Por Pedro Juan González Carvajal
Con unos 6 decenios
de retraso, por fin estamos comenzando a ver que algunos de los proyectos de
infraestructura asociados a las llamadas vías 4G, o Autopistas de la Prosperidad,
van siendo entregadas casi totalmente concluidas, sabiendo de antemano que una
vía requiere de algún tiempo de “asentamiento” para su operación normal.
Nos damos cuenta,
ante la evidencia contundente, de lo atrasados que estábamos en términos de
infraestructura vial y que antes era pedirle mucho al Estado, en el sentido de
tener una verdadera presencia territorial, lo cual demuestra que sin movilidad
no hay posibilidad de democracia.
Sin embargo, es
importante tener en cuenta que como ante cualquier actividad humana, las
decisiones tomadas favorecen a unos y pueden desfavorecer a otros.
En el caso de
Antioquia con sus 125 municipios agrupados alrededor de 9 subregiones, el
ejemplo es contundente. Un municipio tradicional se conecta al mundo gracias a
una carretera principal que le atraviesa o que pasa por un costado de sus
límites urbanos.
Si tomamos por ejemplo
la nueva vía a Urabá, que está en un alto porcentaje de avance, vemos por
ejemplo que algunos municipios otrora visibles, posiblemente entrarán a un
proceso de arrinconamiento y de estancamiento profundo, si no se toman medidas para
contrarrestar los efectos del cambio de ubicación de la “carretera principal”,
lo cual los aislaría del flujo vehicular de donde depende su subsistencia.
Si salimos de
Medellín hacia el mar de Urabá, que es uno de nuestros principales sueños
históricos, en pasos grandes vemos que los desarrollos viales presentes y
futuros han anulado el paso obligado por la cabecera municipal de San Jerónimo,
Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, y hasta ahí todo más o menos normal. Pero
seguimos adelante y nos encontramos con el aislamiento de Giraldo, Cañas
Gordas, Uramita, Dabeiba y Mutatá, y la cosa se va complicando pues la vía no
pasa tan cerca como la vía tradicional en la actualidad, lo cual afecta las
dinámicas sociales, económicas y políticas de estos territorios.
Más adelante Chigorodó,
Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí y Arboletes van comenzando a sentir el impacto
positivo de una más fácil integración con la capital del departamento, y aun
cuando las vías no pasan por sus cabeceras, pero sí por sus costados, ven
aumentar el flujo de vehículos y obviamente de viajeros que hacen
transacciones, proveen recursos y consumen servicios.
Una vez entren a
operar los nuevos puertos, es de esperarse que se incremente el flujo vehicular
de carga, con todas las exigencias asociadas a la cadena logística que debe ser
desarrollada y ubicada en el trayecto hacia y desde Medellín y otras ciudades colombianas.
Entender las vocaciones
económicas tradicionales y proponer nuevas alternativas vocacionales es un
trabajo que debe comenzar desde ya si no queremos ser testigos de
desplazamientos poblacionales hacia Medellín y otros municipios cuando la situación
económica comience a deteriorarse en los que no fueron impactados positivamente
por las nuevas rutas de las nuevas vías.
La movilidad
propiciada por la infraestructura, potencia la movilidad social y la movilidad
económica.
Estas se pueden dar
de manera espontánea, con todos sus beneficios y costos, o puede ser
planificada, en teoría con más beneficios que costes.
Bajo otra
perspectiva y en otra región, los municipios beneficiados por las regalías provenientes
de la entrada en operación de Hidroituango y ante la transformación de parte de
su escenario geográfico y su territorio por el impacto del reacomodo de las
aguas del embalse, deberán plantear proyectos que garanticen el buen uso de
estos nuevos recursos, ya que algunos de ellos enfrentarán un proceso semejante
al que vivieron El Peñol y Guatapé hace varios quinquenios, cuando comenzaron a
tener posibilidades turísticas gracias al embalse. Estos municipios son: Briceño,
Buriticá, Liborina, Santa Fe de Antioquia, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Puerto
Valdivia, Yarumal, Sabanalarga, Olaya, Peque y obviamente Ituango.
Estos son otros
temas que deberán ser tenidos en cuenta en las discusiones y propuestas que
presenten los candidatos a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías de los
municipios implicados.