Bastaron solo nueve
meses para que la inmensa mayoría de la población colombiana se convenciera de
la necesidad inaplazable de echar a Petro y su camarilla del poder,
antes de que culmine la funesta tarea de destruir al país.
Lo que hasta ahora
no ha sido muy claro es el medio o camino para lograrlo. Algunos empezaron a
organizar marchas de protesta, sin un objetivo muy definido o con el inocente
mensaje de pedir la renuncia del guerrillero-presidente.
Por su parte, los
políticos de profesión, los mismos que propiciaron –por activa o por pasiva– la
toma del poder por el castrochavismo, se han dedicado a buscar
nuevamente el apoyo electoral en las próximas elecciones, dizque para
convertirlas en un verdadero plebiscito contra Petro, ocultando que el tirano,
con una Registraduría a su servicio, inmensas fuentes de financiación y dominio
territorial a través de grupos armados, aumentará su poder en todo el
territorio nacional.
Mientras las gentes
honestas protestan a su manera y con los limitados medios de que se dispone,
los políticos (con algunas poquísimas excepciones) se ocupan de votar
favorablemente las reformas que el sátrapa ha llevado al Congreso.
Ahora ha surgido la
iniciativa de recolectar firmas para una consulta que busca derogar algunas de
las reformas propuestas por el social-petrismo, consulta poco viable
por el número de firmas que requiere, la demora de su trámite y los serios
obstáculos que encontrará en el Congreso y la Corte.
No somos
partidarios de soluciones por fuera del Estado de Derecho y precisamente
en la Constitución y la Ley encontramos el mecanismo que permitirá al país
librarse del presidente-guerrillero: Acaba de radicarse en la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia contra Gustavo
Petro por indignidad en el ejercicio del cargo, ya que violó de manera
absolutamente comprobada los topes financieros en la campaña electoral,
denuncia incoada por el distinguido jurista, especializado en asuntos
electorales, doctor José Manuel Abuchaibe.
Las normas son
contundentes (Constitución Política, arts. 174, 175 y 178 y Ley 1475 de 2011) y
disponen que quien haya incurrido en dicha infracción debe ser destituido del
cargo. Si del evento se derivan consecuencias penales, corresponde su
juzgamiento a la Corte Suprema de Justicia. Son normas vigentes de cuya
aplicación no hay nadie exento.
No se trata de un
hecho sometido a una apreciación subjetiva, pues solo se requiere comparar –de
manera objetiva– los topes aprobados con las sumas gastadas en la campaña, bien
sea mediante aportes en efectivo o en bienes y servicios, los cuales deben ser
registrados obligatoriamente como donaciones. La campaña Petrista superó
con amplio margen el monto gastado por sus oponentes. Contrataron 71.000
testigos electorales y un experto español que dirigió su operación y no
aparecen registrados ni los pagos a los testigos ni los del asesor.
Por tratarse de un juicio
político, es obvio que todos los ciudadanos podemos y debemos participar.
La mejor manera de hacerlo es apoyar la denuncia con nuestra firma, para
lo cual ya los organizadores están diseñando la forma de hacerlo virtual o
físicamente durante las próximas marchas de protesta que se están programando.
No podemos legitimar
con nuestra pasividad un régimen que se ha tomado el poder con métodos
fraudulentos. Si los políticos no asumen su responsabilidad de respaldar
con valor esta iniciativa, lo hará el pueblo, el mismo que rechazó en el
plebiscito el claudicante acuerdo de La Habana.
Contra quienes
creen que el camarada Petro se saldrá con la suya comprando la conciencia de
quienes deben investigarlo y juzgarlo, les notificamos que demostraremos ante
el Congreso que las inmensas mayorías del país quieren que se haga justicia,
ya que el guerrillero-presidente no está por encima de la Constitución y la
Ley.
Por supuesto, las
marchas de protesta y las heroicas manifestaciones de la reserva activa de la fuerza
pública cuentan ahora con un mensaje claro y contundente “Fuera, Petro”,
pero dentro de los límites del Estado de Derecho. Quien propicia el “golpe
de Estado” es el presidente-guerrillero que ha violado la separación de
poderes y las normas constitucionales desde que se posesionó en forma espuria
de su cargo.
