Por Andrés de Bedout Jaramillo*
La
justicia es un servicio público prestado por el Estado colombiano a todos sus
habitantes, para poder solucionar los problemas que se presentan entre ellos y
con el Estado. Si esos problemas no los resuelve el Estado, los habitantes
buscan otras formas de solucionarlos, porque hay problemas con los que no se
puede convivir, y ahí es donde otros vienen a suplantar al Estado; mejor dicho,
cuando el Estado no es capaz, se forma un estado paralelo para sustituirlo.
Primero
pensábamos que esto solo sucedía en los territorios lejanos, donde es muy
escasa o nula la presencia Estatal. La realidad es que está sucediendo con
mayor fuerza en las ciudades con mayor presencia estatal. Las principales
ciudades del país cuentan con cientos de bandas, que dominan territorios
urbanos, con vías, colegios, servicios públicos domiciliarios, etcétera, donde
imponen su ley, cobran sus tributos, desplazan y asesinan a los que no quieren
que estén en sus zonas, además de autorizar o no el ingreso de bienes y
personas, entre otras arbitrariedades.
Mejor
dicho, algún indicador existirá para medir cuántos colombianos acceden a la justicia
del Estado colombiano y cuántos colombianos tienen que acceder a la justicia de
los cientos de bandas que manejan territorios, urbanos y rurales en Colombia.
Se
supone que el servicio público de la justicia es gratuito, lo que no es tan
cierto. Si usted recurre a la justicia sin un abogado, puede terminar más emproblemado
de lo que llegó, y para contar con un abogado, toca pagarlo. La consulta puede
valer entre $100.000 a $ 1.000.000 / hora, dependiendo del profesional
consultado. Si no tiene dinero, que es lo más usual en los estratos 1, 2 y 3,
se recomienda buscar los consultorios jurídicos de las Universidades con
facultades de Derecho. Algún indicador consolidado nos dirá cuántos casos en
las diferentes ramas atienden estos consultorios, pero estoy seguro que no son
suficientes, que no dan abasto, como tampoco dan abasto los defensores públicos
que asisten en materia penal a los cientos de detenidos, que diariamente
capturan los miles de integrantes de la fuerza pública, por delitos mayores y
menores, que demandan, entre la captura y la legalización de la misma,
ingentes, costosos y congestionadores esfuerzos de policías, investigadores y
jueces; también existirán indicadores que permitan saber qué delitos, o
conductas menores, podrían someterse a procedimientos más simplificados.
Hay
que diseñar estrategias para mejorar el servicio de la justicia, para que sea
accesible, incluyente, ágil, rápida, cumplida, etcétera, acompañada de una
simplificación de trámites, y ¿por qué no?, de mecanismos de solución
alternativa de conflictos; inclusive de la gran cantidad de conflictos que hoy
se presentan entre el Estado y los particulares, por las decisiones
administrativas, con procedimientos defectuosos, orientados solo a producir
resultados a como dé lugar, una especie de falsos positivos, que están
aporreando al sector formal de la economía y congestionando el sistema
judicial.
Se
dice que la demanda de la justicia ha crecido ocho veces en los últimos 20
años, mientras que su presupuesto solo ha crecido tres veces; este es el
momento en donde tecnológicamente, ni siquiera está funcionando el expediente
electrónico.
Lo
único cierto es que la justicia es para los de ruana, como dice el dicho popular;
mientras el Estado no pueda ofrecer asistencia jurídica o un sistema de defensa
judicial gratuita a los más pobres, ellos no tendrán acceso a su justicia. Por
ejemplo, se dice que uno de los factores de congestión más significativo del sistema
judicial son los dos millones de procesos ejecutivos que cursan ante los jueces
y de esos dos millones de procesos, un millón doscientos mil corresponden a las
entidades financieras, que por hacer mal los estudios de crédito, tienen como
cobrador, al Estado.
Yo
no entiendo porque no se ha dado la reforma a la justicia. Llevamos como cuatro
o cinco gobiernos, algunos de ellos con periodos de ocho años, donde las
comisiones de expertos tienen más que sobre diagnosticado el problema y han
presentado todo tipo de posibles soluciones, todas ellas tendientes a buscar la
independencia que requiere la rama judicial, independencia que solo se logrará
cuando los magistrados y jueces no representen sectores políticos, cuando los
cinco tribunales de cierre (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Consejo Nacional de la Judicatura y Justicia Especial para
la Paz), todos politizados por su sistema de elección, tengan bien
parametrizadas sus funciones para evitar los ya comunes choques de trenes, que
impiden poner el punto final a un problema, lo que genera inseguridad jurídica
y congestión judicial.
Urgentemente
Colombia requiere de la voluntad política del presidente de la República, que
convoque a todas las fuerzas políticas y a los sectores formales e informales
de la economía, para sacar adelante la anhelada reforma a la justicia. Va a
salir primero la reforma a los Código Civil y de Comercio, de unos cinco mil
artículos, que la reforma a la justicia que lo aplicará.
Esa
convocatoria debe estar volcada a la satisfacción del interés general sobre
intereses particulares, para definir una política pública, que permita, además
de un golpe certero a la corrupción, llegar eficientemente a todos los
colombianos, en todas las regiones rurales y urbanas, evitando la suplantación
que las bandas vienen haciendo de ella.
