El poder en manos del ilegítimo

Luis Guillermo Echeverri Vélez

¿Presenciamos el primer enjuiciamiento revolucionario en Colombia?

Justo cuando la era del conocimiento y la convergencia digital le ofrecen a la humanidad más oportunidades de transformación efectiva, aquí seguimos con la maña de convertir todo lo ilegal en legal, y nos alineamos con las naciones parias en un mundo polarizado por una lucha acrecentada entre el bien y el mal; donde el mal está armado, es violento y se apalanca en el narcotráfico y el terrorismo, y la mayoría de los líderes que se deben al bien, están atrapados entre inoficiosas divagaciones ideológicas de izquierda y derecha, la cobardía de un discurso políticamente correcto e intereses individualistas e inmediatistas.

Los países se desarrollan cuando las naciones se educan y trabajan, no subsidiando el facilismo y la violencia. La civilización occidental parece haber relajado sus resortes éticos, morales e institucionales ante ideologías oscuras, falaces y lisonjeras como la imposición disfrazada y predominante de un progresismo globalista, impulsado por el multilateralismo y apuntalado en la imposición de las agendas minoritarias a la gran mayoría, por medio de cambios constitucionales o acciones de facto de los gobiernos de los países que abrazan los lineamientos del socialismo del siglo XXI y que esclavizan sus pueblos sumiéndolos en la miseria de sus debilitadas democracias.

Bajo la dialéctica de culpar a los demás del mal proceder propio, la regla es que los pájaros “matan” las escopetas, que pagan justos por pecadores, que el caos y los escándalos de corrupción son el circo y el pan de cada día, que las dictaduras regionales posando de democracias, le avientan al pueblo por medio de la dialéctica demagógica populista, desde el balcón mediático de los engaños.

Siempre existieron alianzas oscuras y poco notorias entre la política y un crimen organizado que era mucho más incipiente; no las excuso, pues nos llevaron a donde estamos. Pero la ley contaba con la fuerza coercitiva de la justicia y eran condenados social, política y penalmente la gran mayoría de los descarrilamientos, con excepciones de conveniencia.

En el caso colombiano, sin desconocer los injustificables errores y las injusticias del pasado propios de otras circunstancias, a fuerza del trabajo y honradez de las mayorías se vieron superadas muchas equivocaciones políticas con los niveles de desarrollo alcanzados, por una estabilidad democrática inquebrantable, una clase media creciente y un manejo ortodoxo de la economía, que hoy lamentablemente no existen.

Santos institucionalizó la ilegalidad, cuando le abrió la puerta de la cocina a todo el crimen organizado narcoterrorista disfrazado de progresismo y salió a echarle la culpa de todo, a quien lo llevó al poder confirmando aquello de que, “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.

Tan perversa, como el mote de “Uribe paraco” a quien encarceló un paramilitarismo que hoy rebrota con el intercambio de sombreros vueltiaos, fue la santa estrategia propagandística de convertir a Uribe en el diablo, para así, entre hermanos, ñaños, siervos y gotereros, poder pecar.

El juicio a Uribe no es sólo a la persona de Álvaro Uribe. Es la forma de ajusticiar todo lo que él representa para para las democracias hemisféricas. Se trata del primer juicio revolucionario que se desarrolla en Colombia, y está libreteado desde lo más profundo y lo más oscuro que se ha infiltrado en todas las ramas del poder del Estado.

Si desde la sociedad civil democrática y la institucionalidad privada no logramos defender todo aquello que ha significado Uribe en lo que va de este siglo, no hay la mínima posibilidad de una elección limpia, justa y equilibrada en 2026. Sobre eso no tengan duda, como no hay duda de que la elección del 2022 nos dejó un Gobierno ilegítimo, pero que, al correr la línea ética el progresismo lo pasó de ser un hecho doloso, al plano revolucionario que siempre ha desconocido la legitimidad del Estado, la Constitución y las leyes, y por tanto se ha sentido con derecho a la insurgencia con estatus de beligerancia y derecho de rebelión.

Esa insurgencia revolucionaria que hoy utiliza todas las formas violentas físicas y verbales es algo que opera desde adentro de todas las ramas del poder público. Como explica un gran constitucionalista: “Hoy se subvierte el Estado desde dentro”.

El apaciguamiento político es amoral por definición. Aquí las desmovilizaciones de terrorismo son de mentiras, está confirmado por el incremento de la inseguridad, la violencia y la degradación de la coercibilidad de la ley. Y gran parte de la directiva gremial del país lo suscribe con su ética averiada. Tan culpable es “el que peca por la paga como el que paga por pecar”, y no menos lo es el que empeña sus principios para llenar su propio costal.

Nacimos como una sociedad minera y si queremos transformarnos debemos aprovechar esa riqueza minero-energética; no es un tema ideológico es un asunto de tiempo y la pregunta es si lo continuamos haciendo ilegalmente y devastando el medioambiente, o nos ponemos el reto de hacerlo de forma tecnificada y con la debida mitigación, compensación e inversión social.

Bien saben los revolucionarios que las ciudades no viven sin el campo, que la fuga de capitales no puede llevarse la tierra ni los semovientes para otras geografías, y que los países no se transforman ni trascienden si no explotan debidamente sus recursos naturales, mientras la ciencia y la tecnología nos llevan producir con qué pagar el alto costo de ser una sociedad del conocimiento.

Por eso se están creando soberanías especiales dentro de la soberanía. Jurisdicciones especiales en paralelo a una justicia ideologizada por plata y permisiva con el delito. El desgobierno está generando injusticia, impunidad, caos y más desigualdades frente a la ley, amplificando aquello de que: “la ley es para los de ruana” e instaurando dos tipos de ciudadanía: la delincuencial de mejor derecho y las mayorías que pasaron a ser de menor derecho ante las causas minoritarias convertidas en banderas políticas multicolores.

Cada que, por acomodarnos a circunstancias coyunturales, caprichos vanagloriosos de un gobernante en negociaciones inertes con el narcoterrorismo o para generalizar una agenda minoritaria, dejamos de lado el Estado de Derecho, estamos sacrificando libertades democráticas en favor del engaño del libertinaje progresista aliado con la careta revolucionaria del narcoterrorismo, y le abrimos un hueco a la constitucionalidad que soporta el pacto social.

¿Cambio para construir o cambio para destruir?

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez*

1- Vivimos en la era del conocimiento, en la que todo cambio debería estar enmarcado en estricta legalidad, dirigido a fortalecer el sistema de libre emprendimiento y tener como objetivo una mayor equidad social.

La sociedad actual demanda transformaciones y líderes o agentes de cambio que sean positivos, visionarios, cada día más preparados, profesionales, sensatos y honorables. ¿Estamos cumpliendo con esto?

Precisamente cuando el fracasado socialismo se vale del terror, la tensión social y la violencia para tratar de ofrecer gratis lo imposible y luego imponer procesos revolucionarios sobre naciones pobres, de ingreso medio y en vía de desarrollo, es cuando con más cuidado debemos elegir a nuestros líderes en función del desarrollo y del crecimiento del país y no de nuestras conveniencias o insatisfacciones personales.

Pensando en lo anterior y en el momento crítico que vive Colombia, quiero compartir con el lector esta alegoría que encontré hace años en una herrería de la Provincia de Huelva:

Por un clavo se pierde una herradura,
por una herradura se pierde un caballo,
por un caballo se pierde un caballero,
por un caballero se pierde una batalla,
Por una batalla de pierde una guerra,
y por una guerra se pierde un imperio.

Atención Colombia, hay que votar bien, pues por un voto por un falso cambio, envuelto en el papel de los engaños demagógicos, podemos perder el imperio de la ley.

Ese imperio de la ley es lo que más debería custodiar hoy la desdibujada justicia. La cultura de la legalidad representa la única garantía de la equitativa medida necesaria entre libertad y orden que mantiene el pacto social en procura de la sana convivencia y que otorga seguridad jurídica a la confianza inversionista de la cual depende el crecimiento económico como única forma de mejorar la calidad de vida de toda la nación.

Y es que para saber si un cambio puede ser para bien y no para mal, hay que entender que no es el Estado ni son los políticos los que generan crecimiento económico y desarrollo social. Es el trabajo de los particulares y de las empresas la única verdadera fuente de riqueza de toda nación.

Miremos las realidades de las últimas décadas en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y no traguemos entero.

No nos neguemos a ver y reconocer los cambios positivos de Colombia en los últimos años y los avances logrados como nación, como país y como sociedad. Algo que a los medios y a los analistas les cuesta tanto reconocer, pues hablar de lo positivo ya no vende. Pero hay que darle tiempo al tiempo y entender que el cambiar por cambiar solo genera la destrucción del país que necesitamos para poder trabajar y vivir con tranquilidad y esperanza.

2. ¡El derecho al progreso de una nación no es propiedad intelectual ni exclusiva de ningún tipo de ideología, menos en la era del conocimiento que vivimos!

El progreso verdadero se llama desarrollo socio-económico. Y solo se genera sobre la utilidad que produce el trabajo de los capitales privados, que con la creación de emprendimientos le imprimen movilidad y velocidad a la economía generando así crecimiento, empleos e ingresos, de los cuales se descuenta la pesada carga de una Estado fundado para mantener un orden justo y unas libertades de mercado dentro de un marco cívico de cumplimiento del deber.

Ningún sistema de conducción del Estado produce por sí mismo utilidades suficientes para mantener una sociedad entera.

Y menos aún, le dan las cuentas a socialismo alguno en medio de una cultura mafiosa impuesta por el interés anárquico del narcotráfico representado por toda suerte de organizaciones criminales que se valen del terror y del miedo, la inconformidad y la zozobra de una sociedad que les ha permitido estar inmiscuidos en el acontecer tradicional de la política compuesta de una colección de gavillas clientelistas y de corruptos y de figuras anacrónicas adictas al poder burocrático, una cómoda burguesía que habita hoy en entidades secuestradas ideológicamente, como es el caso de gran parte de las Cortes y entidades de control, y como Fecode, organización que solo genera hordas de jóvenes “NiNis” o jóvenes que ni estudian ni trabajan y creen que es el Estado o son sus padres y no su propio esfuerzo y trabajo el que tiene que mantenerlos.

3. Hablemos claro: ¿Cuál cambio? ¿Qué cambio? ¿Qué debe cambiar y qué no?

En toda campaña política siempre hablan convenientemente de cambiar. Pero cuando los candidatos no están preparados para hacer un buen gobierno dentro del marco legal establecido, sino que sus propuestas están coartadas por la demagogia ideológica populista, siempre la embarran cuando empiezan a dar explicaciones.

Convengamos en que el cambio en el mundo actual es constante e inevitable. Somos una civilización mutante en la cual hay cambios transformacionales por lo general lógicos, constructivos, positivos, y también los hay destructivos. Hay cambios incontrolables cuando provienen de la fuerza y las evoluciones de la naturaleza, pero que cuando provienen de procesos sociales revolucionarios son controlables por medio de la legalidad. Y es que en el mundo actual muchos cambios, aunque disfrazados de falsas democracias, están realmente asociados a narcotráfico, violencia y corrupción.

Como sociedad informada, ya deberíamos haber entendido que al cambio no lo encarna un solo individuo dentro de una democracia representativa en la cual el 85% de las personas no cree en ninguno de los partidos ni de los políticos, sean ellos de izquierda, centro o derecha, y que el cambio por cambiar, evocado por la dialéctica demagógica y enarbolado por los candidatos populistas, está compuesto de embustes y premisas falsas completamente verificables.

Las culturas de las naciones son solo la suma de las conductas de los individuos que las constituyen. Entonces hay que entender qué es lo que realmente se debe cambiar, cómo cambiarlo, y cómo podemos todos contribuir dentro de una sociedad a un cambio positivo. Lo cual requiere una cultura política enmarcada en la unidad de propósito nacional de desarrollo colectivo y colaborativo, sin odios ni individualismos, y una convivencia social y económica seguras.

Entendamos que es cada individuo en relación con su formación cultural, cada institución y cada empresa, el que tiene que pensar en cómo cambiar todo un país para bien, y darse cuenta de que en esta era del conocimiento, en primer lugar, uno cambia para bien, o en segundo lo cambian para mal.

Lo anterior supone entender qué es lo que realmente quieren y pretenden los que nos están vendiendo un cambio en medio de un proceso electoral: o generar caos para luego controlar, hacerse al poder para imponer un control estatal que cercena libertades; o ser agentes del cambio positivo que nos ofrece la era de transformación digital–tecnológica y científica que vive nuestra civilización.

4. ¡Hay que cambiar porque este es un país de corruptos!

¡Ah, pero qué fácil se dice! Y si todos somos corruptos, “que tire la primera piedra el que esté libre de pecado”. Alguien que me explique: ¿Cómo es que los corruptos van a cambiar una nación?

El hoy tan extraviado deber ser, asociado al interés general, indica que siempre hay que luchar contra la corrupción. Pero convengamos también en que aquí no todos somos corruptos, y que la gran mayoría de la gente no es corrupta y, por el contrario, la mayoría labora y vive honradamente.

Aquí, como en todas partes, hay niveles altos de corrupción que involucran tanto lo público como lo privado, pero lo grave no es solo eso, lo más grave es la cultura embustera, tramposa y mafiosa de esas minorías que han sido corruptas siempre y que ahora quieren reclamar el poder dándoselas de transparentes, acusando a las personas honorables de lo que impulsa su propio mal proceder.

5. ¡Hay que cambiar, pues no podemos seguir en manos de los mismos de siempre!

El que diga eso, simplemente miente. No conoce, no ha estudiado y no entendió la verdadera historia política de nuestro país, ni la naturaleza de las elecciones presidenciales de lo que va corrido de este siglo, ni comprende los fundamentos y los valores éticos de quienes han apostado auténticamente por un mejor país para todos.

Hoy el populismo se vale de una dialéctica y una retórica negativa que no solucionan los problemas que presentan las democracias representativas y los gobiernos populistas de la región.

Los que van al Congreso son elegidos por nosotros, pero tristemente por lo general no trabajan por sus electores ni para el país, sino para ellos mismos o sus causas personales. Ese es el problema de tener tantas personas cuya única vocación es ser de profesión político, como forma única de ganarse la vida.

Que no digan los que llevan veinte años en el Congreso que no son ellos los mismos de siempre. Eso y la falta de procesos de selección profesional, es lo que ha permitido que los poderes del Estado, especialmente el legislativo, las cortes y algunos mandos medios burocráticos de entidades de control, y el poder administrativo que responde al caciquismo clientelista congresional, se hayan permeado de una cultura mafiosa y una carga ideológica que representa una implosión del deber ser estatal.

6. ¡Hay que cambiar porque hay muerte, violencia, pobreza, desigualdad e injusticias!

Claro que hay conductas inhumanas y deleznables que hay que cambiar en Colombia. Aquí y en todas partes la seguridad ciudadana es el supuesto esencial que debe garantizar el Estado. La pregunta que hay que hacer es si esa problemática debe cambiarla un violento con prontuario, o toda la institucionalidad.

Aquí el problema es la institucionalización de la convivencia con el delito. Lo más fácil en medio del inmediatismo es convivir con la delincuencia. Y lo usual es culpar al Estado para así hacerse al poder, sin reconocer que en todos esos aspectos negativos que ha generado el crimen organizado, venimos mejorando cada año, cada lustro, cada década, y que no son asuntos tan simples ni tan fáciles de solucionar como cambiarse de camisa.

Decir que no queremos más violencia y que hay que perdonar ante las acciones del sanguinario narco-terrorismo comunista entreverado en los poderes del Estado, no es un cambio. Hay que comprender que la solución no es entregarle el poder del cambio a cualquiera, y menos a quienes representan las organizaciones criminales amancebadas con la política tradicional.

7. ¡No son los mismos políticos y guerrilleros de siempre los que pueden cambiar este país!

Si queremos un cambio transformacional positivo, no es un presidente y su gobierno, es toda la sociedad y sus instituciones democráticas la que tiene que cambiar y defender el país y sus valores fundacionales.

Decía mi padre en una de sus intervenciones al frente del sector industrial colombiano sobre la importancia del debido y responsable manejo de la economía y el poder: “Si el balance del país no es bueno, el balance de las empresas no puede ser bueno, y por tanto el de las familias y las personas no puede ser bueno”.

No votes en blanco, pues con eso le estás haciendo trampa a tu país. No apoyes con tu voto a los mismos de siempre, lo peor de la politiquería colombiana asociado a la narco-guerrilla terrorista que aboga por un cambio para controlar a Colombia y destruir la libertad de empresa, los mercados y los verdaderos valores democráticos que representan las condiciones en las cuales se genera la confianza inversionista y con ella el crecimiento económico. Además, la casilla del voto en blanco en el tarjetón de la segunda vuelta de la elección para presidente, es abiertamente inconstitucional.

¡Los ladrones solo son amigos hasta que se reparte el botín!

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez*

El mundo y la región tienen los ojos puestos en las elecciones colombianas. Recordemos que los ladrones son amigos hasta el momento de repartir, y el botín en este caso, son los próximos comicios presidenciales.

Nos muestra la historia que las democracias empiezan a perderse cuando el ciudadano pierde la confianza en el sistema electoral, y empiezan a caer cuando al menos uno de los contendores con posibilidades está por encima de la ley, cuenta con recursos ilimitados, tiene respaldo armado y se vale del terror para amedrentar a la población.

Es hora de que el país entero juegue con la camiseta de ganar y vote por la libertad, rechazando los ataques de las fuerzas que nos quieren convertir en perdedores y llevarnos al decrecimiento y la autodestrucción. Esto no se soluciona firmando más acuerdos lisonjeros, con los cuales solo se legitima lo que los ilegales nunca van a cumplir.

Llegó el momento de unirnos frente a una compleja realidad; la infiltración ideológica de quienes han sido victimarios, en el sistema educativo y en muchas entidades del Estado como la justicia, el parlamento y los entes de control. Tenemos que pronunciarnos en contra de la forma como están amenazando a los trabajadores para que no puedan ir a laborar y sientan miedo de votar, generando angustias y destrucción de valor en las poblaciones más afectadas por el microtráfico y el narcotráfico.

Los colombianos somos un pueblo honrado y trabajador. No le apostemos más a las falsas promesas de asesinos, cacos, ideólogos resentidos, terroristas y seres degenerados que hablan de arreglar el país mientras amenazan con terrorismo, estatización, concesión de perdón social y creación de mecanismos jurídicos absolutorios a los actores y a las acciones de la violenta delincuencia criminal.

Exijamos que quienes nos gobiernen y lideren sean personas buenas, honorables, preparadas y con voluntad de servicio, no quienes han traspasado la barrera criminal destruyendo y eliminando vidas humanas, ni quienes los acolitan. Aprendamos que ni con el terrorismo, ni bajo amenazas de terror alguno se puede acordar o pactar nada. Eso es una burla y un negocio.

No permitamos en Colombia, lo que ya ocurrió en las dictaduras que destruyeron Cuba, Venezuela y Nicaragua, ni lo que sucedió en Bolivia, Chile, Perú, Argentina y México. No hay reversa democrática una vez se toma el poder alguien respaldado por el crimen organizado que le imponga al pueblo un régimen totalitario narco-comunista fundamentado en el resentimiento, el odio de clases y los discursos que favorecen a las minorías comprometidas y excluyen el interés general.

Si en Colombia elegimos a una persona cuya formación y trayectoria está por fuera del marco de la legalidad, y si optamos por un sistema contrario a la libertad de empresa, ¿cómo hará el estado para mantenernos a todos, cuando no existan negocios e inversionistas lícitos que generen ingresos, puestos de trabajo y paguen los impuestos?

¿Cómo hará el país y los próximos gobiernos para poder financiar su gasto operativo y la inversión social, si elegimos un sistema que sea complaciente con toda suerte de actividades ilegales, como son la deforestación para la siembra de coca, la producción de cocaína, la minería ilegal y el contrabando, y que no dé estabilidad jurídica ni garantías a la inversión doméstica y extranjera?

¿Cómo puede un gobierno aliado con el terrorismo, que se oponga a la economía de mercados y a la producción tecnificada y debidamente mitigada de hidrocarburos y minerales, mantener un nivel de deuda sostenible, invertir en preservar y mantener el medio ambiente y transformarnos en una economía de servicios?

La única forma es realizando ahora una juiciosa extracción legal, moderna y tecnificada de recursos naturales, como única actividad que le genera regalías al Estado y a las regiones, de modo que la curva de ingresos de la hacienda pública no sea cada día más insuficiente frente a una mayor demanda agregada de una población joven que requiere más educación, empleo, salud, energía, infraestructura básica y de transporte, comunicaciones, etcétera.

La elección que se avecina no es sobre la relatividad ideológica entre izquierda y derecha. Lo que está en juego es la libertad de toda una nación. Los procesos revolucionarios sean abiertos o enmascarados, pseudo democráticos o nuevas modalidades de dictaduras, son aceleradores del empobrecimiento colectivo y una forma clara de opresión e injusticia social generalizada.

No hace sentido reemplazar la constante lucha del Estado contra la corrupción, por un sistema totalmente corrupto, totalitario, narco-comunista, financiado por la ilegalidad y la devastación social y ambiental de que se nutre la criminalidad en todas sus formas y manifestaciones, y que pretende cambiar el referente de los valores que soportan nuestra normatividad y nuestra libre movilidad económica.

Cuidado que el candidato del narcoterrorismo no es Clístenes, ni las circunstancias del mundo actual son las de Grecia antigua, ni las de Francia al derrocar la monarquía. Lo que puede ocurrir en Colombia, que ha sido por 212 años una democracia constitucionalista republicana, imperfecta pero libre y con una sólida institucionalidad, es la instauración de un totalitarismo narco-comunista.

El malvado y nefasto tartufo, fue quien en Colombia convirtió lo ilegal en legal. Fue quien le dio pasaporte social a la criminalidad con su acuerdo de paz, y por ese detalle, esto se puede calentar feo e incluso llevarnos a una guerra civil.

Ese muñeco diabólico, su perverso titiritero y toda su pandilla, fueron quienes compraron la cuestionable enmienda constitucional con que le abrieron la posibilidad a toda suerte de criminales de participar en política y de ocupar cargos públicos, disfrazando de cambio a la dialéctica demagógica del populismo que siempre se vale del engaño para abusar de desinformados, inconformes, inútiles e ignorantes.

La pregunta es, ¿cuál cambio?, ¿cambio positivo para bien, con esfuerzo, trabajo y sacrificios? o ¿cambio para mal de manera facilista que nos lleve a una irrecuperable destrucción de valores y valor?

¡No le temamos a la verdad!

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez*

En su mes valgámonos de la razón para honrar a nuestras madres, fuente de valores, sacrificio y esperanza. Demos el debido respeto al origen de nuestras vidas, a las dos madres que todos tenemos, la que nos trajo a este mundo y la tierra que nos vio nacer libres y nos dio nuestra identidad como colombianos.

Pensemos hoy en el futuro de las nuevas generaciones honrando a las madres y a nuestra patria. Reconozcamos que Colombia es el mejor país del mundo y el único donde podemos convivir en familia y sentir amor por nuestra tierra, nuestra cultura y estar cerca de nuestros amigos y compañeros. Los buenos somos más. Se los debemos todos los que hemos sido privilegiados con salud, trabajo e ingreso, a los compatriotas menos favorecidos.

Colombia ha cambiado mucho dentro de sus posibilidades económicas como país en vía de desarrollo; hoy el nivel de vida es mucho mejor que el de hace 25 años. Eso no lo puede contradecir nadie. Y claro, con el incremento poblacional, también crecen y son más visibles los retos y los problemas, más aún si nos comparamos con otras naciones ya desarrolladas.

El caso es seguir trabajando unidos y con fe y esperanza para mejorar, transformándonos en un mejor país. Miremos esto de manera positiva. Vivimos el momento en que más ha progresado nuestra civilización. Elijamos en conciencia sin dejarnos equivocar por la dialéctica demagógica populista detrás de la cual se esconde el yugo destructor del sistema narco-comunista.

Hoy hay conocimiento abierto al alcance de todos, y gracias a ello, tenemos la opción de transformarnos positivamente y no caer en procesos autodestructivos como ha ocurrido con todas las revoluciones que plantea el populismo internacional desde la era del terror a manos de la degeneración idealista revolucionaria francesa, la interpretación rusa de Marx y el remedo latinoamericano e iberoamericano del socialismo del siglo XXI inspirado en Cuba y perfeccionado en Venezuela.

Dejemos de quejarnos y así aumentar las inevitables insatisfacciones sociales dando excusas a quienes de manera difamatoria promueven el caos como forma de llegar al poder. El país debe alejarse de ese mamerto negativismo morboso, que solo lo lleva a generalizar y hablar de problemas no de soluciones, pues esa mentalidad es la que le da la ventaja al individualismo egoísta sobre la unidad colectiva, a las organizaciones criminales y a la mentira que se esconde tras el discurso resentido con que se está engañando la base de nuestra gran nación a lo largo y ancho de nuestro hermoso país.

Entendamos bien el valor de tener un gobernante honesto, demócrata, que se ciñe a lo correcto y a servir. No nos neguemos a valorar los sacrificios económicos que nos han permitido tener una recuperación tan destacada. Jamás imaginamos estar de segundos en crecimiento global después de Israel en ese cuadrito que trae siempre al final la revista The Economist.

Colombia no necesita un éxodo como de nuestro país hermano. Justo cuando tenemos en nuestras manos la capacidad de transformar este país como lo hizo Japón, Corea, Singapur, Israel o los Emiratos Árabes Unidos, ¿vamos a tirar todo por la borda y a elegir un guerrillero terrorista resentido y de conductas personales irregulares?

Colombia no puede seguir descargando toda la responsabilidad de sus problemas sobre la figura de un presidente. Todos tenemos que asumir el papel del líder y elegir y respaldar al que mejor nos represente ante un mundo que tiene los deseos y la franca intención de apostarle al futuro de Colombia como una de las nuevas posibles potencias ambiental y energética a nivel mundial.

Fácil es destruir. Ahora es asunto de todos votar por la libertad, y empezar a trabajar por recuperar el tiempo perdido consintiendo la delincuencia, y continuar la construcción de un proceso de transformación positiva que bien lo merece la nación colombiana.

En agricultura como en economía, siempre hay un retardo entre la siembra y la cosecha, entre las acciones y los resultados. Gracias presidente Duque, su gobierno tomó desde el primer día las duras medidas que nos permitieron sobreaguar la pandemia y poder llegar al 2022 sobre la base del reconocimiento al manejo juicioso de nuestra economía.

Gracias presidente Duque, al igual que lo hizo el presidente Uribe, usted ha dejado claro con su liderazgo que si queremos algún día ser una nación culta y civilizada que sepa convivir en armonía, no podemos negociar con el terrorismo ni desistir en la lucha contra el crimen organizado en nombre de la legalidad, el emprendimiento social y económico y la equidad social.

Apoyemos nuestras instituciones empezando por aquellos soldados y policías que se juegan a diario la vida por proteger la nuestra. Rechacemos todo aquello que convive con la ilegalidad, la violencia delictiva y el terrorismo, y sigamos trabajando sin descanso en el difícil camino de la transformación y el desarrollo.

Nuestro Congreso

Por José Leonardo Rincón, S. J.*

Si hay una institución desprestigiada en nuestro país es el Congreso. Un ente bicameral muy numeroso, oneroso, poco eficiente. Sinónimo de corrupción, de mañas malucas, que se niega a cambiar a pesar de que la mayoría de los colombianos lo cuestionamos. Sin embargo, sigue ahí. Muchos sueñan con llegar allí y los que a él acceden no quisieran dejar tan lucrativo y cómodo trabajo: sesiones de martes a jueves y apenas durante unas horas, con derecho a buen sueldo, oficina, asistentes, vehículo, viajes, prebendas.

Algunos, noblemente aspiran estar allí para trabajar por los demás. Sin embargo, efectivamente, las deliciosas mieles del poder pronto los hace olvidarse de tan loables propósitos. Son pocos los que realmente sacan la cara, trabajando y mostrando resultados.

Si el Congreso no es mejor es porque con nuestra indiferencia y apatía de participar en lo político dejamos que otros decidan por nosotros. Pues bien, este domingo nos toca elegir quiénes lo conformarán. Si queremos renovarlo, en nuestras manos está escoger a los mejores. Se trata de un deber ciudadano indelegable, no endosable. ¿No nos gustan los actuales congresistas? Pues elijamos a conciencia, descalifiquemos con la no reelección a todos esos que son auténticos vividores, vagos irredentos, vociferantes parlanchines, politiqueros de baja estopa que compraron votos y engañaron incautos para ganarse la plata fácil y sin mayor esfuerzo. A los camaleones transfugistas que un día están con unos y al otro día con otros, decepcionando a todos.

Así como está el Congreso es un mal necesario, pero como demócratas sabemos que el Congreso es un bien necesario para un país saludable, si así decidimos que sea. Su importancia en una democracia radica en la representatividad y en la diversidad y pluralidad de sus miembros pues es el ágora donde se construye país debatiendo las mejores opciones. Por eso las dictaduras cierran el parlamento, porque no toleran el pensamiento divergente. Por eso se hace ingobernable un poder ejecutivo que quiere hacer de las suyas y choca de frente contra un Congreso que no es genuflexo.

Este domingo en las urnas tenemos una responsabilidad muy grande como ciudadanos: votar por los aspirantes a senado y cámara con quienes ideológicamente nos identificamos. Con las consultas internas de coaliciones y pactos sabremos quién queda en el cedazo para la contienda presidencial definitiva. Imperdonable no votar. Si tan aburridos estamos con los politiqueros, es nuestra hora para ir cambiando las cosas. Después no vale quejarse, refunfuñar, criticar y maldecir. Dejemos la pereza y la indiferencia pronunciándonos, haciendo sentir nuestra inconformidad y nuestro deseo de un estado de cosas diferente, más justo, más equitativo, más humano.

Los frutos de la demagogia

Por José Alvear Sanín*

Se dice y repite que la democracia se originó en la Atenas clásica. Esa idea algo tiene de cierto, a pesar de las exiguas condiciones de libertad de un pequeño número de ciudadanos que se manifestaban en el ágora, al margen de un populacho esclavo, y aislados en una especie de torre de marfil. Pero también en ese medio floreció la demagogia, que es desde entonces el mayor tropiezo para el buen gobierno.

Pues bien, la gran amenaza para la democracia ateniense (como para la nuestra hoy) procede de la demagogia. Así, el primer texto de la ciencia política, Los caballeros, de Aristófanes, da cuenta de los halagos gastronómicos con los que Cleón obnubila a Demos, un viejo glotón, chocho y tonto, para manipularlo y explotarlo.

En Colombia tenemos ahora un Cleón incansable, de los peores antecedentes y los menores conocimientos, candidato presidencial que en los seis meses anteriores al 21 de abril había pasado del 25 al 38 % de la intención de voto en primera vuelta…

Sin embargo, en vez de prender todas las alarmas, mientras más asciende el demagogo con mayor frecuencia se dice y se repite que es imposible que el país pueda caer en el abismo, porque todas sus propuestas son irresponsables, alocadas, populistas, absurdas, y conducentes a la ruina económica y al empobrecimiento de un país incapaz de tamaña locura. Algunos añaden, incluso, que Petro viene perdiendo puntos, porque el país se dio cuenta de los horrores que trajo la tal “protesta pacífica”.

Es posible que haya algo de eso, pero no dejan también de inquietar su blindaje judicial y el favoritismo de la Corte Constitucional, que le abre, seis meses antes que, a los demás candidatos, las arcas inagotables del Estado, para hacer política.

Mientras más pobre sea un pueblo, con mayor facilidad confía en las promesas más seductoras: servicios domiciliarios baratos; salud, educación y pensiones gratuitas; nada de impuestos —porque para eso está la emisión—, y así sucesivamente, hasta llegar a la renta básica universal y permanente.

Después de la pandemia, la situación económica de grandes sectores de la población ha descendido a niveles tan lamentables como preocupantes, y por eso, hacer entender a las gentes menos favorecidas, cultural y monetariamente, que su suerte solo puede mejorar después de varios años de crecimiento sostenido y de austeridad presupuestal, no es propiamente fácil. La ventaja es indudablemente, de los promeseros y demagogos.

Negarse a ver que el peligro ha pasado de latente a inminente, y seguir con el juego de docenas de candidaturas, es el colmo de la irresponsabilidad. Si continúa este baile mientras el paquebote se hunde, podemos repetir la tragedia del Perú. Después de ojo sacado no vale santa Lucía.

A los que piensan en la imposibilidad de un triunfo de Petro, les recuerdo que Claudia López, Pinturita y Ospina, tres demagogos de lo peor, llegaron con locas promesas a las alcaldías, donde están acabando con todo lo que tocan, y desde las cuales pondrán millares de juntas de acción comunal a votar por el gran demagogo…

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La demagogia es un peligro universal, porque en todas partes las propuestas seductoras son atractivas. La semana pasada en Berlín, dentro de las elecciones generales, triunfó con el 56.7 %, contra todos los partidos, una proposición para la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias, que poseen 246.000 inmuebles en esa ciudad.

Esa consulta popular no es vinculante, pero indica hasta dónde un electorado próspero y “bien educado” se deja llevar por promesas descabelladas. El costo elevado de los arrendamientos, y la preferencia de los alemanes por arrendar en lugar de poseer vivienda, no se solucionan con expropiaciones masivas.

Pero si en Alemania llueve, ¿por qué aquí habría de escampar?

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Si Epa Colombia ha sido condenada penalmente por dañar una humilde estación de Transmilenio, ¿por qué no es procesada Claudia López por destruir un monumento del patrimonio nacional, protegido por la ley?

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Cuando el magistrado Caldas salva su voto diciendo “En nuestro ordenamiento jurídico-penal se sanciona la persona por sus actos, no por ser quien es”, denuncia el prevaricato de los otros dos falladores al condenar a Luis Alfredo Ramos por motivos políticos y de estrategia electoral. Ahora bien, si la demora en la justicia es la mayor injusticia, ¿cuántos años pasarán antes de la segunda instancia? ¿Y qué garantías puede esperar de ella el doctor Ramos? ¿Y cuántos años más seguirá detenido Andrés Felipe Arias antes de la segunda instancia?

La justicia politizada en Colombia es cada vez más estalinista.

Comicios locales y tabú electoral

Por José Alvear Sanín*

Aunque el partido conservador, considerado por Miguel Antonio Caro guardián del manicomio, fue generalmente una influencia muy positiva en la vida colombiana, en 1858 se contagió de locura, aceptando el federalismo que despedazaba el país. Otra de sus trágicas equivocaciones fue la imposición, por parte de Álvaro Gómez Hurtado y Belisario Betancur, de la elección popular de alcaldes y gobernadores, reforma demagógica y populista que entregó los gobiernos locales al clientelismo, la cleptocracia y la ignorancia.

Recuerdo —porque desde El Tiempo yo clamaba contra ese esperpento— que luego, tanto Carlos Lleras como López Michelsen rechazaban esa enmienda, aunque ambos se inclinaban a pensar que la elección popular podría aceptarse, pero únicamente para las grandes ciudades. Sin embargo, no pensaron en la necesidad de una segunda vuelta, para evitar que con una escasa mayoría se imponga un aspirante con apenas un 15 - 20% de apoyo del censo local, sobre otra media docena. Luego, los elegidos están obligados a retribuir, contratando a dedo, a los extraños financiadores de campañas cada vez más costosas…

El resultado de esa reforma democratera y progre, que puede llevarnos al abismo el próximo 27 de octubre, ha sido la monumental descentralización del chanchullo, porque el país, sin partidos que propongan políticas para la administración local, está en cambio, sobresaturado de vallas con las sonrientes efigies de millares de aspirantes. Cada uno se presenta con un lugar común, tres o cuatro palabras anodinas que reemplazan toda discusión seria, porque además sus programas, copiados de otros para cumplir con los requisitos legales, son desconocidos por el electorado.

La ausencia de debates serios es general, mientras el país, al garete, avanza a tientas. La sensación es la de una ruidosa fiesta en el puente del paquebote que surca un mar proceloso…

Ahora bien, en Colombia, a partir de la elección de Santos, en 2010, la política se reduce al asunto supremo de escoger entre el estado de derecho y la revolución marxista-leninista que impulsa el Foro de Sao Paulo.

Lo trágico es que de ese dilema no se habla. Es un tema tabú, porque se actúa como si nada estuviera pasando, como si no estuviéramos en peligro, como si gozáramos realmente de paz y nuestros peores enemigos se hubiesen convertido en inocentes y bondadosas personas.

En el actual debate, que ha transcurrido sin pena ni gloria, no se ha discutido nada importante, y en consecuencia el país irá rutinariamente a las urnas ignorando lo que verdaderamente se juega.

Es previsible entonces que en mil y pico de municipios y en treinta departamentos todo siga igual, y que nuevas, pésimas e impreparadas autoridades sigan mal administrando esos feudos, pero en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín (que tienen casi la mitad de la población colombiana), bulle una tragedia que puede desquiciarnos definitivamente.

En la capital la pelea es entre lo pésimo —Claudia— y lo malo —Carlos Fernando—, dos partidarios del NAF, que, según un agudo observador bogotano, no reúnen siquiera la experiencia necesaria para administrar un parqueadero. A esta lamentable situación se ha llegado porque ni el CD, ni el gobierno se preocuparon de preparar un candidato viable con un programa sólido, lo que dejó el campo abierto para el regreso de la capital al caos.

A Cali vuelve un exalcalde nefasto, del M-19, y en Medellín, la demagogia puede darnos la sorpresa más terrible.

En todo caso, si solo se pierden Bogotá y Cali, el presidente queda mucho más arrinconado y disminuido, mientras la subversión se hace a decenas de billones que permiten establecer la maquinaria eficaz para las elecciones de 2022, que se inicia con el control de millares de juntas administradoras locales (JAL), para repetir el millón de votos que Petro le puso a Santos.

He aquí lo que se juega el domingo 27 y que el electorado ignora, distraído por fuegos fatuos electorales, mientras un país lánguido e indiferente no se percata de que se juega con fuego, ni de que estas elecciones, aparentemente sin importancia, pueden definir la suerte del país.