Es fácil de entender que en un
determinado país existan grupos revolucionarios o subversivos que no compartan
el orden constitucional que la sociedad haya adoptado para garantizar la
convivencia y el normal funcionamiento de las instituciones. Pero que sea el
propio Gobierno el que se aparte de las normas constitucionales vigentes y
pretenda dirigir a sus gobernados en abierta contraposición con el orden
constitucional establecido es un monumental disparate que no se tolera sino en
Colombia.
Eso precisamente es lo que ha vivido
el pueblo colombiano en los primeros dos años del actual régimen afilado a la
izquierda internacional, que sigue al pie de la letra las directrices del Foro
de Sao Paulo y pretende convertir a Colombia en otra nación subyugada por el
socialismo del siglo XXI. En otras palabras, nos quieren obligar a padecer las
desastrosas experiencias que viven nuestros hermanos de Cuba, Venezuela y
Nicaragua bajo los regímenes comunistas.
El mantenimiento de las condiciones
estructurales de seguridad del Estado presupone el pleno cumplimiento de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución por parte
de las autoridades, cumplimiento que ha omitido el régimen petrista,
reñido desde su comienzo con el orden constitucional.
Protección del
derecho a la vida
Consagrado en el artículo 2 de
nuestra Constitución, ha sido flagrantemente desconocido por quien ejerce la
Presidencia. Gran parte de nuestro territorio nacional, como lo han reconocido
los mismos funcionarios del Estado, está bajo el poder de carteles de la droga,
las guerrillas y otros grupos armados ilegales. Sus conflictos determinados por
el predominio en sus respectivas zonas, por enfrentamientos con la fuerza
pública o, simplemente, para reclutar apoyo de la población civil, son los principales
causantes de pérdidas violentas de vidas humanas. Sus protagonistas gozan
de impunidad y protección del régimen, en lugar de ser combatidos con severidad
para proteger a la inerme población civil.
Dentro de la política reñida con el
orden constitucional se ha empeñado la administración petrista en el desmoronamiento
de las fuerzas armadas, encargadas de proteger la vida de los colombianos.
Para menoscabar la acción protectora de las fuerzas militares y de policía se
ha descabezado su cúpula de mando, se les ha confinado a los cuarteles, hasta se
les ha prohibido defenderse, lo que ha permitido que sean humillados y
secuestrados por chusmas de campesinos manipuladas por la guerrilla; se les ha
recortado los recursos financieros, el mantenimiento de equipos y el suministro
de dotación militar; se ha recortado la labor de inteligencia y, para colmo de
los colmos, se prepara una modificación sustancial de las políticas de
seguridad y de la organización militar y de la policía en el acuerdo con el ELN,
cuya mesa de diálogo comienza el día de hoy.
Promover
la prosperidad general
Es otro de
los principios esenciales de nuestra Constitución asignado al Estado como una
de sus principales obligaciones, que –como se ha evidenciado– ha sido
totalmente incumplida por el régimen petrista. Sin importarle para nada
las consecuencias de su alienada política, ha pretendido acabar con la
explotación de petróleo, fuente de los principales ingresos por concepto de
exportación. Envenenado por el odio de clases, ha emprendido la destrucción de
la economía, la guerra a la propiedad privada y a la libre empresa, lo que ha
ocasionado ya la mayor fuga de capitales de nuestra historia y la desaparición
de 400.000 empleos. Toda la política gubernamental está enderezada a
desconocer el mandato constitucional de trabajar por la prosperidad general,
pues sus hechos indican que sólo se busca ahuyentar la inversión, destruir el
empleo, quebrar a las empresas y colocar a la población a depender de subsidios
estatales, método habitual de los sistemas comunistas para subyugar a las
masas.
Dignidad humana y
prevalencia del interés general
Consigna en su artículo 1 nuestra
Carta Magna que Colombia está “fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.”
Es este un principio rector de toda
la actividad del Estado y, por lo tanto, la garantía de su cumplimiento se
impone para mantener las condiciones de seguridad de la población y el orden
constitucional cuyo sustento debe ser garantizado por las fuerzas militares,
según lo que estatuye el art. 217 de la Constitución Política.
La alteración de este mandato se ha
plasmado en la caprichosa voluntad del ejecutivo en destruir el sistema de
salud para entregar su manejo a una burocracia que ha demostrado ser
corrupta y que no cuenta con la idoneidad para el manejo de tan abultados
recursos. Igual proceder rige el descabellado proyecto del ejecutivo de apoderarse
de los ahorros pensionales de los trabajadores para ingresarlos al flujo de
gastos del Estado. Son imprevisibles los perjuicios que a toda la masa de
trabajadores y pensionados causarán estas absurdas decisiones del régimen, que
riñen abiertamente con el mandato constitucional de hacer prevalecer el interés
general.
Los pésimos resultados de la
gestión económica del régimen causan enorme perjuicio al bienestar y al
patrimonio de los colombianos, lo que representa una nueva violación al
interés general y a la protección de la dignidad humana, el trabajo, la
solidaridad y demás derechos de los ciudadanos, protegidos de manera
expresa por el texto constitucional. Un crecimiento económico comparable sólo
con los pueblos más atrasados del planeta; la desaparición de exportaciones que
generaban ingresos razonables para nuestra economía; la quiebra y liquidación
de numerosas empresas; y, un oscuro panorama de miseria generalizada que
generará la aprobación de las aterradoras propuestas “con fuerza vinculante”
que comienzan a discutirse hoy en los diálogos de paz con el ELN.
Hemos pasado los colombianos del
diálogo con las autoridades a las marchas de protesta; hemos incoado sin éxito
la acción constitucional para separar del cargo a quien violó en forma
desproporcionada los límites económicos de la campaña para hacerse elegir
fraudulentamente. Todos nuestros derechos han sido desconocidos. No nos
queda otro camino que impetrar, con el derecho que nos confiere la misma
Constitución, que se aplique el artículo 217 para devolver el orden
constitucional a la Nación.
Tenemos plena confianza en la
preparación, madurez y patriotismo de nuestros soldados y policías. Sabemos que
harán buen uso de esta delicada misión que les confiere la Constitución. Que
sabrán conducir a la Nación y prepararla para la celebración de elecciones
transparentes, despojadas de los vicios que aquejan a nuestro corrupto sistema
electoral, para emprender juntos, todos los colombianos, un sendero de
convivencia, bienestar y crecimiento en todos los órdenes.
