Nos llegó el megasismo pensional

Luis Alfonso García Carmona

Mientras los esfuerzos aunados del nuevo gobierno y de la inmensa mayoría de colombianos, se concentran en la ayuda a los damnificados por el terrible terremoto sufrido por una gran parte del territorio nacional, siguen apareciendo obstáculos en el camino hacia la reconstrucción.

Y no me voy a referir a la conjura de la izquierda para hacer “invivible” el país para causarle daño al presidente electo, aunque sea incendiando vastas zonas forestales, agrícolas y ganaderas, al estilo de los más crueles bárbaros de la historia. Tampoco a la infame guerra decretada por los grupos terroristas contra la fuerza pública y las inermes poblaciones, para continuar con el sucio negocio del narcotráfico.

No se podía esperar otra cosa de los viudos del poder que vieron frustrado su abominable propósito de acabar con el país si no podían mantenerse ahí.

Pero surge ahora, con la infausta decisión de la Corte Constitucional que da luz verde a la reforma pensional petrista, un nuevo sismo, fiscalmente más peligroso que el horrible terremoto, que nos llega justamente cuando se ha develado la más profunda crisis económica y fiscal de nuestra historia.

Sabias advertencias se formularon por parte de expertos en asuntos pensionales y fiscales sobre las peligrosas implicaciones del texto aprobado a las volandas, aún sin llenar en algunos casos los trámites legales. Ninguna fue escuchada por los integrantes del Congreso anterior. Y, hay que decirlo con toda claridad, Petro no contaba con mayorías parlamentarias para aprobar este engendro. No hay otra explicación que la del soborno, bautizado eufemísticamente como “mermelada”, que sirvió para autorizar muchas de las fechorías del pasado régimen.

Las consecuencias para el país representan un incalculable daño que aún no alcanzamos a medir en su real dimensión.

Tanto los planes de reconstrucción física como los de recuperación económica y fiscal proyectados se verán afectados.

La tasa de natalidad se ha reducido en un 30 % en la presente década con respecto a la anterior, lo que indica que cada vez existirán menos jóvenes en edad laboral para sostener el sistema pensional. En lugar de resolver el problema, lo queremos agudizar entregándole la responsabilidad al Estado sin darle los recursos para hacerlo.

El traspaso obligatorio de los pensionados de fondos privados a Colpensiones, genera un enorme boquete en las finanzas públicas que deberán atender esa nueva carga afectando de paso al mercado de capitales.

Según el analista Julio César Iglesias (de Vélez por la mañana) apoyado en estudios de ANIF, además del endeudamiento público que representa el 60 % del PIB, después de la desaforada emisión de TES por arte del gobierno anterior, el traslado obligatorio de pensionados a Colpensiones alcanza el 80,2 del PIB, o sea unas 51 veces el valor de los daños causados por el sismo, ¡Una verdadera catástrofe!

Es este uno de los ejemplos clásicos de cómo han gobernado “los de siempre” a este país. Aprueban un proyecto manifiestamente nocivo para las finanzas públicas y para el futuro de la población, a cambio de un miserable plato de lentejas. Luego es avalado por la Corte Constitucional de la misma manera como los antecesores de esta avalaron el acuerdo espurio de La Habana desconociendo la voluntad del pueblo soberano.

No nos queda sino una sola esperanza: Ya no tenemos en la Presidencia a un guerrillero aliado de los delincuentes sino a un hombre probo, con voluntad política para acabar con esta descomposición moral, Abelardo de la Espriella.

En su corazón, como lo hemos constatado, lleva las necesidades y angustias de las gentes de Colombia, sin distingo por sus tendencias políticas y sabrá dar a este espinoso asunto la solución definitiva que merece. Si la Corte no ha podido entender las razones jurídicas, económicas y sociales para archivar ese funesto proyecto, será el poder constitucional con el actual congreso que cuenta con supuestas mayorías oficialistas, quien lo archive y apruebe una norma que de verdad atienda a nuestra realidad nacional. En las manos y el liderazgo del “tigre” seguimos esperanzados y estamos “firmes por la Patria”.

Colombia: esperar el caos o restaurar el orden

Luis Alfonso García Carmona

Como respuesta al clamor nacional por la separación de Petro y su cuadrilla de los más altos cargos del Estado, sintetizado en el lema “¡Fuera, Petro!” que retumba en todos los rincones de la Patria, ha acelerado el sátrapa su estrategia para dar un golpe certero a la Constitución Nacional y aprobar de inmediato todos los despropósitos que ha anunciado para disolver las instituciones, desmoralizar las fuerzas armadas, despedazar la economía y convertir en esclavos del Estado a 50 millones de colombianos.

Después de llevar a cabo 78 encuentros con participación de guerrilleros, vándalos de la Primera Línea y organizaciones afines a la guerrilla y a sus ideas, el Comité Nacional de Participación, conformado en su gran mayoría por elementos de extrema izquierda, cuenta con un borrador que será discutido con el ELN en la mesa de diálogo que se inicia el próximo 20 de mayo. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/asi-es-el-borrador-sobre-la-participacion-de-la-sociedad-en-el-proceso-con-eln/

En dicho documento que, según el régimen, contiene recomendaciones “con fuerza vinculante”, se incluyen temas relacionados con elementos estructurales del Estado; cambios en la doctrina de seguridad y reformas a la fuerza pública; sustitución del sistema político, militar, económico y ambiental; desmantelamiento de clanes políticos que controlan la vida política, económica, cultural y social; cambio del modelo extractivo; cambio en  la tenencia de la tierra; transformación de las economías “ilegalizadas”, etc., sin contar con otros documentos en preparación que ahondarán los “ejes de la transformación”. Ni más ni menos que toda una carta constitucional, completamente contraria al contenido del orden constitucional vigente.

Estamos, queridos compatriotas, ante una alteración total, ilegítima e inmediata de nuestro orden constitucional, a espaldas de la mayoría de los ciudadanos y ante la indecisión de quienes tienen como fin esencial el mantenimiento del orden constitucional, al tenor de lo que reza el artículo 217de la Constitución Política.

Ha escogido el tirano un camino expedito, donde la autoridad está concentrada en su persona. La negociación de la “paz total” con el ELN será la disculpa para darse el autogolpe. No tendrá voces discrepantes en la dirigencia política que, como se ha palpado en estos meses, se ha puesto a su servicio en el Congreso y se ha marginado de cualquier asomo de apoyo a la acción constitucional consistente en un juicio político para separar del cargo a quien fue elegido fraudulentamente, en ejercicio de lo que dispone el artículo 1109 de la Constitución Política.

Por si quedare la más remota duda sobre la legitimidad de una eventual participación militar para restablecer el orden constitucional y evitar la debacle que planea desencadenar el tirano para perpetuarse en el poder, veamos las siguientes aclaraciones extraídas del ensayo jurídico “Modelo constitucional de la fuerza pública en Colombia”, de los juristas Daniel José Vásquez Hincapié y Luz Marina Gil García:

La investigación permite concluir que el constituyente modeló la fuerza pública y en especial su misión, como instrumento para cumplir los fines del Estado y, principalmente, para mantener el orden constitucional y proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los residentes en Colombia.

La misión de la fuerza pública es de carácter instrumental, esto es, es uno de los medios o instrumentos del Estado para la consecución de sus fines (Corte Constitucional, sentencia C-872/2003). Como tal, los principios fundamentales de la norma superior legitiman y justifican su existencia permanente, tornándose inherentes y transversales a su misión de: defender y mantener, proteger y asegurar; y garantizar, lo cual se evidencia en los tres numerales que se desglosan a continuación: (…)

En relación con la defensa del orden constitucional, el tribunal Constitucional precisó:

Elementos centrales del orden constitucional lo constituye el cumplimiento pleno

(...) de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)” (art. 2^dº de la Carta) y la preservación del monopolio del uso de la fuerza y las armas en manos del Estado. (…)

El artículo 217 de la Constitución dispone que es función de las fuerzas militares garantizar el orden constitucional. Dicho orden no se limita a preservar la estructura democrática del país, sino que comprende el deber de participar activa y eficazmente (Constitución Política, art. 209) en la defensa de los derechos constitucionales de los asociados. tales derechos constituyen los bienes respecto de los cuales el Estado tiene el deber –irrenunciable– de proteger (sentencia Su-1184/2001).

Por disposición constitucional, las autoridades públicas, entre ellas la fuerza pública, tienen la posición de garante institucional de los deberes irrenunciables y propios de un Estado social de derecho. De ella, se derivan deberes jurídicos positivos (de hacer y no hacer) de seguridad y protección que incluyen precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos y libertades de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado, en los términos de la Constitución Política y las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (Corte Constitucional, sentencia Su-1184/2001). A las fuerzas militares (art. 217 Constitución Política) les corresponde: la defensa de la soberanía, (Corte Constitucional, sentencia C-048/2001), la independencia, la integridad territorial (Corte Constitucional, sentencia t-439/1993) y el orden constitucional. Es decir, tienen como misión el mantenimiento de las “condiciones estructurales de seguridad” del Estado, según manifestó la Corte Constitucional en sentencia Su-1184/2001.

Existiendo un peligro cierto para la vigencia de las condiciones de seguridad del Estado, cuyo mantenimiento ha sido asignado por la Constitución a las fuerzas militares, sólo cabe esperar, dentro de lo razonable y con la mira puesta sólo en el bien de la Patria, las decisiones que desarrollen ese fin esencial de nuestro gloriosas fuerzas militares, antes de que se ponga en marcha la demoníaca estrategia que adelantan de consuno el régimen, el ELN, los vándalos y sus socios del narcotráfico.

Unos ganan, todos perdemos

Por José Leonardo Rincón, S. J.*

Sucedió casi simultáneamente con el fallo de la Corte. Deyanira, nombre ficticio para esta historia real, me fue remitida el fin de semana pasado por una amiga para que yo la aconsejara porque estaba en una crisis muy profunda pues estaba embarazada, quería tener el bebé, pero su novio le exigía abortar si quería continuar con él. Ella lo amaba, pero no podía entender cómo le podía pedir algo tan absurdo. Llegué tarde. Ya había abortado. Su novio le dijo que seguir con el embarazo era perjudicar su vida para siempre, que eso no era amarlo, que él no quería ser papá porque tenía planes de estudiar en el extranjero, que se sentía el hombre más infeliz, etcétera. En el culmen de la confrontación, le dijo que la abandonaría, que no la amaba, que de seguro ese hijo no era suyo… Cuando ella accedió finalmente, obrando contra su conciencia, pero temerosa de perderlo, él volvió a ser tierno y cariñoso y le dijo que la acompañaría al procedimiento médico. El quedó feliz, ella quedó desecha.

Llámenme retrógrado, anticuado, conservador, católico medieval, oscurantista, anacrónico, lo que quieran, pero tengo que decirlo en conciencia: no estoy de acuerdo con el aborto.

Veo a cientos de manifestantes bailar de alegría por esta victoria jurídica con la sentencia de la Corte Constitucional y a la par el dolor y la congoja de miles que tendremos que aceptar ese despropósito. En apariencia han triunfado. En realidad, han perdido. Todos hemos perdido. La moral ha quedado por el suelo.

Embriagados por lo que consideran un paso adelante en la conquista de derechos para las mujeres que defienden la tesis de que con el propio cuerpo se puede hacer lo que se quiera, dicen admirar a Canadá pues es un país que tiene despenalizado totalmente el aborto de modo que se puede practicar en cualquier momento. Se enorgullecen pues somos un país muy avanzado que está a la altura de Inglaterra, Gales y Escocia donde se puede abortar el feto con seis meses de embarazo.

Como Deyanira, conozco decenas de casos de mujeres destrozadas emocionalmente por haber abortado. Se sienten egoístas, mezquinas, asesinas. De poco sirve decirles que Dios las ama y las perdona misericordiosamente. Cargan insoportablemente con su culpa. Y debo decirlo, detesto esos machos reproductores que engañan mujeres incautas, les endulzan el oído, las ilusionan y después de preñarlas como objetos sexuales las dejan tiradas. Por eso no entiendo a las mujeres sin educación afectiva, que tienen sexo sin protección, que se dejan embarazar de cualquiera y les importa un bledo abortar, como si nada.

Si como país estábamos mal, creo que ahora estamos peor. Tampoco me cabe en la cabeza que la sensibilidad exacerbada entre lágrimas proteste por el maltrato animal (causa noble de respeto por estos seres que comparto) y lo convierte en un grave delito, en tanto no ve problema en el aborto como derecho a asesinar un ser humano indefenso a pocas semanas de nacer. Eso lo que muestra es que estamos moralmente enfermos. Y no dudo de que pronto estaremos aprobando la eutanasia para quitarnos de encima a esos viejos improductivos y estorbosos. Como lo señalé en otra ocasión, corremos desbocados hacia el abismo.

Nuestra Constitución dice en el artículo 11 que “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.”, pero en realidad ya ha sido decretada. El aborto no es un derecho, es un homicidio. Lo dice José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional al criticar el fallo de sus colegas. Lo dicen los médicos espantados de saber que a los 6 meses está ya bien formado el ser humano.

Si tan dueños de la vida se sienten los proabortistas, otros podrían también, esgrimiendo el mismo argumento y con todo derecho abortarlos a la vida, porque no merecen vivir. De pronto protestan y dicen que, si quieren vivir, porque es muy fácil decidir por otros, pero no que les decidan a ellos. Un tal Putin por estos días y con otros pretextos está segando vidas humanas en Ucrania sin que eso le preocupe lo más mínimo. De seguro se siente ganador como estos nuestros; lo que no ha caído en cuenta es que con su supuesto triunfo todos perdemos.

Reforma integral a nuestro sistema de justicia

Por Gabriel Jaime Hurtado Restrepo*

“Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”

Álvaro Gómez Hurtado (1919 – 1995)

Desafortunadamente la anterior afirmación hoy está más vigente que en su momento. Veamos por qué:

La vida en sociedad genera conflictos entre las personas, son inevitables. Una de las principales funciones del Estado, a través de su aparato judicial, es solucionarlos oportunamente.

Eso no lo estamos logrando, los colombianos nos sentimos totalmente desprotegidos, indefensos, ante la descarada impunidad que se pavonea en el país. Crímenes, desfalcos, torcidos, componendas, atracos, raponazos, robos, estafas, sobornos, extorsiones, secuestros, vandalismos, etc., se han generalizado en nuestra sociedad.

Y es que, duele decirlo, tenemos ineficiencias en la fiscalía, en las cárceles, en los juzgados, en las superintendencias, en los tribunales, en las cortes; además de otros complejos asuntos como episodios de corrupción, activismo político judicial y extralimitación de funciones.

En mi opinión la inoperancia de nuestro sistema de justicia es, sin duda, la causa de los principales males de Colombia: corrupción, narcotráfico, delincuencia, incumplimiento de la ley y de los contratos.

Dentro de ese estado de cosas preocupa de manera especial el rol que han asumido las Altas Cortes, particularmente la Constitucional.

Nuestra Carta Política en su artículo 113 establece que “Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial”. La rama legislativa reforma la constitución y hace las leyes, la rama ejecutiva gobierna y la rama judicial aplica las leyes de manera particular a cada caso concreto.

Las Altas Cortes en ciertos eventos se han salido de su cauce. En algunas reprochables decisiones judiciales, por la forzada vía de reglas de carácter general, han ejercido funciones ajenas, la legislativa que es del Congreso y la administrativa que es del ejecutivo. Cuando las aguas se salen de su cauce, anegan, hacen estragos.

Algo adicional que pareciera de menor importancia pero que genera un inmenso y nocivo impacto, es la absurda e inexplicable práctica de dar a conocer sus decisiones por medio de comunicados o ruedas de prensa, aún antes de tener listo el texto completo y definitivo de sus sentencias.

Esta descripción nos lleva a concluir que en nuestro sistema de justicia estamos en déficit. Tenemos que reformarlo para que funcione, opere, sea eficaz, resuelva pronta y acertadamente nuestros conflictos, y sea despolitizado.

Tengo el honor y la responsabilidad de ser candidato al Senado de Colombia por Salvación Nacional. Me propongo ayudar a impulsar una reforma integral a nuestro sistema de justicia, que realmente proteja la vida, honra y bienes de todos y garantice el acceso efectivo de toda persona. Pondré mi experiencia profesional de más de 30 años en el sector privado, como abogado, docente, conciliador, secretario y árbitro, para tratar de lograrlo.

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Personería... Prevaricato... Petro

Por José Alvear Sanín*

Para entender temas fundamentales del derecho nada mejor que ciertos aforismos. Uno de ellos dice que la ley no tiene corazón y que el magistrado que le presta el suyo prevarica. En consecuencia, cuando se falla por simpatía, amistad, militancia política, obediencia, coima, etc., el juez prevarica porque tuerce, tergiversa o contradice o abusa de la ley.

En Colombia, desde hace algunos años venimos acostumbrándonos al prevaricato, porque se suceden los más escandalosos e inconcebibles fallos para favorecer a ciertos personajes y grupos políticos en su camino hacia el poder, mientras a otros se niega sistemáticamente el reconocimiento de sus derechos.

El activismo judicial ha convertido esa rama del poder público en un eficaz mecanismo al servicio de la extrema izquierda revolucionaria, porque las “altas” cortes, y muchas de las que de ellas dependen, han sido copadas por individuos comprometidos en la subversión ideológica.

La más reciente sentencia de orden político es la del pasado 17 de septiembre, de la Corte Constitucional, que falla a favor de una tutela presentada por Gustavo Petro para que su grupo, “Colombia Humana”, sea reconocido como un movimiento representativo de ciudadanos, en contra de repetidos pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral, la entidad legalmente llamada a otorgar, o negar, dentro del ordenamiento, la personería jurídica a las formaciones políticas.

La absurda tutela presentada por Petro ya había sido negada el 29 de enero de 2019, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en la apelación por el Consejo de Estado, el 14 de marzo siguiente, precisamente por dos tribunales que poco se han distinguido por su imparcialidad política.

Finalmente —¡vaya sorpresa!—, la Corte Constitucional seleccionó esa solicitud de Petro, y por ocho votos contra 1 se lleva de calle la legislación electoral, para favorecerlo con una inesperada personería jurídica, que le abre las puertas de copiosa financiación del erario y le permite repartir avales y formar listas para Congreso, sin tener en consideración otras opiniones.

En esos vitales asuntos, Petro ya no tendrá que someterse a los engorrosos, costosos y lentos procedimientos de otros grupos, esos sí “significativos”, de ciudadanos que tratan infructuosamente de superar los numerosos escollos legales que hacen bien difícil su expresión.

El voto disidente fue del magistrado Lizarazo, hasta ahora el peor de la Corte Constitucional, quien no objeta el fondo de la personería para Petro, sino la forma como le fue entregada…

El impulso que recibe Petro con esa personería es incalculable, tanto en cuanto le favorece como en lo que representa en detrimento de quienes se le enfrenten tardíamente y en condiciones de inferioridad… ¡Así, Petro arranca con todos los fierros, seis meses antes que los demás!

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Carlos Ochoa Martínez. El 22 de septiembre falleció —después de penosa enfermedad— el historiador que hacía poco, con La grandeza trágica de Bolívar, había interpretado las horas más amargas del Libertador en un texto sobrio, elegante y profundo, publicado justamente por la Sociedad Bolivariana, de la cual era miembro, así como de la Academia de Historia del Valle.

Carlos, a pesar de una larga vida fuera de su natal Tuluá —en Medellín, en el exterior y sobre todo en Bogotá—, nunca descuidó su terruño, para el que motivó iniciativas culturales, escribió biografías de coterráneos ilustres y deliciosos recuerdos de juventud. Fue siempre el mejor, más generoso y sincero amigo. Durante los larguísimos años de nuestra amistad nunca tuve queja alguna, ni supe de alguien que no lo apreciase.

Descanse en paz el buen cristiano, amoroso esposo, padre y abuelo, excelente ciudadano y trabajador incansable que acaba de dejarnos.

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Los alcaldes de Cali, Bogotá y Medellín son peores que la comida de la cárcel, pero pueden seguir tranquilos, acabando con todo lo que tocan, mientras tengamos el poder judicial que padecemos y la tolerancia del ejecutivo.

NeoJuris

Por José Alvear Sanín*

Veíamos la semana pasada cómo con la Neolengua las palabras se construyen con fines políticos, para dirigir y controlar el pensamiento. En la práctica, los vocablos terminan significando todo lo contrario de lo que expresaban desde tiempo inmemorial. El primer ejemplo es el Ministerio del Amor, encargado del odio…

Decíamos también que en la rama judicial se vislumbraba nuestro futuro Ministerio del Amor; pero un buen amigo me dice que me equivoco, que el poder judicial ya ejerce plenamente ese Ministerio orwelliano.

Reflexionando sobre el pasado reciente del poder judicial encontramos de continuo, a partir de 2016, sentencias nefandas pero obligantes, que trastocan absolutamente el derecho. Aunque la rama tiene cuatro órganos supremos ‒Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado y JEP‒, actúa como un solo cuerpo, al igual de la Hidra, monstruo horripilante de varias cabezas, pero guiadas por un propósito único y terrible.

En la JEP, todos sus “magistrados” fueron escogidos por y para el servicio de las FARC, mientras en las otras tres “altas cortes”, apenas la mayoría es ostensiblemente mamerta, pero, en consecuencia, impone siempre la línea política conducente a socavar el estado de derecho y avanzar en el camino de la revolución.

La anterior situación no es percibida por las buenas gentes, formadas en el respeto secular por los tribunales, pero si enumeramos apenas los fallos más aberrantes, vemos que la palabra justicia, ahora, realmente significa prevaricato.

En efecto, desde el punto de vista del derecho, ¿qué cosa distinta de prevaricatos son ciertas sentencias?:

·         La que aceptó suplantar la decisión del pueblo soberano en las urnas, por una simple proposición ilegal, aprobada por las cámaras.

·         La que autorizó el “fast track” para expedir a las volandas y contra la Constitución docenas de leyes a favor de la subversión.

·         La que llamó a juicio por fraude procesal al doctor Uribe y excarceló a quien este había acusado con razón. De allí se siguió un proceso en el que la Corte Suprema violó deliberadamente todos los principios penales y las leyes procesales; además, las “pruebas” se inventaron.

·         La que despenalizó el aborto.

·         Las que obstaculizaron la extradición de un narcoterrorista, lo liberaron e hicieron posible su fuga.

·         Las que han invadido las competencias del Congreso, convirtiendo la Corte Constitucional en poder legislativo.

·         Las que obstruyen las funciones del gobierno y convierten a los jueces, empezando por los de tutela, en poder ejecutivo.

·         Las que inhiben la lucha contra el narcotráfico.

·         Las que obstaculizan la explotación de los recursos naturales.

·         Las que niegan las objeciones del poder ejecutivo a leyes inconstitucionales favorables a la subversión.

·         La que obsequia 16 curules a la revolución, eliminando el carácter representativo de la Cámara, y convierte a sus mayorías en rehenes del Secretariado.

·         Las que obstaculizan el restablecimiento del orden público.

·         Las que ponen en desventaja a la policía frente a los terroristas.

·         Las que condenan a priori a los funcionarios públicos de un gobierno y las que absuelven arbitrariamente a los políticos subversivos.

No quiero cansar al lector. Basten estos 14 ejemplos para reconocer que, si en Colombia volviese a imperar el derecho, las cárceles estarían repletas de jueces y magistrados.

La realidad, que tantos ilusos se resisten a aceptar, es que ahora en el país rige el NeoJuris o NeoLegis, cuya carta es el Acuerdo Final, sus principios generales son los de Lenin, Gramsci y Vishinski; sus códigos son las sentencias de la Corte Constitucional y sus oficiantes forman un órgano al servicio de la revolución, pluriforme pero jerárquico, unánime y disciplinado, que ya ejerce los tres poderes públicos, porque de la tridivisión clásica hemos pasado al poder monista del marxismo cultural y la praxis revolucionaria.

¡Y todo esto se acata! ¡Y se seguirá acatando!

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Ya el títere analfabeto notificó a los peruanos que la prioridad de “su gobierno” es la reforma constitucional.

Ojalá la nueva lección peruana no siga la triste suerte de la lección venezolana, que ya no nos inmuta.

¡Nos quedan diez meses…!

Una justicia monitoreada

Por José Alvear Sanín*

Antes de la paulatina y metódica toma de posesión de la justicia por parte de una cábala extremo-izquierdista de la cual dependen nombramientos, ascensos y destituciones, la rama obedecía a la Ley. Esta se interpretaba dentro de unos venerables principios generales, para que la justicia obrase de manera independiente, imparcial, siempre dentro de los parámetros legales. Quien acudía ante los jueces lo hacía dentro de relativa incertidumbre. Si el resultado le era adverso, la apelación le permitía confiar en la sabiduría y ecuanimidad del escalón superior.

En este modelo legal, el de la tridivisión del poder público, el juez es “soberano”, en el sentido de que únicamente recibe órdenes de la majestuosa Ley. En cambio, dentro del modelo leninista, los jueces son ejecutores de las políticas del partido, están al servicio de la revolución y, entonces, son simples funcionarios al servicio de un engranaje totalitario.

En Colombia, todavía la Constitución y los códigos derivan del modelo civilizado de la filosofía perenne, cristalizado en la democracia liberal, mientras el personal judicial viene siendo escogido dentro de quienes adhieren a principios diametralmente diferentes, convirtiendo la rama en instrumento eficaz para el advenimiento de un “orden nuevo”.

La toma de la rama jurisdiccional ya se ha completado. Al principio, las decisiones por fuera de la ley emanadas de “altas cortes” cada vez más audaces, causaban sorpresa e indignación por su parecido con el prevaricato, pero a medida que se hacían más frecuentes, por aquello de que “la costumbre hace la ley”, el país se adaptó a todo, hasta el punto de que, a pesar de que la “justicia” ha llegado justamente a ser la institución más desprestigiada, se sigue exigiendo de manera virulenta respeto por fallos tan alejados de la ley y del deber ser como los que derogaron el rechazo del pueblo al “acuerdo final”, los que consagran la impunidad de los delitos de lesa humanidad, la conexidad de los delitos sexuales con los políticos, la creación de una corte donde se presume la inocencia de los terroristas y la culpabilidad de los agentes del orden, la no extradición de narcoterroristas, la interdicción de la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, la legalización del aborto, la desfiguración de la familia, etcétera.

A medida que estos fallos se imponen, las cortes usurpan las funciones de las otras ramas, porque ahora juzgan, legislan y administran, hasta llegar a la dictadura judicial que nos agobia. Las cuatro “altas cortes” actúan coordinadamente dentro de una especie de ballet judicial, porque el prevaricato de una se completa con el de otra.

Pero allá, en esas alturas enrarecidas, no para el asunto, porque siempre que una actuación judicial —desde tutelas, sentencias de juzgados municipales y de tribunales de distrito, hasta las cortes bogotanas—, pueda ser empleada en favor de la subversión y el desorden, la decisión deja de ser jurídica para convertirse en política, se dicta con pasmosa celeridad y tiene asegurada su confirmación si es apelada, mientras millones de procesos tardan años y años.

Esa asombrosa unanimidad político-judicial no puede lograrse sin estrecha coordinación. El poder judicial se ha unificado. Ya no se registran multitud de operadores soberanos, imparciales, ecuánimes, etcétera, porque lo que ahora existe es una maquinaria implacable, cuyas decisiones son siempre predecibles dentro de una línea política que las hace igualmente tóxicas, sean de la Corte Suprema, de la Constitucional, del Consejo de Estado o de la JEP, porque todas siguen el mismo libreto.

Observando la unísona conducta de esos órganos, uno se ve obligado a “inferir” que están monitoreados. No olvidemos que el monitor era aquel que, en el foro, guiaba al orador y le presentaba los documentos… Y aquí la monitoría, plural, sigilosa y anónima, guía eficazmente a los operadores judiciales. Algunas veces se revela, como cuando el senador Cepeda ejerce esa monitoría para cobrar la cabeza del doctor Uribe Vélez, que, si sale de la órbita de la CSJ, pasará a una Fiscalía también monitoreada.

En efecto, el encargado del caso Uribe es el fiscal delegado ante la Corte Suprema, que se apresura a decir que en los “próximos días se hará un estudio del caso para definir un método de tránsito entre los dos sistemas procesales” y bla, bla, bla. A continuación, se ha informado que son “ciento cincuenta funcionarios los que trabajarán en la investigación contra el expresidente”, entre policía judicial, investigadores y fiscales.

Entonces, para resolver un asunto que requiere media tarde de estudio, el fiscal general delega en un subalterno, carente legalmente de autonomía, y este a su vez organiza un mecanismo de 150 personas para superar las peores pesadillas kafkianas.

¡Dudo que siquiera el Tribunal de Nuremberg haya necesitado tamaña tropilla de golillas!

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Tengo el privilegio de conservar un video que recoge las últimas recomendaciones del doctor Mariano Ospina Hernández en su último cumpleaños, que miro y remiro porque él, a la manera de Sócrates, indagaba con sencillez y profundidad. A lo largo de casi 50 años pudimos seguir su invariable preocupación ante las tres pobrezas —económica, mental y moral— que aquejan al país, y que para él debían superarse dentro de los principios imperecederos del cristianismo y la democracia, sin claudicaciones, luchando siempre por lograr su expresión mayoritaria en las urnas.

Esa misma inspiración la encuentro, afortunadamente, en el programa de la promisoria Alianza para la Reconstrucción de Colombia, orientada por el doctor Luis Alfonso García Carmona y llamada a expresar los ideales democráticos con la claridad y la concisión necesarias para llegar a todas las capas de la sociedad colombiana.

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Un atento lector de La Linterna Azul, desde Madrid nos advierte que sin justicia no puede haber democracia, y por lo tanto, nos recomienda dar la máxima prioridad a la recuperación del poder judicial, como una de las ideas centrales en la lucha por el rescate institucional del país.

Tolerancia, estímulo para la JEP

Por José Alvear Sanín*

Todo en la JEP se realiza en medio de una parafernalia funambulesca: discursos socarrones, togas pintorescas, arcanos procedimientos, terminología incomprensible, salas de rocambolesca designación, providencias entre rabulería y pseudosociología, astronómicos emolumentos, y, desde luego, emancipación de todo principio jurídico, porque ese tribunal, lege soluto, solo responde a la finalidad para la que fue creado, asegurar la impunidad de los subversivos y la condena de sus opositores.

Además, de manera subrepticia, debe actuar siempre dentro del plan revolucionario para la toma del poder.

Dotada de poderes amplísimos, que ella misma estira, avalada por la sumisa Corte Constitucional, con espléndidos recursos presupuestales, temida y acatada por el gobierno, la JEP no es una alta corte más, porque, en realidad es la “Altísima Corte”, la cúpula que domina y determina el derecho colombiano.

En realidad, es un tumor creciente (¿canceroso?) en un organismo debilitado como es el Estado colombiano. Por ende, si no se extirpa a tiempo (si aún lo tenemos), acabará por eliminarlo.

Los horrores de la JEP apenas comienzan a verse. La eliminación de la extradición de narcotraficantes, la conversión de actos terroristas en acciones militares lícitas, la sustitución del secuestro por la saludable “retención” de personas en apacibles y ecológicas reservas selváticas, son apenas abrebocas de lo que vendrá. La culpable tolerancia de esas extralimitaciones estimulará eficazmente el saltarse todas las talanqueras de la moribunda legalidad anterior.

Es evidente que dentro de un estado democrático no pueden funcionar “tribunales” revolucionarios, así como en un estado comunista no proceden jurisdicciones independientes, imparciales y legalistas, pero se nos quiere hacer creer que la JEP es otro organismo judicial normal.

En medio de esa farsa aceptada por el gobierno actual, buena parte de sus apoyos políticos en el CD hablan de “reformarla”, a pesar de la experiencia de las seis nimias objeciones presidenciales que negó la Corte Constitucional. No olvidemos que esa bancada apenas constituye una débil contraposición parlamentaria frente a la maquinaria santista del Congreso.

En vez de esa imposible reforma, tiene toda la razón el Dr. Álvaro Uribe cuando reclama en solitario la eliminación de la JEP y el traslado de sus expedientes a un poder judicial unificado, donde desaparezcan tantos órganos de cierre.

Pero ¿cómo hacer posible esa radical y necesaria reforma judicial?

Acaba nuevamente la JEP de extralimitarse en sus funciones, exigiendo a EPM, constructora de Hidroituango, “información sobre exhumaciones que se hicieron en tres cementerios ubicados en la zona de influencia de Hidroituango, porque se presume que había cuerpos de personas desaparecidas violentamente” y porque “no existe ningún documento que certifique que se hizo un proceso de búsqueda exhaustivo”.

Ignoro la respuesta de EPM a este inadmisible requerimiento, porque ninguna empresa constructora tiene funciones policiales o judiciales en relación con posibles víctimas de presuntos delitos en hipotéticos lugares.

Si la JEP algo quiere investigar en esa zona, ¿por qué, en vez de hacer, excediendo sus competencias, exigencias imposibles a EPM, no se dirige a los jueces, alcaldes y fiscales competentes en esos lugares?

Nunca me pareció conveniente esa hidroeléctrica, a la que me opuse tanto por motivos económicos como ecológicos. En vez de represar el Cauca, había llegado —pensaba— la hora de las energías eólica y solar. Pero ya no es posible dejar de concluir ese macroproyecto. Sobre él pesan desaciertos de EPM y la inquina de varios movimientos aparentemente “verdes”, que no ocultan su propósito de destruir la represa, así se pierdan billones de pesos y de kilovatios.

Entre los infundios contra Hidroituango se ha llegado hasta la fábula de que el embalse se hizo para “ocultar fosas comunes” y que debe vaciarse para buscarlas.

No se ría, amable lector, de esa tontería, que se repite hasta en claustros universitarios, porque avanza una estrategia contra el desarrollo energético nacional, para acelerar el advenimiento de la revolución. De ahí la proscripción del fracking. ¿Y si finalmente la omnipotente JEP ordenase el desembalse de Hidroituango…?

Contra el debilitado estado de derecho se levantan los partidarios del narcoestado, para cuya consolidación todos los medios se combinan y coaligan, siendo la JEP uno, y no el menor, de ellos. Con sobrada razón, el expresidente Uribe, al conocer la intromisión de la JEP en Hidroituango, insiste en que es necesario eliminarla.

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Según recoge Orlando Figes, basado en los estudios de Struve, Volkoganov y Fischer (“La Revolución Rusa”, cap. 9, nota 56), decía Lenin: “No puedo escuchar música con mucha frecuencia (…) Me provoca deseos de decir cosas agradables y estúpidas y de acariciarle la cabeza a la gente, pero ahora hay que apalearlos en la cabeza, apalearlos sin piedad”.

El aborto

Por Antonio Montoya H.*

Entendemos por el término aborto, “la interrupción prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero”.

Teniendo como base esta descripción, podemos decir que en Colombia nos centramos hoy en un debate que tiene características religiosas, sociológicas, morales, políticas y obviamente jurídicas, que conllevan a que todos los ciudadanos intervengan en todas las formas posibles en el debate, unos con mesura analizando la historia, otros con pasión defendiendo la vida, otros defendiendo la decisión unilateral de la mujer, otros pidiendo que el hombre intervenga como parte en la discusión, pero casi nadie piensa en la criatura que está por nacer, y ello ocurre legalmente en el momento en el que la criatura se separa del vientre materno, al cortar el cordón umbilical que une a la madre con quien sale a la vida.

Espinoso y difícil es este tema al acometer su estudio y fallo por parte de los señores magistrados de la Corte Constitucional. Allí se debatirán posturas jurídicas importantes sobre la vida, los derechos de la madre, sobre la concepción, los derechos y obligaciones, en fin, una serie de temáticas de tipo ético, moral y legal.

Llevamos años discutiendo sobre el aborto, y ya se tomó una decisión sobre tres alternativas que se tienen para que el aborto sea legal a saber, (1) fruto de una violación y por ende el consentimiento no está presente y hace entonces que además del ultraje al cuerpo de la mujer, se tenga resistencia a mantener en el vientre el fruto de una relación no consentida; (2) malformación del feto y (3) aquella cuyo embarazo pone en peligro la salud física o mental de la madre.

Por qué insistir en una nueva causal que sería la de la libre decisión de la madre de dar por terminado el embarazo en cualquier momento, si existen otras opciones posibles para que el que nazca tenga posibilidad de vivir y formarse adecuadamente, tener familia, dar y recibir amor, si la madre gestante no lo desea criar y amar.

Todo lo anterior se puede prevenir si la pareja antes de tener relaciones sexuales se protege. Ambos lo pueden hacer, o aún al día siguiente tomar la pastilla del día después, porque sin duda la responsabilidad es de los dos, hombre y mujer, frente a lo que pueda suceder si no se cuidan y es nada más y nada menos que un embarazo.

Aquí estamos hablando es de la vida y la muerte, sin duda alguna un debate ético por encima de cualquier cosa. He conocido casos, en el ejercicio de mi vida jurídica, de madres que abortaron y cuentan que pasados los años se despiertan en las noches angustiadas por la decisión que tomaron y quisieran regresar el tiempo para revaluarlo, tomar otro camino. Les duele en el alma, sienten culpa, dolor y angustia. Ellas, las madres que abortaron serían las adecuadas para dar su opinión y aportar a que la corte se llene de motivos y jurídicamente tome una decisión apropiada.

También vale la pena contarles que la semana pasada salió al aire en YouTube, en el canal de El Pensamiento al Aire, un programa en el que hablamos de la Fundación Milagros de Vida, que dirige una prestigiosa abogada y mejor ser humano Beatriz María Arango. Nos contaban ella, la trabajadora social de la fundación, dos madres y dos niñas lo que ocurre allí en la unidad neonatal diariamente. Lo más destacado es que muchos bebés salen a la vida con apenas 25 semanas de gestación y por el amor, el cuidado, la atención sobreviven y hoy son ejemplos de vida. Esto nos hace apreciar el valor de las madres, en ocasiones solas, en otras acompañadas de los padres o aun de sus familiares, que comprometen todo con tal de ayudar a salvar esas vidas. Pueden ver esta entrevista en el siguiente enlace: https://youtu.be/0tqL_ZeCsrg

Si ustedes mis respetados lectores se dieran la oportunidad de ver el programa, comprenderán porque debemos dar la lucha por la vida y no por la muerte. VIVA LA VIDA.

La justicia

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

La justicia es un servicio público prestado por el Estado colombiano a todos sus habitantes, para poder solucionar los problemas que se presentan entre ellos y con el Estado. Si esos problemas no los resuelve el Estado, los habitantes buscan otras formas de solucionarlos, porque hay problemas con los que no se puede convivir, y ahí es donde otros vienen a suplantar al Estado; mejor dicho, cuando el Estado no es capaz, se forma un estado paralelo para sustituirlo.

Primero pensábamos que esto solo sucedía en los territorios lejanos, donde es muy escasa o nula la presencia Estatal. La realidad es que está sucediendo con mayor fuerza en las ciudades con mayor presencia estatal. Las principales ciudades del país cuentan con cientos de bandas, que dominan territorios urbanos, con vías, colegios, servicios públicos domiciliarios, etcétera, donde imponen su ley, cobran sus tributos, desplazan y asesinan a los que no quieren que estén en sus zonas, además de autorizar o no el ingreso de bienes y personas, entre otras arbitrariedades.

Mejor dicho, algún indicador existirá para medir cuántos colombianos acceden a la justicia del Estado colombiano y cuántos colombianos tienen que acceder a la justicia de los cientos de bandas que manejan territorios, urbanos y rurales en Colombia.

Se supone que el servicio público de la justicia es gratuito, lo que no es tan cierto. Si usted recurre a la justicia sin un abogado, puede terminar más emproblemado de lo que llegó, y para contar con un abogado, toca pagarlo. La consulta puede valer entre $100.000 a $ 1.000.000 / hora, dependiendo del profesional consultado. Si no tiene dinero, que es lo más usual en los estratos 1, 2 y 3, se recomienda buscar los consultorios jurídicos de las Universidades con facultades de Derecho. Algún indicador consolidado nos dirá cuántos casos en las diferentes ramas atienden estos consultorios, pero estoy seguro que no son suficientes, que no dan abasto, como tampoco dan abasto los defensores públicos que asisten en materia penal a los cientos de detenidos, que diariamente capturan los miles de integrantes de la fuerza pública, por delitos mayores y menores, que demandan, entre la captura y la legalización de la misma, ingentes, costosos y congestionadores esfuerzos de policías, investigadores y jueces; también existirán indicadores que permitan saber qué delitos, o conductas menores, podrían someterse a procedimientos más simplificados.

Hay que diseñar estrategias para mejorar el servicio de la justicia, para que sea accesible, incluyente, ágil, rápida, cumplida, etcétera, acompañada de una simplificación de trámites, y ¿por qué no?, de mecanismos de solución alternativa de conflictos; inclusive de la gran cantidad de conflictos que hoy se presentan entre el Estado y los particulares, por las decisiones administrativas, con procedimientos defectuosos, orientados solo a producir resultados a como dé lugar, una especie de falsos positivos, que están aporreando al sector formal de la economía y congestionando el sistema judicial.

Se dice que la demanda de la justicia ha crecido ocho veces en los últimos 20 años, mientras que su presupuesto solo ha crecido tres veces; este es el momento en donde tecnológicamente, ni siquiera está funcionando el expediente electrónico.

Lo único cierto es que la justicia es para los de ruana, como dice el dicho popular; mientras el Estado no pueda ofrecer asistencia jurídica o un sistema de defensa judicial gratuita a los más pobres, ellos no tendrán acceso a su justicia. Por ejemplo, se dice que uno de los factores de congestión más significativo del sistema judicial son los dos millones de procesos ejecutivos que cursan ante los jueces y de esos dos millones de procesos, un millón doscientos mil corresponden a las entidades financieras, que por hacer mal los estudios de crédito, tienen como cobrador, al Estado.

Yo no entiendo porque no se ha dado la reforma a la justicia. Llevamos como cuatro o cinco gobiernos, algunos de ellos con periodos de ocho años, donde las comisiones de expertos tienen más que sobre diagnosticado el problema y han presentado todo tipo de posibles soluciones, todas ellas tendientes a buscar la independencia que requiere la rama judicial, independencia que solo se logrará cuando los magistrados y jueces no representen sectores políticos, cuando los cinco tribunales de cierre (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Nacional de la Judicatura y Justicia Especial para la Paz), todos politizados por su sistema de elección, tengan bien parametrizadas sus funciones para evitar los ya comunes choques de trenes, que impiden poner el punto final a un problema, lo que genera inseguridad jurídica y congestión judicial.

Urgentemente Colombia requiere de la voluntad política del presidente de la República, que convoque a todas las fuerzas políticas y a los sectores formales e informales de la economía, para sacar adelante la anhelada reforma a la justicia. Va a salir primero la reforma a los Código Civil y de Comercio, de unos cinco mil artículos, que la reforma a la justicia que lo aplicará.

Esa convocatoria debe estar volcada a la satisfacción del interés general sobre intereses particulares, para definir una política pública, que permita, además de un golpe certero a la corrupción, llegar eficientemente a todos los colombianos, en todas las regiones rurales y urbanas, evitando la suplantación que las bandas vienen haciendo de ella.

La cortesana

Por Julio González Villa*

El diccionario de la Real Academia de la lengua tiene varias acepciones de la palabra cortesana:

“1. adj. Perteneciente o relativo a la corte.

2. adj. Que se comporta con cortesanía.

3. adj. Dicho de una mujer: Que ejerce la prostitución, especialmente si lo hace de manera elegante o distinguida.

5. m. y f. Palaciego que servía al rey en la corte.

6. m. y f. Persona que sirve obsequiosamente a un superior.

7. f. Mujer de costumbres libres.”

En mi humide opinión quien le dio más fuerza a estos adjetivos fue Luis XIV cuando de su pabellón de caza creó el más majestuoso palacio, no en París, sino en una alejada aldea llamada Versalles.

Luis XIV, creador del centralismo político, a quien se personifica con la famosa frase: ¡El Estado soy yo!, pudo gobernar a Francia y convertirla en potencia y centro de Europa, ordenando a todos sus pares: duques, condes, marqueses, vizcondes, ir a Versalles, residir en Versalles, ¿Para qué? Para controlarlos, para evitar rebeliones, para tener noticia de primera mano de lo que sabía y hacía cada jefe de sus regiones.

Ese es el origen de la Corte a la que me refiero, la corte que hizo surgir a la cortesana, pues cada habitación, cada esquina de Versalles, se convirtió casi en un elegante prostíbulo. Nadie podía irse a sus condados, marquesados, ducados a producir, sólo vegetaban, jugaban cartas, coqueteaban, eran infieles, temían, conspiraban, conversaban, etc…

En la Constitución Nacional se consagró en el artículo 49 que: “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.

Y la misma Constitución ordena a la Corte Constitucional defender y salvaguardar la Constitución: Artículo 241 “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución…”

Y el artículo 230 ordena que: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”.

Y el artículo 4 de la Carta Política afirma que la Constitución es norma de normas.

De la simple lectura de los textos constitucionales fluye en forma prístina, clara, cristalina, fluída, que no se puede tolerar que en los parques públicos exista un “pico y placa” para aspirar cocaína, fumar marihuana o inyectarse heroína.

Cuando una Corte sale en los medios a expresarse sin una sentencia escrita sino con un informe de prensa, cuando se expresa en twitter, no es una Corte, es una simple cortesana al mejor estilo de la corte de Versalles.