Escondites de poder

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Entra el gato y corren a buscar hendija los ratones. Cómo ocurre en un ruedo cuando sale un toro que le mete miedo a todos los artistas, nadie quiere pisar la arena y los que están adentro, todos buscan burladero, esperando a que salga un valiente y dé la cara. Reina el pánico propio de las caras largas que anticipan la tragedia, hay silencio y se alborota un grave olor a lirio por todo el callejón. Sálvese quien pueda.

Otro tanto ocurre en la corraleja política cuando es el toro de la justicia el que bufa y el que embiste, así sea el poder del presidente del gran país del norte haciendo lo que quienes están al frente de nuestras instituciones se han tragado; quien suena clarines y timbales anunciando lo que puede ser una tragedia para todos los que llevan gran parte de este siglo abusando del poder a costa de pueblos y naciones indefensas de nuestra región.

Están desesperados buscando un “burladero de poder”, los hermanos Santos y todos sus camaleónicos y embusteros secuaces vendepatrias en el proceso que descarriló esta democracia, pues bien saben que en toda esta saga de la caída del Castrochavismo y sus secuaces pueden salir a la luz pública y a la justicia norteamericana, muchas cosas tan o más graves que las que puede saber el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre las repartijas de Odebrecht en Colombia. En las mismas andan Zapatero, Pedro Sánchez y muchos más que temen a las declaraciones de Alex Saab y de tantos “canaritos” que irán a la jaula y faltan por cantar.

Buscan burladeros de poder las personas que participaron activamente o se lucraron de la gestación de unos acuerdos de paz con las FARC-EP, que se planearon y se adelantaron a espaldas del pueblo colombiano hasta que Francisco Santos los denunció públicamente.

También están buscando burladeros de poder, los asesores y alcahuetas criollos, españoles e internacionales que ayudaron a instaurar los diálogos y las negociaciones de Cuba, la JEP como justicia paralela, inquisidora, costosa e inoperante, y los que les dieron crédito y recursos a esos ideólogos de la falsaria Comisión de la Verdad.

Pasa igual con los que luego ayudaron a que se desconociera el resultado del referendo y con ello la voluntad del constituyente primario, y se inventaron el “fast-track” y lo aprobaron en el Congreso poniendo la manito y la tostada, a sabiendas de que ambos actos eran inconstitucionales e ilegales, fraudulentos.

Saldrá a la luz pública un día la forma en que después lograron la aquiescencia de la Corte Suprema “de alguna manera mágica” con tal de firmar y de hacer los shows, el de Cartagena y el del teatro Colón, para lograr dos propósitos siniestros: otorgarle impunidad total, derechos y participación política directa, ilegítimamente, a criminales de lesa humanidad de las FARC-EP, abriendo el camino a un cambio del sistema de libertades democráticas a una autocracia cleptócrata que puede terminar en una dictadura constitucional; y colgarle a un miserable vendepatria el premio Nobel de Paz para satisfacción de su ego y sus ambiciones y vanidades, propias de un complejo de grandeza histórica que hoy al contrastarlo con el valor estoico de María Corina Machado, languidece por falta de ética y valores, algo que tanto le ha costado a Colombia.

Vienen unas elecciones, tal vez las más importantes en nuestra historia, votemos a conciencia, pero seamos capaces de exigirle a quienes manejan las instituciones y a todos los que reciban el mandato popular de gobernar en función del bien común y el interés general.

La implosión del Estado de derecho

Luis Guillermo Echeverri Vélez

¡Esto no se arregla con una elección! No nos engañemos más. No es cuestión de quién saque el baloto en el bingo político en 2026, eso es hoy totalmente impredecible. Un “reality show” electoral por sí solo no soluciona el cúmulo de problemas de ilegalidad, impunidad e ilegitimidad que deliberadamente nos hemos permitido como sociedad.

En Colombia el Estado de derecho implosionó y seguimos pandos, orondos, impávidos e insensibles. Esto sólo se remedia mediante el sacrificio de conformar una resistencia con un relato unificado, la determinación colectiva de transformar el Estado, y el valor necesario para combatir el crimen y meter los ratones a la gatera.

Lo expresó con exactitud el maestro Alberto Velásquez Martínez: “El clientelismo, adobado con el caciquismo y el gamonalato, anarquizó a los partidos. Perforó sus organizaciones de microempresas electorales que no solo se nutren de dineros ilícitos, sino de posiciones contradictorias como la que mostró Gaviria con su incongruencia”.

Con el país sumido en violencia, salió Santos a justificarse mediante la mentira de que los acuerdos de paz sólo tienen efectos retardados, y a validar la inclusión en la política de guerrilleros y narcoterroristas, cuando esto no es un mandato de izquierda, es la implantación del caos institucional y una merienda de la hacienda pública en la que medran toda suerte de criminales.

Mientras las portadas de los medios siguen graduando de héroes a los delincuentes, quienes representan la política tradicional y los opositores al régimen están anulándose unos a otros, pues sus egos solo les permiten escucharse a sí mismos.

Llegan de Europa al bazar de la politiquería y el clientelismo los grandes proxenetas y patinadores de la corrupción y la destrucción, cargados de mermelada Petro-Santista, para poder reelegir la plantilla de congresistas prepagos e ir por la Presidencia en 2026.

Arropados en la falsa bandera de la paz, el Estado lo controlan los que aprovecharon las debilidades propias de la anarquía para, con un discurso populista, instaurar una autocracia inquisidora moderna, que no es otra cosa que la dictadura del progresismo que quiere controlar nuestra civilización acomodando todas las normas sociales a la imposición de las agendas minoritarias a la mayoría, financiados por empresarios corruptos, por ONGs bajo el efecto Soros, la ONU, y organizaciones criminales y narcoterroristas de todo tipo.

La descomposición actual de todo el Estado colombiano sobrepasa las capacidades de la famélica y degenerada justicia. La formación de políticas públicas hoy se reemplazó por la multiplicación generalizada y exponencial de la corrupción entre una cleptocracia clientelista que ejerce la politiquería y los cargos públicos, como forma de vida.

Es válido criticar y renegar pues quienes nos gobiernan son una pandilla de destructores insensatos, de ignorantes, locos y degenerados. Pero si queremos entender el problema del país, miremos bien qué intereses y quiénes hay detrás de ellos y de los políticos corruptos.

Recordemos que cuando uno pone la manito hay otro que se la llena. Por tanto, el verdadero problema, son los están por detrás de la corruptela estatal, esos grandes grupos delincuenciales que pagan las campañas electorales, los grandes contratistas del Estado y toda suerte de lavadores y organizaciones criminales narcoterroristas armadas, jineteados todos por una pila de cínicos cabilderos que apesta.

Vive la nación un caos generalizado e inducido. Si antes la corrupción estaba representada porque se robaban algunas frutas, hoy lo que ocurre en Colombia es que están arrancando los árboles de raíz. El problema de fondo es cultural, no sólo económico, y se fundamenta en las formas mafiosas que dominan el control del poder y la impunidad a la generación de capitales ilícitos.

La restauración de un Estado de derecho funcional no es un asunto que se solucione con el mito de cuánta plata arrumen “los poderosos”. Contrario a lo que pasa con el dinero ilegal, la plata lícita ya no funciona, no compra votos ni conciencias; ambas cosas se demostraron plenamente en las campañas de 2018 y 2022.

Olvidémonos del casino en que jugaba la gente importante, prestante y bien intencionada que ingería en la conducción de la sociedad y el Estado. Hoy la plata que respalda el póker político se juega en antros clandestinos con las cartas marcadas y el revólver sobre la mesa.

Ya no son los ciudadanos adinerados ni las empresas productivas las que patrocinan a los que se presentan a las elecciones. Aquí mandan grupos, clanes, contratistas y organizaciones criminales sin escrúpulos ni valores éticos, que trabajan bajo la máscara de negocios supuestamente lícitos, cuando en realidad son contrabandistas, lavadores especializados, jefes de bandas de crimen organizado, que se valen de proxenetas para apoyar candidatos y políticos, corrompen a quienes otorgan los avales electorales, y luego activan a los funcionarios públicos que patrocinaron.

Haber protestado cincuenta años contra el Estado y los poderosos en una democracia funcional, y haberlo hecho secuestrando y violando niños campesinos, matando soldados, civiles, empresarios y servidores públicos, no justifica de manera alguna llegar al poder a despedazar el Estado y el país con resentimiento y sevicia, ni llevar la nación a un estado de miseria humana y económica irrecuperable.

Siempre han existido focos de corrupción, la trampa y el engaño han sido una tentación humana que al igual que el vicio son imposibles de eliminar por completo. Pero donde los delincuentes saben que tienen riesgo y castigo, pueden ser reducidos a la mínima expresión, y florece la legalidad y con ella la seguridad.

Solo un cambio cultural colectivo y determinado a adoptar un compromiso cívico basado en un gran sacrificio y una disciplina de trabajo severa, podría rescatar a Colombia de la implosión Estatal del 2022, que día a día derrumba y desaparece una institucionalidad acobardada. Solo un propósito unificado puede llevar la nación a una senda diferente a la de la anarquía que le entregó el poder y el manejo de los valores sociales a una tiranía de delincuentes.

Futuro de Colombia

Por Antonio Montoya H.*

Cuando un país dice ser “Un estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, diría uno que es el país ideal, de sueño, en el que todos quisieran vivir y participar de sus beneficios. Este contenido se especifica así, claramente, en el artículo primero de la Constitución Nacional, la cual fue el fruto de la Constituyente del año 1990.

Resalta en cada frase, de una manera precisa y contundente, lo que es Colombia en teoría, pero en la práctica, después de 212 años de independencia, no hemos logrado encontrar el verdadero camino de la concordia, el respeto por la vida, la dignidad de la que tanto se habla, y mucho menos de la igualdad y el respeto por los demás.

Es pues un artículo para enmarcar, nadie lo respeta se pisotea sin parar y por ello ni la descentralización, ni la autonomía, ni nada de lo que allí se dice se cumple, país de leyes y no de propósito, de hablar carreta y no de concretar avances ni acuerdos. Este es el país que la gran mayoría de los colombianos desean, pero que no se logra porque se gobierna a punta de promesas, con los que hacen daños, con buscar acuerdos con quienes sometieron al país a la guerra, el secuestro, la extorsión, la violación, los desastres y la muerte, sin pagar un solo día de condena.

Ese no es el país que requerimos. Pedimos uno con disciplina, orden, trabajo, solidaridad, respeto por la ley, acatamiento de la norma y sin duda alguna por obtener como premisa la dignidad del ser humano por encima de cualquier otro beneficio.

El país que se ha pasado por encima la legalidad no es digno de confianza, sus gobernantes no lo están haciendo bien, se premia al malo y se castiga al bueno, gran contrasentido, lo que no debe ser.

Me da miedo el futuro de Colombia, de sus habitantes, de aquellos que luchan y luchamos día a día por superarnos, por ser mejores, por respetar a los demás, por acatar la norma, por ejercer el derecho a pronunciarnos y a ejercer la democracia, porque esto se está convirtiendo en un infierno, ley no existe, la Constitución se violó y así no tendremos ni paz, ni armonía, ni bienestar.

Basta mencionar por ejemplo que los mecanismos de participación ciudadana no existen, no dejan que se desarrollen y por ello la Constitución del 91 no existe.

La justicia, el legislativo tampoco existen, la tradicional forma de estructura del Estado, prevista en la constitución en el artículo 107, que dice que las ramas del poder son: la legislativa, ejecutiva y la judicial, están desapareciendo ya que el ejecutivo, se está abrogando sus atribuciones. Ahora suplantó a la rama judicial y va a otorgar beneficios a miles de personas detenidas con investigaciones en curso, que en el Paro Nacional destruyeron las ciudades. Los quieren convertir en gestores de paz, así no más, sin tener formación, ni interés, solo quieren premiar el desastre realizado. Se pronunció al respecto la Fiscalía, el presidente de la Corte y así y todo no harán caso, y saldrán para Navidad de los lugares de detención y se perderán por el mundo. ¿Será un ejemplo digno de emular?

Cuando se dialoga se otorga todo y no se recibe nada a cambio, estamos aceptando la ilegalidad, la poca o nula justicia y esto pasará con las negociaciones que se abren por todo lado para alcanzar la paz total. Espero entonces que no tengamos un nuevo descalabro.

Invito al señor presidente a que reflexione, que piense en la estabilidad del país, que ejerza el poder para beneficio de los que día a día cumplen con la ley, trabajan y cuidan la familia, generan bienestar a sus semejantes y quieren y desean un mejor futuro para todos.

Que Dios ilumine a nuestros gobernantes.

Editorial de Antonio Montoya H.

La editorial de esta semana, para El Pensamiento al Aire, inicia con un llamado a la unión de la derecha, superando los egos. También llama la atención sobre lo sucedido en el Concejo de Medellín, con respecto a la venta de las acciones de TIGO, el acuerdo no firmado de la venta de las tierras de Fedegan al gobierno, sigue su tránsito en el Congreso la reforma tributaria, no se logran acuerdos en el Congreso y hay divisiones incluso entre los partidarios del Pacto Histórico, aplaude los diálogos de paz, votaciones en Brasil, nuestra prevención contra el invierno y los huracanes, y concluye con comentarios sobre la guerra de Rusia y Ucrania. No dejes de escucharlo.

Qué ridículo

Por Antonio Montoya H.*

La decisión de la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, conocida la semana anterior, es inoperante, tardía, ineficaz y produce en la ciudadanía una nueva sensación de desconfianza en las instituciones. Emitir una orden de captura contra Jesús Santrich, dos meses después de haber salido de la cárcel y más de un año después de estar investigándolo mientras estaba detenido en la cárcel de Bogotá, da escalofrío. Parece una justicia jugando con la justicia, remedo de eficacia y seguridad jurídica.

Este hombre que traicionó el acuerdo de paz, que fingió estar enfermo y fue llevado a la clínica, salió de allí levantando las manos con aire de triunfador, acompañado de pancartas, leyendas y personas vitoreándolo, pues había derrotado a la justicia. Luego entra al Congreso de la República, se posesiona, asiste una o dos semanas, y después de afirmar públicamente que atendería el llamado de la justicia, sale de viaje, abandona su seguridad, y se refugia en brazos de Márquez y sus compinches y proclaman nuevamente la guerra a los colombianos.

Esta descripción histórica de lo que sucedió, ocurrió a la vista de la justicia, de la JEP, de la Corte Suprema y de todos aquellos que tuvieron que ver en el proceso iniciado contra Santrich, por narcotráfico. Testigos de los hechos, hoy detenidos o protegidos en Estados Unidos, no fueron tenidos en cuenta con la inmediatez que se requería, por causa de una lenta, y paquidérmica justicia.

Cada cual hizo lo suyo para lograr la inoperancia de la justicia, unos y otros señalaban al otro, porque los delitos se cometieron antes o después del acuerdo, porque estaba sometido a la JEP o a la justicia ordinaria, o tenía fuero o miles de leguleyadas para al final determinar que se daba la orden de detención contra el mencionado ciudadano y que se informaría al Congreso para que allí procedan a tomar las decisiones correspondientes, que con seguridad tampoco serán rápidas y efectivas.

Lo que sí no se puede discutir es que algo ocurre en nuestra justicia. Se convirtió en el centro de la política, fuente de intrigas, nombramientos que quitan independencia, criterios poco acertados, fallos contradictorios y además no se juzgan entre ellos por la maraña jurídica en la que se enzarzan. Y así la justicia no define asuntos vitales como los carteles, los magistrados investigados, detenidos y también los que están fuera de la cárcel con detención domiciliaria, en fin. Podría uno asegurar que la de estar absueltos no es culpa de los bandidos, narcotraficantes, criminales y violadores sino de una justicia que no existe, no genera respetabilidad, y mucho menos seguridad jurídica. Quienes al final perdemos somos los ciudadanos que entendemos que estamos sujetos a una justicia ciega, alejada de la realidad y mezquina en el cumplimiento de su objetivo.

La credibilidad en las instituciones es la piedra angular de nuestro sistema juridico, si falla no podemos confiar en este, ni tendremos democracia. Es una situación que no depende de nosotros sino de la probidad, honestidad y responsabilidad de los que hacen parte de los tres poderes que sustentan la institucionalidad, es decir la justicia, el congreso y el ejecutivo, y fundamentalmente de las personas que representan y actúan a nombre de ellas. Pedimos que actúen o se vayan, no acaben con doscientos (200) años de dura construcción de un sistema de vida.