De la feria de las vanidades al debate de lo esencial

Luis Alfonso García Carmona

“Vanidad de vanidades, dijo el predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad.³ ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?”, Eclesiastés, 1:2-18

Es una verdadera lástima que, en el momento más oscuro de nuestra historia republicana, cuando se requiere del concurso de las mentes más brillantes de nuestra sociedad para sacar el país del abismo de descomposición moral y material que nos deja como legado el paso de la izquierda radical por el gobierno, la carrera por la Presidencia de la República se haya convertido en una feria de vanidades, en un banal debate sobre lo superficial que asegurará la prolongación de este funesto régimen por varias décadas.

Por más que buscamos en las intervenciones de los candidatos serios planteamientos sobre la realidad nacional, estrategias eficaces para derrotar a los enemigos de la democracia, o programas de gobierno que convoquen a los potenciales electores a una unión de las bases en medio de la confusión reinante, solo nos topamos con agresiones verbales contra quienes deberían ser sus aliados, y superficiales propuestas para justificar campañas cuyo único objetivo es llegar a la Presidencia para satisfacer personales ambiciones, no para dar una inaplazable solución a los múltiples daños sufridos por nuestra nación.

Vale la pena recordar a algunos este pensamiento: “hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes, superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros, es contrario a la naturaleza.” (Meditaciones, Marco Aurelio, Libro II, pag. 59)

Reparemos en que esta irracional actitud sólo tiene un beneficiario: Petro, quien terminará imponiendo un candidato de su coalición para prolongar nuestra agonía.

La reciente decisión del Consejo de Estado de desautorizar la inscripción de Daniel Quintero, uno de los favoritos del guerrillero-presidente, en lugar de perjudicarlo, fortalece la candidatura de Iván Cepeda ya que no tendrá contendores de peso dentro de la izquierda para llegar al solio de Bolívar.

Solamente un cambio sustancial de estrategia puede salvar a Colombia de la derrota, pero hay, por fortuna esperanzas que debemos alimentar en lugar de persistir en el inútil debate de las vanidades.

Primero. No busquemos la unidad de unos cuantos dirigentes carentes de poder para ejercer disciplina en sus respectivas bancadas, como lo hemos observado al constatar el bloqueo que algunos de sus parlamentarios han aplicado al trámite del juicio por indignidad que se adelanta contra el camarada presidente. La unidad real y verdadera se consigue uniendo en una sola fuerza política a las enormes mayorías que a lo largo y ancho del país se aglutinan para gritar “fuera, Petro”. Una carta de intención suscrita por 4 o 5 representantes de los desacreditados partidos políticos no garantiza la unión. Solo quedaría blindada la unidad mediante la incorporación de todas las fuerzas democráticas a una sola organización en la que estén representados los partidos, pero también los grupos cívicos independientes y candidatos “outsiders” que compartan su rechazo al funesto régimen narcoterrorista. Es decir, un “Frente Patriótico.”

Segundo. En lugar de los llamados al odio de clases que acostumbra la extrema izquierda o de las “frases de cajón” que emplean la mayoría de los aspirantes para captar la atención de las masas, hay que tener un programa de gobierno que se ajuste a las necesidades más apremiantes de la comunidad, a la tarea de reconstrucción nacional que es necesario emprender después del desastre que nos deja el régimen actual y a la actualización del país en lo político, lo económico y lo social, para alcanzar el bienestar de todos los gobernados y el futuro de las generaciones por venir.

Tercero. Debemos tener la suficiente madurez para distinguir entre lo que más le conviene al país en esta situación “de supervivencia”; debemos dejar a un lado nuestras preferencias o sentimientos, para apoyar con decisión y entusiasmo una solución que responda a los ideales que aspiramos para nuestra Patria y que cuente con reales recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos para dar con éxito esta batalla cultural entre el bien y el mal.

Me refiero al fenómeno político que ha constituido el lanzamiento del abogado Abelardo de la Espriella como candidato independiente. Sus programas son compartidos con fervor por las gentes de todos los estratos y regiones que desean seguridad, guerra contra la corrupción y el crimen, defensa de la familia, apoyo a la empresa privada, generación de empleo, solución al tema de la salud, reducción del tamaño del Estado, etcétera.

En pocas semanas su candidatura ha logrado el primer lugar de favorabilidad en las encuestas y la tendencia sigue en aumento a medida que desarrolla su intensa campaña por todo el territorio nacional. Cuenta con suficientes recursos, especialmente en lo tecnológico y las comunicaciones, para dar la pelea a los contrincantes de la izquierda, y ha guardado prudencia y respeto frente a las críticas injustificadas de quienes deberían compartir su lucha conta la dictadura narcoterrorista.

No malgastemos nuestro tiempo y esfuerzo en apoyar la vanidad o la mediocridad; empleémonos a fondo en la “reconstrucción nacional” con el candidato que mejor interpreta esta aspiración de los colombianos.

El viacrucis de Colombia

Reflexiones de Semana Santa para una nación herida que no sana

Cristina Isaza

Semana Santa no es una época cualquiera. Es un tiempo en el que muchos entramos en un estado contemplativo: revisamos, descansamos y disfrutamos de la compañía de seres amados. Es una temporada en la que hay una atmósfera de tranquilidad, de pausa e introspección, lo que da oportunidad a un análisis más tranquilo y detallado de nuestros procesos individuales y colectivos.

Así que me pregunté: y si Colombia fuera una persona, ¿qué tendría que aprender?

Estas fueron algunas de mis reflexiones y quiero compartirlas con usted, mi querido lector, para saber si compartimos algunas conclusiones y con conciencia nos ponemos en acción.

¿En Colombia qué deberíamos revisar y sanar?

Pienso que Colombia está herida y dividida, pero aún con fuerza interna para renacer. No ha “vivido de gratis” el interminable “loop” de violencia, pequeñas épocas de “paz”, para luego retornar a mayor violencia… donde simplemente los actores cambian de nombre (violencia bipartidista, guerrillas, narcoterrorismo, paramilitarismo, etcétera), pero el conflicto permanece porque no resolvemos lo esencial. Y ¿qué es lo esencial?

Vínculos rotos: una nación, en gran parte dividida por la siembra de narrativas negativas y desesperanzadoras.

Inversión de valores: exceso de relativismo moral y tergiversación de la verdad

Mesianismo y egos

Victimismo: junto con el resentimiento y la mediocridad, han hecho un gran daño colectivo. Los colombianos como niños culpando a los demás, a las circunstancias de antaño y actuales, no asumiendo su rol y esperando que el estado lo salve.

El victimismo es el combustible para la manipulación política, el resentimiento y la falta de acción con sentido.

Violencia: como respuesta a los problemas.

Facilismo: un ejemplo claro, el narcotráfico.

Corrupción: a todo nivel. Lo público, lo privado, en lo macro y en las pequeñas decisiones autónomas de individuos.

Comparación: queremos parecernos a los países nórdicos, pero sin pasar por el proceso.

Falta de visión colectiva y cortoplacismo

Algunos actores de poder político y económico que velan solo por el beneficio propio con malas prácticas como el clientelismo: falta capitalismo consciente.

Impunidad y falta de orden

Falta de ética

Hoy Colombia atraviesa un punto crítico con caos institucional, nuevamente una inseguridad creciente, fragmentación social, poca confianza inversionista y desesperanza colectiva.

Y sí, así muchos no queramos, debe “volver la mula al trigo”… el último “loop” viene de hace 9 años. En 2016 estábamos en pleno debate sobre los Acuerdos de La Habana y estoy convencida de que la oportunidad que tenemos hoy es la de revisar lo que no se hizo bien en ese entonces, para sanarlo y darnos la oportunidad, como nación, de romper el ciclo de violencia. Tenemos el poder de reconstruirnos potenciando lo bueno que tenemos (que es mucho) y mejorando lo demás.

¿Cómo rompemos el ciclo?

Lo primero es que lo que hagamos, no sea desde la venganza o la rabia, sino desde el sentido común, el “deber ser”, el amor y la responsabilidad.

Reconocer el error: el perdón requiere un acto de verdad, por parte de los líderes que impulsaron estos acuerdos. Esto no salió bien y negarlo u omitirlo a estas alturas no honra la verdad y mantiene abierta la herida.

No repetición: ese modelo de “paz” no debe ser repetido. En nuestro país, han sido una constante las negociaciones de paz llenas de impunidad y beneficios para victimarios.

Restaurar el orden: en los valores, en la narrativa, en el lenguaje, en los significados. Debe haber respeto por la ley, por la justicia no politizada y la autoridad.

Con verdad y reparación: pero no de nombre, pues no hay reparación efectiva cuando los victimarios terminan en el poder, no pagan por sus crímenes y hoy posan de “adalides de la moral” desde el Congreso.

Sanar vínculos rotos: necesitamos reconciliación sin impunidad. Además, encontrar quiénes somos y qué nos une como colombianos.

Rechazo al resentimiento: la memoria histórica debe ser usada para crecer, no para dividir y manipular. No a los discursos colectivistas y progresistas que solo dividen y ahondan heridas sin soluciones prácticas y reales, mientras destruyen al mérito.

Justicia efectiva: para construir confianza. Un país con más del 90 % de impunidad no aprende de errores, no madura y no crece. Esto deteriora la “autoestima colectiva” y se crea una “cultura de impunidad”.

Libertad responsable: el orden y la perseverancia son claves para lograr el objetivo.

Educación: asertiva, pertinente. Valores positivos, ética y nuestro propósito con impacto social.

Cultura de responsabilidad individual: el gran salto del victimismo a la responsabilidad. Una ciudadanía que entienda que el proceso no es fácil ni inmediato y que se “agencie” para ser parte de la solución con acción consciente. La participación ciudadana activa y positiva es clave en el proceso.

Inspiración: diferente a la fría manipulación maquiavélica (como “correr la línea ética”), que controla, distrae, distorsiona y/o engaña.

Volver a la esencia: tenemos talento, calidez humana, creatividad, resiliencia, riqueza natural.

Visión de nación: gracias a una visión compartida, países como la Alemania de la post II Guerra Mundial, Corea del Sur y Singapur, lograron lo impensable y hoy son ejemplos en el mundo.

Proyecto de transformación colectiva: soñemos a Colombia, pero con pies en la tierra. Con estructura, basándonos en datos y hechos. Una visión clara y conjunta del país, que no dependa de partidos ni mesías. ¡De colombianos, para colombianos!

Liderazgo transformador y constructivo: No necesitamos “mesías”, demagogos, ni liderazgos paternalistas o populistas. Se necesita decencia, firmeza, arrojo, coherencia, sentido común, disposición a hablar con la verdad sin eufemismos (así incomode), soluciones reales, tender puentes.

Visión colectiva a largo plazo de país y el despoje de egos: se necesita de carácter, generosidad, responsabilidad y altura.

Pienso que los líderes que hoy no entiendan esto y no vean al poder como instrumento para el servicio colectivo, quedarán relegados. ¡Este momento que vivimos también es una prueba para ustedes!

Para finalizar

En 2026 no solo es ganar una elección, es salvar a una democracia.

Más que 40 candidatos, necesitamos un propósito común: un “frente ético por Colombia” que se una en la defensa de unos puntos esenciales y unos proyectos comunes para la construcción de país. Unirse por amor a Colombia y responsabilidad histórica.

Colombia necesita un proyecto conjunto con alma, que nos enamore a los colombianos de nuestro país, que nos devuelva el orgullo y nos muestre el potencial que tenemos.

Estamos en el momento perfecto para sembrar una nueva identidad y propósito nacional. Esto va mucho más allá de unas elecciones, es un proyecto país con raíces firmes para que renazca una conciencia colectiva.

Necesitamos avanzar, trascender, aprender esta lección… En el año 1946 comenzaron a reportarse los enfrentamientos armados entre liberales y conservadores en zonas rurales de Colombia… qué bueno que para el 2026, cuando se cumplan 80 años de estos primeros brotes de violencia partidista, Colombia, por fin, de un viraje hacia su sanación y renazcamos… depende de todos, pues Colombia cambiará cuando los colombianos cambiemos y dejemos de normalizar el caos, justificar las injusticias, culpar a los demás y actuemos bajo sentido común y principios éticos que desde la acción individual impacten positivamente en toda nuestra sociedad.

Pd: el mal gobierno Petro es una lección común… ¿la vamos a aprender?

No reincidamos en los errores del pasado

Luis Alfonso García Carmona

En muchas actividades se destaca el colombiano por su inteligencia, su capacidad, su talento, pero no ocurre así en los temas políticos. Arrastramos una larga historia de malas decisiones, de la cual parece que nada aprendemos.

Se han aprovechado de nuestras falencias los vividores de la política para mantenerse en el poder, usufructuando para su beneficio el manejo de los enormes presupuestos del Estado y repartiendo entre sus familiares y amigos, con impudicia y desvergüenza, toda suerte de privilegios y prebendas. ¿Cómo hemos reaccionado? Volviendo a votar por los mismos o por sus candidatos de bolsillo.

Las elecciones se han convertido en un sucio negocio donde lo que menos importa es el futuro del país. Y los partidos políticos en oscuras asociaciones para defraudar al Estado o para proyectar indeseables sujetos a las más altas posiciones. No obstante lo anterior, no deja de sorprender que cuando alguien menciona el tema político, lo primero que le preguntan es por cuál de esos caducos caciques debemos votar. Y parecida tendencia asoma en las encuestas de opinión en las que, con pocas excepciones, se repiten los nombres de quienes han engañado por generaciones a los colombianos y los de quienes siguen sus orientaciones.

Partimos de una desacertada práctica cuando se trata de tomar una decisión sobre la persona que debe desempeñar la Presidencia de la República. Nos dejamos dominar por el apasionamiento que por largo tiempo han sembrado en nuestras mentes a favor o en contra de un partido o de un determinado cacique. Para nada tenemos en cuenta el carácter y las cualidades o defectos del candidato, o su preparación para el ejercicio del cargo, o su propuesta en relación con las necesidades de la Patria y de sus habitantes. No. Preferimos actuar en forma primaria o irracional como si de un partido de fútbol se tratara.

Mientras más se calienta el debate, más nos aferramos al candidato elegido y con mayor aspereza nos referimos a sus oponentes. Abandonamos cualquier rastro de sindéresis o de racionalidad, pues solo nos interesa imponer a los demás nuestros gustos y odios en esta materia.

No es la hora de seguir con esa errada práctica que nos ha conducido a la más catastrófica crisis de nuestra historia. Cada uno, en esta época de reflexión, debería hacer una crítica introspectiva de su actitud frente a la solución que el país requiere. Soy de los que creen que soluciones para el tremendo conflicto que vivimos sí existen, pero se encuentran en cada uno de los colombianos. No podemos esperar que venga alguien de fuera a salvarnos o pedir que milagrosamente desparezcan todas las causas de nuestros males. Empecemos por escoger a los mejores para que nos gobiernen y eso ya es un buen comienzo.

Y, ¿cómo lograrlo?

A.-Hagamos un perfil de cómo debe ser nuestro próximo presidente

1.- Debe ser una persona que respete y practique los valores fundamentales, tales como el respeto a la verdad y a la justicia; que crea en la dignidad de la persona humana creada por Dios a su imagen y semejanza; que considere el servicio público como una oportunidad para servir al prójimo, especialmente a los más vulnerables; que respete el Estado de derecho y la democracia; que practique la ética y la moral en sus actuaciones; que considere al bien común como el objetivo de la acción del Estado.

2.- Que no crea en el odio de clases sino en la creación de riqueza para poder generar empleo y atender a las necesidades de la población; que se comprometa con respetar la propiedad privada y la libre empresa; que se proponga atraer la inversión nacional y extranjera para conseguir el crecimiento económico; que impulse la explotación de nuestra situación geográfica y nuestros recursos naturales; que esté dispuesto a reducir la carga tributaria de las empresas y ayudar al emprendimiento.

3.-Que reduzca el tamaño y costo del Estado e imponga la austeridad en el manejo de los recursos públicos, que declare la guerra total a la corrupción y al despilfarro; que ordene la construcción de obras de infraestructura para apoyar el crecimiento económico y no para repartir cupos entre los parlamentarios; que gobierne con los mejores hombres y mujeres del país, mediante su elección y designación por méritos.

4.- Que brinde a los colombianos la seguridad en sus personas y bienes; que combata a fondo el narcotráfico y la criminalidad en general y procure la desaparición de la impunidad, mediante un programa de seguridad, una reforma a las normas penales, al sistema judicial y al régimen carcelario, con la asesoría de potencias extranjeras.

5.- Que solucione los gravísimos problemas que dejará el actual régimen de la extrema izquierda, tales como la destrucción de la salud, las amenazas contra el sistema pensional, el problema energético y de los hidrocarburos, la recesión económica, la falta de ética y moral en el manejo del Estado, la mala educación de nuestros hijos, entre otros.

6.- Que proponga a los colombianos las reformas necesarias para corregir nuestro sistema democrático y la devolución del imperio de la moral y la ética mediante una reforma educativa que siembre buenos principios en nuestros jóvenes y los aparte de las teorías marxistas y la ideología de género.

7.- Que su elección no dependa ni política ni económicamente de los caciques políticos que nos han conducido a la crisis monumental que padecemos.

7.- Que sea transparente con sus electores dando a conocer sus programas, la forma como logrará implementarlos y las personas que serán sus inmediatos colaboradores.

B.- No nos apresuremos a comprometernos con ningún candidato sin antes estudiar diferentes alternativas.

C.- Una vez escogido, apoyémoslo con decisión, con argumentos, sin ofensas a terceros ni guerra sucia. Desde la campaña debemos demostrar que cada uno de nosotros es la verdadera solución para Colombia.

Recuperar la ética y la moral

Luis Alfonso García Carmona

Un reflexivo análisis de nuestra crítica situación, tantas veces diagnosticada, nos conduce necesariamente a la conclusión de que detrás de cada una de nuestras desgracias encontramos la pérdida de los valores de la moral en la sociedad y de la ética en la conducta de quienes la dirigen.

Nada podemos alcanzar si nos distraemos en los síntomas superficiales de la crisis en lugar de atacar la causa eficiente de los males que nos agobian. Los instrumentos generadores de inseguridad de las personas, desprotección de la propiedad privada, destrucción de la familia, desmoronamiento de los programas de bienestar, corrupción y despilfarro de los recursos públicos, abandono de la infraestructura de uso público, deficiencia en atención a población vulnerable, etcétera, son orientados por funcionarios sin ética y sin la adecuada preparación para el desempeño de sus funciones, elegidos solamente por su cercanía con la camarilla gobernante.

Frente al abuso del poder por la camarilla reinante, la masa carece de una respuesta eficaz por ausencia de discernimiento político, a menos que recurra a las energías espirituales para elevar la fuerza natural del hombre y revestirla de unidad con sus semejantes hasta vencer la tiranía del mal. Según lo aclara el filósofo francés Jacques Maritain:

“… el mismo orden de la naturaleza y de las leyes naturales en cuestiones morales, que es la justicia natural de Dios, determina que la justicia y la rectitud política obren con miras a producir frutos que, a la larga, en lo que respecta a su propia ley de acción, asumen la forma de mejoras y perfeccionamientos en el verdadero bien común y en los valores reales de la civilización.”

Complementa Maritain su pensamiento con una idea aplicable a nuestro país que vale la pena resaltar:

“Hombres pertenecientes a credos y a familias filosóficas o religiosas diferentes, pueden y deben colaborar en la tarea común y por el bien común de la comunidad terrestre, siempre que acepten parejamente la carta constitucional o los principios fundamentales de una sociedad de hombres libres. Ninguna sociedad puede vivir sin una inspiración fundamental común y sin una fe común fundamental.”

En aras de la búsqueda de una convergencia práctica que logre superar la crisis moral y ética que nos ahoga, debemos acercarnos fraternalmente a millones de compatriotas que, al igual que nosotros, comparten la necesidad de reconstruir el imperio de la verdad y la justicia en las relaciones del Estado con sus gobernados, el respeto por la dignidad de la persona humana en todos sus aspectos, el espiritual y el material, como hijos de Dios que somos; la libertad para practicar nuestras creencias, educar a nuestros hijos, elegir la actividad laboral o económica que nos brinde un ingreso, movilizarnos por el territorio nacional y fuera del mismo; el derecho para agruparnos o asociarnos con otros; el derecho a que el Estado proteja nuestras vidas, nuestra integridad personal y nuestros bienes; el derecho a que se nos respeten nuestras decisiones en el sistema democrático mediante elecciones libres, sin maquinaciones ni fraudes; el derecho a contar con una administración de justicia imparcial, honesta y oportuna.

El regreso a un Estado donde se respeten no solamente la Constitución y la Ley, sino, también, los valores éticos en la gestión pública lo que requiere, por supuesto, de varios pasos que aquí reseñamos:

1.- La recuperación del poder ejecutivo y legislativo, hoy en poder de los agentes del mal, los destructores de la nacionalidad, los promotores de la violencia y la mentira, los patrocinadores del crimen y la impunidad. Para tal efecto, debe materializarse la gran alianza o unión de fuerzas comprometidas con el bien común de los colombianos y no con el bien particular de cada uno de ellos o de sus grupos de acción.

2.- Previamente sugerimos apoyar la separación por los medios constitucionales del guerrillero-presidente del ejercicio del cargo, para garantizar unas elecciones libres de posibilidades de fraude.

3.- La coalición que llegue al poder se debe comprometer a la restauración de la ética y la moral mediante reformas constitucionales y legales concretas en los siguientes campos:

a) Protección de la familia, eliminación de programas que difundan la ideología de género, el matrimonio, el aborto y la adopción por parejas del mismo sexo;

b) Prohibir el aborto de acuerdo con el Tratado de San José suscrito por Colombia;

c) Modificación del curriculum educativo para incluir la enseñanza de valores morales y éticos que formen nuevos ciudadanos y eliminación de enseñanzas nocivas para la convivencia como las de la ideología marxista-leninista;

d) Establecer el bono educativo para que los padres de familia escojan libremente el establecimiento educativo (primaria, bachillerato o tecnológico) para sus hijos, pagado totalmente por el Estado con cargo a los presupuestos oficiales del instituto educativo.

e) Se adelantarán por cuenta del Estado programas por los medios convencionales y virtuales para la difusión de valores espirituales, comportamientos éticos y formación moral, con cubrimiento nacional y en forma permanente.

Del ya citado Maritain traemos esta reflexión a manera de conclusión para el trabajo que se nos impone como patriotas:

“Supongamos que una comunidad humana sea pisoteada, destruida, dominada, por alguna calamidad natural o por algún poderoso enemigo; mientras aún exista, y si conserva dentro de si la justicia, la fraternidad cívica y la fe, la animará desde adentro una real esperanza de resurgir, habrá en su seno una fuerza que por sí misma tenderá a hacerla vivir, a liberarla de la opresión y del desastre, porque ninguna opresión material puede destruir esa fuerza inmaterial. Si una comunidad humana pierde estas virtudes, la muerte invadirá su principio interno de vida. Si un Estado débil se ve rodeado y amenazado por enemigos maquiavélicos, deberá aumentar desesperadamente su poder físico, pero también sus virtudes morales.

Tres horribles problemas

Andrés de Bedout Jaramillo

En la sociedad actual estamos enfrentando tres problemas muy difíciles, malucos, horribles y que requieren urgente atención de todos:

1. Las basuras e indigencia.
2. Los habitantes de calle.
3. El consumo de drogas y alcohol.

No sabemos cuál de los tres es peor, los tres son una desgracia, inclusive se interrelacionan y tienen sus parecidos. Los habitantes de calle viven entre la basura, drogados y/o borrachos, causan temor y desagrado, se roban las tapas de las alcantarillas, de los contadores, las basureras y todo lo que sea metálico, destruyendo a su paso el amoblamiento urbano, duermen en calles y parques y hacen sus necesidades fisiológicas en cualquier parte. Son instrumentalizados por bandas de delincuentes, al servicio de la venta de drogas, el robo y quema del cable de teléfonos para sacar cobre, de un muy desordenado reciclaje de basuras, dejando en muy malas condiciones los sitios donde desarrollan esas actividades.

Se apoderan de sectores que convierten en infiernos tenebrosos, haciéndole la vida imposible a sus usuarios y vecinos, mejor dicho, el desastre de los desastres, la violación más clara y flagrante al interés general.

Estamos pasados de la necesidad de que se legisle sobre esta creciente situación, para que se le permita mucha más capacidad de acción al Estado, los municipios y departamentos, para con su fuerza pública ser más efectivos en la lucha contra este flagelo. Ya es hora de que la Corte Constitucional revise su jurisprudencia frente a este tema que avanza a pasos agigantados y que requiere para su atención, el uso de la fuerza para conducir a tratamiento y atención a la gran cantidad de seres humanos que por causa de la dependencia absoluta de las drogas, han escogido la calle como su lugar de habitación, en las peores circunstancias de higiene y cuidado personal, con su mente enajenada que les permite acciones como las de lanzar rocas desde los puentes para matar conductores y motociclistas, robarles sus pertenencias y contar con dinero para financiar su vicio, que les garantiza la continuidad de vida en la enajenación total.

Son humanos y tienen sus derechos y se los tenemos que respetar, pero también tienen la obligación de respetar a los demás, de no afectar a la salud ni a las condiciones higiénicas, ni menos a la seguridad del resto de la población, que además, es la mayoría, y es por eso que tiene que primar el interés general sobre el interés particular.

En Medellín, por ejemplo, parece que tenemos ya más de 9.000 indigentes y habitantes de calle deambulando por la ciudad, asentados en lugares específicos que han convertido en sus territorios, llenos de basuras, de excrementos, de droga, de prostitución, de enfermedades, de contaminación.

La oferta institucional, para brindarles alimentación, baño, dormida, atención médica y psiquiátrica, podría ser más eficiente, si se permitiera desde la ley, la posibilidad de la utilización de la fuerza para conducirlos a estos lugares y la posibilidad de retenerlos en ellos para poder atenderlos en la mejor forma posible.

Sería mucho más digno el vivir de un indigente en los sitios que ofrece el municipio, que en la calle. Sería más seguro, más higiénico, menos contaminante y haría más vivible la ciudad en sus espacios públicos.

Hay muchas personas, instituciones, empresas y entidades que en una u otra forma, trabajan en la forma de poder ayudar a mitigar las consecuencias de estos tres horribles problemas, pero desafortunadamente los resultados no son los que quisiéramos como sociedad.

La generación de basuras crece, mientras que las alternativas de tratamiento diferentes a enterrarlas, por sus altos costos y poca sostenibilidad, no avanzan.

Los indigentes y habitantes de calle se incrementan día a día, invaden los espacios, forman comunidades que se asemejan a infiernos, generando inseguridad, desorden, malos olores y desaseo. Qué situaciones tan horribles y desagradables e incómodas para la sociedad.

El consumo de drogas y alcohol se incrementa en una forma impresionante, dejando en su paso, familias destruidas, hijos no deseados, huérfanos, muertos y miles problemas.

Los gobiernos, nacional, departamentales y municipales, cuentan con múltiples dependencias y presupuestos, supuestamente para luchar contra estos tres graves problemas, que inclusive tienen muchos puntos comunes en su afectación directa a todos los miembros de la sociedad y por ello cabe preguntarnos:

1. ¿Cuál es el grado de interacción entre las entidades del Estado, a todos los niveles, para acometer estos terribles problemas?

2. ¿Cuál es el grado de interacción entre las diferentes personas, fundaciones y entidades, que en una u otra forma trabajan para ayudar a las personas (recicladores, indigentes, viciosos, etcétera)?

3. ¿Cuál el grado de interacción, organización y colaboración de las entidades del Estado y de las personas e instituciones dedicadas a estas difíciles labores?

4. ¿Existen cadenas de suministros organizadas que permitan que sector público y privado trabajen coordinadamente estos temas?

5. ¿Existen mediciones que permitan ver avances o retrocesos en el manejo de estos horribles problemas?

Más vale tarde que nunca, señores congresistas, ustedes hacen las leyes y es urgente que se pongan a trabajar sobre estos temas tan delicados y difíciles; el interés general lo demanda.

Gobernar para el bien común

Luis Alfonso García Carmona

“Los hombres deben ser gobernados como personas, no como cosas, hacia un bien común verdaderamente humano que recaiga sobre las personas y cuyo valor principal es la libertad de desarrollo de estas.” 

Jacques Maritain

La dignidad de la persona humana no puede ser un concepto vacío; más bien, un principio con prácticas consecuencias en la vida real.

Somos unos seres creados a imagen y semejanza de Dios, compuestos de una parte espiritual, el alma, y una material, el cuerpo.

No es posible, por lo tanto, que sirvamos como un objeto a los fines materiales del Estado, al sustento de una organización que desconozca las necesidades espirituales del ser humano y sus derechos como persona.

Consustancial a la idea del Estado es, en consecuencia, la búsqueda del bien común verdaderamente humano, que comprenda la integridad del ser humano, su cuerpo y su alma.

Valores como la verdad o la justicia, derechos esenciales como el derecho a la vida, a la protección de la familia, a la seguridad de su propiedad privada o, a vivir en paz, y libertades como la de elegir sus propias creencias, tener acceso a un trabajo digno, expresar sus opiniones, o elegir sus representantes en el manejo del Estado, forman parte del bien común integral que el Estado debe garantizar a sus gobernados.

Cuando el envenenamiento de la propaganda, la gestión gubernamental sustentada por la mentira y el poder corruptor del dinero, y la dominación de las mentes a través de diferentes tipos de coerción, logran imponer su voluntad a la masa, nos convertimos en esclavos, abdicamos de nuestra dignidad como personas humanas y permitimos que se nos gobierne como simples cosas.

Es por eso por lo que la alternativa que se nos ofrece es única e insoslayable: nos plegamos a la esclavitud en las próximas décadas, o aplicamos nuestro esfuerzo al restablecimiento de nuestros valores, nuestros principios, y empezamos de una vez por todas a construir un Estado que trabaje por el bien común de los asociados y no por sus mezquinos y egoístas intereses políticos.

Un Gobierno reñido con el orden constitucional

Luis Alfonso García Carmona

Es fácil de entender que en un determinado país existan grupos revolucionarios o subversivos que no compartan el orden constitucional que la sociedad haya adoptado para garantizar la convivencia y el normal funcionamiento de las instituciones. Pero que sea el propio Gobierno el que se aparte de las normas constitucionales vigentes y pretenda dirigir a sus gobernados en abierta contraposición con el orden constitucional establecido es un monumental disparate que no se tolera sino en Colombia.

Eso precisamente es lo que ha vivido el pueblo colombiano en los primeros dos años del actual régimen afilado a la izquierda internacional, que sigue al pie de la letra las directrices del Foro de Sao Paulo y pretende convertir a Colombia en otra nación subyugada por el socialismo del siglo XXI. En otras palabras, nos quieren obligar a padecer las desastrosas experiencias que viven nuestros hermanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua bajo los regímenes comunistas.

El mantenimiento de las condiciones estructurales de seguridad del Estado presupone el pleno cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución por parte de las autoridades, cumplimiento que ha omitido el régimen petrista, reñido desde su comienzo con el orden constitucional.

Protección del derecho a la vida

Consagrado en el artículo 2 de nuestra Constitución, ha sido flagrantemente desconocido por quien ejerce la Presidencia. Gran parte de nuestro territorio nacional, como lo han reconocido los mismos funcionarios del Estado, está bajo el poder de carteles de la droga, las guerrillas y otros grupos armados ilegales. Sus conflictos determinados por el predominio en sus respectivas zonas, por enfrentamientos con la fuerza pública o, simplemente, para reclutar apoyo de la población civil, son los principales causantes de pérdidas violentas de vidas humanas. Sus protagonistas gozan de impunidad y protección del régimen, en lugar de ser combatidos con severidad para proteger a la inerme población civil.

Dentro de la política reñida con el orden constitucional se ha empeñado la administración petrista en el desmoronamiento de las fuerzas armadas, encargadas de proteger la vida de los colombianos. Para menoscabar la acción protectora de las fuerzas militares y de policía se ha descabezado su cúpula de mando, se les ha confinado a los cuarteles, hasta se les ha prohibido defenderse, lo que ha permitido que sean humillados y secuestrados por chusmas de campesinos manipuladas por la guerrilla; se les ha recortado los recursos financieros, el mantenimiento de equipos y el suministro de dotación militar; se ha recortado la labor de inteligencia y, para colmo de los colmos, se prepara una modificación sustancial de las políticas de seguridad y de la organización militar y de la policía en el acuerdo con el ELN, cuya mesa de diálogo comienza el día de hoy.

Promover la prosperidad general

Es otro de los principios esenciales de nuestra Constitución asignado al Estado como una de sus principales obligaciones, que –como se ha evidenciado– ha sido totalmente incumplida por el régimen petrista. Sin importarle para nada las consecuencias de su alienada política, ha pretendido acabar con la explotación de petróleo, fuente de los principales ingresos por concepto de exportación. Envenenado por el odio de clases, ha emprendido la destrucción de la economía, la guerra a la propiedad privada y a la libre empresa, lo que ha ocasionado ya la mayor fuga de capitales de nuestra historia y la desaparición de 400.000 empleos. Toda la política gubernamental está enderezada a desconocer el mandato constitucional de trabajar por la prosperidad general, pues sus hechos indican que sólo se busca ahuyentar la inversión, destruir el empleo, quebrar a las empresas y colocar a la población a depender de subsidios estatales, método habitual de los sistemas comunistas para subyugar a las masas.

Dignidad humana y prevalencia del interés general

Consigna en su artículo 1 nuestra Carta Magna que Colombia está “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”

Es este un principio rector de toda la actividad del Estado y, por lo tanto, la garantía de su cumplimiento se impone para mantener las condiciones de seguridad de la población y el orden constitucional cuyo sustento debe ser garantizado por las fuerzas militares, según lo que estatuye el art. 217 de la Constitución Política.

La alteración de este mandato se ha plasmado en la caprichosa voluntad del ejecutivo en destruir el sistema de salud para entregar su manejo a una burocracia que ha demostrado ser corrupta y que no cuenta con la idoneidad para el manejo de tan abultados recursos. Igual proceder rige el descabellado proyecto del ejecutivo de apoderarse de los ahorros pensionales de los trabajadores para ingresarlos al flujo de gastos del Estado. Son imprevisibles los perjuicios que a toda la masa de trabajadores y pensionados causarán estas absurdas decisiones del régimen, que riñen abiertamente con el mandato constitucional de hacer prevalecer el interés general.

Los pésimos resultados de la gestión económica del régimen causan enorme perjuicio al bienestar y al patrimonio de los colombianos, lo que representa una nueva violación al interés general y a la protección de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y demás derechos de los ciudadanos, protegidos de manera expresa por el texto constitucional. Un crecimiento económico comparable sólo con los pueblos más atrasados del planeta; la desaparición de exportaciones que generaban ingresos razonables para nuestra economía; la quiebra y liquidación de numerosas empresas; y, un oscuro panorama de miseria generalizada que generará la aprobación de las aterradoras propuestas “con fuerza vinculante” que comienzan a discutirse hoy en los diálogos de paz con el ELN.

Hemos pasado los colombianos del diálogo con las autoridades a las marchas de protesta; hemos incoado sin éxito la acción constitucional para separar del cargo a quien violó en forma desproporcionada los límites económicos de la campaña para hacerse elegir fraudulentamente. Todos nuestros derechos han sido desconocidos. No nos queda otro camino que impetrar, con el derecho que nos confiere la misma Constitución, que se aplique el artículo 217 para devolver el orden constitucional a la Nación.

Tenemos plena confianza en la preparación, madurez y patriotismo de nuestros soldados y policías. Sabemos que harán buen uso de esta delicada misión que les confiere la Constitución. Que sabrán conducir a la Nación y prepararla para la celebración de elecciones transparentes, despojadas de los vicios que aquejan a nuestro corrupto sistema electoral, para emprender juntos, todos los colombianos, un sendero de convivencia, bienestar y crecimiento en todos los órdenes.

Hay que hacer algo

Por José Leonardo Rincón, S. J.

Almorcé en estos días con dos amigos del mundo de la política. Uno, veterano líder de un partido tradicional que fue concejal, senador y embajador, otro, joven promesa que ya fue cónsul en Estados Unidos. Dos generaciones distintas y una sola preocupación verdadera: nuestro país y su futuro.

La amistad y nuestras periódicas tertulias se suscitaron a propósito de una columna como estas que se volvió sorprendentemente viral: al meollo del asunto. Se me invitó entonces, en tiempos electorales, a lanzarme a la política como tantos curas lo han hecho. Agradecido, por supuesto, con tamaña propuesta, obviamente la decliné. No voy a colgar los hábitos por tan seductora tentación. Mi vocación es de cura, no de la política partidista. Otra cosa es que de lo político no podamos sustraernos. Ese es mi tema de hoy.

Tengo que reconocer que la política me gusta. Un ciudadano de la polis no puede eludir interesarse por la suerte de su pueblo. Lo que pasa es que la política tiene mala fama y se asocia automáticamente con falsas promesas, oportunismos, virajes camaleónicos, corruptelas. Y eso es lo que denominamos despectivamente como politiquería. Su verdadero sentido se ha desvirtuado y eso, en tanto a muchos espanta y los vuelve apáticos, a otros los atrae para obtener prebendas e irse por la senda equívoca. El daño está hecho, pero hay que resarcirlo, sin comerse el cuento de que muchos han sentido ser mesías para terminar siendo más de lo mismo.

Esa apatía, indiferencia, ignorancia o también el desprecio de lo político ha sido el caldo de cultivo para estar como estamos. Todos nos quejamos del estado actual de las cosas, pero amnésicamente se nos olvida que así lo hemos querido, o al menos, permitido. Esto no comenzó ayer, al menos hay que remontarse a los tiempos de la patria boba que resultaron ciertos a pesar de la oportuna advertencia del tribuno del pueblo, José de Acevedo y Gómez. Los intereses personales de los líderes populares de turno han primado sobre los colectivos en tanto las masas, cual veletas, son movidas por no decir manipuladas por esas conveniencias.

Hay que despertar, hay que sacudirse, hay que hacer algo. Se ha dicho hasta la saciedad: vamos corriendo vertiginosamente hacia el abismo. No podemos seguir así. Hay que hacer un alto y reflexionar un poco si no se quiere repetir la historia. Quisiera pensar que todavía estamos a tiempo, quisiera imaginar que hay muchos todavía que desean salir del letargo para proponer algo distinto. Hemos pensado convocar gente de todos los partidos, de todas las edades, de toda condición, eso sí con algunas primeras condiciones: que sean de mente abierta, que escuchen y hablen con respeto, es decir, que sepan dialogar sin agresiones e insultos, que no traguen entero, que quieran construir país, que no busquen sus intereses egoístas, sino que anhelen el bien de todos. ¿Eres uno de esos?

¿Qué es lo que quiere el pueblo?

Por: Luis Alfonso García Carmona

Desde que a Ortega y Gassett se le ocurrió hablar del hombre-masa, manipulado por quienes detentan el poder, se ha aceptado como dogma entre los analistas de estas materias que sólo existen dos clases de personas: las que pertenecen a las élites gobernantes, encargadas de fijar las pautas que las masas deben acatar, de un lado, y, del otro, los integrantes de esas masas ignorantes y sujetas a los dictados de sus dirigentes.

Así se ha comprobado en la historia. Fue a través de la fuerza o del dinero como el poder cayó en las manos equivocadas. Y, con el tiempo, ya no hubo necesidad del empleo de la fuerza, pues fue más eficaz la utilización del dinero para enajenar conciencias, comprar votos, implementar el fraude electrónico y poner los medios de comunicación formales o virtuales al servicio de los asaltantes del poder.

Quedan, por supuesto, marginadas de este juego por el poder, las masas de individuos carentes de recursos. Buen ejemplo de ello lo estamos viviendo en Colombia, aunque, para ser más exactos, el pueblo colombiano ha demostrado ser superior a sus dirigentes cuando está en peligro la supervivencia del país y los valores esenciales que le dieron vida.

Recordemos lo que ocurrió con el acuerdo de La Habana negociado a espaldas del pueblo por el presidente Santos. Para acallar las críticas prometió este que el Acuerdo Final se sometería a la refrendación del pueblo mediante un plebiscito, pero se aseguró de antemano –en forma tramposa– que se obtendría el triunfo del sí, reduciendo el umbral al irrisorio porcentaje del 13%. O sea, que solamente 4.500.000 votantes definirían la suerte del país. Contó, por supuesto, con el apoyo de las mayorías parlamentarias repletas de políticos corruptos.

Pero no contaban con la rebelión del pueblo contra el montaje publicitario orquestado por el Gobierno, la clase política, los dirigentes privados, la Iglesia Católica (con el Papa incluido) y las organizaciones internacionales manipuladas por la izquierda. 21.233.898 habilitados para votar se abstuvieron de concurrir al llamado de votar y 6.431.376 votaron por el no. En total, 27.665.274 se rebelaron contra la clase dirigente que quería a toda costa imponer un pacto infame.

Lo triste de la historia es que –a pesar de la espontánea y libre expresión de la voluntad soberana del pueblo– esta fue desconocida nuevamente por los delincuentes incrustados en la Corte Constitucional y en el Congreso, que optaron porque mediante una simple proposición se desconociera el resultado del plebiscito.

En similares circunstancias nos encontramos ahora: Una elección espuria, repleta de violaciones a las normas electorales, nos dejó en manos de la recalcitrante y totalitaria izquierda.

¿Qué es lo que quiere el pueblo en estas circunstancias?

Solución a la crisis económica y fiscal. Pretende el régimen acabar con le principal renglón de exportación, los hidrocarburos. Se ha desbordado el gasto fiscal con enormes gastos y crecimiento de la nómina estatal. La economía, bajo la amenaza de expropiaciones, endurecimiento de las normas laborales, aumento de impuestos e inseguridad del país, afronta una crisis irreversible.

Que se termine la inseguridad y el caos que reina en todo el territorio nacional. Con impunidad campean las bandas delincuenciales, los clanes de narcotraficantes, los grupos terroristas y delincuentes de toda laya. La respuesta del régimen es sentarse a dialogar con la criminalidad, conceder impunidad a los bandoleros, compensar a los narcos, corruptos y guerrilleros su apoyo a la campaña presidencial, desarticular las fuerzas armadas y de policía, y legalizar milicias bajo los remoquetes de “guardias campesinas” o “gestores de paz”.

Que se devuelva a trabajadores y pensionados los derechos a un sistema de salud catalogado como uno de los mejores del continente y que el sistema pensional no se modifique para dejar los recursos de la clase trabajadora a merced de la corrupta camarilla que nos gobierna.

Que se ejerza el Gobierno en busca del bien común de todos los colombianos y no en beneficio de los gobernantes y su cuerda de amiguetes.

Ahora, como en octubre de 2016, debemos salir a manifestar, en forma libre y espontánea, nuestro descontento con el régimen.

Acompañemos nuestra protesta con la exigencia de que se respete el Estado de Derecho dándole curso al juicio político por indignidad interpuesto por el abogado José Manuel Abuchaibe ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, contra la campaña presidencial en la que se violaron los topes de gastos determinados por la ley.

Esa movilización debe concluir en la creación de una gran fuerza pluralista e independiente de los partidos políticos, que canalice el descontento nacional y rescate los valores culturales que el régimen materialista pretende destruir para instaurar –sobre las ruinas del país– la ideología marxista fracasada en todos los confines del mundo.

El imperio de la ley

Por Antonio Montoya H.

Cuando hablo del imperio de la ley, no me refiero a la supremacía del más fuerte sobre el débil, sobre el indefenso, o como en el Viejo Oeste, la ley del más rápido para disparar, amedrentar y controlar los pueblos. No.

Cuando hablamos del imperio de la ley, es para entender su significado en el verdadero y estricto sentido jurídico que no es otra cosa que la sujeción de la acción del Estado a una regla o ley fundamental: la Constitución.

El desarrollo de la humanidad ha tenido etapas y momentos difíciles para cada grupo o tribu, que pasaron de ser nómadas al sedentarismo, es decir, a construir y desarrollar su vida en un hábitat específico hasta llegar a nuestros días.

No podemos olvidar las guerras permanentes, las invasiones, el deseo imperialista de grandes guerreros y líderes por ocupar territorios lejanos, apoderarse de ellos y gobernar a la fuerza a los que sobrevivieron esos ataques. Son pueblos que fueron sometidos a la fuerza, hasta que se rebelaron del yugo que los asfixiaba.

Europa entero fue fuente de invasiones, guerras, divisiones, y desde finales de 1850 en adelante se fueron definiendo los Estados actuales, porque antes los señores feudales eran quienes mandaban en sus territorios, tenían ejércitos propios y recibían tributos.

Dicen que América está en construcción y yo diría que sí. Su proceso independentista terminó en la primera parte del siglo IXX, y los países que la integran en la forma actual llevan unos doscientos o doscientos treinta años de trabajo dándole identidad a los territorios y aunando el sentido de pertenencia para así lograr el primer punto que es el sentimiento; de allí surge el significado de nación.

El grupo humano de cada país se unió para tener una convivencia ciudadana justa, pacífica y civilizada.

Nosotros lo escogimos y aceptamos como bien lo dice la Constitución Nacional, en su artículo primero:

“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república, unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Tenemos definido el rumbo, no podemos perderlo y menos aceptar que grupos minoritarios colombianos que no respetan la democracia, vayan a cambiar nuestro sistema de Gobierno democrático, por un comunismo encubierto de socialismo, que no está destinado a hacernos crecer sino a destruir a Colombia.

Por ello es por lo que hablamos del imperio de la ley. En la democracia se acepta a quien gane las elecciones, eso es claro, no se discute, pero sí no se acepta, ni ahora ni nunca, que se vaya perdiendo el respeto por la norma, por la justicia y el orden y menos que se limite la libertad.

Por eso existen las tres ramas del poder, independientes cada una de la otra, pero, al final, unidas por el mismo rasero: la del legislativo crea las leyes, la justicia las aplica y la del ejecutivo las desarrolla. Cada una independiente, pero con el mismo objetivo, darles garantías a los ciudadanos, darle fortaleza y fuerza a la institucionalidad.

Aquí no es la ley del más fuerte, del que diga más mentiras o verdades a medias, el imperio de la ley es para que el gobernante gobierne amparado en la legalidad, en someterse a los dictados de la Constitución y buscar prosperidad para todos, no para unos pocos bandidos que no han construido un solo ladrillo en esta bella república de Colombia.

Preocupaciones

Por Antonio Montoya H.

Son muchas y verdaderas las angustias que se viven en Colombia en estos días, pero, debo ser claro, no todos los colombianos las sufrimos: existe un gran porcentaje de la población que no ve mal lo que está sucediendo, por el contrario, aplauden, imploran que se hagan efectivos los cambios que se prometen, no comprenden la magnitud del daño que van a recibir, pero, para ellos es igual, hoy no tienen nada y lo que venga puede ser mejor. Esa simple expectativa los sitúa a todos ellos en un escenario diferente que indudablemente polariza el país y es un hecho que cada día que pasa tenemos división, confrontación y obviamente surge la posibilidad de enfrentamientos y muertes.

Es lento e imperceptible aun el objetivo de la izquierda para controlar el país, pero es constante y se percibe en el ambiente del parlamento donde tratan de aprobar a pupitrazo limpio las reformas propuestas, dentro de un marco aparente de democracia, en el que todo vale, la compra de conciencias, la desobediencia a los partidos y por consiguiente el desorden y la confusión.

Parece un espectáculo de película borrosa de los años treinta, bochornoso, sin respeto por los electores, en contravía de la democracia, ofensas, golpes bajos, redes multiplicando noticias falsas, surgimiento de falsos mesías, no hay ideologías, ni principios, todo al garete.

Observo en cada ciudad de Colombia, sin excepción, proliferación de aspirantes a las alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas y ni hablar de las JAL.

La pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos es el porqué de esa cantidad de personas aspirando a cargos públicos, cuál es su formación moral y académica, su experiencia profesional y conocimiento del manejo de la ciudad, de la manera en que operan cada uno de los entes públicos mencionados, y sobre todo, el tratar de acertar en el porqué de su aspiración. Respuesta que es muy difícil de responder satisfactoriamente, e implica predecir el futuro con una varita o bola mágica, lo cual intentaré dilucidar en pocas palabras: interés personal, de lucro y beneficio para quienes los apoya en la elección en por lo menos un 80% de los candidatos y solo un 20% máximo están interesados en lograr el mejoramiento de las condiciones de vida en sus poblaciones grandes medianas o pequeñas.

¿Cuántos de los alcaldes, gobernadores o corporados están inmersos en procesos judiciales en los últimos 20 años?, ¿cuántos, con condenas a cuestas?, ¿cuántos han persistido en ayudar a sus comunidades y cuáles de ellos son verdaderos lideres en sus regiones? Podríamos pedir estadísticas judiciales en cada región y obtendremos una respuesta terrible sobre el número de procesos que obran y están en curso contra ellos.

Por ello, invito a que no repitamos historias funestas como las de las grandes capitales: Medellín, Cali, Cúcuta, Cartagena, Bogotá y otras más que han caído en manos de personajes inescrupulosos que además consideran que han tenido administraciones brillantes y sobresalientes y han sido siniestros para proteger los intereses ciudadanos y su calidad de vida.

No todos tienen el perfil adecuado para administrar una ciudad, o municipio, o departamento, debemos ser meticulosos en exigir hojas de vida limpias, sin prontuarios, sin investigaciones penales sobre todo por actuaciones previas, y que los electores tengan fe en que su gestión se realizara en un marco de austeridad, respeto por el ciudadano y orden y disciplina.

Les pido e imploro a todos los colombianos sin distinción de edad, raza o condición que no cedamos a las malas propuestas, pensemos en las familias, los hijos y nietos para votar por ideas, y sobre todo por la democracia. Ni un paso atrás, siempre adelante.