Vigía: política armada y cocaína

Por John Marulanda*

En junio del 2014, el entonces máximo jefe de las FARC, alias «Timochenko», declaró a los medios: “El gobierno puede decirnos: ‘entréguenos las armas y desmovilícense’. ¿Y qué les decimos nosotros? ‘Pues entréguenos el poder’”. En esa simplona lógica, el matasiete de las FARC definió su posición frente a las propuestas sencillas del gobierno de Uribe Vélez. Años más tarde el viejo «Timo» sigue al frente de una facción fariana, con el título de Partido de los Comunes, luego de rendirse a un Estado burgués.

Hace pocos días, en la segunda ronda de conversaciones ELN-Gobierno, en México, se ha emitido el comunicado número 5, punto 1, literal a), que aclara que el ELN tendrá una “Caracterización jurídico legal (…) como organización política armada rebelde (…)”.

Amadrinado con sus 59 años de experiencia político-militar, nada mejor que una buena demostración de fuerza para darle sustento a la argumentación política. La lógica fariana del 2014, y la del radical Pablo Beltrán, en una entrevista de televisión, parecen hacerse realidad con la actual declaración de la mesa de conversaciones en México. ¿Política armada?

La inteligencia policial ha denunciado la amenaza de este grupo narcoterrorista para atacar unidades militares y policiales en 15 ciudades del país. La fuerza pública está en alerta previniendo atentados terroristas contra sus bases. Sería bueno escuchar de viva voz a alias “Pablo Beltrán” aclarando que lo dicho por la policía no es cierto y no oírlo a través de su mensajero, el senador comunista Cepeda. Claro que el conflicto actual está alimentado por el narcotráfico sin olvidar los drones iraníes fabricados en Venezuela.

Y hablando de cocaína

Según expertos, se necesitan 200 mil toneladas de hojas de coca para producir 1.400 toneladas métricas de cocaína, lucro anual de Colombia para un mercado con demanda al alza. Para febrero de este año, la policía, argumentando ausencia de contratos, no erradicó una sola hectárea de coca mientras el mismo mes de 2022 se eliminaron 2.982 hectáreas; se incautaron 3 toneladas, cuando el promedio era de 30, y se destruyeron 45 laboratorios, cuando el promedio eran 250 mensuales. El expresidente Iván Duque ya nos alertó: el ELN sigue con su mamadera de gallo mientras vamos rumbo a las 300 mil hectáreas de cultivos ilegales.

La viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería dijo que Colombia apoyará a Bolivia en la solicitud a la Oficina Contra las Drogas y el Delito, sesión 66 de la ONU, para despenalizar el cultivo de la hoja de coca, por su tradicional uso sagrado. Se entiende que Perú no los acompañe, por haber declarado persona no grata al actual presidente colombiano, a pesar de lo que diga AMLO.

Con recursos que, según expertos, pueden alcanzar el 4.5% del PIB, no es de extrañar que Petro anhele el deseo “progre” de libre consumo y repela la judicialización de Pedro Castillo: era su socio en la triple alianza de principales productores de cocaína en el mundo.

Vigía: las ambivalencias de Petro y Los Estados Unidos

Por John Marulanda*

Con el procedimiento del manual político tradicional –100 días– lo que tiene que mostrar el nuevo gobernante de Colombia con referencia a los Estados Unidos es agridulce, pues proclama que la salvación de la humanidad pasa por acabar con el capitalismo que está destruyendo a las economías del mundo, según su versión moderna del apocalipsis.

A pocas horas de proclamarse presidente, Joe Biden llamó a Gustavo Petro, el 21 de junio, para felicitarlo por su logro. Por supuesto que no pudo saludarlo en la cena de la ONU en New York, el 20 de septiembre, debido a la ausencia del colombiano.

Tan temprano como el 26 de agosto el subsecretario de Estado Todd Robinson, Rahul Gupta director de la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas (ONDCP) y el administrador adjunto de USAID, Peter Natiello, se reunieron con el presidente, la vicepresidenta, el canciller y varios ministros para destacar el enfoque holístico de US sobre la política de drogas, que incluye un énfasis en la salud pública, la protección del medio ambiente y la seguridad.

El 3 de octubre Anthony Blinken, pragmático secretario de Estado visitó el país y escuchó las propuestas de Petro de un viejo-nuevo relacionamiento de corresponsabilidad con el primer comprador de una de nuestras producciones estrellas: cocaína. 1.400 toneladas métricas anuales del estupefaciente, que suplen el 93 % de los consumidores de todos los estratos y sobre lo cual Biden ha anunciado una campaña educativa para prevenir a niños y jóvenes. Este “enfoque integral” sobre la droga, concitó el interés de ambos personajes. La incertidumbre fue, con todo, un sentimiento predominante.

William Burns, director de la CIA, lo visitó el 21 de octubre. De qué hablaron, es un secreto de Estado, aunque el asunto del narcotráfico debió estar en el centro de la conversación. Las viejas-nuevas propuestas del recién electo primer mandatario salieron a la luz, con el remozado anuncio del fracaso de la guerra contra las drogas y una propuesta velada de legalización de estas, que campea a lo largo de todos los discursos presidenciales. Al diplomático, le obsequió panela y una hamaca. Este importante encuentro ha sido uno de los más sensibles que ha sostenido el gobierno colombiano con funcionarios estadounidenses.

La comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, está actualmente de visita por segunda vez en nuestro país, con motivo de la llegada de la misión médica Promesa Continua 2022. Recorrió el buque hospital USNS Comfort en Cartagena, que fondea por 8ª vez en la región. China no es ajena a este humanitarismo naval: el buque hospital Daishan Dao o Arca de la Paz, fue construido expresamente para diferenciarse del Comfort y del Mercy estadounidenses y estuvo en el 2018 en La Guaira, Venezuela, aunque el verdadero poder oriental en la región es el económico. Petro se reunió ayer con el representante para América Latina, Qiu Xiaoqui.

El nuevo gobierno petrista, designó como su embajador en Washington por primera vez a un hombre de color, Luis Guillermo Murillo, quien está empeñado en construir una nueva agenda conjunta contra las drogas entre Colombia y Los Estados Unidos. La metanfetamina siria Captagón, se asoma en el horizonte como próxima amenaza, pero la narcotización de las relaciones colombo-americanas está más vigente de nunca.

El principal Hegemón global no cesa de producir tecnologías de punta, licencias por montones, premios nobel, campeones mundiales en todos los deportes y mantiene una economía capitalista que desafía a países con riquezas de cualquier tipo; el patrón moneda dólar sigue imperando, apoyado en el oro de Fort Knox. El nuevo gobierno colombiano ofrece a US, que mantiene 11 portaaviones desplegados a lo largo del mundo y el ejército más eficaz del orbe, unos planteamientos, repito, ambivalentes.

Vigía: la fumigación en Colombia aumentará la inseguridad regional

Por John Marulanda*

La suspensión de la fumigación aérea, con glifosato, a los cultivos ilícitos de coca y las trabas legales para un eventual reinicio de esta, gestionadas por Santos con sus cortes de bolsillo, fueron el pago inicial exigido por las FARC para comenzar el negociado de La Habana. Como consecuencia, pasamos de unas 60 mil a unas 200 mil hectáreas que tienen a Colombia y a la región en una penumbra transicional hacia un conjunto de Estados con el crimen organizado transnacional adueñado del poder político. Venezuela es el ejemplo. En medio del aturdimiento mediático por el arribo de las primeras vacunas contra el covid-19, el nuevo Mindefensa colombiano anunció el reinicio de las tales fumigaciones a los sembradíos que posicionan el país como el primer productor mundial de cocaína. Noticia gorda, aunque de horizonte impredecible: “en menos de 90 días estarían listas las condiciones establecidas por la Corte para la reanudación…”. dijo el funcionario. Antier, el Minjusticia dio a conocer esas muchas condiciones para el reinicio de la aspersión, suspendida desde el 2015. Y desde ya, el costo de la panela, cuya melaza se utiliza como antídoto, protección y reconstituyente de los plantíos fumigados, registra un aumento desproporcionado.

Un escenario complicado

Cuando se reinicie la aspersión aérea, ojalá en este gobierno, varios eventos ocurrirán.

Como la demanda por cocaína está al alza en Australia y el sudeste Pacífico, y Europa registra el mayor pico histórico de consumo, además con elevados porcentajes de pureza de la sustancia, cualquier reducción significativa en la producción colombiana, afectará el mercado global del estupefaciente, con secuelas económicas y de seguridad, es decir, políticas. Gobiernos que apoyan a Colombia en su lucha con el narcotráfico, entonces “mirarán con preocupación” los efectos sociales de la fumigación. Desde Europa y Estados Unidos, principales consumidores de cocaína, las izquierdas tildarán al gobierno de imprudente y en la región, “paren la fumigación” será el grito unísono de socialistas, maduristas, malinformados y oportunistas. Santos y su séquito internacional, utilizando la prensa tarifada, reactivarán el maniqueo dilema de amigos y enemigos de la paz.

Presionadas y amenazados por organizaciones criminales, mingas indígenas y otras comunidades, se movilizarán por todo el territorio nacional, realizando huelgas, protestas y bloqueos, sin importar las restricciones impuestas por la pandemia. Ya amenazó Samper: la fumigación traerá violencia, y él de eso tiene porqué saber. Con las movilizaciones, entonces, vendrán incidentes violentos con posibles fatalidades que se cargarán, claro, a la fuerza pública que, según la última encuesta de Invamer, es la institución con mayor confiabilidad en Colombia, lo cual es un tropiezo en la estrategia del Foro de Sao Paulo y los planes del Grupo de Puebla para la reconquista del poder regional. Se arreciará entonces, el asedio mediático contra el ejército y la policía, en cabeza de Vivanco y otros desde afuera, Cepeda y otros desde adentro, insistiendo en erosionar la imagen de los uniformados ante la opinión pública, debilitar su moral interna y torpedear sus capacidades operacionales.

Venezuela y Ecuador

Los grupos armados transnacionales FARC y ELN, financiados por el narcotráfico y la minería ilegal, reacomodarán sus actuales dinámicas financieras, lo que conducirá a nuevas alianzas y rupturas, acuerdos y enfrentamientos, besos y puñaladas, especialmente en las regiones fronterizas con Ecuador y Venezuela.

Venezuela, desde donde vuela la cocaína rumbo al Caribe y al mercado norteamericano, verá un incremento en su violencia urbana y en sus estados fronterizos en donde elenos y farianos mercadean el psicoactivo colombiano con las organizaciones criminales internacionales, especialmente las mexicanas. Constreñidos en su dinámica comercial por reducción o escasez del producto, presionarán por otros métodos conocidos de financiación: extorsión y secuestro, oro y coltán más caros, etcétera… La corrupción aumentará su calado. El gobierno madurista, que se frota las manos con este escenario revuelto, sentirá a plenitud lo que es aliarse con el diablo, que le pasará una cuenta de cobro muy dolorosa.

Ante una demanda que no da trazas de mermar, cualquier disminución efectiva en la oferta de cocaína colombiana, disparará la producción en los países vecinos. Perú, segundo productor mundial, accederá fácilmente al primer lugar; Bolivia aumentará la producción residual de sus “catos”; Ecuador y Venezuela verán incrementos de cultivos, cocinas y laboratorios en su territorio. La quejumbre por la decisión de Bogotá, se oirá en toda la región. Estas perspectivas por supuesto que serán útiles a los intereses geoestratégicos de China, que fusila las “mulas” colombianas y de Rusia e Irán que aplaudirán una frontera cercana a US en turbulencia.

Con efectos económicos pospandemia desastrosos en todo el continente, sistema cambiario dependiente de las exportaciones ilícitas en varios países, una no creíble erradicación de 130 mil hectáreas, un vórtice de violencia por cuenta de intereses narcos en Colombia y campañas populistas y antisistemas en progreso, el escenario para el desarrollo de la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia, no pinta fácil, pero es obligatorio asperjar ahora y con toda la fuerza posible, so pena de entregar el continente al crimen organizado transnacional, disfrazado de humanitario socialismo, de “progresismo”. Y por supuesto, habrá que implementar otras medidas que ataquen el sistema financiero de este emporio delictual.

Los cultivos ilícitos

Por Andrés de Bedout Jaramillo

Nada más dañino para las personas y para la sociedad, que los efectos de drogas como la cocaína, producida partiendo de las hojas de la mata de coca que, mezclada con químicos, genera un producto altamente adictivo, cuya dependencia tiene esclavos en todas partes del mundo y ha destruido personas y familias enteras.

La hoja de coca solita ancestralmente tiene propiedades medicinales que me da la impresión se han venido opacando, por las propiedades alucinógenas y adictivas que, mezclada con otros elementos, produce.

Ha crecido de tal manera el negocio de la cocaína, que incide representativamente en la economía de nuestro país, mayor productor de la materia prima fundamental para producir la droga maldita. Los dólares producidos por la cocaína terminan ayudando fuertemente en el torrente de la economía, escasa de dólares de las exportaciones del petróleo, por la estrepitosa caída en el consumo y precio.

Andrés Felipe Arias, construyó un documento que vale la pena mirar, para entender un poco lo que representa la cocaína en nuestra economía.

Nadie se atreve a una legalización individual de la hoja de coca, ni siquiera para efectos medicinales, como ya sucedió con el cannabis o marihuana, que después de darle muchas vueltas al asunto, se legalizaron sus cultivos para efectos medicinales. Lastimosamente no se aprovechó para meter los cultivos ya existentes al torrente formal de la economía, aprovechándolos como materias primas para efectos medicinales; entiendo que ya se tramita una ordenanza para generarle al Departamento de Antioquia, rentas con los cultivos y procesos del cannabis para efectos medicinales.

Pienso que de pronto la producción de hoja de coca es tan grande, que sería demasiada materia prima para los laboratorios de medicamentos, inclusive que ya se esté utilizando en la producción de algunas medicinas. Lo cierto es que la hoja de coca transformada en cocaína es el negocio informal, ilegal y destructivo, más rentable y dañino que se conoce hasta el momento.

Pero también pienso que hay tanto dinero alrededor de la cocaína y tantos sectores interesados en conservar el negocio en la ilegalidad y por ende en la informalidad, que legalizar la hoja de coca para efectos medicinales no será de la atención de los múltiples grupos interesados en mantener el estado actual de las cosas.

La economía informal, en un alto porcentaje, ilegal, tiene a la cocaína como su actor principal, al igual actividades formales y legales, como la industria cinematográfica, nacional y extranjera, discotecas y actividades turísticas. Se dice que es tan poderosa en la economía del negocio de la coca, que muchas empresas legales de la economía formal serán compradas y salvadas de la quiebra por la economía ilegal e informal de la coca.

La economía de la cocaína maneja territorios, donde no se permite la presencia del Estado, es más, territorios donde el Estado no se atreve a hacer presencia y de hacerla le toca hacerse el loco, el de la oreja mocha. Documentos de prensa local haciendo periodismo investigativo, han informado que, en más de 19 departamentos de Colombia, más de medio país, el tema del narcotráfico lo manejan antioqueños.

En pleno siglo 21, donde la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, los drones, etc. parece que, desde el punto de vista agrícola, ya se utilizan a la perfección los cultivos de coca y no los hemos podido utilizar eficientemente en los cultivos de alimentos que garanticen nuestra seguridad alimentaria, al parecer amenazada por las escasa resiembras de alimentos que las limitaciones de la pandemia y los bajos niveles de lluvias, afectarán nuestro autoabastecimiento en un futuro próximo.

Algo hay qué hacer con el campo, algo hay qué hacer con la hoja de coca, algo hay qué hacer con la auto sostenibilidad alimentaria, algo hay qué hacer con la economía informal e ilegal, que se le está pasando a la economía formal y legal, que después de esta pandemia quedará bien disminuida.

Cocaína: ¿estabilizador macroeconómico?

Por José Alvear Sanín*

Andrés Felipe Arias deja de lado toda referencia a la injusta condena y a la persecución de que ha sido objeto, para presentar al país un diagnóstico incontrovertible. Con el título de Cocaína: ¿estabilizador macroeconómico colombiano? (Bogotá: Universidad Sergio Arboleda; 2020. 70 p.). Su autor, con este estudio, académico, objetivo, sólido, preciso y bien sustentado, responde a ese interrogante con el lenguaje propio del economista profesional. Este paper, al mejor estilo anglosajón, escueto y sin adjetivos calificativos, invita al lector a sacar sus propias conclusiones.

Ante el hecho del choque brutal que para la economía mundial significó la caída del precio del crudo, que en 2014 se derrumbó de los US $ 100-110 hacia los US $ 50 por barril, se pregunta cómo fue que Colombia prácticamente no sufrió las consecuencias de la reducción de las exportaciones de su principal producto, que cayó de un promedio anual, entre 2010 y 2014, de US $ 27.591 millones, a US $ 13.878 millones entre 2015 y 2018. Esto significa nada menos que una reducción del 49.7 % de ese rubro, que no ha sido compensado por el crecimiento de ningún otro producto legal de exportación.

Vamos, pues, a completar una década bajo esta situación, pero el país no ha experimentado sus inevitables efectos en ningún aspecto. La vida económica sigue transcurriendo normalmente, porque, en muy buena parte, las exportaciones de cocaína han compensado la reducción de las petroleras…

Todos, de alguna manera, nos hemos dado cuenta de ese fenómeno, pero nos hemos acostumbrado a él. Faltaba entonces alguien capaz de analizarlo, cuantificarlo y de exigirnos tomar posición ante esta nueva estructura de nuestro comercio exterior.

Por la excepcional importancia de ese trabajo de impecable factura, sólida argumentación y fácil lectura, lo recomiendo vivamente, para seguir con algunas de las reflexiones que me hago después de analizarlo.

Andrés Felipe Arias ha respondido positivamente a su interrogante. En efecto, la cocaína es el estabilizador macroeconómico que permite mantener la gigantesca importación de alimentos, autos, insumos y los viajes baratos, pero que inhibe la recuperación industrial y la agricultura productiva moderna, única gran posibilidad futura, si algún día nos liberamos del predominio de la coca sobre la economía.

Después de este ensayo ya no será posible desconocer el dilema en que nos encontramos: volver a ser un estado de derecho económico o resignarnos a la condición de narcoestado.

Durante toda esta última década, los partidarios de la segunda opción han avanzado. Su ofensiva estratégica es permanente y bien financiada, mientras las fuerzas que podemos llamar democráticas ni siquiera se defienden de la capitulación ante las FARC. A lo sumo tienen el gobierno, pero carecen del poder, quizá porque el país depende ya absolutamente de las divisas generadas por el narcotráfico. El status quo político es demasiado frágil. Su horizonte se reduce a unos 30 meses, porque pronto habrá que escoger entre independizarnos de la droga o someternos definitivamente a ella.

Es tan aterrador el poder económico de la narcoindustria exportadora, que ya también tiene consumidores por todo el país, que sus actores sueñan con alcanzar el poder político total.

Detrás del odio por el petróleo y de la interdicción del fracking, hay un pensamiento atroz y lúcido que pocos captan: Si eliminamos los hidrocarburos, la nación quedará irremisiblemente arrodillada ente los estupefacientes.

He ahí la “economía verde” de Petro, pero sin máscara, puerta de entrada por donde “se va a la ciudad doliente”, como en Venezuela.

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El matoneo permanente, a partir del día de su posesión, contra el historiador Darío Acevedo Carmona, es también advertencia para que los demás empleados públicos no interfieran actividades preparatorias de la revolución.

Sensatez

Por Antonio Montoya H.*

En Colombia sus habitantes y ciudadanos polarizamos en todo, ya sea hablando de deporte, religión, mujeres, hombres, moda, política o planeaciones departamentales y municipales, por decir cualquier ejemplo. Revisando la historia de nuestro país, tanto lejana como reciente, pocas veces, o tal vez ninguna, hemos logrado un acuerdo mayoritario sobre lo fundamental. En su momento sucedió con el plebiscito del año 2016, decisión trascendental que pretendía avalar el acuerdo de paz y que, en contravía de la opinión política, perdió el SÍ y ganó el NO. Aun así, como ocurre casi siempre, al final reformaron algo y decidieron continuar con el proceso, el cual pese a todas las adversidades que ha tenido se debe mantener y así lo prometió el presidente Duque. Eso sí, se buscará vía reforma constitucional que a futuro el narcotráfico y el secuestro no sean delitos conexos al delito político y no afecte la paz. Así respetados lectores, van mutando las decisiones políticas, los acuerdos e interpretaciones, y al final nadie queda contento, se vuelve toda una colcha de retazos, micos por todas partes, y los legisladores campantes creando y reformando leyes innecesariamente.

Ahora, y nuevamente por causa de la decisión de la Corte del pasado 17 de julio del año en curso, se volvieron a revivir las disputas y opiniones sobre un tema de interés nacional, como es la búsqueda de mecanismos efectivos que permitan reducir la siembra de los cultivos ilícitos en Colombia, que están en el orden de 208 mil hectáreas sembradas, generando un grave problema social y político nacional e internacional.

Obviamente este incremento no es atribuible al gobierno del presidente Duque, sino a las consecuencias imperceptibles que se van presentando con el trascurrir de los días por causa del acuerdo de paz.

Vale la pena recordar que entre los años 1990 y 1994, siendo presidente de la República el doctor César Gaviria, se fumigaron con glifosato más de dos millones de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia; posteriormente, en el año 2014, se ordenó la suspensión de la fumigación aérea con glifosato y en el año 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes acató la decisión del alto tribunal y se insistió en la erradicación manual, que también genera riesgos para la vida por la forma en que quedan desprotegidos quienes realizan esa actividad y que pueden ser atacados por los bandidos.

No podemos dejar a un lado en esta discusión las afectaciones que se producen por la aspersión aérea contra la vida, tierras y cultivos de otra naturaleza. Por ello las entidades de salud, la misma Organización Mundial de la Salud, deben aportar el conocimiento científico y técnico que ayuden a que el estado colombiano actúe de una manera seria, efectiva pero respetuosa del medio ambiente y de la vida humana.

Dice la Corte en el fallo de la semana pasada que se podrá reanudar la aspersión aérea si una investigación científica “de forma objetiva y concluyente, demuestra ausencia de daño para la salud y el medio ambiente” dejando tal decisión en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes, reto inmenso para sus miembros, que deben actuar con sensatez, respeto por las comunidades, el medio ambiente y contra quienes promueven el cultivo ilícito para enriquecerse y perjudicar al país.

Lo que sí nos debe quedar claro es que el Estado debe combatir con todas sus fuerzas el flagelo del narcotráfico, causa de la violencia, de la degradación humana y de la proliferación de bandas criminales que ponen en jaque la institucionalidad.

En consecuencia, se debe continuar activamente con acciones múltiples y variadas para acabar con los cultivos ilícitos a través de la erradicación forzosa, la voluntaria, acuerdos con comunidades u otras alternativas eliminando todos los riesgos y recordando que el gran flagelo de nuestra sociedad es el narcotráfico, que es además el primer enemigo de la paz.

La tolerada minería ilegal

José Alvear Sanín*

Antes de tocar este tema digamos que, en la práctica, frente a los cultivos ilícitos se ha recorrido el camino que va de la tolerancia al fomento y de este a la legitimación. Si se puede cultivar legalmente una parcela de 3.5 hectáreas, si la aspersión aérea con glifosato le está prohibida al gobierno, si la erradicación tiene que ser voluntaria y pactada por escrito entre autoridades y cultivadores (y estos últimos sí pueden usar el Roundup para combatir las plagas), nada tiene de extraño que tengamos más de 200.000 hectáreas de coca; que representemos el 70% de la producción mundial de cocaína; que el narcotráfico rivalice con el petróleo por el primer lugar en las exportaciones; que sus jefes tengan garantizadas impunidad y curules; que sea el primer generador de divisas y que fije el tipo de cambio.

Esa enorme agroindustria fue deliberadamente defendida, protegida y estimulada durante la presidencia de Santos, y ahora se prepara judicialmente su legalización, porque si se autoriza por sentencia el consumo público de estupefacientes, aun en presencia de niños, esas sustancias no pueden seguir siendo prohibidas, porque, además —colijo— propician el “desarrollo de la personalidad” y su comercialización genera abundante empleo informal urbano.

Además, su gran mentor, el expresidente Santos, nuevamente se apresura a declarar que “como esa guerra se ha perdido”, procede la legalización de los psicotrópicos. Por eso me estremezco pensando que se prepara otro fallo torticero y perverso para completar la conversión de Colombia en un narcoestado pleno, siguiendo el derrotero de las fundaciones de Soros, que tienen a nuestro nobel de paz en su directorio. No es de extrañar la revelación del plan para “la industrialización de la coca como motor del futuro desarrollo de Colombia”, propuesto por los señores de la Open Society.

El camino recorrido desde la sentencia infame de Carlos Gaviria, pasando por la reciente de sus dos discípulas en la Corte Constitucional, hasta llegar a la banalización de la cocaína como droga menos perjudicial que el azúcar, es espeluznante. Con amplia base laboral, ingentes ingresos, amplia representación parlamentaria y patrocinio judicial, la narcoindustria va en camino de conquistar a Colombia, con las consecuencias de degradación en el interior y ostracismo internacional.

El auge y el desarrollo de esta terrible peste demuestran hasta dónde las FARC en sus dos vertientes, la bogotano-parlamentaria y la rural-armada, han llegado a dominar la política colombiana y a reducir a la impotencia al gobierno en esta área. ¡Por la paz hay que tolerar las actividades, droga y minería ilegal, donde las guerrillas tienen participación determinante, bien sea como productores o como protectores armados, solos o asociados a carteles mexicanos…!

Es conveniente repasar esta triste historia, no sea que de la tolerancia actual pasemos también a la legalización de la minería ilegal. La mitigación del impacto ambiental de la minería y la extracción de petróleo ha conducido a los estados a exigir la explotación técnica más avanzada de esos recursos. Pero, por desgracia, por su elevado costo, con frecuencia las multinacionales mineras y petroleras prefieren operar en países con laxas políticas ambientales. En Colombia, en vez de preocuparnos por la correcta explotación de esos recursos, se está imponiendo un clima contrario a toda gran minería de minerales e hidrocarburos, hasta llegar a predicarse la exclusión completa de fracking, en vez de exigir el sometimiento de esas explotaciones a las más rigurosas normas de protección ambiental.

La sustitución del petróleo por el aguacate es la fórmula infalible, seductoramente verde, para la futura y digna miseria en el paraíso colectivista. Paradójicamente, mientras se estigmatiza la gran minería que puede ser amigable con el entorno, nada se hace contra la producción “artesanal” del oro y el coltán, que, curiosamente, tienen el mismo patrocinio de las FARC y el ELN, lo que explica la tolerancia de los gobiernos frente a esa actividad depredadora.

Vastos territorios se han convertido en espantosos eriales y la vida ha desaparecido de ríos antes caudalosos y fecundos. De la combinación de la retroexcavadora con el mercurio y el arsénico depende la nueva gran industria minera de Colombia. Del oro hay muy pocos datos, mientras lo del coltán permanece en la más profunda oscuridad.

Nuestro país compite ahora con China e Indonesia por el primer lugar entre los países que ocasionan mayor contaminación por mercurio y arsénico.

En Londres, el presidente Duque acaba de declarar que es urgente combatir la minería ilegal. Como esa tolerancia no puede continuar, el combate debe ser contundente. Bastaría con destruir todos los equipos y detener a todos los mineros, en una operación súbita y fulgurante, antes de que los capos de esa mortífera y depredadora industria ordenen a sus amanuenses de las “altas cortes” que blinden la minería ilegal con garantías similares a las que rodean la narcoindustria.

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El Partido Verde debería llamarse Partido Sandía, porque apenas es verde por fuera pero por dentro es rojo. Eso explica su imperturbable silencio frente al crecimiento de los narcocultivos, el consumo de narcóticos y la degradación ambiental ocasionada por la destrucción de las selvas, la minería ilegal y el gigantesco derrame de crudo ocasionado por la voladura de oleoductos, todo esto en ejercicio del sagrado “derecho de rebelión”.