Por Antonio Montoya H.*
La decisión de la sala de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, conocida la semana anterior, es
inoperante, tardía, ineficaz y produce en la ciudadanía una nueva sensación de
desconfianza en las instituciones. Emitir una orden de captura contra Jesús
Santrich, dos meses después de haber salido de la cárcel y más de un año después
de estar investigándolo mientras estaba detenido en la cárcel de Bogotá, da escalofrío.
Parece una justicia jugando con la justicia, remedo de eficacia y seguridad jurídica.
Este hombre que traicionó el
acuerdo de paz, que fingió estar enfermo y fue llevado a la clínica, salió de
allí levantando las manos con aire de triunfador, acompañado de pancartas,
leyendas y personas vitoreándolo, pues había derrotado a la justicia. Luego
entra al Congreso de la República, se posesiona, asiste una o dos semanas, y
después de afirmar públicamente que atendería el llamado de la justicia, sale
de viaje, abandona su seguridad, y se refugia en brazos de Márquez y sus compinches
y proclaman nuevamente la guerra a los colombianos.
Esta descripción histórica de
lo que sucedió, ocurrió a la vista de la justicia, de la JEP, de la Corte
Suprema y de todos aquellos que tuvieron que ver en el proceso iniciado contra
Santrich, por narcotráfico. Testigos de los hechos, hoy detenidos o protegidos
en Estados Unidos, no fueron tenidos en cuenta con la inmediatez que se requería,
por causa de una lenta, y paquidérmica justicia.
Cada cual hizo lo suyo para
lograr la inoperancia de la justicia, unos y otros señalaban al otro, porque los
delitos se cometieron antes o después del acuerdo, porque estaba sometido a la
JEP o a la justicia ordinaria, o tenía fuero o miles de leguleyadas para al
final determinar que se daba la orden de detención contra el mencionado
ciudadano y que se informaría al Congreso para que allí procedan a tomar las
decisiones correspondientes, que con seguridad tampoco serán rápidas y
efectivas.
Lo que sí no se puede discutir
es que algo ocurre en nuestra justicia. Se convirtió en el centro de la política,
fuente de intrigas, nombramientos que quitan independencia, criterios poco
acertados, fallos contradictorios y además no se juzgan entre ellos por la
maraña jurídica en la que se enzarzan. Y así la justicia no define asuntos
vitales como los carteles, los magistrados investigados, detenidos y también los
que están fuera de la cárcel con detención domiciliaria, en fin. Podría uno
asegurar que la de estar absueltos no es culpa de los bandidos,
narcotraficantes, criminales y violadores sino de una justicia que no existe,
no genera respetabilidad, y mucho menos seguridad jurídica. Quienes al final
perdemos somos los ciudadanos que entendemos que estamos sujetos a una justicia
ciega, alejada de la realidad y mezquina en el cumplimiento de su objetivo.
La credibilidad en las
instituciones es la piedra angular de nuestro sistema juridico, si falla no podemos
confiar en este, ni tendremos democracia. Es una situación que no depende de
nosotros sino de la probidad, honestidad y responsabilidad de los que hacen
parte de los tres poderes que sustentan la institucionalidad, es decir la
justicia, el congreso y el ejecutivo, y fundamentalmente de las personas que
representan y actúan a nombre de ellas. Pedimos que actúen o se vayan, no
acaben con doscientos (200) años de dura construcción de un sistema de vida.