En la sociedad actual estamos enfrentando tres
problemas muy difíciles, malucos, horribles y que requieren urgente atención de
todos:
- Las basuras e indigencia.
- Los
habitantes de calle.
- El
consumo de drogas y alcohol.
No sabemos cuál de los tres es peor, los tres
son una desgracia, inclusive se interrelacionan y tienen sus parecidos. Los
habitantes de calle viven entre la basura, drogados y/o borrachos, causan temor
y desagrado, se roban las tapas de las alcantarillas, de los contadores, las
basureras y todo lo que sea metálico, destruyendo a su paso el amoblamiento
urbano, duermen en calles y parques y hacen sus necesidades fisiológicas en
cualquier parte. Son instrumentalizados por bandas de delincuentes, al servicio
de la venta de drogas, el robo y quema del cable de teléfonos para sacar cobre,
de un muy desordenado reciclaje de basuras, dejando en muy malas condiciones
los sitios donde desarrollan esas actividades.
Se apoderan de sectores que convierten en
infiernos tenebrosos, haciéndole la vida imposible a sus usuarios y vecinos,
mejor dicho, el desastre de los desastres, la violación más clara y flagrante
al interés general.
Estamos pasados de la necesidad de que se
legisle sobre esta creciente situación, para que se le permita mucha más
capacidad de acción al Estado, los municipios y departamentos, para con su
fuerza pública ser más efectivos en la lucha contra este flagelo. Ya es hora de
que la Corte Constitucional revise su jurisprudencia frente a este tema que
avanza a pasos agigantados y que requiere para su atención, el uso de la fuerza
para conducir a tratamiento y atención a la gran cantidad de seres humanos que
por causa de la dependencia absoluta de las drogas, han escogido la calle como
su lugar de habitación, en las peores circunstancias de higiene y cuidado
personal, con su mente enajenada que les permite acciones como las de lanzar
rocas desde los puentes para matar conductores y motociclistas, robarles sus
pertenencias y contar con dinero para financiar su vicio, que les garantiza la
continuidad de vida en la enajenación total.
Son humanos y tienen sus derechos y se los
tenemos que respetar, pero también tienen la obligación de respetar a los
demás, de no afectar a la salud ni a las condiciones higiénicas, ni menos a la
seguridad del resto de la población, que además, es la mayoría, y es por eso
que tiene que primar el interés general sobre el interés particular.
En Medellín, por ejemplo, parece que tenemos ya
más de 9.000 indigentes y habitantes de calle deambulando por la ciudad,
asentados en lugares específicos que han convertido en sus territorios, llenos
de basuras, de excrementos, de droga, de prostitución, de enfermedades, de
contaminación.
La oferta institucional, para brindarles
alimentación, baño, dormida, atención médica y psiquiátrica, podría ser más
eficiente, si se permitiera desde la ley, la posibilidad de la utilización de
la fuerza para conducirlos a estos lugares y la posibilidad de retenerlos en
ellos para poder atenderlos en la mejor forma posible.
Sería mucho más digno el vivir de un indigente
en los sitios que ofrece el municipio, que en la calle. Sería más seguro, más
higiénico, menos contaminante y haría más vivible la ciudad en sus espacios
públicos.
Hay muchas personas, instituciones, empresas y
entidades que en una u otra forma, trabajan en la forma de poder ayudar a
mitigar las consecuencias de estos tres horribles problemas, pero
desafortunadamente los resultados no son los que quisiéramos como sociedad.
La generación de basuras crece, mientras que
las alternativas de tratamiento diferentes a enterrarlas, por sus altos costos
y poca sostenibilidad, no avanzan.
Los indigentes y habitantes de calle se
incrementan día a día, invaden los espacios, forman comunidades que se asemejan
a infiernos, generando inseguridad, desorden, malos olores y desaseo. Qué
situaciones tan horribles y desagradables e incómodas para la sociedad.
El consumo de drogas y alcohol se incrementa en
una forma impresionante, dejando en su paso, familias destruidas, hijos no
deseados, huérfanos, muertos y miles problemas.
Los gobiernos, nacional, departamentales y
municipales, cuentan con múltiples dependencias y presupuestos, supuestamente
para luchar contra estos tres graves problemas, que inclusive tienen muchos
puntos comunes en su afectación directa a todos los miembros de la sociedad y
por ello cabe preguntarnos:
1. ¿Cuál es el grado de interacción entre las
entidades del Estado, a todos los niveles, para acometer estos terribles
problemas?
2. ¿Cuál es el grado de interacción entre las
diferentes personas, fundaciones y entidades, que en una u otra forma trabajan
para ayudar a las personas (recicladores, indigentes, viciosos, etcétera)?
3. ¿Cuál el grado de interacción, organización
y colaboración de las entidades del Estado y de las personas e instituciones
dedicadas a estas difíciles labores?
4. ¿Existen cadenas de suministros organizadas
que permitan que sector público y privado trabajen coordinadamente estos temas?
5. ¿Existen mediciones que permitan ver avances
o retrocesos en el manejo de estos horribles problemas?
Más vale tarde que nunca, señores congresistas,
ustedes hacen las leyes y es urgente que se pongan a trabajar sobre estos temas
tan delicados y difíciles; el interés general lo demanda.
.jpg "Andrés de Bedout Jaramillo")