“Finalmente,
¿qué es lo que busca la JEP en Hidroituango?
Establecer
los posibles lugares ilegales de inhumación de personas, víctimas de
desaparición forzada, en los municipios de incidencia del proyecto
Hidroituango, identificar posibles riesgos y dictar las medidas de protección
pertinentes; ello, atendiendo las denuncias de víctimas, organizaciones y
habitantes de la región”.
Esto fue lo que
respondió Patricia Linares, la presidente de la JEP a Yamid Amat, en entrevista
publicada en el periódico El Tiempo del domingo 8 de septiembre de 2019.
Es ridículo que
ahora el ataque centralista bogotano a Antioquia llegue al colmo de ser capaces
de ordenar vaciar la presa de Hidroituango dizque para buscar fosas comunes de
personas desaparecidas. Esto es lo que se extrae de la lectura de estas
declaraciones de la presidente de la JEP.
Antioquia tiene
que despertar. Bogotá, la cuenca oriental del río de la Magdalena, está
empeñada en destruir el bastión del uribismo. Todo lo que muestre empuje,
fuerza de la nación antioqueña, de esta raza especial, de esta comunidad única,
tales como Hidroituango o Empresas Públicas de Medellín, está en la mira del
centralismo.
La JEP es la
hija de unos acuerdo espurios. La Constitución Nacional es clara en su artículo
3: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder
público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus
representantes, en los términos que la Constitución establece”.
En este artículo
se plasma con claridad:
1- Que
la soberanía no reside en nadie más que en el pueblo.
2- Que
el pueblo la ejerce directamente
El plebiscito es
uno de los mecanismos de participación ciudadana por medio del cual el pueblo
ejerce directamente su soberanía, razón por la cual, una vez consultado el
pueblo y habiendo decidido, nadie puede contradecir esa decisión porque es
soberana.
El 2 de octubre
del 2016 el pueblo, en ejercicio de su soberanía, dijo ¡No! a los acuerdos de
paz que suscribió el gobierno Santos con las FARC. La consecuencia de ello es
que nada de lo que surge de esos acuerdos puede tener validez.
La JEP surgió de
esos llamados acuerdos, por lo que, en sana lógica, no puede operar, pues el
pueblo, soberanamente, le negó toda posibilidad.
Así las cosas,
Antioquia no sólo tiene el derecho, sino el deber, cumpliendo la Constitución
Política de, en ejercicio de la autonomía que le da la misma Constitución en el
artículo 1, desobedecer a la JEP, ignorarla, despreciarla, desatenderla.
Es menester recordar
que el constitucionalismo siempre partió de un derecho fundamental del pueblo
que es la resistencia a la opresión; así se estableció en la primera
declaración de derechos del hombre consecuencia de la revolución francesa:
“2. La finalidad
de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la
seguridad y la resistencia a la opresión”.
Así que, es un
derecho natural de los antioqueños comenzar un proceso de resistencia a la
opresión del centralismo que se ha empeñado en desconocer la voluntad soberana
del pueblo expresada con claridad en el plebiscito del 2 de octubre del 2016.
