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Desde la Colonia, en Colombia ha habido un poder judicial
caracterizado por una lentitud pasmosa. Aquello de que “la demora en la
justicia es la mayor injusticia”, no ha rezado nunca con nuestros
falladores.
Bien que mal, entre 1821 y el Acuerdo Final de 2016 la
justicia era una de las tres ramas del poder público. Se concebía como independiente
frente al ejecutivo e imparcial frente a los que a ella acudían. Sus decisiones
se presumían ajustadas a derecho y, por tanto, eran predecibles. Además, por
aquello de la tridivisión del poder, no invadía las esferas de competencia de
los otros dos, el legislativo y el ejecutivo.
Después del llamado “Acuerdo Final”, la justicia se
transformó. Por un lado apareció una jurisdicción espuria, a cargo de
magistrados escogidos por agentes extranjeros, encargada de fallar a favor de
un grupo subversivo y en contra de los que habían defendido al Estado. Esa fue
la reforma explícita, pero paralelamente se presentó, de hecho, una reforma
implícita, que consistió en llevar a las llamadas “altas cortes” magistrados
comprometidos con un proyecto político de extrema izquierda: poco a poco, estos
señores hicieron mayoría y luego colocaron individuos de igual calaña en
tribunales y juzgados.
En realidad, quien haya observado el sesgo político que
impera en el poder judicial, puede concluir que actualmente este se parece a
una obediente pirámide jerárquica, cuando antes los diferentes despachos
carecían de coordinación funcional.
El mismo observador puede también concluir que la justicia
colombiana es bifronte, como Jano. En efecto, los mismos despachos que dejan
envejecer por años los negocios, actúan con pasmosa celeridad para producir
resultados políticos favorables a la izquierda. Sea ante el más humilde juez de
tutela o ante la más encumbrada corte, si lo que se demanda sirve a la
revolución, el correspondiente fallo no tarda.
Sin embargo, la huella de cinco siglos de independencia
judicial es difícil de olvidar, y entonces todavía algunos acuden a la justicia
esperando un fallo legítimo, pero una y otra vez se llevan un palmo de narices,
porque se resuelve, con pruebas, sin ellas, o contra ellas, siempre en favor de
la izquierda. Esta ha avanzado más en los juzgados que en los sufridos campos
de Colombia.
La aprobación judicial del Acuerdo Final, contra la
voluntad del pueblo soberano, llevó a las FARC al centro del poder que no
habían conseguido por las armas en el medio siglo anterior.
También el observador puede recordar cómo ya no se puede
fumigar narco cultivos, ni explorar yacimientos no convencionales de
hidrocarburos. Asimismo, se condena al Estado a indemnizar los daños causados
por las bandas subversivas. La extradición de comandantes narcoguerrilleros se
traba hasta que logren fugarse, y así sucesivamente. Con docenas de fallos
impredecibles y sorprendentes, se acerca el colapso jurídico en un país donde
es prácticamente imposible gobernar, por la interferencia abusiva de las
cortes, que cada día invaden más áreas.
Si alguien es rotulado como “de derecha”, tiene asegurada
la condena, pero si es “progresista”, tiene expedita la absolución, la
preclusión o la ceguera judicial.
El caso de Andrés Felipe Arias es especialmente
preocupante. Fue condenado a 17 años de cárcel por una posible equivocación de
tipo administrativo. Luego, solicitado en extradición invocando un tratado no
vigente. Más tarde le fue negada la segunda instancia a la que todos tienen
derecho. Y a pesar de esta haberle sido reconocida por una autoridad
internacional indiscutible, tendrá que seguir esperando largos años antes de
que se le fije fecha para audiencia.
No quiero referirme a la negativa de decretar la preclusión
en el caso del expresidente Uribe Vélez (solicitada por Fiscalía y
Procuraduría), porque la extraña resolución, ladina, acomodaticia y sin
precedentes, causa estupor. ¡Pobre juececita! ¡Si llega a fallar en derecho,
puede despedirse de su futuro en la rama!
Ahora bien, he empezado con aquello de la invisible mano
judicial, porque revisando tanta actuación política eficaz observo que hay un
hilo conductor, un derrotero inexorable, un propósito implícito y una
coordinación inocultable para que la justicia actúe monolíticamente dentro de
la senda revolucionaria. ¿Actuará también en la densa sombra un grupo de
hábiles abogados que suministran a los jueces esos sorprendentes y calculados
fallos?
Con sobrada razón Lenin eliminó la independencia judicial
para transformar a los jueces en agentes políticos, sometidos a las consignas
del partido.
***
A 27 días de la primera vuelta el problema ya ni siquiera
es Vega. Nadie ha “auditado” el misterioso algoritmo, no habrá tiempo para
hacerlo ni lo revisarán expertos intachables. El fraude no se elimina con los
cambios cosméticos anunciados para el formulario E-14, ni con afirmaciones de
que hay que confiar en las buenas gentes de la Registraduría y del Consejo
Nacional Electoral, como finalmente le respondieron al Dr. Pastrana Arango. Estamos,
pues, indefensos frente al posible fraude electrónico. ¡Quien pierde en las
urnas puede ganar en la Registraduría!
***
El artículo “Catástrofe en cámara lenta”, de Luis
Guillermo Vélez Cabrera, en La República, es de obligatoria lectura para
comprender lo que pasará si Petro es presidente. http://www.lalinternaazul.info/2022/04/30/catastrofe-en-camara-lenta/
