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¿Presenciamos el primer enjuiciamiento revolucionario en
Colombia?
Justo cuando la era del conocimiento y la convergencia
digital le ofrecen a la humanidad más oportunidades de transformación efectiva,
aquí seguimos con la maña de convertir todo lo ilegal en legal, y nos alineamos
con las naciones parias en un mundo polarizado por una lucha acrecentada entre
el bien y el mal; donde el mal está armado, es violento y se apalanca en el
narcotráfico y el terrorismo, y la mayoría de los líderes que se deben al bien,
están atrapados entre inoficiosas divagaciones ideológicas de izquierda y
derecha, la cobardía de un discurso políticamente correcto e intereses
individualistas e inmediatistas.
Los países se desarrollan cuando las naciones se educan y
trabajan, no subsidiando el facilismo y la violencia. La civilización
occidental parece haber relajado sus resortes éticos, morales e institucionales
ante ideologías oscuras, falaces y lisonjeras como la imposición disfrazada y
predominante de un progresismo globalista, impulsado por el multilateralismo y
apuntalado en la imposición de las agendas minoritarias a la gran mayoría, por
medio de cambios constitucionales o acciones de facto de los gobiernos de los
países que abrazan los lineamientos del socialismo del siglo XXI y que
esclavizan sus pueblos sumiéndolos en la miseria de sus debilitadas
democracias.
Bajo la dialéctica de culpar a los demás del mal proceder
propio, la regla es que los pájaros “matan” las escopetas, que pagan justos por
pecadores, que el caos y los escándalos de corrupción son el circo y el pan de
cada día, que las dictaduras regionales posando de democracias, le avientan al
pueblo por medio de la dialéctica demagógica populista, desde el balcón
mediático de los engaños.
Siempre existieron alianzas oscuras y poco notorias entre
la política y un crimen organizado que era mucho más incipiente; no las excuso,
pues nos llevaron a donde estamos. Pero la ley contaba con la fuerza coercitiva
de la justicia y eran condenados social, política y penalmente la gran mayoría
de los descarrilamientos, con excepciones de conveniencia.
En el caso colombiano, sin desconocer los injustificables
errores y las injusticias del pasado propios de otras circunstancias, a fuerza
del trabajo y honradez de las mayorías se vieron superadas muchas
equivocaciones políticas con los niveles de desarrollo alcanzados, por una
estabilidad democrática inquebrantable, una clase media creciente y un manejo
ortodoxo de la economía, que hoy lamentablemente no existen.
Santos institucionalizó la ilegalidad, cuando le abrió la
puerta de la cocina a todo el crimen organizado narcoterrorista disfrazado de
progresismo y salió a echarle la culpa de todo, a quien lo llevó al poder
confirmando aquello de que, “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.
Tan perversa, como el mote de “Uribe paraco” a quien
encarceló un paramilitarismo que hoy rebrota con el intercambio de sombreros
vueltiaos, fue la santa estrategia propagandística de convertir a Uribe en el
diablo, para así, entre hermanos, ñaños, siervos y gotereros, poder pecar.
El juicio a Uribe no es sólo a la persona de Álvaro Uribe.
Es la forma de ajusticiar todo lo que él representa para para las democracias
hemisféricas. Se trata del primer juicio revolucionario que se desarrolla en
Colombia, y está libreteado desde lo más profundo y lo más oscuro que se ha
infiltrado en todas las ramas del poder del Estado.
Si desde la sociedad civil democrática y la
institucionalidad privada no logramos defender todo aquello que ha significado
Uribe en lo que va de este siglo, no hay la mínima posibilidad de una elección
limpia, justa y equilibrada en 2026. Sobre eso no tengan duda, como no hay duda
de que la elección del 2022 nos dejó un Gobierno ilegítimo, pero que, al correr
la línea ética el progresismo lo pasó de ser un hecho doloso, al plano
revolucionario que siempre ha desconocido la legitimidad del Estado, la
Constitución y las leyes, y por tanto se ha sentido con derecho a la insurgencia
con estatus de beligerancia y derecho de rebelión.
Esa insurgencia revolucionaria que hoy utiliza todas las
formas violentas físicas y verbales es algo que opera desde adentro de todas
las ramas del poder público. Como explica un gran constitucionalista: “Hoy
se subvierte el Estado desde dentro”.
El apaciguamiento político es amoral por definición. Aquí
las desmovilizaciones de terrorismo son de mentiras, está confirmado por el
incremento de la inseguridad, la violencia y la degradación de la coercibilidad
de la ley. Y gran parte de la directiva gremial del país lo suscribe con su
ética averiada. Tan culpable es “el que peca por la paga como el que paga por
pecar”, y no menos lo es el que empeña sus principios para llenar su propio
costal.
Nacimos como una sociedad minera y si queremos
transformarnos debemos aprovechar esa riqueza minero-energética; no es un tema
ideológico es un asunto de tiempo y la pregunta es si lo continuamos haciendo
ilegalmente y devastando el medioambiente, o nos ponemos el reto de hacerlo de
forma tecnificada y con la debida mitigación, compensación e inversión social.
Bien saben los revolucionarios que las ciudades no viven
sin el campo, que la fuga de capitales no puede llevarse la tierra ni los
semovientes para otras geografías, y que los países no se transforman ni
trascienden si no explotan debidamente sus recursos naturales, mientras la
ciencia y la tecnología nos llevan producir con qué pagar el alto costo de ser
una sociedad del conocimiento.
Por eso se están creando soberanías especiales dentro de la
soberanía. Jurisdicciones especiales en paralelo a una justicia ideologizada
por plata y permisiva con el delito. El desgobierno está generando injusticia,
impunidad, caos y más desigualdades frente a la ley, amplificando aquello de
que: “la ley es para los de ruana” e instaurando dos tipos de
ciudadanía: la delincuencial de mejor derecho y las mayorías que pasaron a ser
de menor derecho ante las causas minoritarias convertidas en banderas políticas
multicolores.
Cada que, por acomodarnos a circunstancias coyunturales,
caprichos vanagloriosos de un gobernante en negociaciones inertes con el
narcoterrorismo o para generalizar una agenda minoritaria, dejamos de lado el
Estado de Derecho, estamos sacrificando libertades democráticas en favor del
engaño del libertinaje progresista aliado con la careta revolucionaria del
narcoterrorismo, y le abrimos un hueco a la constitucionalidad que soporta el
pacto social.
