Demasiado tarde...

Por Luis Alfonso García Carmona

A sólo 10 días de la primera vuelta electoral para elegir presidente, no se percibe en la opinión de los colombianos una clara conciencia de lo que en esa fecha se juega el país.

Para una gran parte de los compatriotas, aunque sea doloroso reconocerlo, el tema de las elecciones no es de su agrado o los tiene sin cuidado. Prefieren que otros sean los que resuelvan por ellos, ignorando que cuando llegue el desastre no tendrán a quién acudir.

Desde hace varias décadas entregamos la educación de nuestros niños y jóvenes a la izquierda radical. No sólo en las universidades sino también a través de los maestros del sindicato comunista de Fecode. Ahora tenemos adictos al “marxismo cultural” en todos los estamentos y un semillero de vándalos para las protestas callejeras.

El establecimiento, por su parte, parece que está reaccionando a última hora apoyando la alternativa que representa la defensa de la democracia, las libertades individuales y el derecho a la propiedad privada, frente a la propuesta que abriría el camino a un narco-estado totalitario y comunista. Es una tardía respuesta, después de su connivencia con la entrega del país a las FARC a través del infame acuerdo de La Habana y del acompañamiento brindado al expresidente Santos en el desmoronamiento del país.

Mientras los candidatos y dirigentes políticos batallan por acceder al poder ejecutivo, ya desde hace años las decisiones son adoptadas por una sesgada “dictadura de la toga” que continuamente invade la órbita de las otras ramas del poder. Gran parte del Congreso quedará en las manos de una coalición de fuerzas de izquierda, lograda por el monumental fraude perpetrado el pasado 13 de mayo, y complementada con las curules que le fueron obsequiadas a cambio de nada en el funesto pacto Santos-Timochenko.

La falta de una acción contundente para erradicar el narcotráfico ha permitido que los cultivos ilícitos se cuadrupliquen a partir del pacto del farc-santismo, y que el poder de los “capos” gane terreno en casi todo el territorio nacional, hasta el extremo de que la fuerza pública sea secuestrada impunemente por un grupo de sembradores de coca.

Para mayor vergüenza, las elecciones se cumplirán en medio del peor escándalo electoral de toda nuestra historia, en el que se evidenció un gigantesco fraude, el desconocimiento de los derechos electorales, y la indiferencia del alto gobierno, las Cortes y los organismos de control que decidieron no repetir el conteo de votos, ni revisar la irregular adjudicación del manejo electoral a firmas cuestionadas, ni separar de sus cargos a los responsables.

La esperanza es lo último que se pierde, reza el refrán. Pero cuando se han subvertido todos los principios morales, éticos y jurídicos para instalar la combinación de todas las formas de lucha como práctica común, todo parece perdido. La toma del poder viene determinada por el podrido aparato electoral, la insensatez de nuestros gobernantes , la inoperancia de la justicia y de los órganos de control, el poder corruptor de las inmensas fortunas del narcotráfico, el terrorismo que impone su ley en muchas zonas del país, la complicidad de venales orientadores de opinión, la confabulación del “mamertismo” internacional dirigido por el Foro de Sao Paulo, y el discurso populista que reciben las ingenuas masas como bálsamo para sus ancestrales carencias.

Preparémonos desde ahora para lo peor. No hicimos a tiempo la tarea. Ya es demasiado tarde.

¿Invisible mano judicial?

Por José Alvear Sanín*

Desde la Colonia, en Colombia ha habido un poder judicial caracterizado por una lentitud pasmosa. Aquello de que “la demora en la justicia es la mayor injusticia”, no ha rezado nunca con nuestros falladores.

Bien que mal, entre 1821 y el Acuerdo Final de 2016 la justicia era una de las tres ramas del poder público. Se concebía como independiente frente al ejecutivo e imparcial frente a los que a ella acudían. Sus decisiones se presumían ajustadas a derecho y, por tanto, eran predecibles. Además, por aquello de la tridivisión del poder, no invadía las esferas de competencia de los otros dos, el legislativo y el ejecutivo.

Después del llamado “Acuerdo Final”, la justicia se transformó. Por un lado apareció una jurisdicción espuria, a cargo de magistrados escogidos por agentes extranjeros, encargada de fallar a favor de un grupo subversivo y en contra de los que habían defendido al Estado. Esa fue la reforma explícita, pero paralelamente se presentó, de hecho, una reforma implícita, que consistió en llevar a las llamadas “altas cortes” magistrados comprometidos con un proyecto político de extrema izquierda: poco a poco, estos señores hicieron mayoría y luego colocaron individuos de igual calaña en tribunales y juzgados.

En realidad, quien haya observado el sesgo político que impera en el poder judicial, puede concluir que actualmente este se parece a una obediente pirámide jerárquica, cuando antes los diferentes despachos carecían de coordinación funcional.

El mismo observador puede también concluir que la justicia colombiana es bifronte, como Jano. En efecto, los mismos despachos que dejan envejecer por años los negocios, actúan con pasmosa celeridad para producir resultados políticos favorables a la izquierda. Sea ante el más humilde juez de tutela o ante la más encumbrada corte, si lo que se demanda sirve a la revolución, el correspondiente fallo no tarda.

Sin embargo, la huella de cinco siglos de independencia judicial es difícil de olvidar, y entonces todavía algunos acuden a la justicia esperando un fallo legítimo, pero una y otra vez se llevan un palmo de narices, porque se resuelve, con pruebas, sin ellas, o contra ellas, siempre en favor de la izquierda. Esta ha avanzado más en los juzgados que en los sufridos campos de Colombia.

La aprobación judicial del Acuerdo Final, contra la voluntad del pueblo soberano, llevó a las FARC al centro del poder que no habían conseguido por las armas en el medio siglo anterior.

También el observador puede recordar cómo ya no se puede fumigar narco cultivos, ni explorar yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Asimismo, se condena al Estado a indemnizar los daños causados por las bandas subversivas. La extradición de comandantes narcoguerrilleros se traba hasta que logren fugarse, y así sucesivamente. Con docenas de fallos impredecibles y sorprendentes, se acerca el colapso jurídico en un país donde es prácticamente imposible gobernar, por la interferencia abusiva de las cortes, que cada día invaden más áreas.

Si alguien es rotulado como “de derecha”, tiene asegurada la condena, pero si es “progresista”, tiene expedita la absolución, la preclusión o la ceguera judicial.

El caso de Andrés Felipe Arias es especialmente preocupante. Fue condenado a 17 años de cárcel por una posible equivocación de tipo administrativo. Luego, solicitado en extradición invocando un tratado no vigente. Más tarde le fue negada la segunda instancia a la que todos tienen derecho. Y a pesar de esta haberle sido reconocida por una autoridad internacional indiscutible, tendrá que seguir esperando largos años antes de que se le fije fecha para audiencia.

No quiero referirme a la negativa de decretar la preclusión en el caso del expresidente Uribe Vélez (solicitada por Fiscalía y Procuraduría), porque la extraña resolución, ladina, acomodaticia y sin precedentes, causa estupor. ¡Pobre juececita! ¡Si llega a fallar en derecho, puede despedirse de su futuro en la rama!

Ahora bien, he empezado con aquello de la invisible mano judicial, porque revisando tanta actuación política eficaz observo que hay un hilo conductor, un derrotero inexorable, un propósito implícito y una coordinación inocultable para que la justicia actúe monolíticamente dentro de la senda revolucionaria. ¿Actuará también en la densa sombra un grupo de hábiles abogados que suministran a los jueces esos sorprendentes y calculados fallos?

Con sobrada razón Lenin eliminó la independencia judicial para transformar a los jueces en agentes políticos, sometidos a las consignas del partido.

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A 27 días de la primera vuelta el problema ya ni siquiera es Vega. Nadie ha “auditado” el misterioso algoritmo, no habrá tiempo para hacerlo ni lo revisarán expertos intachables. El fraude no se elimina con los cambios cosméticos anunciados para el formulario E-14, ni con afirmaciones de que hay que confiar en las buenas gentes de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, como finalmente le respondieron al Dr. Pastrana Arango. Estamos, pues, indefensos frente al posible fraude electrónico. ¡Quien pierde en las urnas puede ganar en la Registraduría!

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El artículo “Catástrofe en cámara lenta”, de Luis Guillermo Vélez Cabrera, en La República, es de obligatoria lectura para comprender lo que pasará si Petro es presidente.  http://www.lalinternaazul.info/2022/04/30/catastrofe-en-camara-lenta/

¿...y por qué no lo denuncia penalmente?

Por José Alvear Sanín*

En uno de sus importantes artículos, la doctora Vivian Morales, quien entre muchas posiciones destacadas ocupó la de fiscal general de la Nación, solicita a la señora procuradora general la suspensión del Registrador Vega, porque “el mecanismo de la legitimidad de la democracia no puede estar manejado por el funcionario más ilegítimo (…) los graves errores cometidos por Vega han resultado sospechosamente funcionales a Petro”. Ver: https://twitter.com/MoralesViviane?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

¡Más claro no canta un gallo!, pero gobierno, Consejo Nacional Electoral y partidos políticos se hacen los de la oreja mocha y hasta ahora, lo único que la procuradora ha hecho es anunciar una posible investigación al registrador, para la que no hay tiempo, de tal manera que, faltando apenas 35 días para la primera vuelta, se va embolatando la solución.

Por su lado, el CNE le pidió al registrador contratar “una auditoría internacional a los procesos y sistemas, a los equipos y programas de la Registraduría, para tranquilidad de los colombianos…”

El registrador, como de costumbre, no ha contestado y sigue ganando tiempo.

Aun en el caso de que se ordenase contratar dicha auditoría, 35 días no alcanzan para escoger contratista, firmar papeles, publicarlos, etc.

Ahora bien, mientras tengamos de registrador a Vega y de jefe de Informática de ese organismo a una ficha de Indra y de Gregg, nadie puede confiar en la integridad del mecanismo, porque la opinión considera que la Registraduría es la entidad más corrupta del país.

Como el registrador ha dado por largos meses indicaciones de ser “funcional a Petro”, si queremos tener elecciones libres y escrutinios confiables hay que suspenderlo, para disponer de uno incorruptible, cuya primera tarea sería escudriñar los secretos que se esconden en los algoritmos misteriosos del consorcio (¿o contubernio?) encargado de la logística y el conteo de las elecciones.

No basta con las promesas que hace el señor Vega de corregir errores. La única manera de salir de él es mediante una decisión de la procuradora Cabello, porque ella “tiene las competencias legales para suspenderlo por los errores garrafales que ha cometido en la prestación del servicio”, como lo advierte la exfiscal Morales.

Si la procuradora sigue dándole largas al asunto será tan culpable como Vega en lo que dice al entierro de la democracia colombiana.

En medio de la baraúnda, en algún momento el registrador, quizá para disimular “lo funcional a Petro”, dijo que este había dado instrucciones erróneas para diligenciar los formularios E-14, lo que habría conducido a graves irregularidades.

Esta gravísima acusación, a la que pocos han prestado atención, no basta. ¿Por qué el señor Vega no denuncia penalmente al candidato que dio las instrucciones que pudieron dar lugar a fraude? Ver el tweet de Petro el 11 de marzo de este año: https://twitter.com/petrogustavo/status/1502285257172832264

Vega quita y pone rey

Por José Alvear Sanín*

Cada día que pasa nos enteramos de nuevas e inverosímiles “irregularidades” en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Apenas horas después de las elecciones, Petro ya ubicaba todas y cada una de las mesas en las que dizque no le habían contado sus votos. Inmediatamente, la Registraduría se creyó ese cuento chino y le adicionó cerca de medio millón de votos en el “preconteo”, inflando la representación parlamentaria del tal Pacto Histórico. No le preocupó algo tan imposible como aceptar que en millares de mesas hubiera habido votos solo por ese movimiento político.

Con el fin de hacerle tragar al país tan extraña e increíble aberración estadística, ahora aparece otro medio millón de votos para sumarle al “preconteo”. Con esta nueva canastada, imposible estadísticamente hablando, se compensa la primera, pero estos recientes y milagrosos votos se reparten entre varias listas para no afectar el inflado número de congresistas de Petro.

Gobierno, Procuraduría y Fiscalía siguen cruzados de brazos. Si algún día llegan los nombres de los jurados de las veintitrés mil y pico de mesas, es posible que algún día ellos sean llamados a declarar… cuando ya todo esté consumado.

El CNE, en vez de ordenar un escrutinio verdadero de todos y cada uno de los votos depositados en las urnas —como puede hacerlo si prefiere actuar dentro del Artículo 265 de la Carta—, insiste en prevaricar negando el fraude, y sus abogados así lo manifiestan ante la tutela interpuesta por algún ciudadano aterrado, ¡de los que todavía creen en la justicia!

¡Los partidos son citados por el CNE a una reunión, y todos ellos —incluyendo el CD y el conservatismo— aceptan que no se realice el correcto recuento de la votación!

Como si todo esto fuera poco el constitucionalista Sergio Alzate, en nombre de “Colombia Transparente” denuncia ante las autoridades, con abundante acervo probatorio, cómo unos 300.000 jurados votaron dos veces el 13 de marzo. ¡La respuesta del registrador consiste en amenazar al valeroso jurista con denunciarlo penalmente!

Es imposible desconocer que la aplanadora del tándem Registraduría-CNE sigue avanzando a través de Disproel-Indra, hacia otro "preconteo", el próximo 29 de mayo.

Como si no bastara con lo anterior ahora aparece la “cereza del pastel”: ¡Un ejecutivo de Indra pasa a ser jefe de Informática de la Registraduría!, como si nada…, como si Indra no fuera una empresa cuestionada en varios países, controlada por el gobierno social-comunista español, beneficiaria a última hora de un jugoso contrato a dedo, y que recibe en su sede a un candidato colombiano, seguramente para tomarse apenas un café…

La democracia exige un mecanismo electoral confiable, imparcial, respetable, íntegro y por tanto incorruptible. Mientras en Colombia no lo tengamos, los resultados que de él salgan a nadie van a convencer.

En cambio, el país parece haber aceptado aquello de que “quien escruta elige”.

El registrador —aceptado de manera pusilánime por Gobierno, Procuraduría, Fiscalía y partidos políticos— no se va a caer. Se ha convertido, entonces, en el hombre más poderoso de Colombia, porque dispone del poder de facto de escoger al presidente. Por su pasmosa habilidad, su cinismo, su audacia y sombrías relaciones, Vega es el King maker.

Sea en primera o en segunda vuelta, la decisión del registrador será inapelable. Si declara ganador a Petro, para nada servirá la fundamentada duda de las gentes, porque la revolución arrasará con todo. Pero si se reconoce el triunfo, por escaso margen, de Federico, las bien entrenadas primeras y sucesivas filas incendiarán el país.

Faltan 43 días para la primera vuelta. Ese tiempo es muy corto, pero si el CNE, en vez de prevaricar ordenase el recuento —como está facultado para hacerlo—, se destituye al taimado y manipulador registrador y se depura el software para garantizar su transparencia, aún quedarían esperanzas para la democracia colombiana. De lo contrario…

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¡El que escruta electrónicamente, elige definitivamente!

Crónica de un exitoso fraude anunciado

Por José Alvear Sanín*

La salud de las democracias depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Si el régimen electoral es acertado, si se ajusta a la realidad, todo va bien; si no, todo va mal.

—José Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas

Pues bien, nadie, salvo el cínico registrador nacional, Alexander Vega, puede decir que en Colombia el fraude es imposible, porque existen numerosos mecanismos para blindar la pureza del sufragio.

Cuando la propia Registraduría reconoce que hubo “inconsistencias en 22.255 formularios E-14” y “posible responsabilidad penal en 5.109 mesas”, es imposible negarle eficacia a una maquinaria que sumó, tres días después del tal “preconteo”, 390.000 votos, solamente para un político, sin que se hubiera verificado, voto por voto, el auténtico resultado electoral.

Esos extraños votos del Pacto Histórico, que nadie ha visto ni contado, aumentaron súbitamente hasta 20 sus curules en el Senado, en detrimento de otros partidos cuyos votos sí son comprobables.

No se exigió, por culpa de la mayor parte de los partidos, la repetición completa y pública del escrutinio, como era necesario en vista de la multitud de hechos extraños en el proceso comicial. En cambio, bastó por parte de la Registraduría, con reconocer algunas “inconsistencias y errores” para que fueran aceptados unos resultados evidentemente trucados en beneficio de un movimiento extremista.

Nadie sabe si los 22.225 formularios E-14 tachados por la Registraduría han sido computados. Desde luego, deberían haber sido excluidos del cómputo, pero —repito— se ignora cuál ha sido su destino.

La conclusión inevitable es que los resultados de 22.225 mesas, por lo menos, son espurios, y ese número equivale nada menos que al 17 % de las mesas (¿pero son confiables los datos del 83 % restante?).

Se equivocaron entonces en materia grave el presidente de la República y la gran mayoría de los dirigentes políticos al aceptar las cifras del registrador, dando con premura y sin pruebas como buenos unos resultados nada confiables, en vez de provocar la salida (y hasta la denuncia penal) del protervo funcionario.

Sus antecedentes personales, sus viajes, las entrevistas con ciertos candidatos, los amigos, la destitución masiva de centenares de funcionarios y su reemplazo por vaya usted a saber quiénes, y sobre todo los contratos de costo astronómico otorgados a proponentes únicos, estrechamente vinculados con Juan Manuel Santos y con el gobierno social-comunista español, hacen previsible el fraude más aterrador y sin recursos viables para su impugnación. Y el carrusel de empleados entre Indra y la Registraduría…

En las elecciones de marzo 13 operó, bajo la autoridad electoral, el binomio de Fecode (que copa las mesas con jurados bien aleccionados) y Disproel (que computa y declara los “resultados”).

Dizque para corregir tanta podredumbre en la elección presidencial, se prometen algunos distractores cosméticos, como inocuas modificaciones en los formatos E-14 y el anuncio de misiones extranjeras de observación (inútiles, innecesarias y sesgadas), sin olvidar alguna capacitación para unos cuantos jurados, pero mientras opere ese mismo torcido binomio, siempre bajo Vega, los resultados nunca serán confiables.

Basta con algún algoritmo torcido para que un empate técnico se convierta en triunfo por un estrecho, pero plausible margen. ¡Con esta “estructura” para el escrutinio, Fico puede ganar en las urnas y perder en la Registraduría!

Por desgracia, a pesar de las valerosas denuncias de Andrés Pastrana, Fernando Londoño, Eduardo Mackenzie y el Foro Atenas, los grandes medios masivos y la mayoría de los partidos políticos pasan como sobre ascuas por este asunto trascendental y definitivo para la supervivencia del estado de derecho y la democracia.

Estamos a 31 días de la primera vuelta presidencial y el registrador Vega está atornillado por los presidentes de las cortes mamertas que lo eligieron, no habrá selección confiable de jurados y el cómputo lo harán los cuestionables contratistas.

¿Marchamos vendados hacia el abismo?

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Como una candidata viene prodigando un “abrazo ancestral de amor”, pregunto si ese era el que daban los vendedores tribales africanos a sus hermanos de raza, antes de embarcarlos en las naves de los compradores portugueses de esclavos.