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El
fracaso popular del paro de los días 28 y 29 de mayo no puede, sin embargo,
llenarnos de optimismo, ni justificar la desunión de las fuerzas democráticas, la
ausencia de un programa único de recuperación nacional, ni la multitud de
candidaturas intonsas.
Estas
dos jornadas demuestran que el poder de convocatoria de Petro es cada día
menor, o nulo, pero a medida que aumenta su locura crece su poder. Seguir
pensando con el deseo es cada vez más peligroso porque la serpiente sigue viva
y no está propiamente agonizante.
Protegido
por una putrefacta Comisión de Acusaciones, él sabe que no será destituido, y
que mientras las fuerzas democráticas sigan atomizadas y divididas, no tendrá
oposición efectiva.
Un
Congreso que oscila entre la corrupción y la pusilanimidad, hace poco le eligió
procurador y un magistrado del Consejo Nacional Electoral. La semana pasada le
facilitó la toma de la Corte Constitucional, con el nombramiento de su abogado
personal (quien no se inmuta anunciando que decidirá “con ninguna
imparcialidad”); y como si fuera poco, le revivió y amplió una reforma
laboral, probablemente peor que la original[1].
Todos
sabemos que Petro es obstinado, cabeciduro y empecinado. Por tanto, nada lo
hará cambiar de rumbo, decidido como está a reelegirse para:
1. Seguir
experimentando diariamente el placer derivado de la destrucción y el pillaje de
la economía nacional.
2. Completar
la revolución castro-comunista
3. Incorporarnos
a la órbita china, para disfrutar de la grata compañía de Díaz-Canel, Maduro y
Ortega, haciendo rabiar a Trump y los Estados Unidos,
A
través de un doble proceso se lleva el país al caos: desorden público total y
establecimiento del poder constituyente “popular” (soviets).
En
cada municipio funcionará pues un consejo popular paralelo al Concejo,
para exigir la expedición de una nueva carta populista. En el momento oportuno
se organizará una manifestación monstruo en Bogotá, donde 1.100 “delegaciones”
municipales (de 100 personas cada una) se unirán a mingas, empleados públicos y
chusma, para escuchar el histórico discurso en el que Petro, para salvar al
país, restablecer el orden público, asegurar el progreso y lograr la paz total,
perpetua y definitiva, asuma todos los poderes.
A
continuación, una Corte Constitucional previamente cooptada avalará la
supremacía del poder popular sobre los textos escritos, dentro de la concepción
de Antonio Negri —ya elogiada por Petro— sobre el poder constituyente
multitudinario.
Desde
luego que la ejecución de ese plan es difícil. Exige, en primer lugar, la
conformación del número suficiente de “equipos” terroristas para incendiar el
país, de manera que el autogolpe para “controlar” el caos se haga posible, se
vea como necesario y aun parezca aceptable.
La
logística para el autogolpe es una operación “militar” precisa, que exige meses
de preparación, entrenamiento de sus ejecutantes en los distintos niveles y una
fina operación política paralela...
Lo
de esta semana no fue, pues, un fracaso. Al contrario, fue una operación
preliminar con el fin de calibrar los mecanismos requeridos para el éxito del plan
propuesto. En términos militares, lo que acaba de pasar fue el primer
simulacro; y habrá tantos cuantos sea necesario, hasta llegar a la puesta a
punto del operativo, en un país donde el autogolpe se facilita porque el
comandante supremo de las fuerzas del orden es el jefe máximo del desorden.
La
técnica del golpe de Estado, de Curzio Malaparte (1931), obviamente está superada en cuanto
ignora los aspectos propagandísticos y tecnológicos actuales, pero no deja de
guiar acerca de los mecanismos básicos para la toma del poder, como los desarrolla
perfectamente un partido revolucionario profesional al estilo del concebido por
Lenin.
Ignorar
—como lo hacen nuestros dirigentes— la existencia, la estrategia y la operación
en Colombia de un plan revolucionario profesional, explica la situación actual
del país y los inmensos peligros que amenazan su modelo político, social y
económico.
[1] ¡Escaso consuelo es el de pensar que, con los leves retoques
“consensuados” en la Comisión 4ª del Senado, la nueva laboral, en vez de
destruir 460.000 empleos, solo acabe con 400.000!
