Por José Alvear Sanín*
Todo en
la JEP se realiza en medio de una parafernalia funambulesca: discursos
socarrones, togas pintorescas, arcanos procedimientos, terminología incomprensible,
salas de rocambolesca designación, providencias entre rabulería y pseudosociología,
astronómicos emolumentos, y, desde luego, emancipación de todo principio jurídico,
porque ese tribunal, lege soluto, solo responde a la finalidad para la
que fue creado, asegurar la impunidad de los subversivos y la condena de sus
opositores.
Además,
de manera subrepticia, debe actuar siempre dentro del plan revolucionario para la
toma del poder.
Dotada de
poderes amplísimos, que ella misma estira, avalada por la sumisa Corte Constitucional,
con espléndidos recursos presupuestales, temida y acatada por el gobierno, la
JEP no es una alta corte más, porque, en realidad es la “Altísima Corte”, la cúpula
que domina y determina el derecho colombiano.
En
realidad, es un tumor creciente (¿canceroso?) en un organismo debilitado como
es el Estado colombiano. Por ende, si no se extirpa a tiempo (si aún lo
tenemos), acabará por eliminarlo.
Los
horrores de la JEP apenas comienzan a verse. La eliminación de la extradición
de narcotraficantes, la conversión de actos terroristas en acciones militares
lícitas, la sustitución del secuestro por la saludable “retención” de personas
en apacibles y ecológicas reservas selváticas, son apenas abrebocas de lo que
vendrá. La culpable tolerancia de esas extralimitaciones estimulará eficazmente
el saltarse todas las talanqueras de la moribunda legalidad anterior.
Es
evidente que dentro de un estado democrático no pueden funcionar “tribunales” revolucionarios,
así como en un estado comunista no proceden jurisdicciones independientes,
imparciales y legalistas, pero se nos quiere hacer creer que la JEP es otro organismo
judicial normal.
En medio
de esa farsa aceptada por el gobierno actual, buena parte de sus apoyos políticos
en el CD hablan de “reformarla”, a pesar de la experiencia de las seis nimias objeciones
presidenciales que negó la Corte Constitucional. No olvidemos que esa bancada
apenas constituye una débil contraposición parlamentaria frente a la maquinaria
santista del Congreso.
En vez de
esa imposible reforma, tiene toda la razón el Dr. Álvaro Uribe cuando reclama en
solitario la eliminación de la JEP y el traslado de sus expedientes a un poder
judicial unificado, donde desaparezcan tantos órganos de cierre.
Pero
¿cómo hacer posible esa radical y necesaria reforma judicial?
Acaba
nuevamente la JEP de extralimitarse en sus funciones, exigiendo a EPM, constructora
de Hidroituango, “información sobre exhumaciones que se hicieron en tres cementerios
ubicados en la zona de influencia de Hidroituango, porque se presume que había
cuerpos de personas desaparecidas violentamente” y porque “no existe
ningún documento que certifique que se hizo un proceso de búsqueda exhaustivo”.
Ignoro la
respuesta de EPM a este inadmisible requerimiento, porque ninguna empresa constructora
tiene funciones policiales o judiciales en relación con posibles víctimas de presuntos
delitos en hipotéticos lugares.
Si la JEP
algo quiere investigar en esa zona, ¿por qué, en vez de hacer, excediendo sus competencias,
exigencias imposibles a EPM, no se dirige a los jueces, alcaldes y fiscales competentes
en esos lugares?
Nunca me
pareció conveniente esa hidroeléctrica, a la que me opuse tanto por motivos económicos
como ecológicos. En vez de represar el Cauca, había llegado —pensaba— la hora
de las energías eólica y solar. Pero ya no es posible dejar de concluir ese macroproyecto.
Sobre él pesan desaciertos de EPM y la inquina de varios movimientos aparentemente
“verdes”, que no ocultan su propósito de destruir la represa, así se pierdan
billones de pesos y de kilovatios.
Entre los
infundios contra Hidroituango se ha llegado hasta la fábula de que el embalse
se hizo para “ocultar fosas comunes” y que debe vaciarse para buscarlas.
No se
ría, amable lector, de esa tontería, que se repite hasta en claustros
universitarios, porque avanza una estrategia contra el desarrollo energético
nacional, para acelerar el advenimiento de la revolución. De ahí la
proscripción del fracking. ¿Y si finalmente la omnipotente JEP ordenase el
desembalse de Hidroituango…?
Contra el
debilitado estado de derecho se levantan los partidarios del narcoestado, para cuya
consolidación todos los medios se combinan y coaligan, siendo la JEP uno, y no
el menor, de ellos. Con sobrada razón, el expresidente Uribe, al conocer la
intromisión de la JEP en Hidroituango, insiste en que es necesario eliminarla.
***
Según
recoge Orlando Figes, basado en los estudios de Struve, Volkoganov y Fischer (“La
Revolución Rusa”, cap. 9, nota 56), decía Lenin: “No puedo escuchar
música con mucha frecuencia (…) Me provoca deseos de decir cosas agradables y
estúpidas y de acariciarle la cabeza a la gente, pero ahora hay que apalearlos
en la cabeza, apalearlos sin piedad”.
