Entrevista con Alberto León Mejía Zuluaga

Nuestra entrevista de la semana es con el doctor Alberto León Mejía Zuluaga, ingeniero mecánico y empresario, con una gran experticia en distintos sectores de la economía, quien además de contarnos sus experiencias en el campo laboral, nos habla del manejo de tierras y la importancia que tiene para su apropiada explotación el acceso al agua.

Culminando sus estudios se vinculó con Tejicóndor y luego con Bancolombia. También se ha desempeñado como asesor independiente, director ejecutivo de Tierras y Ganados S. A., director de Unión de Bananeros de Urabá, de Simesa, asesor para el Banco de la República de Colombia en Medellín, delegado colombiano para el Comité Binacional Siderúrgico entre Colombia y Venezuela, miembro del grupo negociante colombiano del G3 (Colombia, México y Venezuela), director del equipo colombiano en el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA) en Chile y director en Landers S. A.

¿Cómo será nuestra futura agroindustria?

Por José Alvear Sanín*

Afortunadamente, el representante Juan Espinal reveló que en la ley del Plan Nacional de Desarrollo se había reglamentado completamente lo referente a la búsqueda y explotación de hidrocarburos no convencionales. A continuación, una magistral clase de derecho del doctor Fernando Londoño Hoyos despejó todas las dudas y demostró la incompetencia del Consejo de Estado para mantener la suspensión provisional (¿indefinida?) de las resoluciones que autorizaban el fracking.

Pocas horas después, esa corporación aclaraba que la suspensión que ellos acababan de mantener no cobijaba las “explotaciones piloto”, necesarias para determinar las condiciones que permiten explotar, vía fracking, yacimientos profundos de petróleo y gas natural, sin causar daño ambiental.

El oso monumental de esa “alta corte” aleja probablemente la amenaza sobre la industria petrolera, porque si empezamos ya la explotación de yacimientos no convencionales, el angustioso horizonte de cinco o seis años se despeja y Colombia podrá seguir siendo un país petrolero mediano.

Desde luego, lo anterior es apenas un respiro, porque, sin dejar los hidrocarburos, Colombia tiene que reducir su dependencia de los combustibles fósiles y diversificar su oferta exportadora varias veces.

En 2018 exportamos US $ 41 381 millones. El petróleo representó US $ 13 161 millones y el carbón, US $ 7 390 millones. Las manufacturas, US $ 11 324 millones. La agroindustria exportó US $ 7 301 millones. El café fue su principal renglón, con US $ 2 521 millones. Lo siguen las flores, con US $ 1 770 millones; el banano, US $ 866 millones, y el aceite de palma, con US $ 446 millones. Pobre el balance del sector, porque importamos US $ 6 980 millones de productos agropecuarios.

Si observamos que Holanda, por ejemplo, cuyo mediocre territorio cabe 38 veces en Colombia, es el primer exportador mundial de productos agroindustriales (US $ 90 000 millones), podemos darnos cuenta tanto de nuestro potencial como de nuestra inopia agropecuaria.

Las importaciones de Colombia, ese mismo año, valieron US $ 51 230 millones; y al enorme déficit comercial se añade uno en cuenta corriente, que ya representa el 4.6 % del PIB.

Por tanto, a la economía legal la espera un descalabro monumental, si no se corrigen estos desequilibrios estructurales, con la aparición de nuevas fuentes de divisas.

Nadie apuesta a la reindustrialización del país, de tal manera que hay que volver los ojos al campo, donde el potencial de Colombia es quizás el mayor del mundo. No hay otro país donde la frontera agrícola todavía pueda avanzar entre 25 y 30 millones de hectáreas, sin necesidad de talar la Amazonia, cuya protección, por desgracia, poco nos inquieta.

Ahora bien, frente a nuestro potencial agropecuario, la política “supraconstitucional” del Estado se ha convenido a través del NAF con las FARC, para orientarla en lo futuro hacia una concepción retrógrada, parcelaria en parte y en parte colectivista, que además odia la ganadería y de la que nada productivo puede esperarse.

Sin embargo, estamos viviendo en buena medida de otra potente agroindustria, la de los estupefacientes: mucha cocaína; algo, por ahora, de heroína y grandes expectativas en la marihuana, primero medicinal y luego recreativa. No sabemos cuánto rinde la exportación de sustancias psicotrópicas, ni cómo se reparten esas inmensas utilidades entre los carteles locales y sus asociados mexicanos, ni qué porcentaje se llevan los gobiernos cubano y venezolano, pero nadie ignora que en buena parte el narcotráfico es el sector más floreciente de la economía: financia el contrabando, genera empleo, explica la opulencia de centros comerciales y el lavado masivo de activos; mantiene bajo el tipo de cambio, que explica la facilidad de viajar, la abundancia de lo suntuario, lo poco rentable de la inversión local y la reducida propensión al ahorro.

Entonces, si no se corrigen estos grandes desequilibrios, el país cada vez dependerá en mayor medida de esa fatídica agroindustria y se consolidará el narcoestado.

Está haciendo carrera el rechazo de los hidrocarburos. Un seductor ecologismo sandía (rojo por dentro, verde por fuera), que jamás ha condenado la voladura de oleoductos, predica la transformación de nuestra economía hacia lo verde. El aguacate dizque podría reemplazar el petróleo y equilibrar nuestras finanzas. Es muy fácil denostar la falacia de Petro, porque ya se sabe que para sustituir el petróleo se necesitaría algo así como exportar 50 000 toneladas diarias de paltas, multiplicando docenas de veces la producción mundial de esa fruta; pero en la opinión va quedando un sedimento falaz, romántico y generoso, en contra del denostado “extractivismo”.

En un país donde se persigue la ganadería y no se promueve la gran agroindustria moderna, técnica, productiva y exportadora, se estimulan en cambio los espejismos del cannabis medicinal, mientras llega la legalización de la mal llamada marihuana recreativa.

Dos estudios recientes llaman la atención: Fedesarrollo calcula que, dentro de diez años, las exportaciones de cáñamo medicinal podrían llegar a US $ 2 741 millones, cifra poco verosímil, pero una flamante asociación de productores de esa planta hace pronósticos aun más fantásticos, de US $ 17 000 millones.

Si consideramos el proyecto de ley sobre “el marco normativo para regular el consumo, producción, distribución, comercialización y expendio de marihuana recreativa”, presentado el pasado 18 de septiembre por el senador Gustavo Bolívar y apoyado inmediatamente por Juan Manuel Santos, es decir, por las fundaciones de Soros, vemos cómo se va consolidando el modelo de una agroindustria “verde” de la coca, el cannabis y el aguacate, en vez de la de grandes sectores de ganadería, café, frutales, flores, banano, hortalizas, lechería, apicultura, maderables, forrajes, plantas medicinales, azúcar, maíz, y mil y más cosechas útiles para un mundo consumidor.

El país debe escoger qué clase de agroindustria quiere tener, para fundar sobre ella su futuro económico.

Desafortunadamente, pienso que el proyecto del nuevo Bolívar lleva las de ganar, por su populismo, por la aceptación de la fácil idea, engañosa y superficial, de que la legalización soluciona los problemas de la drogadicción y la violencia; y por el activismo de Soros, el principal interesado, personal y políticamente, en los inconmensurables proventos de la legalización planetaria de las drogas psicotrópicas.

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A continuación del fallo de la Corte Constitucional, que permite el consumo público de estupefacientes, la legalización de la marihuana se inscribe también dentro del plan de desestabilización social, moral y jurídica que requiere el avance revolucionario, estimulando nuevos factores de desorden público y deterioro sanitario.

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Si por aquí llueve, con el nuncio apoyando a la JEP y la as FARC, en Venezuela no escampa, cuando el representante del papa participa en la nueva farsa de negociación entre Maduro y algunos políticos tránsfugas de la oposición que le colaboran, mientras los obispos de ese país siguen rechazando esa tiranía.

La tolerada minería ilegal

José Alvear Sanín*

Antes de tocar este tema digamos que, en la práctica, frente a los cultivos ilícitos se ha recorrido el camino que va de la tolerancia al fomento y de este a la legitimación. Si se puede cultivar legalmente una parcela de 3.5 hectáreas, si la aspersión aérea con glifosato le está prohibida al gobierno, si la erradicación tiene que ser voluntaria y pactada por escrito entre autoridades y cultivadores (y estos últimos sí pueden usar el Roundup para combatir las plagas), nada tiene de extraño que tengamos más de 200.000 hectáreas de coca; que representemos el 70% de la producción mundial de cocaína; que el narcotráfico rivalice con el petróleo por el primer lugar en las exportaciones; que sus jefes tengan garantizadas impunidad y curules; que sea el primer generador de divisas y que fije el tipo de cambio.

Esa enorme agroindustria fue deliberadamente defendida, protegida y estimulada durante la presidencia de Santos, y ahora se prepara judicialmente su legalización, porque si se autoriza por sentencia el consumo público de estupefacientes, aun en presencia de niños, esas sustancias no pueden seguir siendo prohibidas, porque, además —colijo— propician el “desarrollo de la personalidad” y su comercialización genera abundante empleo informal urbano.

Además, su gran mentor, el expresidente Santos, nuevamente se apresura a declarar que “como esa guerra se ha perdido”, procede la legalización de los psicotrópicos. Por eso me estremezco pensando que se prepara otro fallo torticero y perverso para completar la conversión de Colombia en un narcoestado pleno, siguiendo el derrotero de las fundaciones de Soros, que tienen a nuestro nobel de paz en su directorio. No es de extrañar la revelación del plan para “la industrialización de la coca como motor del futuro desarrollo de Colombia”, propuesto por los señores de la Open Society.

El camino recorrido desde la sentencia infame de Carlos Gaviria, pasando por la reciente de sus dos discípulas en la Corte Constitucional, hasta llegar a la banalización de la cocaína como droga menos perjudicial que el azúcar, es espeluznante. Con amplia base laboral, ingentes ingresos, amplia representación parlamentaria y patrocinio judicial, la narcoindustria va en camino de conquistar a Colombia, con las consecuencias de degradación en el interior y ostracismo internacional.

El auge y el desarrollo de esta terrible peste demuestran hasta dónde las FARC en sus dos vertientes, la bogotano-parlamentaria y la rural-armada, han llegado a dominar la política colombiana y a reducir a la impotencia al gobierno en esta área. ¡Por la paz hay que tolerar las actividades, droga y minería ilegal, donde las guerrillas tienen participación determinante, bien sea como productores o como protectores armados, solos o asociados a carteles mexicanos…!

Es conveniente repasar esta triste historia, no sea que de la tolerancia actual pasemos también a la legalización de la minería ilegal. La mitigación del impacto ambiental de la minería y la extracción de petróleo ha conducido a los estados a exigir la explotación técnica más avanzada de esos recursos. Pero, por desgracia, por su elevado costo, con frecuencia las multinacionales mineras y petroleras prefieren operar en países con laxas políticas ambientales. En Colombia, en vez de preocuparnos por la correcta explotación de esos recursos, se está imponiendo un clima contrario a toda gran minería de minerales e hidrocarburos, hasta llegar a predicarse la exclusión completa de fracking, en vez de exigir el sometimiento de esas explotaciones a las más rigurosas normas de protección ambiental.

La sustitución del petróleo por el aguacate es la fórmula infalible, seductoramente verde, para la futura y digna miseria en el paraíso colectivista. Paradójicamente, mientras se estigmatiza la gran minería que puede ser amigable con el entorno, nada se hace contra la producción “artesanal” del oro y el coltán, que, curiosamente, tienen el mismo patrocinio de las FARC y el ELN, lo que explica la tolerancia de los gobiernos frente a esa actividad depredadora.

Vastos territorios se han convertido en espantosos eriales y la vida ha desaparecido de ríos antes caudalosos y fecundos. De la combinación de la retroexcavadora con el mercurio y el arsénico depende la nueva gran industria minera de Colombia. Del oro hay muy pocos datos, mientras lo del coltán permanece en la más profunda oscuridad.

Nuestro país compite ahora con China e Indonesia por el primer lugar entre los países que ocasionan mayor contaminación por mercurio y arsénico.

En Londres, el presidente Duque acaba de declarar que es urgente combatir la minería ilegal. Como esa tolerancia no puede continuar, el combate debe ser contundente. Bastaría con destruir todos los equipos y detener a todos los mineros, en una operación súbita y fulgurante, antes de que los capos de esa mortífera y depredadora industria ordenen a sus amanuenses de las “altas cortes” que blinden la minería ilegal con garantías similares a las que rodean la narcoindustria.

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El Partido Verde debería llamarse Partido Sandía, porque apenas es verde por fuera pero por dentro es rojo. Eso explica su imperturbable silencio frente al crecimiento de los narcocultivos, el consumo de narcóticos y la degradación ambiental ocasionada por la destrucción de las selvas, la minería ilegal y el gigantesco derrame de crudo ocasionado por la voladura de oleoductos, todo esto en ejercicio del sagrado “derecho de rebelión”.