Pragmatismo y desarrollo agrícola

Por: Félix Alfázar González Mira*

Se repite en los ciclos de la historia de Colombia el tema de la Reforma Agraria. Experiencias van y vienen desde la conformación de la república hasta nuestros días. Con excepción de la ley 200 de tierras del gobierno de López Pumarejo, ninguna es digna de repetir por sus pobres resultados.

El desplazamiento campesino a las ciudades ocasionado por la violencia liberal-conservadora de las décadas del 40 y 50 representó un acaparamiento de la tierra por parte de los llamados gamonales locales.

La creación del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, en los años 60 generó expectativas en las comunidades campesinas donde el Estado se convirtió en el gran comprador de esos bienes inmuebles rurales. En muchos casos, grandes haciendas productivas, al parcelarlas y entregárselas a campesinos frenaron su ciclo productivo generando ruina en las regiones que pretendían alentar en su desarrollo. En otros eventos, grandes extensiones de tierras productivas quedaron divididas en manos de familias campesinas que se asentaban en un rancho de zinc en medio de precarias matas de plátano y yuca. Significó la pobreza bastante bien distribuida cuando se pretendía era lo contrario, distribuir equitativamente la riqueza.

En la década de los 90 y principios del 2000 se presentó otro desplazamiento de población rural hacia las ciudades producto del avance de las guerrillas en la ocupación del territorio rural y la respuesta paramilitar para competirle por tierras, bienes, poder político y económico a aquellas; generando otra ocupación de los territorios por nuevos dueños que a fuego, amenazas y ayudas veladas de alguna institucionalidad se convertían en propietarios. La ley de víctimas es la respuesta a estos episodios.

Muchos tememos que el ciclo de la “incorización” lo volvamos a repetir en esta década cuando el Estado pretende nuevamente ser el gran dinamizador del intercambio de bienes rurales, al adquirir fincas y haciendas productivas a unos precios razonables del mercado de tierras y no tener recursos e institucionalidad suficientes para hacerlas ciertamente productivas. Se corre el riesgo de convertirlas en improductivas adornadas con covachas habitadas por campesinos ansiosos de prosperidad pero impotentes de hacerlo en atención a que el esfuerzo económico se destinó a la adquisición del predio.

Un medio de comunicación resaltó el encuentro del presidente Petro con el delegado de Corea de Sur en la posesión del presidente del Brasil de la siguiente forma.

” En la reunión, que también contó con la presencia del canciller Álvaro Leyva y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, Petro resaltó la capacidad histórica que ha tenido ese país para tecnificar el campo y adelantar sus propias iniciativas agrarias. Con base en ese reconocimiento, se acordó un impulso a la ejecución de este proyecto que también abarcará la compra de tierras a organizaciones como Fedegán”. Resaltado mío.

Pues bien, tratemos de diseñar entre nosotros nuestras propias iniciativas agrarias acudiendo a nuestra cultura, costumbres, tradiciones y experiencias buenas, regulares y desastrosas.

La aparcería, el arrendamiento temporal, el descuaje del rastrojo (dicen para “civilizar” la tierra), el ganado al partir o a medias, el canon mensual por cabeza de ganado, el préstamo de uso de un porcentaje de la hacienda, la concurrencia de esfuerzos de diferente naturaleza hacia el predio (experiencia ancestral en la ladera colombiana en la producción de caña panelera con los “cosecheros”), arreglos cooperativos exitosos, uniones de pequeños inversionistas para utilizar conjuntamente el medio de producción o bienes de capital hacia las economías de escala; en fin en otras latitudes de Colombia hay diversos tipos de relación entre las gentes y la tierra.

Los resguardos indígenas con las etnias y la ley 70 con las comunidades negras poseen millones de hectáreas y no tienen, necesariamente, una relación de producción empresarial o de oferta de bienes agrícolas a los mercados. La Ley 70 de 1993 reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afrocolombianas que históricamente han habitado en un territorio. El espíritu de esta se basa en un principio fundamental de la cultura negra y es el de la propiedad colectiva de la tierra.

Cada región de la patria tiene su singular historia en el desarrollo agrario. Aprovechar todas esas variopintas y diversas experiencias para alentar ciertamente el desarrollo del campo es el mejor cumplimiento al primer punto del acuerdo con las FARC. No necesariamente comprando tierras para una población rural crecientemente disminuida se logra el objetivo. Colombia es ya un país urbano y esfuerzos ingentes habrá que hacer para retornarlos a la ruralidad con resultados inciertos.

¿Por qué no pensar entonces en figuras nuestras que involucren todo ese conocimiento ancestral para hacer desarrollo agrario dónde todos ganen? Por supuesto que la compra directa de tierras en algunas regiones puede consultar las realidades socioeconómicas y culturales de las mismas, como el arrendamiento o leasing agrario con opción de compra puede consultar esas realidades en otras.

Un proyecto productivo bien planificado de bienes con destino a la exportación es garantía y tranquilidad para el propietario que arrienda su tierra por un tiempo. Los 20 millones para adquirir el predio es capital suficiente por hectárea para sacar adelante el emprendimiento que generará excedentes hacia la compra futura del predio. Igualmente, con productos para el mercado interno que aseguren la alimentación de los colombianos.

Se me dirá que ello es para sociedades premodernas, que es un planteamiento de derecha. La academia señalará que es regresar al feudalismo con un planteamiento atrasado, los teóricos marxistas no les gusta porque no alienta el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo cada vez más deshabitado. Todo ello es ideologización de propuestas que consultan todo un acumulado histórico, de costumbres, culturas y prácticas ancestrales que han conformado históricamente el campo colombiano.

Volveremos sobre el tema.

Entrevista con Alberto León Mejía Zuluaga

Nuestra entrevista de la semana es con el doctor Alberto León Mejía Zuluaga, ingeniero mecánico y empresario, con una gran experticia en distintos sectores de la economía, quien además de contarnos sus experiencias en el campo laboral, nos habla del manejo de tierras y la importancia que tiene para su apropiada explotación el acceso al agua.

Culminando sus estudios se vinculó con Tejicóndor y luego con Bancolombia. También se ha desempeñado como asesor independiente, director ejecutivo de Tierras y Ganados S. A., director de Unión de Bananeros de Urabá, de Simesa, asesor para el Banco de la República de Colombia en Medellín, delegado colombiano para el Comité Binacional Siderúrgico entre Colombia y Venezuela, miembro del grupo negociante colombiano del G3 (Colombia, México y Venezuela), director del equipo colombiano en el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA) en Chile y director en Landers S. A.

¡Octubre 29 de 2023: última oportunidad!

Por José Alvear Sanín*

No vale la pena discutir si la revolución colombiana empezó el 7 de agosto de 2022, o quince días después, cuando Petro “legalizó” de facto los narcocultivos. En un país donde la toma de fincas productivas en el Cauca, Valle, Vichada y Cesar se hace más frecuente antes de que se presente en todas partes bajo la mirada complaciente de las autoridades, que anteriormente estaban instituidas para proteger honra, vida y bienes, hay que concluir que la revolución ha empezado en serio.

La revolución ha sido comparada con un alud. Unos copitos de nieve, o unos pedruscos, empiezan a rodar desde la cima, van arrastrando otros, y con aceleración siempre creciente, unos centenares de metros más abajo ya constituyen una fuerza arrolladora.

Comparable al alud, pasada la primera quincena del gobierno comunista, el movimiento imparable ya ha minado la estructura agraria, detenido la inversión, castrado las fuerzas armadas, amenazado la generación de empleo, anunciado la anarquía que sigue a la eliminación de varios títulos del Código Penal, y establecido el narcoestado, mediante una serie de fulminantes e inapelables determinaciones, que serán implementadas por un equipo inadecuado, un congreso embadurnado y una judicatura cómplice. Los medios fletados y la Iglesia ausente adormecen un país incapaz de comprender que todo ha cambiado, incluyendo la religión oficial, que ahora es la agresiva de la Pachamama. Con razón una ministra tóxica ha dicho que “estamos en un país distinto”.

Si todo esto ha ocurrido apenas en dos semanas, es necesario dejar atrás la ilusión de que vivimos en un Estado de derecho y que en cuatro años el país, estragado de errores y horrores, volverá electoralmente a la buena senda de la democracia y la libertad.

Con la anunciada “reforma política” y con los algoritmos de la Registraduría, los comunistas no tendrán ninguna dificultad para quedarse indefinidamente en el poder, como ha pasado siempre en los países que padecieron ese régimen o aún lo sufren. El propio Petro, hace algunas horas, ya volvió a insinuar que “cuatro años son insuficientes para cambiar el país”.

Ahora bien, la última oportunidad de recuperar la democracia tiene una fecha próxima, el 29 de octubre de 2023, día de las elecciones para gobiernos locales. Si las regiones y ciudades votan contra el comunismo en esa fecha, Colombia podría todavía salvarse. De lo contrario, el narcoestado revolucionario se consolidará indefinidamente.

El comunismo no soltará fácilmente a Bogotá, Cali y Medellín. Tienen el poder, saben hacer el fraude, manejan las maquinarias y la aplastante propaganda. Aunque llevan todas las de ganar, esa última batalla tenemos que darla para vencer.

Pero para ganar elecciones se necesitan candidato, programa y determinación. Es decir, todo lo que culpablemente no se tuvo para detener a Petro. Se dejó todo al azar y a la buena ventura, a pesar del previsible resultado, que los políticos y empresarios no quisieron ver.

Pero no lloremos sobre la leche derramada, porque el tiempo apremia.

A partir del próximo enero hay que tener candidatos viables, aguerridos y coordinados en cada uno de los departamentos y municipios.

En Antioquia escoger candidato a la Gobernación es sencillo. Algunos hablan del expresidente Uribe Vélez. Puede ser, aunque otros piensan en Federico Gutiérrez. Para alcalde no se ve todavía la figura, pero urge encontrarla. ¡No más desmanes de Pinturita y su combo rapaz!

No puedo opinar sobre la capital, despedazada por la descobalada señora, ni sobre la desventurada Cali del extremista. Con mayor razón ignoro cuáles sean las personas requeridas en los demás departamentos. Por tanto, me limito a opinar que en cada uno de ellos es preciso proclamar con urgencia candidatos capaces de triunfar.

El pésimo gobierno puede ser derrotado en octubre del próximo año, si hay un movimiento nacional de auténtica recuperación institucional, patriótico, desinteresado, no partidista, articulado y confiable. No podemos aceptar que el 29 de octubre de 2023 haya otra elección abigarrada, donde numerosos grupúsculos más o menos democráticos sean barridos y borrados por las fuerzas petristas, castrochavistas y del narcotráfico.

Si no queremos nuestra propia “revolución de octubre”, hay que triunfar el 29 de ese mes, el próximo año. De no lograrlo, la barbarie ya no tendrá reversa y la tragedia de Venezuela, al lado de la colombiana, será un juego de niños.

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En los tiempos que corren es más conveniente tener prontuario que curriculum vitae…

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En vez de publicar sus enrevesados fallos en 27 lenguas indígenas, haría bien la Corte Constitucional en traducirlos al español.

¿La de Giovani Yule o la de Cecilia López?

Por José Alvear Sanín*

Lo que los comunistas entienden por “reforma agraria”, repartición de las tierras productivas como paso previo a la colectivización, es un dogma de imperativo cumplimiento.

Nunca consideran la posibilidad de una reforma agraria productiva como, por ejemplo, las de la Rusia postsoviética o la de la China después de Mao, que devolvieron la libertad empresarial al campo, ni la importancia ecológica de las tierras incultas, ni la aparición de una “agricultura inteligente” para hortalizas, con alta tecnología, donde el terreno es lo de menos, porque se cultiva en invernaderos, galpones y terrazas urbanas.

Hay que erradicar, en cambio, el ánimo de lucro y la iniciativa privada. A los agricultores eficientes se los despoja de las tierras, bien sea de manera violenta o mediante la expropiación, que ahora en Colombia se llama “democratización”, para no emplear ese asustador vocablo.

La “reforma” de la minagricultura, Cecilia López Montaño, consiste en elevar arbitrariamente los impuestos prediales para estimular la explotación de predios incultos, de manera que los propietarios, desesperados, le vendan al gobierno al precio que este fije, a cambio de bonos basura, en realidad, porque serían de muy bajo interés y a largo plazo, de manera que la inflación se los coma en poco tiempo. En esas condiciones se hace reforma agraria a bajo costo.

Ese es el principio explícito de la “reforma agraria” de Petro, para no hablar de la amenaza adicional sobre cultivos que no correspondan a “la vocación ecológica” de los terrenos, definida por los burócratas del Ministerio.

Pasar de esas amenazas a la compra masiva de tierras no es muy difícil, pero demanda algún respeto por formalidades, tramitología y cierto tiempo. Precisamente por esos escollos avanzará otra “reforma agraria”, implícita, expedita e inexorable, que consiste en la invasión y ocupación de predios productivos, bien sea por grupos indígenas, o por “movimientos campesinos”, además sin costo para el fisco.

Ese procedimiento, ya bien ensayado en el Departamento del Cauca, donde no fue combatido por el gobierno anterior, ahora empieza a tomar mayor ímpetu, sobre todo porque Petro ha dicho que la solución en esos casos es el “diálogo”, y la ministra agrega que “la paz prima sobre el derecho de propiedad”.

Uno de los primeros nombramientos de Petro recayó en Rangel Giovani Yule Zape, líder indígena de las organizaciones que promueven la ocupación de tierras productivas, y protagonista de actos terroristas ejecutados en Cali durante el llamado “estallido social”, en el que su minga estuvo presente.

Más que un nombramiento, lo del señor Yule fue el anuncio de la tolerancia con la que el gobierno responderá a la violencia para constituirla en modo adquisitivo de dominio.

Por otra parte, la ministra también ha dicho que lo de las tierras indígenas improductivas no se tocará, ni con reforma ni con impuestos, así los resguardos de 720 pequeñas comunidades (4% de la población) ocupen 30 millones de hectáreas, ¡superficie comparable a la de Alemania!

Es bien claro entonces que la reforma petrista avanzará simultáneamente, tanto por la vía lenta de la López Montaño como por la rápida de Yule Zape. Lo único que les importa es cumplir con el imperativo agrario marxista-leninista, injusto, regresivo, improductivo y colectivista, que ocasionará inexorable hambruna, como fue en la URSS, la China de Mao, y desde siempre, en la famélica Cuba de Castro y en la pobre Venezuela.

¡Queda el consuelo de que cuando ya no haya comida, la importemos, para cocinarla con gas venezolano!

¿Por qué una mala reforma agraria, si hay buenas?

Por José Alvear Sanín*

Antes de la Revolución de Octubre, Ucrania, provincia del Imperio, era el granero de Europa, y Rusia, un inmenso país agrícola de variada y abundante comida.

No trataremos de las tierras comunales (el mir, tan bien estudiado por Max Weber), ni de los latifundios de la aristocracia, ni de los siervos, ni de las tierras vírgenes de Siberia, ni de las reformas agrarias de Stolypin, para saltar hasta el putsch en Petrogrado, que lleva a Lenin al poder. Para consolidarlo sobre el gigantesco Imperio, Vladimir Illich ordena inmediatamente:

1.    1. El cese al fuego con Alemania (para ganarse a los soldados y sus familias).

2.   2. La independencia de las naciones sometidas a Rusia.

3.   3. La masiva toma de tierras.

Con esto último logra el apoyo del campesinado, más del 80 % de la población, a la Revolución. Ignoran que a esa “reforma agraria” seguirá la colectivización cuando el comunismo, después de la guerra civil, se imponga. Al desprecio de Lenin por ellos seguirá el odio de Stalin por los kulaks, los pequeños empresarios que alimentaban el país, a los que exterminará, especialmente en Ucrania, a través de la hambruna provocada (Holodomor).

Después la tierra se dividió entre granjas colectivas (Sovhoz) y cooperativas (Kolkhoz), en las cuales un campesinado esclavizado producía muy poca comida, bajo la férula burocrática encargada de lograr el cumplimiento de metas de imposible alcance. La penuria alimentaria obligó luego a tolerar cultivos “ilegales” de los campesinos: 3 % del área cultivada total, que suministraba más de la mitad de los lácteos, frutas y verduras.

La triste vida del pueblo, siempre hambreado, fue la conclusión inescapable de esa reforma agraria colectivista.

Bajo Kruschov la situación llegó a los peores extremos y la URSS se convirtió en el primer importador mundial de granos (trigo, cebada, maíz), a pesar de cultivar millones de hectáreas en granos, que superaban la suma de las áreas sembradas de esos cereales en los Estados Unidos, Canadá y Francia.

Y así, de tumbo en tumbo, se llega hasta la última reforma agraria soviética. Antes de la desaparición de la URSS, el 3 de mayo de 1990, el Congreso de la República Federativa Rusa, su mayor y determinante Estado, por 607 votos contra 369 y 40 abstenciones, decretó que, al lado de granjas estatales y cooperativas también habría propiedad privada rural. Luego se dictó una Ley para facilitar la privatización de tierras y para estimular grandes cultivos privados de cereales.

Así se puso en marcha una reforma agraria exitosa, que ha convertido a Rusia nuevamente en una potencia agrícola como primer exportador mundial de trigo, mientras Ucrania ocupa el 4° lugar.

Con mayor entusiasmo aun, los países que se separaron de la URSS —Ucrania, los Bálticos, los Centroasiáticos—, y los de Europa Oriental, siguieron ese camino.

Parecida evolución tuvo la agricultura en China, porque con la eliminación de las comunas y el retorno de la libertad en el campo, ese país también pudo superar el hambre y llegó a ser incluso exportador de alimentos.

Entonces, ¿cómo es posible que a Colombia la vayan a condenar a una reforma agraria regresiva, precolectivista, minifundista e improductiva, dirigida arbitrariamente por una burocracia, con poderes para obligar a la “venta” de los terrenos que al funcionario de Minagricultura, o al exjefe de una minga, no le parezcan adecuadamente explotados?

Sin considerar las futuras e inevitables escaseces y hambruna, aquí la reforma leninista será impuesta, porque está inscrita en el ADN de los movimientos comunistas, para todos los cuales nada hay más abominable que una estructura agropecuaria basada en la propiedad privada y la libre empresa.

Colombia requiere una reforma agraria que haga productivo el campo, que estimule su desarrollo, que incorpore la Orinoquia dentro de la frontera agrícola, que sustituya importaciones y que lleve sus productos al mercado mundial.

Una reforma agraria correcta podría sacar del desempleo a millones, pero como tropieza con el dogma marxista-leninista, no se iniciará durante el gobierno de Petro, dure este cuatro años, doce o sea o vitalicio…

¡Con P de pánico!

Por José Alvear Sanín*

No voy a acusar a tres de las ministras anunciadas por Petro, como causantes de pánico económico. Miremos el Artículo 302 del Código Penal, al que le falta precisión. Este condena desde 32 a 144 meses de prisión al que divulgue al público, o reproduzca en un medio, información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza o provocar el retiro de capitales nacionales o extranjeros.

Esa disposición se dictó hace años, cuando nadie pensaba en la llegada de un gobierno de extrema izquierda, lo que explica que solo se ocupe del pánico cambiario y nada diga de quienes afecten la confianza inversionista, paralicen los negocios o amenacen con sanciones confiscatorias a empresarios que actúan dentro del marco legal…

La triste realidad es que, haciendo anuncios de conformidad con el programa explícito de Petro, las ministras de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, han terminado de paralizar económicamente a un país ya suficientemente aturdido por la política petrolera y gasífera, que consiste en marchitar esas industrias vitales e imprescindibles.

Si nos limitamos entonces a la lectura del Artículo 302 —ya citado—, encontramos que paralizar la economía nacional no configura ningún delito. Después de reconocer ese hecho me bastará con decir que, tras de las declaraciones de esas entrantes funcionarias apenas se concreta el anuncio del cambio del modelo económico y social de la libre empresa, al estatismo, con el desmantelamiento de las empresas productivas.

En una semana las tres damas, que más que Erinnias son Parcas, han causado los siguientes estragos, siendo difícil saber cuál de ellos es el peor:

La ministra de Agricultura anuncia la aplicación de la Reforma Agraria pactada con las FARC en el “Acuerdo Final”. Esta se basa en el sofisma de que las tierras incultas se deben “democratizar”, forzando con impuestos arbitrarios y discriminatorios, es decir, de la manera menos democrática, la venta de los fundos al Estado, a cambio de bonos sin valor real.

Desconoce la ministra que, en estos tiempos de tanta sensibilidad ecológica, las tierras incultas son las de mayor importancia, porque conservan prístino el entorno, resguardan la biodiversidad, preservan el agua y multitud de especies animales y vegetales. Quien paga prediales para conservar terrenos incultos lo que merece es estímulo y protección. En cambio, forzar producciones que no demandan los mercados es una locura. Si Colombia cultivase todas sus tierras fértiles con los productos dizque adecuados ecológicamente a los distintos terrenos, en vez de alimentar al mundo, llenaría los basureros de cosechas sin la correspondiente demanda, que depende de los mercados y no de los burócratas.

Desde Lenin cultivan las izquierdas un odio visceral por los agricultores independientes, grandes o pequeños. Y, por tanto, para ellos es inapelable avanzar hacia la agricultura colectivista, que tanta hambre ocasionó en la URSS y China, y ahora impera en las famélicas Norcorea, Cuba y Venezuela.

Después de las declaraciones de la ministra López Montaño, ¿cuánto vale hoy una finca?, ¿y quién la compra?

La ministra de Salud anuncia el fin de la intermediación en la prestación de los servicios médico-asistenciales. Ella no puede ignorar que lo que funciona bien puede mejorar o empeorar, pero prefiere el camino de demoler el sistema, que viene mejorando desde hace décadas. Después de un salto al vacío, quiere arrancar de nuevo con la vieja aberración marxista que exige el monopolio público en los servicios de salud, sin importar el costo social o humano. Para ella no importa que nuestro sistema sea justamente recomendado por los expertos. Hay que estatizarlo para venerar el dogma.

La próxima responsable del Medio Ambiente rechaza la fumigación aérea con glifosato. Si es tóxico, lo es tanto en el cultivo de coca como en el cafetal, la huerta, la tomatera, el almácigo y el arrozal. Sin ese herbicida desaparece la agricultura de pan coger, a menos que el daño a combatir sea apenas selectivo y político.

Dando carta blanca a los cultivos de coca, se vislumbra un futuro afgano o birmano para un país sin petróleo, porque la ministra proscribe también el fracking, condenándolo a la ruina económica, en contraposición a lo que el valetudinario y provisional minhacienda afirma sobre la ineludible necesidad de explorar, extraer y exportar hidrocarburos.

Estas tres Parcas condenan a muerte los sectores que, por el contrario, deberían tutelar.

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Sigue subiendo el dólar. Nuestra divisa, en once días, se ha devaluado 13.51 %, a pesar de que, según parece, el Banco de la República está quemando reservas para evitar un descalabro mayor.

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“El economista que tiene corazón, a los 20 años es socialista, pero si sigue siéndolo a los 70, es porque carece de cerebro”

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Quiz: ¿Quién afirmó que no puede ser economista quien es socialista?

Reforma agraria, ¿sí o no?

Por José Alvear Sanín*

La extrema izquierda, cada vez más enardecida, viene exigiendo al gobierno el inicio de su “reforma agraria integral”; y como Timo y Santos, en reciente e impúdico contubernio la reclaman, es urgente llamar la atención, porque detrás de esa seductora falacia llegarán la violencia, la hambruna y el derrumbe de la democracia.

La reforma agraria de corte marxista-leninista arranca con la repartición de la tierra productiva, para que los campesinos, agradecidos, se conviertan en partidarios de la revolución. Consolidada esta, se procede a la segunda etapa, la eliminación de los nuevos propietarios para colectivizar la agricultura, dogma no negociable en la ideología comunista clásica.

Como a todos duele la miseria y pobreza de tantos campesinos, la reforma agraria se convierte en una idea popular, en un mito político obsesivo como camino hacia una sociedad justa; y mientras menos se sabe de economía agraria —rama de las más difíciles—, con mayor vehemencia se propende por el cambio del modelo rural, para llegar a algo así como un idílico país de pequeños y poco productivos propietarios, sin detenerse a pensar en la posibilidad de que existan otras formas de organización de la producción del campo más capaces de hacer justicia social, desarrollo económico y bienestar colectivo.

Tratando de estos temas hay que tener en cuenta que ni en Colombia predomina el latifundio, ni este siempre es repudiable, porque grandes extensiones incultas preservan la naturaleza prístina. En realidad, desde un punto de vista ecológico, mientras más tierras se conserven intactas, más se protege la biodiversidad.

La agricultura moderna logra en menor extensión resultados asombrosos en lo que dice a producción y productividad, pero en nuestro país sigue vigente el espejismo de la ampliación indefinida de la frontera agrícola.

Ahora bien, se requiere con urgencia máxima una reforma agraria tecnológica, ecológica, capital-intensiva, con empleo digno y volcada hacia la exportación, en lugar de la regresiva e improductiva de Timo y Santos, porque nuestra realidad agrícola es vergonzosa. Según el DANE, en 2015 importábamos 11.4 millones de toneladas de alimentos, y para 2020 se prevé la llegada de 14.4 millones de toneladas.

Lo anterior significa que importamos casi el 30% de los 39 millones de toneladas que consumimos cada año.

Un buen futuro depende de la creación de una gran agricultura moderna, que nos convierta en crecientes y voluminosos exportadores de alimentos, en vez de volvernos inmensos importadores de millones y millones de escuálidas cajas clap, como en Venezuela, donde ya disfrutan de la economía agraria castro-chavista.

En realidad, rechazar el modelo petrista de un país sin petróleo, dependiente de la monoexportación de cocaína y de algunos aguacates, será el tema crucial en las elecciones de 2022.

Por la importancia del asunto, me extraña el silencio en torno a las declaraciones del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, a la revista Dinero, el pasado 8 de junio, en las que descartó reforma agrícola en el término del período presidencial.

Esa es una noticia de fundamental importancia. Hay que rodear al gobierno para que no ceda nada ante la implacable ofensiva farc-santista, porque ellos exigen que cuando pase la pandemia se inicie la “implementación” de la reforma agraria del AF, con inmensas partidas presupuestales, de imposible cumplimiento, además, no solo por la penuria fiscal, sino por su naturaleza letal y tóxica, que convertiría el gobierno del doctor Duque en el de “la transición”. De ese acto de resistencia depende en buena parte la supervivencia de nuestra muy amenazada democracia.

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Si la periodista (y abogada) María Isabel Rueda (El Tiempo, agosto 16/ 2020), leyó en realidad las 1.554 páginas del auto más extenso de la historia, ¿por qué se limita a criticar apenas tres o cuatro frases donde encuentra fallas estilísticas, en vez de informarnos sobre la multitud de prevaricatos, abusos y fraudes procesales de ese arbitrario pronunciamiento?

Ante tantos fallos judiciales, informes y columnas en los medios y actuaciones oficiales, que se suponen imparciales, equilibrados y neutrales, recuerdo que alguna vez, durante la guerra, preguntaron a Churchill sobre la neutralidad de Irlanda y el repreguntó: ¿Neutral contra quién?

¡Aquí hay demasiada neutralidad!

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¡Pinturita resultó más dañino que un mico en un pesebre…!

Timo y Santos nos anuncian su reforma agraria

Por José Alvear Sanín*

Los 31 minutos 11 segundos del video de la amistosa charla entre dos compinches, compadres o socios, Timo y Santos, es estremecedor, porque nos permite ver su identidad de propósitos.

Entre mutuas sonrisas y falacias transcurre ese diálogo inquietante, en el que quizá la única verdad que se expresa es cuando Rodrigo –así trata el expresidente al terrorista—afirma que Manuel (es decir Tirofijo), alguna vez le manifestó “si esta oligarquía fuera inteligente, estaríamos perdidos” (¡en eso sí estoy completamente de acuerdo!).

Tanto Rodrigo como Juan Manuel afirman que después de la JEP, lo más importante es lo que ellos llaman “reforma agraria integral” o “el problema de la tierra”.

Esa declaración es ominosa, porque con ella conminan al actual gobierno (que se ufana de estar cumpliendo el AF, mientras las FARC nada cumplen), para que lo siga cumpliendo con su tal “reforma agraria”.

Seguir esas instrucciones equivale a la destrucción de la agricultura y la ganadería colombianas en aras de uno de los más perversos dogmas leninistas, el que exige colectivizar la agricultura, proceso que tiene lugar pocos años después de engañar a los “despreciables” campesinos (como los calificaba Vladimir Ilich), con la entrega de las tierras ajenas.

A cada reforma agraria comunista solo la sigue el hambre, como en Rusia en 1919, el Holodomor en Ucrania en 1932, la penuria alimentaria durante toda la historia de la URSS, el hambre siempre insatisfecho durante el maoísmo y en Norcorea, la pobre Cuba y la martirizada Venezuela. La próxima víctima será Colombia, si desde el año entrante empezamos con la reforma agraria de los dos responsables máximos del AF, y si sus seguidores, en 2022 ganan las elecciones…

El futuro económico de Colombia requiere indudablemente una reforma agraria, no la comunista, sino la que ponga a producir alimentos para dejar de importarlos, y que nos permita exportar inmensas cantidades de ellos para poder mejorar la suerte de todos, en vez de copiar los experimentos atroces e improductivos de la misérrima Cuba.

El progreso de nuestro país no vendrá de la industria, sino del campo, si escogemos un modelo rural adecuado. La superficie de Holanda equivale a la mitad de la de Antioquia, lo que no le impide haberse convertido en el principal exportador mundial de productos agropecuarios, mientras Cuba, que la triplica en superficie y la supera en calidad de suelos, debe importar el 80% de la comida para su pobre e insuficiente dieta.

Pero Timo y Santos, los dos jefes políticos más poderosos de Colombia, nos ordenan ejecutar la fórmula cubana, la misma que ha producido el Holodomor venezolano, precursor del que tendremos bajo Petro, Claudia o Cepeda (¿cuál ha de ser…?, ¿cuál ha de ser…?)

Con la “reforma agraria integral” pasa lo mismo que con la “paz”. Ambas son palabras bellas y seductoras. Por ese motivo, quien se atreve a decir que lo que salió de La Habana no fue la paz sino la entrega del país, es estigmatizado, denostado y descalificado. De la misma manera procederán contra quienes consideren que la reforma agraria comunista es inconveniente, tóxica y fatal para Colombia.

La “reforma agraria integral” del AF creará, primero, un conflicto sangriento, y luego, hambruna, atraso y miseria. Por tanto, si el gobierno a partir de 2021 se decide por la resolución timo-santista del “problema de la tierra”, habrá que perder toda esperanza, porque, además, los colombianos no tendremos la suerte de los venezolanos, que encontraron un país dónde mendigar.

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Sin duda alguna, el país ha llegado a una situación de ingobernabilidad, por el efecto combinado del desorden constitucional y la aplicación del Acuerdo Final. La realidad es que enfrentamos al dilema “reconstrucción o catástrofe”.

Tanto el Foro Atenas http://www.lalinternaazul.info/2019/08/21/analisis-de-la-situacion-politica-de-colombia/ como la Alianza para la Reconstrucción de Colombia (ARCO), orientada por el doctor Luis Alfonso García Carmona, están convocando a todas las fuerzas democráticas de Colombia para que se unan, obtengan una amplia mayoría parlamentaria en el 2022 y logren la elección de un presidente que, con debido respaldo, pueda enderezar al país. Si esto no se logra, Colombia caerá en el abismo.

Así pues, invitamos a nuestros amigos a ingresar también a https://www.alianzareconstruccioncolombia.org,  donde se encuentra información actualizada diaria sobre el avance de la subversión y cómo contrarrestar esa aterradora ofensiva, de la que muchas personas no se han dado cuenta o no quieren ver, porque “aquí, eso no va a pasar”.

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“La sobreproducción intelectual, educativa, psicológica y artística, justamente con la superproducción económica, amenazarán la civilización. La gente se verá inundada, cegada, ensordecida, y mentalmente paralizada por un torrente de externalidades vulgares que no dejará tiempo para descansar, pensar o divertirse”.

J.K. Chesterton (1931)

Aportes para evitar la muerte

Por Antonio Montoya H.*

No estoy hablando de la pandemia, ni de sus consecuencias de muerte, me voy a referir hoy a los líderes políticos y a los líderes sociales, aclarando que entre ambos existen diferencias notorias desde lo teórico y lo práctico.

En Colombia hay grandes líderes políticos, que, con sus ideas, su intelecto y personalidad arrolladora, cautivaron masas y otros que continúan haciéndolo. Son a los que los siguen miles de personas, aplauden y acompañan en las grandes lides democráticas. Entre ellos tenemos hombres de talla intelectual que brillaron en el escenario nacional desde mediados del siglo XX y que llegaron a presidir la nación, y otros que no lo lograron porque fueron asesinados. Tenemos en el siglo XX al general Rafael Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán, Laureano Gómez, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen, Luis Carlos Galán Sarmiento y Álvaro Gómez Hurtado. En este siglo XXI a Álvaro Uribe Vélez. De ellos, cuatro no lograron ser presidentes de la República por que las balas asesinas acabaron con su vida y con ello evitaron que Colombia se hubiera desarrollado de una manera diferente a la actual.

Ha sido un sino trágico asesinar a los líderes políticos, ganándoles las batallas no por las ideas, ni por los votos, sino por las balas, porque sabían que si no era así no hubieran logrado sus objetivos. De todos ellos conocemos los asesinos materiales, pero no los autores intelectuales, ya que en la maraña judicial que se organiza no se logra dar con la causa y el origen de sus actores, incitadores y manipuladores que llevaron a su muerte. Eso sí, se puede deducir que existieron razones políticas e intereses de bandidos que sabían que con ellos no prosperaban sus actos criminales.

También podemos manifestar que han sido asesinados líderes de izquierda, por la sola razón de seguir esa línea política, entre ellos Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Antequera y otros más, cuyas muertes han generado caos y violencia sin parar en nuestra tierra.

Por el otro lado están los líderes sociales, que no se visualizan en la opinión pública; son aquellos que, en sus barrios y pueblos, luchan por los demás, defienden sus derechos, son verdaderos lideres por su humanismo y lucha dentro de la pobreza. En los últimos tres años van alrededor de 286 asesinados, siguen muriendo cada día, y todo sigue igual.

Miren pues que nuestro país es de sangre y violencia, pero también existe el optimismo, la ilusión y solidaridad por otro lado, y más allá la riqueza natural, mares, ríos, fauna y flores que no se ve en otros lugares del mundo. Es un contra sentido total.

Es posible que una solución ante tanta muerte de líderes sociales, esté en darle una salida diferente al problema de la restitución de tierras y tenencia de la misma, por ello me atrevo a formular una teoría que de ser cierta cambiaríamos la tendencia de muerte y violencia, aclarando eso sí, que no tengo tierras, ni reclamaciones de las mismas, que simplemente, como ciudadano, observo el desarrollo de los acontecimientos y la gravedad de los mismos porque por un lado restituyen tierras y a reglón seguido los beneficiarios vuelven a ser desplazados y en muchas ocasiones asesinados.

Las tierras que en el conflicto se decidió serían entregadas, creo yo, no se deberían entregar a título de propiedad, el Estado debe mantener el control de las tierras, que es la causa de la muerte y entregarlas en comodato a los campesinos para que la trabajen y vivan de ellas. Así no habría que desplazar a nadie, y menos matarla, no son dueños de nada, pero sí tienen el terruño para vivir de la producción de la tierra. Podrían juntarse en cooperativas miles de campesinos para desarrollar en forma intensiva proyectos agrícolas con el apoyo del gobierno. Es pues, una solución simple, elemental, pero que podría salvar vidas y dar trabajo evitando irse a las ciudades y sufrir el abandono y el desprecio social.

Si pensamos en salidas justas a los problemas, lograremos mejores condiciones sociales y las familias se mantendrán unidas.

No más muertes a los líderes políticos, ni a los líderes sociales.

De cara al porvenir: economía básica

Por Pedro Juan González Carvajal*

Debo confesar que no la he estudiado formalmente, pero me apasiona la economía. Hay autores muy importantes que son capaces de complicarla hasta el infinito, y otros que la hacen accesible de una manera amable y pragmática.

He entendido que, sin haberse aproximado a Marx y a Comte, pues es bobada siquiera tratar de entender lo que hoy sucede, respetando obviamente a clásicos como Smith y Ricardo.

Sin embargo, como aprendiz de brujo, debo resaltar la gran influencia que ejerció en mí don Hernán Echavarría Olózoga con su extraordinario texto “El sentido común de la economía”, escrito a finales de los años 50 y que es una verdadera joya por lo didáctico y profundo en su desarrollo.

Recientemente el doctor Eduardo Lora nos deleita con su “Economía esencial de Colombia”, texto de obligatoria lectura para quienes quieren entender que ha pasado con el manejo de la economía colombiana.

Ambos autores rescatan la necesidad de darle un verdadero revolcón al campo colombiano sobretodo en temas relacionados con el adecuado uso y destino del suelo, así como enfrentar y resolver los temas complejos de la propiedad y tenencia de la tierra y de la necesidad de motivar al uso productivo de la tierra, al proponer combatir el engorde de tierras no productivas, mediante el incremento del impuesto predial, como etapa previa a un proceso de expropiación. Al respecto reconozcamos que no hay nada mejor, para que algo se haga, que una buena motivación. Lo anterior suena muy duro, pero es la realidad.

Bajo el título de “Vocación agrícola desperdiciada”, desarrolla el doctor Lora en uno de sus apartes: “Las tierras de vocación agrícola ocupan una extensión de 21,5 millones de hectáreas, cerca de la quinta parte de todo el territorio nacional. La mayoría de esas tierras están en las regiones Andina, Interandina y Caribe. Más o menos la mitad sirven para cultivos intensivos permanentes o transitorios, mientras que la otra mitad son tierras con fuertes pendientes, que requieren para su uso sostenible que se combinen el componente agrícola con el forestal. El café, el cacao y los frutales son adecuados para estas tierras. Actualmente se utiliza en cultivos apenas una tercera parte de las tierras con vocación agrícola. Las mayores extensiones están ocupadas por café (0,9 millones de hectáreas), palma de aceite (0,6), plátano (0,4) y maíz tradicional (0,4). Se calcula que las plantaciones de coca (que son ilegales) ocupan 0,2 millones de hectáreas, pero la mayoría en tierras que no tienen vocación agrícola… En cambio, demasiadas tierras sin vocación ganadera se utilizan para pastos: 24.8 millones de hectáreas, de las cuales solo unos 10 millones de hectáreas son adecuadas para este uso. La productividad de estas tierras es bajísima: apenas sostienen 21,5 millones de cabezas de ganado bovino y unos tres millones de otras especies (principalmente porcinos y equinos). Recordemos que un estándar internacional habla que debe haber una o dos cabezas de ganado por habitante, lo cual quisiera decir que de acuerdo con los resultados del último censo, partiendo de que somos 48.3 millones de habitantes, deberíamos tener entre 96 y 144 millones de cabezas de ganado para poder hablar de que somos un país ganadero, lo cual a todas luces está muy lejano”.

“En las tierras más fértiles, como son las del Valle del Cauca, se consiguen altos rendimientos por hectárea para los estándares internacionales, en particular en caña de azúcar. También es alto el rendimiento de otros productos de exportación como café, bananos y palma de aceite. Productos tradicionales de la agricultura colombiana como la papa o el arroz, tienen rendimientos semejantes al promedio mundial, excepto en el caso del maíz, cuyo rendimiento es muy bajo…...”.

El apoyo que recibe del gobierno la agricultura colombiana no es despreciable, gracias al cabildeo permanente de los diferentes gremios del sector agrícola.

No sobra observar los precios internos comparados con los precios externos, donde los consumidores finales, soportamos en muchos casos las ineficiencias internas o la protección de los ingresos de los grandes empresarios agrícolas, pagando unos precios mayores por productos locales, pudiéndose traer de otras latitudes a menores precios. El proteccionismo sigue siendo una herramienta de nuestra clase política para lograr sostener una relativa gobernabilidad, sabiendo que estrategias proteccionistas o subsidios permanentes para cualquier caso, son insostenibles.

Un resultado global nos muestra que hasta hace unos años Colombia era considerada por la FAO como despensa de la humanidad, categoría que perdimos recientemente al evidenciarse que estamos importando un poco más del 50% de los alimentos que consumimos.

Estamos desperdiciando varias ventajas estratégicas: la primera, al poseer la única cordillera intertropical del planeta, tenemos acceso a todos los pisos térmicos existentes durante todo el año, lo cual nos permitiría mediante una adecuada planificación, tener cualquier variedad de productos durante todo el año. Las tierras de La Mojana son consideradas por la propia FAO como una de las cinco regiones más fértiles del planeta, entre las cuales se encuentra el Delta del Nilo, que todos sabemos lo que ha significado para la humanidad. Y digan lo que digan y decidan lo que decidan nuestros ilustres y genuflexos gobernantes, el uso del glifosato hace que el veneno llegue a las fuentes subterráneas o a las quebradas o los ríos, lo cual nos envenena al generarse el ciclo perverso de siembra, riego, consumo e intoxicación.

Por último, hablar de productos con sello verde, usando glifosato por aspersión aérea es una falacia.

NOTA: Ante el anuncio de la administración Municipal de intervenir las glorietas de San Diego y Palacio de Exposiciones para mejorar la movilidad de la 33, se pierde una de las pocas fuentes con que cuenta la ciudad. En este aspecto, Medellín no ha podido consolidar una verdadera cultura por las fuentes, que alegran y refrescan el paisaje y que hoy serían un complemento ideal para los exitosos “Corredores verdes”.

Qué es la minga

Por Antonio Montoya H.*

“Es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social”. El significado “se deriva de la percepción y creencia que tenían los aborígenes de que, realizando un trabajo compartido para el bien común, se hace más rápido, mejor”.

Ante la convocatoria que efectuaban los líderes de las tribus, la población acudía al llamado, se movilizaba y organizaba; era una celebración de vida.

Esto que hicieron los indígenas en el sur del país, no es una minga, es simplemente un paro. Allí no se está haciendo nada de lo que es una minga, lamentablemente la prensa hablada y escrita no investiga realmente el significado de las palabras y eso conlleva a que, como en este caso, se le dé una connotación histórica diferente a la realidad. Deben estar revolcándose los antepasados en sus tumbas, al ver como se tergiversa el significado de sus palabras, de lo que realmente le da valor y sentimiento a la minga.

Miren ustedes bien: la minga conlleva liderazgo, solidaridad, compañerismo, trabajo en equipo, satisfacción por el trabajo compartido, amor por el terruño, autoestima y disfrute por el resultado.

Dígame uno cualquiera de los que leen esta columna, si lo que ha ocurrido en el Cauca y lugares aledaños, o en el Tolima, es realmente algo que se pueda valorar como minga.

Tenemos destrucción, violencia, desempleo, poca solidaridad con el resto del país que se está quedando sin suministros, quema de vehículos, muertos y desorden; es una acción desestabilizadora y repugnante por parte de los promotores, aliados y partidarios que se unen a fomentar el malestar en Colombia.

Digámoslo sin titubeos, estos paros indígenas, estudiantiles y los que se vienen, no tienen fundamento alguno, cuando estamos superando las dificultades ampliando cobertura en educación, nuevas formas de adquirir vivienda, estructurando mecanismos para solucionar problemas energéticos, en fin, trabajando con seriedad, mesura y sin desfallecer como lo demuestra el gobierno nacional, que no está cacareando logros, sino con bajo perfil reorganizando el estado y sus finanzas.

Quienes quieren poner al estado en jaque son Gustavo Petro, Bolívar, la izquierda en general, el ELN, y todos aquellos a los que los gobiernos de turno les abrieron las puertas de la legalidad para construir un país incluyente, pero, ellos quieren un país pobre y desestabilizado, como lo lograron en Venezuela, una estrategia válida reinar en la miseria.

Los que hacen parte activa del paro indígena, son poseedores de tierras, han tenido apoyo de muchos gobiernos y lo que deberían explicar es qué tipo de cultivos tienen allí, cuántos trabajan la tierra y sí hoy son sostenibles. Viven y han vivido de los subsidios, no les importa y perjudican con esa conducta a millones de colombianos. Deberían continuar negociando en mesas de trabajo serias, no amenazantes, estructurando un futuro para las comunidades y cohesionándolas con el resto del país.

Por último, reitero que los ciudadanos del común, nosotros, trabajadores, estudiantes y amas de casa, no pueden soportar siempre sin reaccionar al comportamiento indebido de políticos, comunidades y sectores sociales que bien pueden reclamar derechos, pero no actuando contra los derechos de los demás. Por ello se clama justicia y acción del gobierno, tatequieto a los mezquinos, negociaciones civilizadas en la mesa y al trabajo en común por el futuro.