Veíamos la semana pasada cómo con la Neolengua
las palabras se construyen con fines políticos, para dirigir y controlar el
pensamiento. En la práctica, los vocablos terminan significando todo lo
contrario de lo que expresaban desde tiempo inmemorial. El primer ejemplo es el
Ministerio del Amor, encargado del odio…
Decíamos también que en la rama judicial se
vislumbraba nuestro futuro Ministerio del Amor; pero un buen amigo me dice que
me equivoco, que el poder judicial ya ejerce plenamente ese Ministerio
orwelliano.
Reflexionando sobre el pasado reciente del
poder judicial encontramos de continuo, a partir de 2016, sentencias nefandas
pero obligantes, que trastocan absolutamente el derecho. Aunque la rama tiene
cuatro órganos supremos ‒Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado
y JEP‒, actúa como un solo cuerpo, al igual de la Hidra, monstruo horripilante
de varias cabezas, pero guiadas por un propósito único y terrible.
En la JEP, todos sus “magistrados” fueron
escogidos por y para el servicio de las FARC, mientras en las otras tres “altas
cortes”, apenas la mayoría es ostensiblemente mamerta, pero, en consecuencia,
impone siempre la línea política conducente a socavar el estado de derecho y
avanzar en el camino de la revolución.
La anterior situación no es percibida por las
buenas gentes, formadas en el respeto secular por los tribunales, pero si
enumeramos apenas los fallos más aberrantes, vemos que la palabra justicia, ahora, realmente significa prevaricato.
En efecto, desde el punto de vista del derecho,
¿qué cosa distinta de prevaricatos son ciertas sentencias?:
·
La que aceptó suplantar la
decisión del pueblo soberano en las urnas, por una simple proposición ilegal,
aprobada por las cámaras.
·
La que autorizó el “fast track”
para expedir a las volandas y contra la Constitución docenas de leyes a favor
de la subversión.
·
La que llamó a juicio por
fraude procesal al doctor Uribe y excarceló a quien este había acusado con
razón. De allí se siguió un proceso en el que la Corte Suprema violó
deliberadamente todos los principios penales y las leyes procesales; además,
las “pruebas” se inventaron.
·
La que despenalizó el aborto.
·
Las que obstaculizaron la
extradición de un narcoterrorista, lo liberaron e hicieron posible su fuga.
·
Las que han invadido las
competencias del Congreso, convirtiendo la Corte Constitucional en poder
legislativo.
·
Las que obstruyen las
funciones del gobierno y convierten a los jueces, empezando por los de tutela,
en poder ejecutivo.
·
Las que inhiben la lucha
contra el narcotráfico.
·
Las que obstaculizan la
explotación de los recursos naturales.
·
Las que niegan las objeciones
del poder ejecutivo a leyes inconstitucionales favorables a la subversión.
·
La que obsequia 16 curules a
la revolución, eliminando el carácter representativo de la Cámara, y convierte
a sus mayorías en rehenes del Secretariado.
·
Las que obstaculizan el
restablecimiento del orden público.
·
Las que ponen en desventaja a
la policía frente a los terroristas.
·
Las que condenan a priori a los funcionarios públicos de
un gobierno y las que absuelven arbitrariamente a los políticos subversivos.
No quiero cansar al lector. Basten estos 14
ejemplos para reconocer que, si en Colombia volviese a imperar el derecho, las
cárceles estarían repletas de jueces y magistrados.
La realidad, que tantos ilusos se resisten a
aceptar, es que ahora en el país rige el NeoJuris o NeoLegis, cuya carta es el
Acuerdo Final, sus principios generales son los de Lenin, Gramsci y Vishinski; sus códigos son las
sentencias de la Corte Constitucional y sus oficiantes forman un órgano al
servicio de la revolución, pluriforme pero jerárquico, unánime y disciplinado,
que ya ejerce los tres poderes públicos, porque de la tridivisión clásica hemos
pasado al poder monista del marxismo cultural y la praxis revolucionaria.
¡Y todo esto se
acata! ¡Y se seguirá acatando!
***
Ya el títere
analfabeto notificó a los peruanos que la prioridad de “su gobierno” es la
reforma constitucional.
Ojalá la nueva
lección peruana no siga la triste suerte de la lección venezolana, que ya no
nos inmuta.
¡Nos quedan diez
meses…!
