A pesar de los obstáculos —inundaciones, crisis logística, bloqueos y múltiples alertas ambientales— Giraldo mantuvo un perfil técnico, sin ceder a presiones políticas, lo que le ha valido elogios como “gran maestro de la ingeniería antioqueña”. Su nombre ya es sinónimo del rescate de Hidroituango, y su gestión marca un antes y un después en la historia del desarrollo energético colombiano.
.jpg "Pedro Juan González Carvajal")
Cuando hablamos de Antioquia,
hablamos de un todo que contiene al Valle de Aburrá y a su capital Medellín, es
decir, 125 municipios, incluido el Distrito Capital, ubicados en 9 subregiones,
donde estamos en mora de visibilizar a sus casi 307 corregimientos y a sus casi
4.643 veredas, unidades político-administrativas que constituyen nuestro amplio
espectro rural.
Para lograr consolidar una
democracia justa, equitativa e inclusiva, con oportunidades y bienestar para los
cerca de 6 millones de habitantes, no solo es necesario tener control de la
totalidad del territorio, 63.612 Km2 y tener un horizonte común. Recordemos
la Visión Antioquia 2020 que rezaba: “En el año 2020 Antioquia será la mejor
esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la
naturaleza” y la actual visión postulada dentro de la Agenda 2040 que dice:
“Antioquia corazón
verde de América. Equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y
en paz”.
Bellos deseos que deben ser concretados, de modo que no nos vaya a quedar, de nuevo, grande la grandeza.
Fuera
de una férrea voluntad política y cívica, es necesario dotar al territorio de
las infraestructuras adecuadas para que los derechos y los deberes de los
ciudadanos cuenten con los escenarios de todo tipo propicios para su
interacción con los otros ciudadanos y con el Estado.
Veamos
algunas de las acciones normales que deben realizarse y algunas otras por emprender:
Es
necesario mantener en condiciones dignas las sedes educativas, de salud, de
justicia, de prestación de los variados servicios a los cuales tienen derecho
los ciudadanos, con el fin de facilitar los trámites y compromisos que les
ayuden a alcanzar su bienestar, es decir, se requiere un Programa permanente de
mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras existentes.
Es
necesario garantizar la cobertura del 100% de los servicios que se deben
ofrecer a los ciudadanos, y para esto es necesario construir y dotar dignamente
las infraestructuras de todo tipo faltantes.
De
igual manera, establecer un Programa de terminación de obras en curso y de
obras inconclusas para garantizar el adecuado uso e impacto de los recursos
inicialmente invertidos y que pueden ser despilfarrados de no garantizase la
culminación a satisfacción de esas obras.
Hay
que terminar y entregar a satisfacción las vías 4G con sus taludes, vías
pavimentadas, túneles, puentes, viaductos, señalización y obras complementarias
y de ornato completamente culminadas.
Debemos
terminar a Hidroituango y hacer énfasis en la construcción de vías terciarias. Es
necesario garantizar que todos los antioqueños tengan acceso a energía y a agua
potable, al igual que se necesita la ampliación del aeropuerto José María
Córdova incluyendo la construcción de su segunda pista. Debemos construir el
llamado Metro de la 80 con todas sus obras complementarias y el segundo Túnel
de Oriente. Debemos superar el déficit de 400.000 viviendas que tiene el
departamento para que todos los antioqueños cuenten con un hogar digno, entre
las otras muchas obras, que, históricamente se han detectado, estudiado y
anunciado y que hoy reposan en la memoria individual o colectiva, en los
archivos de las áreas de planeación públicas y privadas y sobre todo en los
bancos de proyectos de cada municipio, teniendo en cuenta el gran esfuerzo
realizado en la construcción de la Agenda 2040 con su gran Banco de
Proyectos.
Existen
obras que por su importancia deberían ser prioritarias, como el caso de la
terminación, por fin, de la doble calzada Medellín - Bogotá, obra que
debe ser rediseñada en aquellos puntos cuya geología ha demostrado a la
saciedad que por esos sitios es imposible garantizar estabilidad del terreno.
La
terminación, un siglo de estos, de la carretera Medellín - Quibdó.
La
reconstrucción de la infraestructura férrea, el manejo integral de ríos y
quebradas, la recuperación de nuestro territorio costero afectado por la erosión,
la determinación de estrategias para el depósito de los residuos sólidos, entre
otros muchos proyectos y obras por precisar.
Un
llamado a los nuevos gobernantes a trabajar unidos y en acuerdo con el gobierno
nacional, para que los recursos, siempre escasos, no nos sean esquivos y la
pulcritud en su manejo y disposición sean una constante.
Nota: mucho cuidado con las iniciativas y discusiones ligeras y
poco fundamentadas que hoy se abren paso con respecto a una posible autonomía
fiscal de los departamentos.
Una
invitación a los gobernadores para que, haciendo un ejercicio de empatía y de
solidaridad, se pongan por ejemplo en los zapatos del gobernador del Guainía, o
del Amazonas, o del Chocó, por poner solo estos ejemplos, a ver como perciben,
dimensionan e instrumentan esta iniciativa.
Una
cosa es ser gobernador de Antioquia, Cundinamarca o el Valle del Cauca y otra
cosa es la realidad de los otros 31 departamentos.
La autonomía
fiscal debe ser parte de una verdadera reforma
tributaria integral para el país, donde aspectos como la descentralización
y la federalización sean estudiadas a fondo y tenidas en cuenta a partir del
conocimiento y de las realidades de nuestro país.
Inquietud: es claro que todos los países tienen sus particularidades,
pero es difícil entender que en medio de la voracidad de los incendios
forestales que arrasan a Colombia, no se oiga lo mismo en los países vecinos.
¿Es acaso que Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, que son nuestros
países limítrofes continentales no padecen el cambio climático, o el fenómeno
del niño?
Claro
que las geografías son semejantes pero distintas, en el entendido que en el
caso de Colombia la geografía de la corrupción hace de las suyas.
¿Quién
responderá por la cantidad de equipos que no están al servicio de esta tragedia
por falta de mantenimiento, aun existiendo los recursos como dicen las
investigaciones periodísticas?
Aquí
no debe quedar títere con cabeza. Si este fuera un país serio, que
lamentablemente no lo es, desde el presidente, pasando por ministros, hasta el director
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deberían
ir pasando sus respectivas cartas de renuncia, pero aquí el concepto de
responsabilidad se diluye ante una ciudadanía inexistente.
.jpg "Pedro Juan González Carvajal")
El principal puerto sobre el Pacífico colombiano se fundó
el 14 de julio de 1540.
“Considerado el primer puerto del Pacífico
colombiano, por su aporte al volumen de carga que ingresa al país y por su
importancia para la región, la fundación de Buenaventura no dista mucho de la
historia de varias ciudades colombianas. A través de los documentos de archivo
de Señal Memoria hablaremos de estas controversias sobre sus orígenes y algunos
aspectos fundamentales de su configuración como ciudad portuaria.
Buenaventura: una breve semblanza geográfica
Nombrada de manera oficial como Distrito
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, Buenaventura se
encuentra ubicada en un lugar especial de Colombia, en el departamento del
Valle del Cauca, entre la Cordillera Occidental y el mar Pacífico. Limita al
norte con el Chocó y al sur con terrenos cenagosos que colindan con el
municipio de López de Micay, departamento del Cauca.
Cuenta con más de 310 mil habitantes, según el
último censo del DANE, y una riqueza hidrográfica significativa, destacándose
los ríos Anchicayá, Dagua, Calima, Yurumanguí y Naya, entre otros.
Así, Buenaventura se constituye en el municipio
más grande de esta región del país y la tercera más poblada del departamento.
Por otra parte, la ciudad está dividida en una
zona insular donde se encuentra un moderno complejo portuario que aporta cerca del
55% del comercio exterior del país, y una zona continental, caracterizada por
el predominio de los espacios residenciales y barriales.
También tiene una zona rural integrada por
veredas, corregimientos y asentamientos tanto fluviales como marítimos, los
cuales se agrupan en 19 Unidades de Planificación Zonal.
Buenaventura, más allá del puerto
Si bien existen algunos vacíos sobre la fecha
de fundación y su lugar de emplazamiento original, lo cierto es que, a comienzos
del siglo XX Buenaventura tuvo un importante cambio.
En las primeras tres décadas de esa centuria,
Buenaventura pasó de tener un incipiente puerto de madera al pie de algunas
viejas instalaciones portuarias, a contar con tres muelles sofisticados, un par
de edificaciones de arquitectura moderna y varias bodegas de almacenamiento
junto al ferrocarril del Pacífico. Además, con el desplazamiento de la zona
productiva hacia el suroccidente del país, Buenaventura comenzó a ubicarse como
el primer puerto comercial de Colombia.
Hacia 1931 y luego de un voraz incendio en la
zona comercial, el gobierno nacional encontró en esta catástrofe la oportunidad
de construir un “puerto y una ciudad moderna”, promulgando una ley de
reconstrucción que sería ejecutada en la década siguiente.
En los años cincuenta y sesenta los discursos
de modernización y progreso como factores de desarrollo de las condiciones
humanas seguían vigentes. Esta idea se fortaleció, una vez Buenaventura logró
consolidarse como el principal puerto comercial y marítimo de Colombia”.
Traigo a colación esta breve reseña, pues es importante
para nosotros los antioqueños prever lo que puede llegar a pasar con el
anhelado Puerto de Urabá.
Hoy el Puerto de Buenaventura es un enclave donde lo legal
y lo ilegal conviven y donde la violencia hace parte de su estado natural
cotidiano.
Es un puerto que ha deteriorado la ciudad y no la ha
impulsado al desarrollo, sino a la pobreza. Por allí pasan armas, drogas,
inmigrantes, contrabando y la riqueza que debería potenciar a la ciudad, se queda
en otras manos.
Es importante que a tiempo pensemos en las implicaciones y
los efectos directos, indirectos y colaterales del nuevo Puerto de Urabá en
toda la Zona del Urabá Antioqueño y Chocoano.
El proyecto debe ser integral y las autoridades y la
comunidad mancomunadamente deben participar en la construcción de un adecuado
Plan de Desarrollo para asimilar estas nuevas realidades. Recordemos que “Guerra
avisada no mata soldado”, o al menos eso dicen.
Para Antioquia es prioritario evaluar y sopesar los
impactos que traerán obras de gran magnitud como las autopistas 4G, La
Hidroeléctrica de Hidroituango y el Puerto de Urabá.
La planeación es para planear y no para dejar constancia.
Es un gran examen que sobre previsión tenemos que ganar todos los antioqueños y
el momento es ahora.
Revisando nuestro nuevo Plan de Desarrollo, seguimos
formulando una gran cantidad de pequeños proyectos, que son importantes, pero
no generan el impacto que requiere el jalonamiento del país.
¿Por qué no pensar en 5 grandes proyectos estratégicos y
meterle todos los recursos y todos los esfuerzos para sacarlos adelante?
¿Qué tal pensar en el Canal Interoceánico, en solucionar el
tema de la Mojana, en organizar por fin el Canal del Dique, en llevarle agua
potable y energía a todas los territorios y comunidades y poder alcanzar la
soberanía alimentaria?
El tema del Canal Interoceánico vuelve a pasar a la
palestra pues debido al cambio climático, el Canal de Panamá está en crisis,
pues sus lagos, los que aportan el agua para las esclusas, se están secando y
del Canal Nicaragüense no se volvió a hablar.
El tema de la Mojana, una de las cinco regiones más
fértiles del mundo según la FAO, es vital para la producción de alimentos en el
país y la estamos deteriorando con los residuos de la minería ilegal y, además,
el mal manejo de este territorio hace que en cada invierno se produzcan
desastres para sus vecinos.
Sobre el Canal del Dique se ha hablado y escrito mucho,
pero sus obras siguen siendo remedios temporales y cada nuevo invierno pues
trae su propia tragedia.
Estas zonas debidamente habilitadas deben ayudarnos a
revertir una dolorosa realidad, de cuya contundencia pareciera que no nos hemos
dado cuenta: De importar un millón de toneladas de alimentos al año en 1990,
hoy estamos importando casi 16 millones de toneladas, lo cual para un país rico
en agua y con todos los pisos térmicos disponibles, es como mínimo,
impresentable.
Esto acompañado del hecho de que en un período semejante
nos desindustrializamos y pasamos a depender de la exportación de hidrocarburos
y minerales, con todas las consecuencias que esto implica y que hoy estamos
padeciendo. El 65% de nuestra Balanza Comercial está sujeta a esta realidad.
Llevar agua potable y energía a todos los territorios y
comunidades es una obligación y un aprovechamiento racional de los recursos naturales
que hoy afortunadamente tenemos en abundancia. Calidad de vida e impactos en
temas de salud pública. Proporcionarles energía a todos los colombianos es, en
pesos de hoy, un proyecto de unos 14 billones –El Tiempo Septiembre 11 de 2023–,
absolutamente realizable.
El alcanzar la soberanía alimentaria, pasa por la
organización del uso, destino y propiedad de la tierra, hasta el empleo y
desarrollo adecuado de las condiciones particulares de cada una de las regiones
naturales que tenemos.
Superar el déficit de vivienda que para el caso de Colomba
es de 5.3 millones de viviendas, para Antioquia 400.000 y para Medellín 40.000
en números redondos, es otro reto enfrentable con grandes beneficios.
Según VIVA (Empresa de vivienda de Antioquia), la
construcción de 1 vivienda asocia 4 empleos directos y el mejoramiento de
viviendas, 2 empleos directos. El impacto en generación de empleo sería más que
notable.
Obviamente existen otras alternativas de proyectos como la
construcción de la red ferroviaria, la consolidación de las Vías 4G, la
explotación inteligente de los recursos minerales, entre otros varios.
Hoy se han presentado 837 proyectos de investigación para aplicar
a recursos del orden nacional y de regalías. Cerca de 2 billones de pesos, que
sigue siendo mucha plata, fragmentados en 837 proyectos de cuyo impacto no
podemos decir ni anticipar nada. Mi sugerencia es destinar estos recursos a
proyectos grandes, a resolver problemas reales, para que de verdad las
Universidades y sus investigadores le aporten al país y no se contenten en
mantener pequeños grupos de investigación con poca producción o de producción
de bajo impacto y la elaboración de artículos científicos y “papers” que
finalmente solo benefician a sus autores, con honrosas excepciones, como en
toda actividad humana.
No podemos pensar en cambiar, si seguimos haciendo más de lo
mismo.
.jpg "Antonio Montoya H.")
.jpg "Pedro Juan González Carvajal")
Con unos 6 decenios
de retraso, por fin estamos comenzando a ver que algunos de los proyectos de
infraestructura asociados a las llamadas vías 4G, o Autopistas de la Prosperidad,
van siendo entregadas casi totalmente concluidas, sabiendo de antemano que una
vía requiere de algún tiempo de “asentamiento” para su operación normal.
Nos damos cuenta,
ante la evidencia contundente, de lo atrasados que estábamos en términos de
infraestructura vial y que antes era pedirle mucho al Estado, en el sentido de
tener una verdadera presencia territorial, lo cual demuestra que sin movilidad
no hay posibilidad de democracia.
Sin embargo, es
importante tener en cuenta que como ante cualquier actividad humana, las
decisiones tomadas favorecen a unos y pueden desfavorecer a otros.
En el caso de
Antioquia con sus 125 municipios agrupados alrededor de 9 subregiones, el
ejemplo es contundente. Un municipio tradicional se conecta al mundo gracias a
una carretera principal que le atraviesa o que pasa por un costado de sus
límites urbanos.
Si tomamos por ejemplo
la nueva vía a Urabá, que está en un alto porcentaje de avance, vemos por
ejemplo que algunos municipios otrora visibles, posiblemente entrarán a un
proceso de arrinconamiento y de estancamiento profundo, si no se toman medidas para
contrarrestar los efectos del cambio de ubicación de la “carretera principal”,
lo cual los aislaría del flujo vehicular de donde depende su subsistencia.
Si salimos de
Medellín hacia el mar de Urabá, que es uno de nuestros principales sueños
históricos, en pasos grandes vemos que los desarrollos viales presentes y
futuros han anulado el paso obligado por la cabecera municipal de San Jerónimo,
Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, y hasta ahí todo más o menos normal. Pero
seguimos adelante y nos encontramos con el aislamiento de Giraldo, Cañas
Gordas, Uramita, Dabeiba y Mutatá, y la cosa se va complicando pues la vía no
pasa tan cerca como la vía tradicional en la actualidad, lo cual afecta las
dinámicas sociales, económicas y políticas de estos territorios.
Más adelante Chigorodó,
Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí y Arboletes van comenzando a sentir el impacto
positivo de una más fácil integración con la capital del departamento, y aun
cuando las vías no pasan por sus cabeceras, pero sí por sus costados, ven
aumentar el flujo de vehículos y obviamente de viajeros que hacen
transacciones, proveen recursos y consumen servicios.
Una vez entren a
operar los nuevos puertos, es de esperarse que se incremente el flujo vehicular
de carga, con todas las exigencias asociadas a la cadena logística que debe ser
desarrollada y ubicada en el trayecto hacia y desde Medellín y otras ciudades colombianas.
Entender las vocaciones
económicas tradicionales y proponer nuevas alternativas vocacionales es un
trabajo que debe comenzar desde ya si no queremos ser testigos de
desplazamientos poblacionales hacia Medellín y otros municipios cuando la situación
económica comience a deteriorarse en los que no fueron impactados positivamente
por las nuevas rutas de las nuevas vías.
La movilidad
propiciada por la infraestructura, potencia la movilidad social y la movilidad
económica.
Estas se pueden dar
de manera espontánea, con todos sus beneficios y costos, o puede ser
planificada, en teoría con más beneficios que costes.
Bajo otra
perspectiva y en otra región, los municipios beneficiados por las regalías provenientes
de la entrada en operación de Hidroituango y ante la transformación de parte de
su escenario geográfico y su territorio por el impacto del reacomodo de las
aguas del embalse, deberán plantear proyectos que garanticen el buen uso de
estos nuevos recursos, ya que algunos de ellos enfrentarán un proceso semejante
al que vivieron El Peñol y Guatapé hace varios quinquenios, cuando comenzaron a
tener posibilidades turísticas gracias al embalse. Estos municipios son: Briceño,
Buriticá, Liborina, Santa Fe de Antioquia, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Puerto
Valdivia, Yarumal, Sabanalarga, Olaya, Peque y obviamente Ituango.
Estos son otros
temas que deberán ser tenidos en cuenta en las discusiones y propuestas que
presenten los candidatos a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías de los
municipios implicados.
Entre los tópicos presentados por Antonio Montoya H. en su nuevo editorial para esta semana, felicita el actuar de William Giraldo, ingeniero que asumió la dirección del proyecto de Hidroituango y que merece todos los aplausos; también nos habla de la baja en la cifra del desempleo a 9.7 %, lo cual es un buen indicador; de las mociones de censura a las ministras de Salud y de Minas y Energía; de la Corte Suprema de Justicia que revive la condena de Iván Márquez; la rebaja del SOAT; el que el presidente Petro vuelve a quedar mal con el cumplimiento de sus compromisos; las sorpresas del Mundial, y finalmente, un cálido saludo en estas fiestas decembrinas y la invitación para que se vivan con responsabilidad. No dejes de verlo.
El presidente Iván Duque, en reciente visita
que realizó al Departamento de Antioquia, hizo referencia al álgido tema de
Hidroituango, y obviamente a las Empresas Públicas de Medellín, EPM, e hizo
hincapié en la importancia de la obra y en las consecuencias para el país sino
se logra su terminación y puesta en marcha. Agregó que no es una obra de la
nación sino departamental y eso está bien, a los antioqueños nos gustó su
alocución, pero, pasados los días caemos en cuenta de que no habló claro y de
fondo, le faltó referirse con contundencia al actual alcalde de la ciudad, que
hace y deshace de los bienes públicos a su amaño, entra en conflicto a diario
con los ciudadanos y la ciudad, y eso parece que no le importa ni interesa al
señor presidente.
Por ello, en forma categórica quiero manifestar
que gobernar no es tarea fácil, son más los enemigos que se adquieren que los
que reconocen la gestión. Debo decir que el presidente es un hombre preparado,
formado en la academia, en el BID, pero no conoció ni de cerca lo que es
manejar con liderazgo a los ciudadanos colombianos, que no comemos cuento, que
somos pujantes y que queremos hombres recios que dirijan con tesón y fuerza el
país. No es el tiempo hoy de decisiones a medias, debe comprometerse con las
grandes tareas que afectan a las ciudades, a los municipios y a los
departamentos, no es el tiempo de conciliar, es el momento de enviar un mensaje
claro y contundente a aquellos que se valen de la palabra democracia para
acabar con el país, no podemos ser indecisos.
Se requiere señor presidente actuar con
decisión, energía y contundencia, para ello cuenta usted con más de cuarenta y
ocho millones de ciudadanos que confían en que la democracia es el mejor
sistema para gobernar una nación, que el ejército, la policía y los ciudadanos
del común creemos y esperamos que las fuerzas que nos protegen, no nos dejen
solos y al arbitrio de mentes locas que pretenden desestabilizar la nación y
crear el caos para salir ellos triunfantes. No lo permitiremos.
Añoro aquellos tiempos lejanos, anteriores a la
constituyente del año 1991, en la que los presidentes designaban a los
gobernadores y estos a su ves designaban a los alcaldes de la ciudad y de los
municipios que están a cargo en su jurisdicción, tiempo en el cual, si uno de
estos fallaba en el ejercicio del mando, era removido inmediatamente de su
cargo. No se aceptaba en esos cargos a personas que fueran en contra de la
ciudad, que alentaran y promovieran el conflicto social y por ende rápidamente
eran removidos y la ciudad o el municipio retomaba el sendero del desarrollo.
No puedo negar, que requerimos modificaciones
profundas en nuestros líderes, porque los actuales, en épocas de crisis no han
logrado abanderar el cambio, no combatieron la corrupción, el desgano
administrativo y el caos; han sido pusilánimes en escuchar a la ciudadanía que
es “la voz del pueblo”, no han
cumplido con sus obligaciones y no salieron a defender la democracia en la época del Paro nacional, no salieron a las calles, se
quedaron camuflados en sus casas, no defendieron la institucionalidad y por
ello, cada día, cada momento nos acercamos al caos y al conflicto.
Por todo esto señor presidente, en nombre de
muchos antioqueños y medellinenses le pedimos el favor de no apoyar la actual
administración de Medellín, no actúe si no quiere, o no puede, en defensa de
nuestros más grandes intereses, pero, por favor absténgase de apoyarlo.
En su alocución no lo mencionó, nosotros sí decimos
que hoy estamos ad portas de un gran conflicto social por cuenta de la
desestabilización, el caos económico y la falta de liderazgo en nuestra ciudad,
la gente se siente sola, desprotegida, ve una ciudad sucia, los jardines
acabados, las vías destrozadas, la indigencia pulula, la criminalidad crece y el
ánimo está a la baja.
Medellín no es así, los ciudadanos pujantes y
emprendedores están desprotegidos, el Concejo de Medellín no cumple con sus
funciones, aunque gracias al destino, ingreso a partir del lunes 11 de octubre
como concejal el abogado Julio Enrique González Villa, quien desde ese instante
está ejerciendo la defensa y protección de Medellín.
Medellín y Antioquia, son el bastión de la
democracia, si la perdemos, si abusan de nuestra gente, si dejamos que nos
manejen y malversen estaremos perdidos y nuestras generaciones se acordarán de
nosotros únicamente para mencionarnos como unos pusilánimes que no defendimos
la ciudad, la antioqueñidad y que dejamos cambiar el rumbo de nuestras vidas.
Las empresas promotoras del trabajo, del
salario, de bienestar de vida, y protección de la familia, desaparecerán. Lo
digo sin miedo, defendamos la democracia, la libertad de empresa, la propiedad
privada, el orden y la disciplina.
Es importante que todos los ciudadanos de
Colombia, entendamos que la revocatoria
no es algo surgido de la nada, que no existe, que es algo que se inventan
algunas personas para tratar de hacer daño a un alcalde o gobernador. Es
entonces vital aclarar que la revocatoria
es un derecho político, previsto en la ley colombiana, específicamente en la Ley
134 de 1994, en virtud de la cual los ciudadanos pueden dar por terminado el
mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.
Se aplica el mismo concepto imperante en el
derecho que indica que las cosas se deshacen en la misma forma como se hacen. Vale decir,
si al alcalde o gobernador se eligió por votación popular, se requiere entonces
el mismo procedimiento, una nueva convocatoria a elecciones para que se decida
mediante votación si se revoca ese mandato o continúa.
No es tarea fácil obtener mediante votación la
revocatoria. Les cuento que en Colombia se han intentado 109 acciones
revocatorias y ninguna ha prosperado, han fallado por múltiples motivos entre
los cuales puedo mencionar el que eran acciones caprichosas, sin motivos reales
o resultado de odio o venganza frente al mandatario elegido.
Por ello, una acción revocatoria tiene que
tener fundamentos que permitan que el proceso se desarrolle favorablemente, que
exista en la mente de los ciudadanos verdaderos sentimientos que permitan
aglutinar la idea y sea posible obtener el resultado positivo, que lo que se
invoque sea verdad, no fruto de la imaginación, sino de hechos claros y
concretos que demuestren que quien gobierna genera una insatisfacción general
frente a la labor que realiza, o existe un claro incumplimiento del programa
por el cual fue elegido.
La solicitud de la revocatoria se debe
presentar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en un tiempo no menor
de un año, contado a partir del momento de la posesión, lo que claramente
indica que cualquier proceso revocatorio en Colombia debe iniciarse el dos (2)
de enero de 2021.
Por eso no es sorpresa para ningún alcalde o gobernador
que los procesos revocatorios se inicien, la ley da esa posibilidad y si ellos
en el primer año de gobierno en vez de unir, construir, formular proyectos y
propuestas serias se dedican a lo contrario, a gobernar en nombre y favor de
otros sectores externos, a no mantener la unidad social, a ir en contra de la
tradición y la historia, a cometer errores uno tras otro, pues deben entender
que van intentar revocarlos. Este es un proceso legal, no contra la persona
sino contra la forma de gobernar, quien debió procurar mantener el buen
gobierno y no lamentar ni tratar de desestimar a quienes lideran los procesos
revocatorios.
Durante los días finales del mes de octubre y
los meses de noviembre y diciembre, los movimientos civiles que lideren la
revocatoria ya sea en Medellín o cualquier otro lugar del país, deben actuar
con eficiencia, sin mentir, convenciendo a los ciudadanos de que el proceder
del alcalde o gobernador perjudica al municipio o al departamento, y, sobre todo,
deben ser movimientos ciudadanos no liderados por partidos o grupos políticos
tradicionales. No se trata de partido, se habla es de incumplimiento de programas
o de insatisfacción general, no que sea de derecha, izquierda o centro, sino
que no conduce por el camino adecuado a la gente, a sus ciudadanos.
Gobernar es sin duda un arte, el del buen
gobierno, el adecuado manejo del erario; generar empleo, seguridad, educación y
bienestar son sus funciones, el que no tenga esos objetivos claros debe ser
revocado.
Es cierto también que el proceso requiere el
lleno de requisitos de forma para que sea avalada la revocatoria. Se requiere
contar con un número de firmas de ciudadanos registrados en la ciudad o
departamento, no inferior al 40% de los votos válidos emitidos en la elección
del respectivo mandatario, que deben, con su firma y cédula, solicitar la
convocatoria a la votación para la revocatoria del mandato al gobernador o
alcalde. En Medellín, se requieren noventa y dos mil (92.000) firmas válidas
para el proceso revocatorio.
Al final de cuentas si se cumplen requisitos y
se llama a elección revocatoria, esta prosperará si se obtiene la mitad más uno
de los votos ciudadanos que participen en la convocatoria, siempre y cuando el
número de votos no sea inferior al cuarenta por ciento ($40%) de la votación
total válida registrada el día en que se eligió al mandatario.
No es fácil revocar a alguien, pero, si se hace
con trabajo, unidad de objetivos y adecuada planeación se logra el objetivo y
se puede demostrar que no existe persona alguna por encima de los ciudadanos,
que el mandato popular es para cumplirlo y satisfacer la ciudad y sus
ciudadanos, no es para la gloria personal o para pensar en otros ascensos en
sus carreras, es y debe ser un servicio en favor del ciudadano.
Durante 23 años se pudo
mantener la joya de la corona como empresa industrial y comercial del Estado,
100% de capital público municipal.
Nadie ha estado
dispuesto al desgaste político que implica cambiar su naturaleza jurídica, a
una sociedad por acciones, así se conserve la mayoría en cabeza del municipio,
por la sencilla razón de generar tufillos de privatización.
En 1997, cuando la transformación
obligada por ley, se trataba en el Concejo de la ciudad, el único visionario
que se atrevió a mencionar el tema en el seno de la corporación, fue Álvaro
Uribe Vélez, quien nos dedicó mucho tiempo para solicitar transformar a EPM en
sociedad por acciones de mayoría de capital público; hacia cálculos, en los que
vendiendo una pequeña parte, podríamos haber salido del desatrazo vial al que
todavía estamos sometidos, además de advertirnos sobre los inminentes riesgos
para la gobernanza de la empresa en manos del sector político.
Si le hubiésemos parado
bolas, nos habrían tirado tomates podridos, pero, tendríamos vías en Antioquia
y unas EPM muchísimo más grandes que las actuales. Habríamos evitado el
desgaste al que, sometida a los vaivenes de la política, han estado nuestras
EPM, manteniendo inclusive ese esquema de manejo corporativo que compromete a
estado-empresa-academia.
Hoy es necesario
capitalizar la empresa, para hacerle frente a la culminación de proyectos
(Hidroituango, Caribe, etc.), a evitar los altos costos y dificultades en la
consecución de créditos con la banca nacional y extranjera, a las dificultades
en la colocación de bonos y al mantenimiento de la excelencia en la prestación
de los servicios públicos domiciliarios, que permitan su permanencia en el
ambiente de competencia, en y por el mercado.
Estamos en el momento
oportuno y en la obligación de acometer este paso de transformación de EPM,
dejarla cómo está, sería alcahuetear el proceso de deterioro, propio de quienes
tienen intereses de frenar el empuje de Antioquia, pegándole donde más le
duele.
Desafortunadamente por
las buenas no se pudo establecer un mecanismo acorde en los requisitos y
designación de los miembros de la junta directiva y del gerente, por esta
última.
Hay que transformar a
EPM en una sociedad por acciones de mayoría de capital público; Colpensiones,
los fondos de pensiones, los empleados de EPM, los ciudadanos de Antioquia,
serían los llamados a capitalizar la empresa, plata fresca, estatutos
actualizados, que permitan manejos estables, responsables y eficientes, que
redunden en beneficio de Medellín, de Antioquia, de Colombia.
Qué paradoja, hace 23
años vender un pequeño porcentaje de EPM, para alejarlas de la política dañina,
nos habría dado las vías requeridas por Antioquia que hoy todavía no tenemos. Hoy
seguramente tocará disponer de un porcentaje mayor, para capitalizar a las EPM,
y de una vez, a varias de sus filiales. Algo hay que hacer con TIGO-UNE, la
cogió la pandemia sin equipos ni infraestructura para aprovechar las
oportunidades de crecimiento que los requerimientos de la virtualidad impuesta
por la cuarentena, exigen.
No queremos a EPM como
un Pedevesa, de esta salimos; nuestro Señor Jesucristo nos va a dar la
inteligencia y la fuerza necesaria para acometer este proceso de transformación
y capitalización de nuestras EPM.
Por Andrés de Bedout Jaramillo*
El año pasado tuvimos la oportunidad de votar por un candidato que presentaba la propuesta más importante para Medellín, la continuidad de Jorge Londoño en la gerencia de EPM. Hoy nos damos golpes de pecho porque están acabando nuestra empresa insignia, en manos de casas políticas de varios partidos, que llevaron al actual alcalde al poder, quien de entrada los engañó, al igual que a sus votantes, ofreciendo un gerente independiente, escogido por una empresa cazatalentos. Todo parece indicar que se dejaron enmermelar, al igual que los concejales de la ciudad, porque no le hicieron valer lo prometido. Lo único claro es que cogió el camino opuesto al trazado en el acuerdo de transformación, que trabajamos y aprobamos en el Concejo de Medellín en diciembre de 1997, hace casi 23 años; ningún alcalde, ningún concejo, ningún gerente, se habían atrevido a hacer lo que están haciendo hoy con EPM.
El acuerdo municipal a
que me refiero, donde por ley teníamos que transformar la figura jurídica de
EPM, lo construimos de la mano del talento del patrimonio más grande de la
compañía, su gente, expertos, responsables, honrados, hábiles, abnegados y
estables ejecutivos que dirigían la compañía de los antioqueños.
Revisamos todas las
posibilidades, escuchamos a todos los sectores de Medellín y concluimos que la
figura más pertinente era la de empresa industrial y comercial del Estado, de
capital público municipal. Ya no podía seguir siendo un establecimiento público
del orden municipal, la ley 142 lo impedía.
Éramos conscientes de
que el riesgo de politización siempre estaría presente; afortunadamente los
acaldes elegidos popularmente siguieron la línea de crecimiento trazada por
Diego Calle y las cifras corroboran lo dicho. El progreso de nuestra ciudad se
debe en un alto porcentaje a las transferencias y a las inversiones de EPM.
Desafortunadamente en
la ejecución de la obra más importante para la generación hidroeléctrica del
país, una mega obra de altísimo riesgo, se presentaron problemas por fenómenos
de la naturaleza, que han sido capitalizados por sectores que iniciaron de
tiempo atrás una campaña de desprestigio, estúpida, absurda, propia de los que
no tienen más de dos dedos de frente. Lograron su cometido, acabar en 8 meses
con el gobierno corporativo de principios y valores, y acabar con la
estabilidad laboral de carrera y formación tradicionales. También quiere
arrasar con las empresas privadas antioqueñas, que han generado el empleo y el
desarrollo, que matan de envidia a los que no entienden que el desarrollo se
logra es trabajando muy duro, como lo hacemos y lo hemos hecho en Antioquia,
asumiendo riesgos, arropando y defendiendo nuestras empresas públicas y
privadas, grandes, medianas y pequeñas, que generan los empleos y pagan los
impuestos, que permiten nuestro bienestar, nuestro desarrollo y nuestra
felicidad.
La junta directiva con
su valiente renuncia colectiva, nos está pidiendo a gritos, que abramos los
ojos, que está vaina se está saliendo de madre, que nos están desbaratando la
empresa y se quieren llevar entre los cachos al sector empresarial. Mejor
dicho, como dice mi hermano Roberto de Bedout, están convirtiendo a EPM en una
Pedevesa.
Los sectores políticos
que subieron al alcalde al poder, tienen que poner la cara y pararlo en la raya
inmediatamente. Los sectores políticos que colocaron los concejales actuales,
también tienen que poner la cara y obligarlos a defender nuestro patrimonio más
preciado.
Alcalde y concejales
tienen que acordar inmediatamente y de frente a la ciudad, una gerencia y una
junta directiva, que nos garanticen frenar en seco la politización de la
compañía, que regrese el gobierno corporativo, la trasparencia en la
contratación, que ya ni se publica como se hacía antes, la carrera
administrativa por méritos, en fin, volver al sendero. Estamos a tiempo si
arrancamos inmediatamente.
No podemos esperar una
revocatoria, sería muy tarde tener que esperar cuatro meses para iniciar su
trámite y quién sabe cuántos para que se dé o no.
Tampoco nos va a salvar
esperar las resultas de una demanda que podrá demorar en el mejor de los casos
10 años; 10 años sometidos al desgaste de EPM, Medellín y todo lo que nos
rodea, vamos a perder todos y por todo lado.
Alcalde, concejales,
por favor nos arreglan este problema, para eso los eligieron, no nos tiren por
el despeñadero, lo que está sucediendo no es justo, no es racional, ustedes
tienen que ser serios, tienen que ser responsables con ustedes mismos, con sus
familias, con sus votantes. Si no arreglan este problema, no se lo vamos a
perdonar, políticamente hablando.
Que nuestro Señor
Jesucristo ilumine al alcalde y a los concejales de Medellín, oremos por ellos.
