a la verdad, que sí está sucediendo. Es que perdimos el rumbo en nuestra ciudad, porque el hombre que elegimos como alcalde mintió, engañó a sus propios electores y ha venido demostrando día a día que tiene un objetivo diferente al que enunció en su campaña, no busca el interés general de la ciudad y sus habitantes, sino que tiene un interés oculto previamente concebido que nos llevará al caos y al desorden.

Volver a enumerar uno a uno los hechos que demuestran el desastre, creo que no vale la pena, basta decir que no respeta al sector empresarial antioqueño, que lo demerita, que los y nos cataloga de ladrones, corruptos, y por ende olvida la historia y a los miles de trabajadores que han pasado por esas empresas y lograron vivir bien, obtener oportunidades para establecer una familia, y así consolidar un patrimonio con vivienda, recreación, salud y oportunidades iguales para todos.

Ningún antioqueño puede decir que su creatividad, fue o ha sido coartada en el tiempo por los gobiernos que precedieron a este alcalde, y el que lo diga miente. Los ciudadanos de Medellín son creativos, nobles, trabajadores, innovadores y futuristas, porque creen y tienen la convicción de que el día siguiente será mejor que el que pasó, no se amilanan ante la adversidad y esa percepción no se puede perder, aunque una persona que se alejó de la ciudad y regresa para acabar con ella lo crea posible.

Por pretender acabar y apoderarse de la empresa insignia de Antioquia, de las demás empresas grandes y pequeñas que nos pertenecen y muchas otras cosas ya conocidas, varios líderes iniciaron desde finales del año pasado la conformación de grupos que pretendían iniciar el proceso revocatorio del alcalde y a fe que lo lograron, el 4 de enero del 2021, en la mañana, juntos, unidos por el mismo objetivo, presentaron ante la sede de la Registraduría de la ciudad de Medellín, el escrito en el que explicaban los fundamentos de la solicitud de revocatoria.

Una vez verificada la petición por el CNE, se citó a la respectiva audiencia pública, en la cual no dejaron participar a todos los que se inscribieron, pero se conocieron las razones de las partes, tanto del señor alcalde como del grupo promotor de la revocatoria. Allí empezó la dilación, la nefasta actuación en contra de la Constitución, de los derechos de los ciudadanos que pone en tela de juicio a esta institución nacional, que por todos los medios posibles pretende dilatar la entrega de formularios para las firmas y impidiendo continuar con el proceso revocatorio, con lo cual estos señores están incurriendo en graves faltas que debería conllevar a su destitución, por que no cumplen con las reglas, las leyes y menos la Constitución. Fuera con ellos.

Lo más terrible ocurrió el jueves pasado cuando, no sé con certeza a qué horas, se presentó un documento en la sede de la Registraduría de Medellín, aparentemente firmado por los cinco líderes de los grupos que promueven la revocatoria, en el que retiraban la petición de iniciar el proceso. No era sino una acción encaminada a desestabilizar el proceso y terminarlo. Afortunadamente, tal vez por milagro de Dios, un periodista conoció de esa información en las horas de la noche y al ver que se trataba de una falsedad, el Comité promotor presentó en conjunto un comunicado inmediato, realizó las denuncias pertinentes ante la fiscalía y convocó, en las horas de la tarde del viernes, una rueda de prensa. Obviamente se logró evitar el colapso del proceso revocatoria, pero sí queda claro que son muchos los enemigos de este y tendremos que estar atentos para defender la democracia y la Constitución.

Debe conocerse a través de videos quién presentó esa solicitud, quién la recibió y por qué en las horas de esa mañana estaban prestos a dictar una resolución terminando el proceso revocatorio.

Hay intereses en el tema revocatorio, la democracia permite ese proceso y por ende se debe respetar. Si pierde la petición de revocatoria se acepta, pero, que no utilicen la trampa para evitar la decisión en las urnas.

¿Fraude electrónico o blockchain?

José Alvear Sanín*

A espaldas del país, con gobierno desentendido y CD desorientado, avanza, por parte del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, la sigilosa implantación del voto electrónico en Colombia.

Hasta ahora, afortunadamente, el voto se ha emitido mediante papeletas que se depositaban en las urnas, y las actas de las mesas de cada puesto de votación se sumaban in situ y luego se transmitían para el cómputo oficial. Pero en las últimas elecciones, el cómputo final de resultados se contrató, por una suma astronómica, con una firma estrechamente asociada con Juan Manuel Santos. En consecuencia, ya tenemos cómputo electrónico, situación muy preocupante, pero desconocida para la generalidad de los ciudadanos.

En esas condiciones, la firma que contabiliza y consolida los resultados está capacitada para ejecutar cualquier fraude. Ese temible riesgo carece de control eficaz.

Por tanto, aun conservando la emisión manual de los sufragios, la firma puede alterar la voluntad popular y convertirse en el único elector…

El escrutinio debe, entonces, volver al organismo electoral, por motivos tanto de soberanía del Estado, transparencia e imparcialidad, como económicos, porque se viene reconociendo sumas absolutamente desproporcionadas al afortunado y bien cuñado contratista.

Es preferible tener resultados electorales confiables e impugnables, cuatro o cinco horas después del cierre de los comicios, que tenerlos poco confiables, hora y media más tarde, batiendo Colombia todos los récords mundiales en esa materia.

Para prevenir fraudes, desde hace años se viene hablando del voto electrónico, pero este no ofrece ninguna garantía. Por el contrario, se presta a la manipulación más descarada y a la eliminación de los soportes físicos. Por eso ningún país democrático lo ha adoptado.

Como ahora en Colombia, a través del cómputo electrónico, el fraude está al alcance de quien escruta, lo imperativo no es adoptar la votación electrónica, sino reformar profundamente el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, porque urge devolver credibilidad al organismo electoral.

El voto electrónico exige software y unas 100.000 terminales para sustituir las mesas de votación, sin que tan cuantiosa inversión ofrezca ninguna garantía.

Como el CNE es emanación de los partidos políticos y dispone de autonomía total, el actual registrador nacional del Estado civil es un manzanillo que no inspira confianza, ni en materia de escrutinio de los resultados en 2022, ni en lo atinente a contratación.

Las elecciones electrónicas para 2022, en las que está empeñado ese funcionario, van a requerir un jugoso contrato, al parecer de varios centenares de millones de dólares, que, además, el país empobrecido por el covid-19 no puede asumir.

Ante la amenaza aterradora de que por medios virtuales se consagre en Colombia aquello de que “quien escruta, elige”, es inadmisible que no se realice el más profundo y objetivo debate sobre ese asunto, máxime cuando se sabe que tras del mismo van firmas sospechosas, como las que organizaron el fraude permanente en las elecciones venezolanas.

Desde luego, la manipulación electoral es aun peor que el despilfarro, como el que puede significar la adquisición de una inmensa cantidad de equipos para usar cada cuatro años. En todo caso, la autorización de ese gasto no puede depender del arbitrio del CNE, organismo politizado y santista, y de un registrador cuestionable. La autonomía presupuestal de esos organismos es inadmisible.

Después de toda esta alerta sobre los peligros y las tentaciones en la implantación del voto electrónico, conviene preguntar si existen sistemas digitales confiables. Por eso, al respecto debo llamar la atención sobre un artículo de excepcional importancia, “El voto electrónico”, de Hernán González R., aparecido el 22 de junio en El Espectador y reproducido el 23 en Debate (http://www.periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/26513-voto-electronico-en-2020).

Este columnista, uno de los mejores de la prensa nacional, advierte: ”Nada más antidemocrático y desinformado que retroceder con el voto electrónico por medio de maquinitas y empresarios, similares a los empleados para falsificar la votación en Venezuela (…)”.

A continuación recomienda estudiar la votación electrónica con la tecnología blockchain (cadena de bloques), que

(…) se presta hoy para modernizar y permitir de veras la votación segura y con la participación de todos, sin necesidad de acudir a las mesas de votación, tras una inscripción previa, utilizando un teléfono celular inteligente, una tableta o una computadora.

Considero que, aun con blockchain, no conviene la votación electrónica, por su costo y porque esta tecnología no está todavía completamente desarrollada, pero el tema debe debatirse, porque lo que es intolerable, en cambio, es seguir avanzando a ciegas hacia un sistema electoral que abriría ampliamente la puerta a la República Bolivariana de Colombia.

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La grandeza trágica de Bolívar — La Sociedad Bolivariana de Colombia acaba de publicar este libro, de Carlos Ochoa Martínez, quien es miembro tanto de esta Sociedad como de la Academia de Historia del Valle. El autor, desde Bogotá, donde vive, nunca ha dejado de ser uno de los principales promotores culturales de su ciudad natal, Tuluá, a la que ha dedicado evocadoras memorias de juventud y rescatado, en varios libros, algunas de sus figuras principales.

Esta obra no es una biografía del Libertador, aunque sigue sus pasos con precisión cronológica, sino una meditación sobre las vivencias más dolorosas de la vida breve, intensa e incansable del héroe, quien, después de independizar un tercio del Imperio Español, fracasó intentando dar a esas naciones la estabilidad institucional requerida para el bienestar de sus pobladores, que él quería convertir de súbditos en ciudadanos. Aró en el mar y edificó en el viento, porque las dictaduras militares, los continuos golpes de Estado y las guerras civiles fueron el destino de cuatro de los Estados nacidos de su espada; y Colombia, aunque poco sufrió de las primeras, pronto igualó a sus hermanas en levantamientos y luchas fratricidas.

Además de ser un valioso y bien escrito itinerario de Bolívar, que nos permite repasar los principales acontecimientos de nuestra emancipación, los capítulos finales nos descubren muchas e interesantes facetas de los postreros meses del gobierno y de la vida del padre de la patria, menospreciado, traicionado y calumniado por buena parte de sus anteriores subalternos, cuando cumplida la obra del titán, se dedican a la ambiciosa tarea de destruirla para lucrarse de los despojos, como tantas veces vemos al llegar el ocaso en la vida de los grandes hombres.