.jpg "Pedro Juan González Carvajal")
Cuando hablamos de Antioquia,
hablamos de un todo que contiene al Valle de Aburrá y a su capital Medellín, es
decir, 125 municipios, incluido el Distrito Capital, ubicados en 9 subregiones,
donde estamos en mora de visibilizar a sus casi 307 corregimientos y a sus casi
4.643 veredas, unidades político-administrativas que constituyen nuestro amplio
espectro rural.
Para lograr consolidar una
democracia justa, equitativa e inclusiva, con oportunidades y bienestar para los
cerca de 6 millones de habitantes, no solo es necesario tener control de la
totalidad del territorio, 63.612 Km2 y tener un horizonte común. Recordemos
la Visión Antioquia 2020 que rezaba: “En el año 2020 Antioquia será la mejor
esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la
naturaleza” y la actual visión postulada dentro de la Agenda 2040 que dice:
“Antioquia corazón
verde de América. Equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y
en paz”.
Bellos deseos que deben ser concretados, de modo que no nos vaya a quedar, de nuevo, grande la grandeza.
Fuera
de una férrea voluntad política y cívica, es necesario dotar al territorio de
las infraestructuras adecuadas para que los derechos y los deberes de los
ciudadanos cuenten con los escenarios de todo tipo propicios para su
interacción con los otros ciudadanos y con el Estado.
Veamos
algunas de las acciones normales que deben realizarse y algunas otras por emprender:
Es
necesario mantener en condiciones dignas las sedes educativas, de salud, de
justicia, de prestación de los variados servicios a los cuales tienen derecho
los ciudadanos, con el fin de facilitar los trámites y compromisos que les
ayuden a alcanzar su bienestar, es decir, se requiere un Programa permanente de
mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras existentes.
Es
necesario garantizar la cobertura del 100% de los servicios que se deben
ofrecer a los ciudadanos, y para esto es necesario construir y dotar dignamente
las infraestructuras de todo tipo faltantes.
De
igual manera, establecer un Programa de terminación de obras en curso y de
obras inconclusas para garantizar el adecuado uso e impacto de los recursos
inicialmente invertidos y que pueden ser despilfarrados de no garantizase la
culminación a satisfacción de esas obras.
Hay
que terminar y entregar a satisfacción las vías 4G con sus taludes, vías
pavimentadas, túneles, puentes, viaductos, señalización y obras complementarias
y de ornato completamente culminadas.
Debemos
terminar a Hidroituango y hacer énfasis en la construcción de vías terciarias. Es
necesario garantizar que todos los antioqueños tengan acceso a energía y a agua
potable, al igual que se necesita la ampliación del aeropuerto José María
Córdova incluyendo la construcción de su segunda pista. Debemos construir el
llamado Metro de la 80 con todas sus obras complementarias y el segundo Túnel
de Oriente. Debemos superar el déficit de 400.000 viviendas que tiene el
departamento para que todos los antioqueños cuenten con un hogar digno, entre
las otras muchas obras, que, históricamente se han detectado, estudiado y
anunciado y que hoy reposan en la memoria individual o colectiva, en los
archivos de las áreas de planeación públicas y privadas y sobre todo en los
bancos de proyectos de cada municipio, teniendo en cuenta el gran esfuerzo
realizado en la construcción de la Agenda 2040 con su gran Banco de
Proyectos.
Existen
obras que por su importancia deberían ser prioritarias, como el caso de la
terminación, por fin, de la doble calzada Medellín - Bogotá, obra que
debe ser rediseñada en aquellos puntos cuya geología ha demostrado a la
saciedad que por esos sitios es imposible garantizar estabilidad del terreno.
La
terminación, un siglo de estos, de la carretera Medellín - Quibdó.
La
reconstrucción de la infraestructura férrea, el manejo integral de ríos y
quebradas, la recuperación de nuestro territorio costero afectado por la erosión,
la determinación de estrategias para el depósito de los residuos sólidos, entre
otros muchos proyectos y obras por precisar.
Un
llamado a los nuevos gobernantes a trabajar unidos y en acuerdo con el gobierno
nacional, para que los recursos, siempre escasos, no nos sean esquivos y la
pulcritud en su manejo y disposición sean una constante.
Nota: mucho cuidado con las iniciativas y discusiones ligeras y
poco fundamentadas que hoy se abren paso con respecto a una posible autonomía
fiscal de los departamentos.
Una
invitación a los gobernadores para que, haciendo un ejercicio de empatía y de
solidaridad, se pongan por ejemplo en los zapatos del gobernador del Guainía, o
del Amazonas, o del Chocó, por poner solo estos ejemplos, a ver como perciben,
dimensionan e instrumentan esta iniciativa.
Una
cosa es ser gobernador de Antioquia, Cundinamarca o el Valle del Cauca y otra
cosa es la realidad de los otros 31 departamentos.
La autonomía
fiscal debe ser parte de una verdadera reforma
tributaria integral para el país, donde aspectos como la descentralización
y la federalización sean estudiadas a fondo y tenidas en cuenta a partir del
conocimiento y de las realidades de nuestro país.
Inquietud: es claro que todos los países tienen sus particularidades,
pero es difícil entender que en medio de la voracidad de los incendios
forestales que arrasan a Colombia, no se oiga lo mismo en los países vecinos.
¿Es acaso que Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, que son nuestros
países limítrofes continentales no padecen el cambio climático, o el fenómeno
del niño?
Claro
que las geografías son semejantes pero distintas, en el entendido que en el
caso de Colombia la geografía de la corrupción hace de las suyas.
¿Quién
responderá por la cantidad de equipos que no están al servicio de esta tragedia
por falta de mantenimiento, aun existiendo los recursos como dicen las
investigaciones periodísticas?
Aquí
no debe quedar títere con cabeza. Si este fuera un país serio, que
lamentablemente no lo es, desde el presidente, pasando por ministros, hasta el director
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deberían
ir pasando sus respectivas cartas de renuncia, pero aquí el concepto de
responsabilidad se diluye ante una ciudadanía inexistente.
