El sentido de las marchas en Colombia

Por: Epicteto, el opinador

“Dinos, Epicteto, cuál es tu opinión sobre las marchas de protesta contra el gobierno en Colombia, ¿se deben suspender antes de que los manifestantes empiecen a cansarse, o deberían continuar?” La respuesta a la pregunta de mis habituales contertulios fue la siguiente:

Lo importante es buscar el verdadero sentido de la protesta. Existen suficientes razones para seguir protestando, empezando por el espurio origen de los elegidos dentro del proceso más fraudulento del que se tiene noticia en la historia del país. Lo que aún no nos explicamos es cómo ni el Gobierno anterior ni los jueces, ni los organismos de control, ni las autoridades electorales se dieron por enterados de las múltiples anomalías denunciadas y omitieron correctivos tan elementales como el de hacer reconteos de votos en los lugares donde se sospechaba la presencia de las prácticas fraudulentas.

De otro lado, han bastado 90 días, para que el país empiece a desmoronarse en todos los aspectos: el de la seguridad, pues ya es la criminalidad la que gobierna y cada vez es premiada con más impunidad; el de la economía con un dólar a $5.200, precio al que jamás había llegado; con una reforma tributaria que encarece el costo de vida para todos los colombianos y afecta hasta la canasta familiar; con una inflación que en lo que va corrido del año llega al 23%, la más alta en los últimos 23 años;  con la pérdida del 31% de los ingresos de cada colombiano;  con graves amenazas sobre el sistema de salud, uno de los mejores del continente; y cada día, nos trae una nueva razón para la protesta.

Pero el sentido que le debemos imprimir a la protesta no es el de humillarnos ante la adversidad, sentir angustia, desesperación o apatía por lo que nos ha tocado vivir. En una palabra, no actuemos como las víctimas que conducen como un rebaño hacia el matadero.

En un estupendo video nos transmite ese gran colombiano que se llama Andrés Felipe Arias la siguiente frase de Viktor Frankl: “Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”.

Allí está la verdadera respuesta. No esperemos que el gobierno de Petro caiga porque salgamos a protestar. Tampoco nos hagamos la ilusión de que, por obra de sus equivocaciones, llegue a perder las próximas elecciones, pues ya está probado cómo manipula los resultados electorales. Si no podemos cambiar las cosas por esos medios, cambiemos nosotros mismos: Dejemos de comportarnos como víctimas y convirtámonos en sobrevivientes. Adoptemos una actitud serena, responsable y, sobre todo, inteligente, ante el desastre que envuelve a nuestro país.

¿Cuál es, entonces, esa actitud inteligente, de sobrevivientes, ante la necesidad de protestar? Demos sentido a las marchas. Deben tener como único objetivo el derrocamiento del gobierno comunista de Petro mediante la no violencia, la desobediencia civil y la no cooperación, tal como lo enseñó Gandhi cuando, con esas armas, derrotó al poderoso Imperio Británico.

¿Qué se requiere para lograr el objetivo? Tres cosas: 1) Que cambiemos nuestra actitud de víctimas por la de sobrevivientes, 2) Que organicemos a los marchantes. Basta con pedir a cada uno, empleando los medios electrónicos, su nombre, número de celular, actividad principal y municipio de residencia. De esta manera, los dirigentes de las marchas pueden saber con quiénes pueden contar y agrupar a cada uno de acuerdo con sus vínculos naturales, el municipio y su actividad personal. 3) Que diseñemos la estrategia escalonada de las marchas hasta la paralización total del país y la asunción del poder por parte del pueblo, sin intermediarios políticos, representado por los comités previamente seleccionados a partir del municipio y de la actividad laboral.

Pensemos, con el nuevo sentido que debemos dar a nuestro destino, que podemos romper el aforismo vigente desde Maquiavelo hasta nuestros días, de “que la lucha política activa está circunscripta en su mayor parte a pequeñas minorías de hombres, y que los miembros de la mayoría son y seguirán siendo, suceda lo que suceda, gobernados”. (BURNHAM, James, Los Maquiavelistas, Emecé Editores, Buenos Aires, 1945, pag. 72)

Rol político del educador

José Leonardo Rincón, S. J.*

La reciente salida en falso del presidente del sindicato profesoral, cuando en entrevista radial dice que su actuar en el Comité Nacional del Paro tenía claras intenciones electorales de cara a los comicios de 2022, me obliga como educador, que lo he sido por más de 35 años, a compartir con ustedes lo que pienso al respecto.

Quienes afirmamos como válida la formación integral en el currículo, sabemos muy bien que la dimensión sociopolítica es tan importante como las otras dimensiones: ética, afectiva, cognitiva, estética, comunicativa, espiritual y corporal, y que una educación humanista y holística no puede prescindir de ninguna de ellas so pena de correr el riesgo de mutilar facetas imprescindibles. La clave está en el balanceo de todas ellas, todas son importantes, todas necesarias. Error craso sería exacerbar una de ellas en detrimento de las otras.

La educación es un acto político estratégico, de ahí que los regímenes de toda ralea, cuando asumen el poder, se apresuran a tratar de controlarla y manipularla en aras de sus particulares intereses. Y es un acto político en la medida en que forma las nuevas generaciones de ciudadanos bien para adoctrinarlas haciéndolas clones sumisos frente a un statu-quo, bien para formarlas libres, responsables, autónomas, con pensamiento auténtico y crítico, esto es, personas.

En el acto educativo, entonces, el centro del proceso es la persona del estudiante. Todos los demás actores, llámense directivas, profesores, administrativos, padres de familia, exalumnos, son “satélites” que gravitan a su alrededor. Me parece que el señor de quien hablamos y la entidad que representa desde hace muchos años tienen trastocado el eje pues quieren colocar en los profesores un protagonismo que no les corresponde. Entiéndase bien lo que digo, por favor, para que no me excomulguen del gremio sin que haya acabado de explicarme: una cosa es la necesidad de hacer valer nuestra dignidad como educadores, velar porque se nos respeten nuestros derechos, garantizar el reconocimiento que tan noble vocación merece, actitudes elementalmente justas, y otra, es olvidar a los estudiantes anteponiendo nuestros razonables intereses sobre el derecho que también ellos tienen a recibir una educación oportuna y de calidad.

Si a la pandemia que per se ha sido desastrosa por sus devastadores efectos sanitarios, físicos y emocionales en todos, sin mencionar los económicos, se suma no querer trabajar en la escuela porque hay una reforma tributaria en curso, porque hay una reforma en la salud, porque se plantea una reforma en el sistema pensional, porque no nos han vacunado contra el covid-19, porque no se han garantizado las condiciones de bioseguridad, porque vamos a hacer paro tras paro y siempre hay algún pretexto para parar, oye ¿cuándo, pues, vamos a educar a estos niños y jóvenes? Sí, esos mismos que han sido protagonistas en estos días porque los han convertido en carne de cañón, que dicen no perder nada porque nunca han sido ni tenido nada, generación no futuro y sin esperanza. Que los gobiernos indolentes de turno tengan su responsabilidad, nadie lo discute, y ¿cuál es la cuota que debemos asumir los educadores en esta debacle? Qué es mejor: ¿dejar abandonados a estos estudiantes sin hogar y sin escuela por andar en protestas y marchas, o ejercer el más revolucionario de todos los actos que es precisamente educarlos para que sean los transformadores de este caos estructural en el que nos encontramos? Ese es el verdadero rol político del educador, no estar buscando politiqueramente una curul en el Congreso, sumiso a un determinado partido político. Hablémonos honestamente y pongamos las cosas en su sitio. Si quiere hacer política callejera, hágala, está en su derecho, pero no la haga parando un gremio que ya debería estar trabajando, no a costa de una generación entera de colombianos.

Ayuda a Colombia desde el exterior

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez

- No más noticias falsas, digamos la verdad.

Pedimos ayuda a todos los colombianos y a los amigos del país que viven en el exterior, a nuestros embajadores, a los cónsules y conciudadanos.

Por favor contactemos por redes, por medio de llamadas directas, e-mails o cartas a medios, periodistas, representantes políticos locales y a influenciadores digitales para que les expliquen lo que realmente está pasando en Colombia.

Hoy una sumatoria de violentos incitados por propaganda y dineros subversivos, sube a las redes información falsa contra la policía y el gobierno de Iván Duque, nos inundan de noticias falsas e historias a medias que luego activistas en redes, corresponsales y agencias de medios, HRW y hasta la ONU, se apresuraron a difundir, sin analizar la verdad de lo que acontece, generando oleadas de enunciados sobre percepciones falsas que a la vez desencadenan violencia, brutalidad digital y multiplicidad de ciberataques.

Las protestas en Colombia son en su gran mayoría violentas y destructivas, y organizadas con el propósito de destruir valor y crear pánico y más inseguridad ciudadana. El Comité del Paro, es una fachada para encubrir actividades destructivas, terroristas y subversivas contra la sana convivencia ciudadana y el estado de derecho.

Los disturbios son financiados por el narcoterrorismo y están inspirados por el movimiento “Colombia Humana” liderado por Gustavo Petro (ver: M-19), cuyo objetivo es la toma del poder por medio de actividad política fundamentada en la protesta ciudadana, quien está acompañado de otros líderes que fueron guerrilleros y por narcoterroristas autores de crímenes impunes de lesa humanidad, que fueron llevados al parlamento por el fallido proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC.

Están además infiltradas en la organización de actividades terroristas, el G-2 Cubano, pandillas conectadas con el régimen comunista venezolano, y milicianos urbanos narco-terroristas de las FARC y ELN, liderados por los prófugos de la justicia colombiana que operan todo tipo de actividades criminales desde territorio venezolano y por las llamadas disidencias de las FARC-EP, que se identifican como “Movimiento Bolivariano” y que están apoyados por el dictador venezolano Nicolás Maduro y el líder Diosdado Cabello.

Los disturbios y actos de violencia destructiva urbana y sitio estratégico para desabastecimiento e inmovilización de las grandes ciudades colombianas hoy son apoyados por los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, Zipaquirá y otras ciudades que se suman a una extrema izquierda vinculada a organizaciones crimínales que operan y actúan como guerrilla urbana.

Entre las organizaciones dedicadas a pagar jóvenes para cometer actos vandálicos y linchar y matar policías se destacan el nuevo JM-19, el sanguinario ELN y Las FARC-EP que resurge con fuerza y que, como se dijo antes, hoy cuenta con representantes, miembros activos en el parlamento, utilizando lo que siempre han pregonado como: la combinación revolucionaria de todas las formas de lucha por el poder.

Las manifestaciones que se presumen pacíficas sólo cuentan con un pequeño grupo de marchantes que protestan por un sentimiento genuino de inconformidad. Los grupos guerrilleros organizadores respaldados por dineros ilícitos amenazan líderes sindicales y líderes de gremios transportadores y de otras profesiones, obligándolos a participar o pronunciarse en favor de los paros.

La realidad es que, con dineros sucios de FARC, ELN y narcotráfico, pagan y movilizan comunidades indígenas, jóvenes pandilleros urbanos organizados en grupos de vándalos dedicados al microtráfico de estupefacientes, que con el fin de destruir la funcionalidad de las ciudades, atacan sistemáticamente objetivos estratégicos como el transporte masivo, los puntos de fácil suspensión del tráfico vehicular y la destrucción de centros de servicios comunitarios como bancos, supermercados, tiendas, centros comerciales y centros de salud.

Defendamos a Colombia y sus ciudadanos de bien, y apoyemos a un presidente y un gobierno honorable, trabajador y bien intencionado, que se ha dedicado a construir con ejemplo de sensatez y mesura, una cultura de la legalidad y a respaldar un empresariado que genera y mantiene empleos en medio de la gran crisis por la cual atraviesa en mundo debido al COVID-19.

Promover e incentivar marchas, actividades y congregaciones masivas pacíficas o violentas en medio de la emergencia pandémica por la que pasa el país no solo es un acto inhumano e irresponsable, es doloso y delictivo.

Vigía: al borde del abismo

Lo que ha ocurrido en Colombia, en los últimos ocho días, es la continuación de lo empezado a nivel regional a finales del 19. Esa “brisita” que anunció triunfalmente el bocón de Diosdado. La chispa fue la misma: tarifa de transporte en Chile, precios en combustible en Ecuador y ahora aumento de impuestos en Colombia. Es el asunto económico, el mismo que terminó con Luis XVI en la guillotina, pero que en Venezuela ¿no aplica?

Desestabilizar, desestabilizar

El objetivo es el mismo: destrucción de la ciudad, generación de temor, descrédito de la fuerza pública y desconfianza en su capacidad de protección y seguridad ciudadanas. En fin, generación de caos y desestabilización, siempre con lo de “marcha pacífica” e “infiltrados” como explicación, justificación y lavada de manos.

Las cosas iban de acuerdo con lo planeado, pero se atravesó la pandemia, el covid-19 engulló el momentum de la revuelta en curso y se refundió la herramienta clave del levantamiento: la calle. “No suelten la calle” recomendó una cabecilla comunista de la revuelta en Santiago de Chile. “Hay que retomar la calle” dijo otro mercachifle de revoluciones en Bogotá. Más tarde, Samper, en la vocería del Grupo de Puebla, lo proclamó claro: a pesar del virus, habían recuperado Bolivia con Evo y ahora iban por Ecuador con el correísta Arauz. Pero Ecuador se salió de la fila con Lasso, Chile ahora no la tiene clara y Perú tambalea con un sonámbulo ideológico mezcla de Lenin, Gramsci y San Agustín.

En Colombia, la joya de la corona, un hueso duro de roer, la urgencia apremia a los ejecutores del plan ante la realidad ecuatoriana y la incertidumbre peruana. Con una actitud francamente criminal, la federación comunista de educadores (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otros gremios, pasaron por encima de toques de queda, desautorizaciones a las marchas, sentencias judiciales en contra de la protesta y lanzaron a la calle a miles de ciudadanos mortificados por las consecuencias económicas del covid-19 y el imprudente proyecto de ley presupuestal del gobierno Duque. Desde el confort y seguridad de sus residencias, el incendiario Petro y los jefes gremiales, facilitaron el escenario y los actores para el libreto de vandalismo, incendio, violencia, muertos, demérito de la autoridad, confrontación social, bloqueos que amenazan hambre en ciudades; tuiteres y videos, muchos de ellos editados, inundan las redes con mensajes de alarma y pánico. Se habla de cientos de desaparecidos. Organismos internacionales señalan a la Policía y el guión continua: en medio del desbarajuste, Samper, Santos y otros se ofrecen para salvar la situación, siempre con la mirada en las elecciones del próximo año, mientras los narcodineros del fariano Gentil Duarte, fluyen a las células de “capuchos” animados por los alaridos de jóvenes exacerbados.

¿Otro país en tribulación?

El sábado por la noche, Duque anunció la posibilidad de la “asistencia militar”, que significa sacar las tropas a la calle, con los graves riesgos institucional y ciudadano que esto implica sin que las tropas estén amparadas por el DIH de una conmoción interna, según el artículo 213 de la Constitución Nacional. Acore, La Asociación de militares retirados, advierte de un sombrío panorama que está llevando rápidamente a una reacción genuina pero ilegal de autodefensa, que puede terminar en un desbarajuste generalizado e incontrolable. ¨Si no se enfrenta con decisión el caos que avanza y no se restablece la calma, días aciagos están a la vuelta de la esquina¨, advierte un vocero de esta antigua y respetable asociación.

Lo que sigue puede tomar dos caminos. Los instigadores de la desestabilización perderán oxígeno por un rebrote pandémico serio y por fatiga de los jóvenes que no verán cambios rápidos de acuerdo con sus anhelos facilistas. Con o sin oxígeno, los planes de provocación seguirán buscando excusas para cumplir con su cometido a medida que se acercan las elecciones.

El otro camino es más azaroso: la ciudadanía colombiana, curtida en violencia y ahíta de desmanes y destrucción sin sentido, ante el desgaste policial y la inoperancia judicial, tomará el asunto en sus manos, con la proclama de una defensa legítima de sus vidas y bienes. La violencia crecerá y los culpables del incendio cacarearán como gallinas, pues soportarán el efecto bumerán de su sociopatía y odio de clases, aplicados a la búsqueda del poder. Rusia apoya; China acecha; Venezuela ayuda; el Grupo de Puebla se frota las manos; las FARC y el ELN están listos para entrar en acción: Colombia no se puede escapar de esta, piensan. Apure puede desbordarse en cualquier momento.

La nación colombiana está en riesgo y su democracia en peligro. No es, pues, halagüeño el horizonte. Parecería que Colombia estuviera entrando en gran tribulación. Algo por lo que Venezuela atraviesa, hace muchos años.

Escribo con dolor

Por Antonio Montoya H.*

Los hechos violentos sucedidos en el trascurso de esta semana (finales de abril) son terribles; se sabía de antemano que la protesta no sería pacifica, con cantos y alegría, porque si bien una buena cantidad de ciudadanos recorrió las calles de una manera pacífica arengando contra la reforma tributaria, las dificultades de la salud, la falta de trabajo, en fin, sobre todo lo que vivimos; muchos otros, como era de esperarse, tristemente, se aprovecharon de la situación para generar vandalismo, muerte, heridas, pérdidas económicas, daños a los bienes de los mismos trabajadores, porque parte de los saqueos, alborotos, y demás fueron contra el patrimonio de muchos de los que estaban allí ejerciendo, al igual que el resto, un derecho constitucional como lo es la protesta, y así y todo terminaron perjudicados en su propio patrimonio… ¡qué contradicción!

Es terrible verlos en las noticias, en los videos, entrando a los bancos, quebrando vidrios, tumbando barreras de protección, robando computadores, televisores y electrodomésticos, amenazando a los trabajadores, y estos, indefensos, solo gritan de pánico mientras los violentos disfrutan con sevicia y sádica complacencia del resultado de la destrucción.

Esta es la imagen que generamos no sólo en el ámbito nacional sino global, pues, es muy triste ver como una protesta contra el gobierno se ve desmaterializada por esos actos de violencia que nos perjudican a todos por igual, marchantes o no marchantes, adinerados o no, empresarios o trabajadores… todos somos víctimas de los atropellos.

¿Dónde estaba el señor alcalde de Medellín?, no lo sabemos, ni aun cinco días después de los paros lo he visto pronunciarse contra los vándalos y criminales que arrasaron la ciudad. ¿Es esté el verdadero representante de la ciudad, quien nos dirige y protege? Lo dudo, impávido, lo único que hace es pronunciarse por Twitter, contra el expresidente Uribe, porque requirió la presencia del ejército en las calles y solicitó suspenderlo de esa red social.

No olvidemos que la Constitución Política de Colombia, en la parte final del artículo segundo dice:

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Esto quiere decir que el gobierno debe acatar estrictamente este mandato, que no es un cuento, es una obligación de carácter constitucional y por ello sorprende que quien manda en la ciudad no proteja a los civiles ni a sus bienes de los actos de los delincuentes.

No es un derecho de un solo lado, si bien se permiten las manifestaciones populares, expresar oposición, como bien lo garantiza un modelo de Estado como el nuestro, no se puede permitir paralizar la ciudad en época de pandemia, no acatando las órdenes judiciales y violando cualquier precepto legal. Me dicen que no todos fueron vándalos, ¿qué tal que así hubiera sido?, estaríamos con las ciudades destruidas. Lo que ocurre y seguirá sucediendo es que las fuerzas desestabilizadoras del país lideradas por Petro, la izquierda, los grupos guerrilleros y la delincuencia se aprovechan de esa expresión de libertad para destruir la ciudad.

Encapuchados que no son capaces de poner la cara incitan a mujeres y niños a comportarse como ellos, que motivados por la locura de las masas, irrumpen sin miedo en los bienes ajenos, los desmantelan y salen corriendo; los vi en videos entrando a menores de edad empujados por sus hermanas o hermanos a una bodega, de allí los sacaron a bala y pudo haber una tragedia mayor con muertos y heridos, pero los que primero corrieron fueron los que desataron el caos y la violencia; cobardes es lo que son, deberían enfrentarse a los demás, pero con ideas, trabajando construyendo y no acabando con lo ajeno.

¿Por qué el SMAD no actuó? porque no lo dejan los fallos judiciales; ¿por qué se impide que se defienda a la ciudad y los ciudadanos? porque quieren acabar con la democracia; ¿cómo lo van a lograr? manteniéndose en paros constantes como lo ordenó Gustavo Petro desde el inicio del mandato del presidente Duque. ¿Van a ganar? Esperamos que no, para ellos empezaremos en Medellín, revocando al alcalde y desde Antioquia entera defenderemos la democracia.

Qué dolor ver cómo los delincuentes lanzaban patadas a los policías, y ellos callados, les tiraban cócteles molotov y ellos quietos. En un carro de la policía, adentro, indefensos, varios policías, fueron víctimas de la violencia, golpes, insultos y ellos impávidos. Esto no puede ser posible, que quienes tienen la obligación de acallar a los delincuentes tengan que bajar la cabeza y humillados salir en fuga, porque no pueden defender la institución y al país.

No sólo me detendré en hacer un análisis en contra de los grandes “lunares” que se presentaron en las protestas, pues debo ser consecuente con todo lo que siempre he predicado, y es que no es momento señor presidente de hablar de una reforma tributaria cuando todos los ciudadanos estamos sufriendo y tratando de sobrevivir al día a día, cuando el porcentaje de pobreza del país aumenta de manera significativa, al igual que el desempleo y muchos otros sectores sociales se ven igualmente deteriorados. Esto era muy previsible señor presidente, a tal punto que su propia bancada le dio la espalda en algún momento y así y todo usted pretende seguir con el proyecto de reforma como si nada estuviese ocurriendo. Considero que es momento de echarse atrás, de caer en cuenta del error, pero antes de que sea tarde. No soportamos más desmanes en lo social, pero tampoco más perjuicios en lo económico; hay mejores formas de solucionar estos problemas y usted mejor que nadie en Colombia debería propender por el bien de los ciudadanos y no perjudicarnos todavía más… esto que está sucediendo era absolutamente previsible.

Señor presidente, señores alcaldes y gobernadores, no pasen de agache, los ciudadanos estamos sufriendo por todos lados, virus, violencia, paros, no hay trabajo, y fuera de eso se destruye la ciudad, ¿qué nos quedará?, ¿qué futuro tendremos fuera de la súplica divina? No esperen a que los ciudadanos se defiendan ilegítimamente, para eso está el Estado que tiene el control de la fuerza y con base en esa facultad debe actuar en fundamento a su legitimidad.

Sí al ejercicio de los derechos y libertades, no, al abuso de la democracia al desorden, la violencia, la muerte.

Dialogar o reprimir

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

Qué dilema tan grande en el que se encuentra el gobierno nacional, frente a tanta protesta.

Lo primero sería poder tener el termómetro que permitiera saber qué protestas son justificadas y cuáles son injustificadas, para poder aplicar sin temor a equivocarnos, cual merece diálogo y cual merece represión.

Lo único claro es que con tanta protesta estamos perdiendo los que más duro trabajamos y no protestamos, teniendo justificadamente mucho por que protestar.

Se supone que la representación popular de todos los colombianos está en el Congreso de la República; los congresistas debieran tener el manejo de sus comunidades y de las inconformidades que manejan, pero como eso no funciona, las comunidades se manifiestan brincándose esa inoperante representación.

Primera conclusión. Se debe revocar el congreso inmediatamente.

Como las comunidades que protestan son numéricamente inferiores a las comunidades que trabajamos duro y no protestamos, se le debe dar prelación a las mayorías.

Segunda conclusión. Se debe declarar el estado de emergencia económica y social y prohibir todo tipo de protestas que sigan deteriorando la economía y la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes.

Tercera conclusión. Para recuperar la confianza entre gobernantes y gobernados, la austeridad de los gobernantes debe ser total y absoluta, para que rinda el presupuesto y se le pueda dar asistencia total en alimentación, vivienda, salud y educación a los niños y a los viejitos, de las clases sociales que verdaderamente lo necesiten. Apoyemos a todas las instituciones serias que propenden por estos fines.

Cuarta conclusión. Repatriar o por lo menos declarar los dineros que los colombianos tengamos en el exterior y pagar cumplidamente los impuestos sin hacerle trampas al estado.

Quinta conclusión. Resolver la problemática carcelaria, propendiendo por la resocialización de los presos.

Sexta conclusión. Los jueces y tribunales deben hacer un esfuerzo sobrehumano para ponerse al día en su deber de impartir una rápida, justa y cumplida justicia.

Séptima conclusión. Las autoridades militares y de policía a la calle, a perseguir a los delincuentes y a proteger a los ciudadanos, utilizando eficientemente su tiempo, sus vehículos y su entrenamiento.

Son muchísimas más las conclusiones y medidas que se deben tomar y dependen de todos los colombianos, pero el timón del barco lo tiene el presidente, a quien elegimos por mayoría y nos representa a todos. Yo personalmente lo siento de centro, con ganas de que los ciudadanos recuperemos la confianza en quienes nos gobiernan, pero si no aplica austeridad franciscana, si no desaparece los cargos costosos e inútiles que mantiene el estado para pagar favores políticos, como muchos de la diplomacia, si no para la polarización que hoy se está avivando más que en las épocas de su elección, para que todos empujemos el bus en el mismo sentido, se le va a salir esta vaina de las manos y vamos a quedar todos jodidos, anclados en el pasado y mirando para el páramo.

Que Nuestro Señor Jesucristo ilumine a nuestro presidente, para que actúe rápido y con decisión.