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miércoles, 29 de septiembre de 2021

Personería... Prevaricato... Petro

José Alvear Sanín
Por José Alvear Sanín*

Para entender temas fundamentales del derecho nada mejor que ciertos aforismos. Uno de ellos dice que la ley no tiene corazón y que el magistrado que le presta el suyo prevarica. En consecuencia, cuando se falla por simpatía, amistad, militancia política, obediencia, coima, etc., el juez prevarica porque tuerce, tergiversa o contradice o abusa de la ley.

En Colombia, desde hace algunos años venimos acostumbrándonos al prevaricato, porque se suceden los más escandalosos e inconcebibles fallos para favorecer a ciertos personajes y grupos políticos en su camino hacia el poder, mientras a otros se niega sistemáticamente el reconocimiento de sus derechos.

El activismo judicial ha convertido esa rama del poder público en un eficaz mecanismo al servicio de la extrema izquierda revolucionaria, porque las “altas” cortes, y muchas de las que de ellas dependen, han sido copadas por individuos comprometidos en la subversión ideológica.

La más reciente sentencia de orden político es la del pasado 17 de septiembre, de la Corte Constitucional, que falla a favor de una tutela presentada por Gustavo Petro para que su grupo, “Colombia Humana”, sea reconocido como un movimiento representativo de ciudadanos, en contra de repetidos pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral, la entidad legalmente llamada a otorgar, o negar, dentro del ordenamiento, la personería jurídica a las formaciones políticas.

La absurda tutela presentada por Petro ya había sido negada el 29 de enero de 2019, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en la apelación por el Consejo de Estado, el 14 de marzo siguiente, precisamente por dos tribunales que poco se han distinguido por su imparcialidad política.

Finalmente —¡vaya sorpresa!—, la Corte Constitucional seleccionó esa solicitud de Petro, y por ocho votos contra 1 se lleva de calle la legislación electoral, para favorecerlo con una inesperada personería jurídica, que le abre las puertas de copiosa financiación del erario y le permite repartir avales y formar listas para Congreso, sin tener en consideración otras opiniones.

En esos vitales asuntos, Petro ya no tendrá que someterse a los engorrosos, costosos y lentos procedimientos de otros grupos, esos sí “significativos”, de ciudadanos que tratan infructuosamente de superar los numerosos escollos legales que hacen bien difícil su expresión.

El voto disidente fue del magistrado Lizarazo, hasta ahora el peor de la Corte Constitucional, quien no objeta el fondo de la personería para Petro, sino la forma como le fue entregada…

El impulso que recibe Petro con esa personería es incalculable, tanto en cuanto le favorece como en lo que representa en detrimento de quienes se le enfrenten tardíamente y en condiciones de inferioridad… ¡Así, Petro arranca con todos los fierros, seis meses antes que los demás!

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Carlos Ochoa Martínez. El 22 de septiembre falleció —después de penosa enfermedad— el historiador que hacía poco, con La grandeza trágica de Bolívar, había interpretado las horas más amargas del Libertador en un texto sobrio, elegante y profundo, publicado justamente por la Sociedad Bolivariana, de la cual era miembro, así como de la Academia de Historia del Valle.

Carlos, a pesar de una larga vida fuera de su natal Tuluá —en Medellín, en el exterior y sobre todo en Bogotá—, nunca descuidó su terruño, para el que motivó iniciativas culturales, escribió biografías de coterráneos ilustres y deliciosos recuerdos de juventud. Fue siempre el mejor, más generoso y sincero amigo. Durante los larguísimos años de nuestra amistad nunca tuve queja alguna, ni supe de alguien que no lo apreciase.

Descanse en paz el buen cristiano, amoroso esposo, padre y abuelo, excelente ciudadano y trabajador incansable que acaba de dejarnos.

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Los alcaldes de Cali, Bogotá y Medellín son peores que la comida de la cárcel, pero pueden seguir tranquilos, acabando con todo lo que tocan, mientras tengamos el poder judicial que padecemos y la tolerancia del ejecutivo.

miércoles, 15 de julio de 2020

¡Prevaricad, prevaricad, prevaricad!

Por José Alvear Sanín*

José Alvear Sanín

En Colombia, cada día resuena con mayor intensidad aquella infame recomendación de Maurice Thorez, secretario general del PCF, a los jueces (1945), ¡Juzgad con odio!

El pasado 7 de julio apareció el artículo “Poniendo la otra mejilla” http://www.lalinternaazul.info/2020/07/07/poniendo-la-otra-mejilla/, del doctor Jesús Vallejo Mejía, que pone el dedo en la llaga judicial que ha eliminado la legitimidad en Colombia. El gran jurista concluye: “Reitero lo que he venido sosteniendo desde hace varios años (…) En Colombia ya no hay estado de derecho, sino un régimen de facto que se reviste de un ropaje institucional que disfraza la dictadura de los jueces”.

Esta página magistral respondía a dos insólitos fallos de tutela proferidos la semana anterior: el que eliminaba las facultades presidenciales en lo tocante con la dirección de relaciones exteriores y su suprema autoridad como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (¡apenas eso!), y el que dejaba sin efecto las restricciones impuestas a los mayores de 70 para proteger su salud.

El doctor Vallejo Mejía no hacía la lista de los prevaricatos judiciales que, a partir de los que autorizaron desconocer la voluntad popular para imponer el Acuerdo Final, constituyen igual número de sucesivos golpes de Estado, hasta llegar a la dictadura judicial absoluta que padecemos. Esta ha extinguido en Colombia la tridivisión de poderes, esencial a la democracia, porque ahora las cortes gobiernan, legislan y juzgan.

Estamos, en realidad, ante un poder judicial totalmente comprometido con la revolución que avanza dentro del clima prechavista que, por fin, el doctor Álvaro Uribe Vélez ha denunciado ante un país que no quiere darse cuenta de la velocidad con que corre hacia el abismo.

Nos hemos venido acostumbrando a tolerar el prevaricato permanente, que a cadencia ya semanal se presenta en todos los niveles, desde las “altas cortes” hasta los más humildes juzgados municipales.

Para todos esos despachos se coordinan las sentencias dolosas. Las cuatro “altas cortes” realizan una especie de basquetbol jurídico, porque se lanzan la pelota, de tal manera que una completa lo que la otra ha iniciado. Y en niveles inferiores, demandas malintencionadas de actores de la izquierda son respondidas en cuestión de horas, con sentencias que parecen redactadas por los propios querellantes.

Asistimos cada vez con menor asombro —por desgracia—, a la utilización deliberada del expedito mecanismo de tutela como instrumento eficaz para desorganizar el país.

Hasta ahora, el prevaricato permanente y sistemático se ha empleado para hacer avanzar los planes revolucionarios, pero acaba de hacer su aparición otra faceta, aun más odiosa, porque se ha llegado a la invasión del ámbito más íntimo e inviolable de las personas.

No estaba todavía fresca la tinta del artículo del doctor Vallejo Mejía, cuando algún juez declaró “improcedente” la acción de tutela presentada por el doctor Álvaro Uribe Vélez en defensa de su buen nombre, vulnerado por Matarife, una dizque novela, emitida a través de medios virtuales, que lo presenta como un asesino y un delincuente.

Sus abogados pecaron de ingenuos porque todavía creían que la justicia colombiana podría actuar dentro de la ley y de manera imparcial frente a Uribe Vélez. Una y otra vez el expresidente ha sido atropellado en los estrados; y lo seguirá siendo sin descanso…

Ajeno siempre a amores y odios políticos, sin embargo, ese fallo me horrorizó. Nunca antes la justicia colombiana se había despojado del velo con tanta impudicia. Frente a un ciudadano que ha servido tanto a su país, se manifiesta el odio más virulento, el mismo sentimiento irracional que anima contra él a políticos, periodistas y maestros de escuela.

En un país donde los jueces consideran que la calumnia, la injuria, el vituperio y la vindicta forman parte del derecho a la información, se llega a conductas increíbles de persecución política y personal.

Este abominable fallo me ha golpeado en lo más íntimo. Ahora, con Uribe; más tarde, con todos los colombianos, vamos también hacia el Gulag chavista-castrista-maoista-stalinista-leninista, fingiendo no darnos cuenta de que, de sentencia en sentencia, van desapareciendo las libertades individuales, los derechos humanos, la Constitución y la ley.

Al declarar improcedente la acción impetrada por el presidente Uribe en defensa de su honra, ese oscuro juez ha dictado una de las páginas más repugnantes en la historia de Colombia, precedente atroz de otras que se ven venir.

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En cambio, ¡malhaya quien trate de recordar las hazañas de Tornillo, Timo y angelical compañía!