Futuro de Colombia

Por Antonio Montoya H.*

Cuando un país dice ser “Un estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, diría uno que es el país ideal, de sueño, en el que todos quisieran vivir y participar de sus beneficios. Este contenido se especifica así, claramente, en el artículo primero de la Constitución Nacional, la cual fue el fruto de la Constituyente del año 1990.

Resalta en cada frase, de una manera precisa y contundente, lo que es Colombia en teoría, pero en la práctica, después de 212 años de independencia, no hemos logrado encontrar el verdadero camino de la concordia, el respeto por la vida, la dignidad de la que tanto se habla, y mucho menos de la igualdad y el respeto por los demás.

Es pues un artículo para enmarcar, nadie lo respeta se pisotea sin parar y por ello ni la descentralización, ni la autonomía, ni nada de lo que allí se dice se cumple, país de leyes y no de propósito, de hablar carreta y no de concretar avances ni acuerdos. Este es el país que la gran mayoría de los colombianos desean, pero que no se logra porque se gobierna a punta de promesas, con los que hacen daños, con buscar acuerdos con quienes sometieron al país a la guerra, el secuestro, la extorsión, la violación, los desastres y la muerte, sin pagar un solo día de condena.

Ese no es el país que requerimos. Pedimos uno con disciplina, orden, trabajo, solidaridad, respeto por la ley, acatamiento de la norma y sin duda alguna por obtener como premisa la dignidad del ser humano por encima de cualquier otro beneficio.

El país que se ha pasado por encima la legalidad no es digno de confianza, sus gobernantes no lo están haciendo bien, se premia al malo y se castiga al bueno, gran contrasentido, lo que no debe ser.

Me da miedo el futuro de Colombia, de sus habitantes, de aquellos que luchan y luchamos día a día por superarnos, por ser mejores, por respetar a los demás, por acatar la norma, por ejercer el derecho a pronunciarnos y a ejercer la democracia, porque esto se está convirtiendo en un infierno, ley no existe, la Constitución se violó y así no tendremos ni paz, ni armonía, ni bienestar.

Basta mencionar por ejemplo que los mecanismos de participación ciudadana no existen, no dejan que se desarrollen y por ello la Constitución del 91 no existe.

La justicia, el legislativo tampoco existen, la tradicional forma de estructura del Estado, prevista en la constitución en el artículo 107, que dice que las ramas del poder son: la legislativa, ejecutiva y la judicial, están desapareciendo ya que el ejecutivo, se está abrogando sus atribuciones. Ahora suplantó a la rama judicial y va a otorgar beneficios a miles de personas detenidas con investigaciones en curso, que en el Paro Nacional destruyeron las ciudades. Los quieren convertir en gestores de paz, así no más, sin tener formación, ni interés, solo quieren premiar el desastre realizado. Se pronunció al respecto la Fiscalía, el presidente de la Corte y así y todo no harán caso, y saldrán para Navidad de los lugares de detención y se perderán por el mundo. ¿Será un ejemplo digno de emular?

Cuando se dialoga se otorga todo y no se recibe nada a cambio, estamos aceptando la ilegalidad, la poca o nula justicia y esto pasará con las negociaciones que se abren por todo lado para alcanzar la paz total. Espero entonces que no tengamos un nuevo descalabro.

Invito al señor presidente a que reflexione, que piense en la estabilidad del país, que ejerza el poder para beneficio de los que día a día cumplen con la ley, trabajan y cuidan la familia, generan bienestar a sus semejantes y quieren y desean un mejor futuro para todos.

Que Dios ilumine a nuestros gobernantes.

La tutela

Por Antonio Montoya H.*

Es sin duda alguna, una de las grandes innovaciones que trajo la Constitución del 91, está prevista en el articulo 86, y expresa que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados  por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”.

Sigue expresando el mencionado artículo, que podrán leer detenidamente, que esta acción “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La ley establecerá los casos en que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación e indefensión”.

Esta norma constitucional, fue reglamentada posteriormente en el año 1991, originándose desde allí hasta nuestros día una proliferación de acciones de tutela contra todos los entes privados, públicos y los que se ocurran, desvirtuando el verdadero sentido de la norma que era la protección de los derechos fundamentales, porque en mi opinión los jueces de la República consideran que todo es violatorio de esos derechos y aceptan las tutelas hasta en casos como por ejemplo que a un niño no le dan un cono. El verdadero propósito se perdió y hoy uno de los problemas de los juzgados es el exceso de tutelas que deben atender y fallar, que interrumpen la habitualidad y orden de los procesos judiciales, porque esta se tiene que decidir rápidamente en un término perentorio de diez días hábiles.

Yo diría que hoy nos encontramos ante un exceso de tutelas, que podríamos llamar la época de la “tutelitis”, todo es violación a los derechos fundamentales y no es verdad que todo sea así, el titulo II de la C. N. que habla de los derechos, las garantías y los deberes, se refiere a estos de una forma clara y precisa, por ende todo no es fundamental y allí es donde los jueces de la república aplican su propio derecho, no  respetan la jurisprudencia, la doctrina, ni aun la ley, fallan en su leal saber y entender, lo cual es grave cuando se refiere al ejercicio especifico de esta acción.

Veo que aceptan tutelas en el ámbito del derecho privado y en relaciones de negocios que pueden ser resueltas en la jurisdicción ordinaria, por ende, se rompe el orden jurídico.

Si bien es cierto, en muchos casos la tutela es efectiva, necesaria, no pudiéndose negar el avance proteccionista con esa norma jurídica, si es necesario pensar, estudiar, proponer y discutir una reforma legal que permita que el resultado sea más efectivo y no perjudique el diario trascurrir de los juzgados por cuanto ello genera atraso y un colapso todavía peor de la justicia.

Propondría que las tutelas lleguen a jueces únicamente dedicados a estudiar y fallarlas, relacionados con su especialidad, es decir jueces de tutelas para la rama laboral, civil, comercial, contenciosa, y demás temas, y que estas si son por ejemplo laborales no sean estudiadas y falladas por jueces civiles, porque ahí caemos en un gran problema, no todos los jueces dominan otras ramas del derecho y pueden equivocarse de buena fe en el fallo.

También propondría que las tutelas se presenten ante los jueces de circuito y se apelen ante el tribunal superior correspondiente, en una sala de tutela, así evitaremos miles de casos patéticos que generan poca credibilidad en la justicia.

Para no dejar en el aire este asunto pongo como ejemplo que hoy en la actualidad en un caso que ocurre en Bogotá, puede ser interpuesta una tutela en un municipio de otro lugar distante a donde surgen los hechos, lo cual obviamente no es lógico, pero ocurre. Jueces de inferior categoría paran el desarrollo del Estado, torpedean y paralizan obras o decisiones, y así es como creamos el caos.

En fin, hablo de este tema porque lo vivimos en el sector privado, es una realidad y por ello reflexiono sobre la posibilidad de reformar la tutela para que no pierda su esencia y logre efectivamente proteger a los ciudadanos en la vulneración de sus derechos fundamentales. Vale la pena darnos la pela y analizar este tema que, efectuando algunos pequeños cambios en su reglamentación, podría ayudar a recuperar la fe en la justicia.

Fallos absurdos

Por Antonio Montoya H.*

Es ya habitual que en nuestros artículos en El Pensamiento al Aire, los otros columnistas y yo mismo, nos refiramos a las graves falencias que hoy tiene la justicia en nuestra patria, desde la politización de la misma, hasta la incongruencia de sus fallos que llevan a afirmar que hoy no prima ni la norma escrita, ni la jurisprudencia, sino que nos encontramos ante una propia justicia de los jueces que no fallan de acuerdo con la tradición jurídica, sino con base en su propia opinión, y en muchas ocasiones contrarias a los propios códigos, lo cual hace que se pierda credibilidad en la justicia, porque no hay coherencia en los fallos y surgen dudas sobre la idoneidad de los jueces, sin desconocer que la mayoría cumple adecuadamente con su trabajo.

Vemos como en el caso de la propia Corte Suprema de Justicia, hemos visto aterrados la compra de los propios magistrados quienes por dinero posponen fallos, absuelven, archivan procesos contra congresistas, dejando al garete la verdadera aplicación de justicia, y si allí en las altas cortes no encontramos idoneidad, de ahí para abajo la situación no cambia, posiblemente sea más grave.

Si seguimos ahondando podemos analizar el caso de la tutela, mecanismo creado en la Constitución del 91, que pretendía atender casos especiales que afectaran de manera grave los derechos del tutelante y que la justicia ordinaria no podría definir en poco tiempo. Por ello, se consideró el mejor avance de la justicia, pero, como suele ocurrir, se convirtió en una posibilidad rápida para solucionar problemas y no solo aquellos para los cuales fue creada, sino para todo tipo de decisiones lo cual llevó a que la justicia y los jueces se dediquen a fallar tutelas por la inmediatez de los términos desplazando los procesos ordinarios y por ende demorando aún más el desarrollo procesal. Es necesario que el Congreso de la República estudie este asunto a fondo y le dé una revisión a la tutela, para que vuelva a su cauce.

Conocí un fallo que para mí desborda mi imaginación y la de la mayoría de las personas, frente al cual cualquier escritor del mundo, por más ingenioso que sea, no se le ocurriría ni pensarlo, porque es demasiado absurdo e ilógico, contrario a derecho. Hace referencia a la condena al club El Nogal, que debe indemnizar a una de las víctimas del atentado propiciado por las FARC, en el cual fallecieron muchos inocentes y quedaron heridos y con secuelas físicas y emocionales otros muchos.

No puede ser que resulte con ese fallo, que quien resulte responsable del mismo es el que sufrió el ataque. Parecen los pájaros tirándole a la escopeta, a quién le cabe en la cabeza que en un conflicto que sufríamos en esa época, además de la vigilancia y cuidado razonable que se tenían en las instalaciones, tenían que prever que los terroristas planearan y ejecutaran un acto criminal de la magnitud del que cometieron, seleccionando con precisión el punto vulnerable. La respuesta es nadie. Es increíble que un juez de la República, contrario a la realidad de los hechos, profiera un fallo condenatorio ordenando al club El Nogal pagar una alta suma a una de las víctimas del atentado.

No he visto en este caso la manifestación de los congresistas de las FARC, sobre este hecho. Deben estar muertos de la risa, burlándose de nuestra justicia, la misma que no los condena a ellos por tantos delitos cometidos en tantos años de violencia.

Lamento renegar de la justicia, a la cual recurrí en muchos años de ejercicio profesional de abogado, donde creíamos en los jueces y en la aplicación de justicia cierta y pronta.

Debemos cambiar, darle credibilidad a la justicia y designar funcionarios probos en los juzgados de Colombia.

Señores jueces, demos ejemplo y fallemos los procesos con base en el acervo probatorio y en derecho, no con intereses diferentes.