lunes, 23 de septiembre de 2019

Qué ridículo


Por Antonio Montoya H.*

Antonio Montoya H.
La decisión de la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, conocida la semana anterior, es inoperante, tardía, ineficaz y produce en la ciudadanía una nueva sensación de desconfianza en las instituciones. Emitir una orden de captura contra Jesús Santrich, dos meses después de haber salido de la cárcel y más de un año después de estar investigándolo mientras estaba detenido en la cárcel de Bogotá, da escalofrío. Parece una justicia jugando con la justicia, remedo de eficacia y seguridad jurídica.

Este hombre que traicionó el acuerdo de paz, que fingió estar enfermo y fue llevado a la clínica, salió de allí levantando las manos con aire de triunfador, acompañado de pancartas, leyendas y personas vitoreándolo, pues había derrotado a la justicia. Luego entra al Congreso de la República, se posesiona, asiste una o dos semanas, y después de afirmar públicamente que atendería el llamado de la justicia, sale de viaje, abandona su seguridad, y se refugia en brazos de Márquez y sus compinches y proclaman nuevamente la guerra a los colombianos.

Esta descripción histórica de lo que sucedió, ocurrió a la vista de la justicia, de la JEP, de la Corte Suprema y de todos aquellos que tuvieron que ver en el proceso iniciado contra Santrich, por narcotráfico. Testigos de los hechos, hoy detenidos o protegidos en Estados Unidos, no fueron tenidos en cuenta con la inmediatez que se requería, por causa de una lenta, y paquidérmica justicia.

Cada cual hizo lo suyo para lograr la inoperancia de la justicia, unos y otros señalaban al otro, porque los delitos se cometieron antes o después del acuerdo, porque estaba sometido a la JEP o a la justicia ordinaria, o tenía fuero o miles de leguleyadas para al final determinar que se daba la orden de detención contra el mencionado ciudadano y que se informaría al Congreso para que allí procedan a tomar las decisiones correspondientes, que con seguridad tampoco serán rápidas y efectivas.

Lo que sí no se puede discutir es que algo ocurre en nuestra justicia. Se convirtió en el centro de la política, fuente de intrigas, nombramientos que quitan independencia, criterios poco acertados, fallos contradictorios y además no se juzgan entre ellos por la maraña jurídica en la que se enzarzan. Y así la justicia no define asuntos vitales como los carteles, los magistrados investigados, detenidos y también los que están fuera de la cárcel con detención domiciliaria, en fin. Podría uno asegurar que la de estar absueltos no es culpa de los bandidos, narcotraficantes, criminales y violadores sino de una justicia que no existe, no genera respetabilidad, y mucho menos seguridad jurídica. Quienes al final perdemos somos los ciudadanos que entendemos que estamos sujetos a una justicia ciega, alejada de la realidad y mezquina en el cumplimiento de su objetivo.

La credibilidad en las instituciones es la piedra angular de nuestro sistema juridico, si falla no podemos confiar en este, ni tendremos democracia. Es una situación que no depende de nosotros sino de la probidad, honestidad y responsabilidad de los que hacen parte de los tres poderes que sustentan la institucionalidad, es decir la justicia, el congreso y el ejecutivo, y fundamentalmente de las personas que representan y actúan a nombre de ellas. Pedimos que actúen o se vayan, no acaben con doscientos (200) años de dura construcción de un sistema de vida.