Vigía: el filo de las fronteras

Por John Marulanda*

Un buen escenario para retratar el drama político regional, es la frontera colombo-venezolana, 2.219 kilómetros de envilecimiento humano e institucional con una camarilla tambaleante pero aferrada al poder, de un lado y, del otro, un gobierno democrático soportando el embate de organizaciones narcocomunistas.

Que haya individuos o redes de personas corruptas dentro de una institución no es nada nuevo. Pero corromper los pilares de una nación es el objetivo capital de los insidiosos gramscianos que infiltran la educación, la justicia y las fuerzas militares y de policía, generando desconfianza, vacilación e inoperancia institucional.

Militares y criminalidad fronterizas

El caso de la institución militar/policial se puede mirar a través de sus altos mandos, sus jefes naturales. Los guerreros suelen morir en sus camas, reza un viejo dicho castrense. Bolívar, por ejemplo. Pero no siempre es así. El general norteamericano Simón Bolívar Buckner, murió al frente de sus tropas en Okinawa en 1945 y en julio de 1994, el Mayor General Carlos Julio Gil Colorado, comandante de la Cuarta División del Ejército colombiano, fue asesinado en Villavicencio por una bomba de las FARC. El 13 de octubre pasado, el general de la Guardia Nacional, Fuerzas Especiales, Sergio Negrín Alvarado y su conductor, fueron asesinados a las tres de la mañana cuando el oficial se dirigía a asumir el mando del Comando de la Zona 35, en Apure. Según un reporte inicial, lo mataron asaltantes de carretera. “Lo asesinaron por control territorial”, me dijo el analista Javier Tarazona. “Lo mataron porque podría ser una amenaza para todo el montaje de corrupción de la frontera”, me dicen desde Arauca. “Aquí mandan las FARC y el ELN. Alias “Mantecal” en el Amparo y alias “Rupert” en toda la frontera, dicen quién pasa qué y cuánto se debe pagar. Todos comen, hasta los militares”. En abril del año anterior, otro General y cuatro militares fueron asesinados cerca al municipio de Zamora, Aragua, por una de las bandas que delinquen allí. En noviembre de 2018, en Puerto Ayacucho, Amazonas, frontera con Vichada, el narco ELN que controla esa zona, atacó un destacamento de la GNB, mató a tres guardias e hirió a varios más, entre ellos un coronel. En cuestión de horas, mansamente, alias “Garganta”, jefe de la cuadrilla, fue capturado. Dicen que todo se complotó y se dirigió desde Caracas, en un pulso de fuerzas entre dos personajes poderosos del PSUV, es decir, del gobierno.

Entre ladrones y verdugos

Por aquello de la previsión pensional para la vejez, varios cabecillas del ELN, entre ellos el jefe del frente Domingo Laín Sanz (nombre de un sacerdote aragonés quien, junto con otros dos españoles, se unieron a la banda a comienzos de los 70) decidieron guardarse algunos reales producto del narcotráfico fronterizo y del secuestro de un personaje araucano. La GNB, que todo lo sabe, conoció del robo, los detuvo y los entregó a los jefes elenos quienes los ejecutaron el 14 de agosto cerca de Guasdualito, Apure. (Desde su nacimiento en Cuba en 1964, el ELN perpetra sus purgas con el fervor cristiano de la Teología de la Liberación. Hasta un obispo de Arauca, cayó bajo las balas de esta vendetta Inquisitorial). Diez días después del “ajusticiamiento revolucionario” de sus camaradas, cuatro militares venezolanos fueron sacrificados en El Nula, Apure, durante el desalojo de una cuadrilla fariana de alias Gentil Duarte. Había que quitarla de allí para asegurarle presencia y actividades a la narcobanda de alias Iván Márquez, quien tiene poderosos amigos en Miraflores y es aliado circunstancial del ELN, a su vez protegido por La Habana, rectora de los destinos de Venezuela.

Delincuencia y migración

Entre instituciones carcomidas por la corrupción, delincuencia sin control y un flujo migratorio incontenible, se agita la frontera colombo-venezolana, escenario de la segunda crisis humanitaria más grande del mundo actual, después de la siria. A pesar del cierre oficial de esa frontera y con el riesgo inminente del covid-19, desarraigados venezolanos cruzan cientos de trochas incontrolables. Y en los pasos formales, como en Cúcuta, la explotación sexual es la moneda común y el desmembramiento de personas es frecuente. Que van a Colombia para cedularse y aumentar el caudal electoral de la izquierda, dicen unos; que se cuelan agentes del FAES Y LA DGCIM, es inocultable; que son enviados para ayudar a la perturbación social violenta planeada por el Foro de Sao Paulo, dicen otros; y que tienen hambre, es lo que uno lee en las esquinas. Que es una campaña mediática de desinformación, proclama Caracas mientras Bogotá mueve tropas para ayudarle a la policía a vigilar la gran cantidad de pasos ilegales y de supuestos túneles construidos con asesoría cubana. Ambos países caminan sobre el filo de esa peligrosa navaja.

Muchos analistas y observadores temen una confrontación civil en Estados Unidos a raíz de la polarización política actual y lo que suceda arriba, en el Imperio, necesariamente tendrá consecuencias en su periferia inmediata, en Latinoamérica. La gran diferencia es que allá operan instituciones sólidas y creíbles como la justicia y fuerzas militares, que pueden sobrellevar un torbellino político. Por estos lares, desafortunadamente, la institucionalidad está desbarajustada y cualquier mal paso fronterizo se puede transformar en un problema mayor, especialmente con asesores militares rusos merodeando por las fronteras colombiana y brasileña.

Tolerancia, estímulo para la JEP

Por José Alvear Sanín*

Todo en la JEP se realiza en medio de una parafernalia funambulesca: discursos socarrones, togas pintorescas, arcanos procedimientos, terminología incomprensible, salas de rocambolesca designación, providencias entre rabulería y pseudosociología, astronómicos emolumentos, y, desde luego, emancipación de todo principio jurídico, porque ese tribunal, lege soluto, solo responde a la finalidad para la que fue creado, asegurar la impunidad de los subversivos y la condena de sus opositores.

Además, de manera subrepticia, debe actuar siempre dentro del plan revolucionario para la toma del poder.

Dotada de poderes amplísimos, que ella misma estira, avalada por la sumisa Corte Constitucional, con espléndidos recursos presupuestales, temida y acatada por el gobierno, la JEP no es una alta corte más, porque, en realidad es la “Altísima Corte”, la cúpula que domina y determina el derecho colombiano.

En realidad, es un tumor creciente (¿canceroso?) en un organismo debilitado como es el Estado colombiano. Por ende, si no se extirpa a tiempo (si aún lo tenemos), acabará por eliminarlo.

Los horrores de la JEP apenas comienzan a verse. La eliminación de la extradición de narcotraficantes, la conversión de actos terroristas en acciones militares lícitas, la sustitución del secuestro por la saludable “retención” de personas en apacibles y ecológicas reservas selváticas, son apenas abrebocas de lo que vendrá. La culpable tolerancia de esas extralimitaciones estimulará eficazmente el saltarse todas las talanqueras de la moribunda legalidad anterior.

Es evidente que dentro de un estado democrático no pueden funcionar “tribunales” revolucionarios, así como en un estado comunista no proceden jurisdicciones independientes, imparciales y legalistas, pero se nos quiere hacer creer que la JEP es otro organismo judicial normal.

En medio de esa farsa aceptada por el gobierno actual, buena parte de sus apoyos políticos en el CD hablan de “reformarla”, a pesar de la experiencia de las seis nimias objeciones presidenciales que negó la Corte Constitucional. No olvidemos que esa bancada apenas constituye una débil contraposición parlamentaria frente a la maquinaria santista del Congreso.

En vez de esa imposible reforma, tiene toda la razón el Dr. Álvaro Uribe cuando reclama en solitario la eliminación de la JEP y el traslado de sus expedientes a un poder judicial unificado, donde desaparezcan tantos órganos de cierre.

Pero ¿cómo hacer posible esa radical y necesaria reforma judicial?

Acaba nuevamente la JEP de extralimitarse en sus funciones, exigiendo a EPM, constructora de Hidroituango, “información sobre exhumaciones que se hicieron en tres cementerios ubicados en la zona de influencia de Hidroituango, porque se presume que había cuerpos de personas desaparecidas violentamente” y porque “no existe ningún documento que certifique que se hizo un proceso de búsqueda exhaustivo”.

Ignoro la respuesta de EPM a este inadmisible requerimiento, porque ninguna empresa constructora tiene funciones policiales o judiciales en relación con posibles víctimas de presuntos delitos en hipotéticos lugares.

Si la JEP algo quiere investigar en esa zona, ¿por qué, en vez de hacer, excediendo sus competencias, exigencias imposibles a EPM, no se dirige a los jueces, alcaldes y fiscales competentes en esos lugares?

Nunca me pareció conveniente esa hidroeléctrica, a la que me opuse tanto por motivos económicos como ecológicos. En vez de represar el Cauca, había llegado —pensaba— la hora de las energías eólica y solar. Pero ya no es posible dejar de concluir ese macroproyecto. Sobre él pesan desaciertos de EPM y la inquina de varios movimientos aparentemente “verdes”, que no ocultan su propósito de destruir la represa, así se pierdan billones de pesos y de kilovatios.

Entre los infundios contra Hidroituango se ha llegado hasta la fábula de que el embalse se hizo para “ocultar fosas comunes” y que debe vaciarse para buscarlas.

No se ría, amable lector, de esa tontería, que se repite hasta en claustros universitarios, porque avanza una estrategia contra el desarrollo energético nacional, para acelerar el advenimiento de la revolución. De ahí la proscripción del fracking. ¿Y si finalmente la omnipotente JEP ordenase el desembalse de Hidroituango…?

Contra el debilitado estado de derecho se levantan los partidarios del narcoestado, para cuya consolidación todos los medios se combinan y coaligan, siendo la JEP uno, y no el menor, de ellos. Con sobrada razón, el expresidente Uribe, al conocer la intromisión de la JEP en Hidroituango, insiste en que es necesario eliminarla.

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Según recoge Orlando Figes, basado en los estudios de Struve, Volkoganov y Fischer (“La Revolución Rusa”, cap. 9, nota 56), decía Lenin: “No puedo escuchar música con mucha frecuencia (…) Me provoca deseos de decir cosas agradables y estúpidas y de acariciarle la cabeza a la gente, pero ahora hay que apalearlos en la cabeza, apalearlos sin piedad”.