Luis Alfonso García Carmona
Como respuesta al clamor nacional por la separación de Petro y su cuadrilla de los más altos cargos del Estado, sintetizado en el lema “¡Fuera, Petro!” que retumba en todos los rincones de la Patria, ha acelerado el sátrapa su estrategia para dar un golpe certero a la Constitución Nacional y aprobar de inmediato todos los despropósitos que ha anunciado para disolver las instituciones, desmoralizar las fuerzas armadas, despedazar la economía y convertir en esclavos del Estado a 50 millones de colombianos.Después de llevar a
cabo 78 encuentros con participación de guerrilleros, vándalos de la Primera
Línea y organizaciones afines a la guerrilla y a sus ideas, el Comité
Nacional de Participación, conformado en su gran mayoría por elementos de
extrema izquierda, cuenta con un borrador que será discutido con el ELN en la
mesa de diálogo que se inicia el próximo 20 de mayo. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/asi-es-el-borrador-sobre-la-participacion-de-la-sociedad-en-el-proceso-con-eln/
En dicho documento
que, según el régimen, contiene recomendaciones “con fuerza vinculante”,
se incluyen temas relacionados con elementos estructurales del Estado; cambios
en la doctrina de seguridad y reformas a la fuerza pública; sustitución del sistema
político, militar, económico y ambiental; desmantelamiento de clanes políticos
que controlan la vida política, económica, cultural y social; cambio del modelo
extractivo; cambio en la tenencia de la
tierra; transformación de las economías “ilegalizadas”, etc., sin contar con
otros documentos en preparación que ahondarán los “ejes de la transformación”. Ni
más ni menos que toda una carta constitucional, completamente contraria al
contenido del orden constitucional vigente.
Estamos, queridos
compatriotas, ante una alteración total, ilegítima e inmediata de
nuestro orden constitucional, a espaldas de la mayoría de los ciudadanos y ante
la indecisión de quienes tienen como fin esencial el mantenimiento del orden
constitucional, al tenor de lo que reza el artículo 217de la Constitución Política.
Ha escogido el
tirano un camino expedito, donde la autoridad está concentrada en su persona.
La negociación de la “paz total” con el ELN será la disculpa para
darse el autogolpe. No tendrá voces discrepantes en la dirigencia política que,
como se ha palpado en estos meses, se ha puesto a su servicio en el Congreso y
se ha marginado de cualquier asomo de apoyo a la acción constitucional
consistente en un juicio político para separar del cargo a quien fue elegido
fraudulentamente, en ejercicio de lo que dispone el artículo 1109 de la Constitución
Política.
Por si quedare la
más remota duda sobre la legitimidad de una eventual participación militar
para restablecer el orden constitucional y evitar la debacle que planea
desencadenar el tirano para perpetuarse en el poder, veamos las siguientes
aclaraciones extraídas del ensayo jurídico “Modelo constitucional de la fuerza
pública en Colombia”, de los juristas Daniel José Vásquez Hincapié y Luz
Marina Gil García:
La investigación
permite concluir que el constituyente modeló la fuerza pública y en especial su
misión, como instrumento para cumplir los fines del Estado y, principalmente,
para mantener el orden constitucional y proteger y garantizar los derechos y
libertades de todos los residentes en Colombia.
La misión de la fuerza
pública es de carácter instrumental, esto es, es uno de los medios o
instrumentos del Estado para la consecución de sus fines (Corte
Constitucional, sentencia C-872/2003). Como tal, los principios
fundamentales de la norma superior legitiman y justifican su existencia
permanente, tornándose inherentes y transversales a su misión de:
defender y mantener, proteger y asegurar; y garantizar, lo cual se
evidencia en los tres numerales que se desglosan a continuación: (…)
En relación con la defensa
del orden constitucional, el tribunal Constitucional precisó:
Elementos centrales del
orden constitucional lo constituye el cumplimiento pleno
(...) de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)”
(art. 2dº de la Carta) y la preservación del monopolio del uso de la
fuerza y las armas en manos del Estado. (…)
El artículo 217 de la
Constitución dispone que es función de las fuerzas militares garantizar el
orden constitucional. Dicho orden no se limita a preservar la estructura
democrática del país, sino que comprende el deber de participar activa y
eficazmente (Constitución Política, art. 209) en la defensa de los derechos
constitucionales de los asociados. tales derechos constituyen los bienes
respecto de los cuales el Estado tiene el deber –irrenunciable– de proteger
(sentencia Su-1184/2001).
Por disposición
constitucional, las autoridades públicas, entre ellas la fuerza pública, tienen
la posición de garante institucional de los deberes irrenunciables y propios
de un Estado social de derecho. De ella, se derivan deberes jurídicos
positivos (de hacer y no hacer) de seguridad y protección que
incluyen precaución y prevención de los riesgos en los que se vean
comprometidos los derechos y libertades de los ciudadanos que se encuentran
bajo su cuidado, en los términos de la Constitución Política y las normas del Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (Corte Constitucional,
sentencia Su-1184/2001). A las fuerzas militares (art. 217 Constitución Política)
les corresponde: la defensa de la soberanía, (Corte Constitucional,
sentencia C-048/2001), la independencia, la integridad territorial (Corte
Constitucional, sentencia t-439/1993) y el orden constitucional. Es
decir, tienen como misión el mantenimiento de las “condiciones estructurales
de seguridad” del Estado, según manifestó la Corte Constitucional en
sentencia Su-1184/2001.
Existiendo un peligro
cierto para la vigencia de las condiciones de seguridad del Estado, cuyo
mantenimiento ha sido asignado por la Constitución a las fuerzas militares,
sólo cabe esperar, dentro de lo razonable y con la mira puesta sólo en el bien de
la Patria, las decisiones que desarrollen ese fin esencial de nuestro
gloriosas fuerzas militares, antes de que se ponga en marcha la demoníaca
estrategia que adelantan de consuno el régimen, el ELN, los vándalos y sus
socios del narcotráfico.
