¡Con P de pánico!

Por José Alvear Sanín*

No voy a acusar a tres de las ministras anunciadas por Petro, como causantes de pánico económico. Miremos el Artículo 302 del Código Penal, al que le falta precisión. Este condena desde 32 a 144 meses de prisión al que divulgue al público, o reproduzca en un medio, información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza o provocar el retiro de capitales nacionales o extranjeros.

Esa disposición se dictó hace años, cuando nadie pensaba en la llegada de un gobierno de extrema izquierda, lo que explica que solo se ocupe del pánico cambiario y nada diga de quienes afecten la confianza inversionista, paralicen los negocios o amenacen con sanciones confiscatorias a empresarios que actúan dentro del marco legal…

La triste realidad es que, haciendo anuncios de conformidad con el programa explícito de Petro, las ministras de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, han terminado de paralizar económicamente a un país ya suficientemente aturdido por la política petrolera y gasífera, que consiste en marchitar esas industrias vitales e imprescindibles.

Si nos limitamos entonces a la lectura del Artículo 302 —ya citado—, encontramos que paralizar la economía nacional no configura ningún delito. Después de reconocer ese hecho me bastará con decir que, tras de las declaraciones de esas entrantes funcionarias apenas se concreta el anuncio del cambio del modelo económico y social de la libre empresa, al estatismo, con el desmantelamiento de las empresas productivas.

En una semana las tres damas, que más que Erinnias son Parcas, han causado los siguientes estragos, siendo difícil saber cuál de ellos es el peor:

La ministra de Agricultura anuncia la aplicación de la Reforma Agraria pactada con las FARC en el “Acuerdo Final”. Esta se basa en el sofisma de que las tierras incultas se deben “democratizar”, forzando con impuestos arbitrarios y discriminatorios, es decir, de la manera menos democrática, la venta de los fundos al Estado, a cambio de bonos sin valor real.

Desconoce la ministra que, en estos tiempos de tanta sensibilidad ecológica, las tierras incultas son las de mayor importancia, porque conservan prístino el entorno, resguardan la biodiversidad, preservan el agua y multitud de especies animales y vegetales. Quien paga prediales para conservar terrenos incultos lo que merece es estímulo y protección. En cambio, forzar producciones que no demandan los mercados es una locura. Si Colombia cultivase todas sus tierras fértiles con los productos dizque adecuados ecológicamente a los distintos terrenos, en vez de alimentar al mundo, llenaría los basureros de cosechas sin la correspondiente demanda, que depende de los mercados y no de los burócratas.

Desde Lenin cultivan las izquierdas un odio visceral por los agricultores independientes, grandes o pequeños. Y, por tanto, para ellos es inapelable avanzar hacia la agricultura colectivista, que tanta hambre ocasionó en la URSS y China, y ahora impera en las famélicas Norcorea, Cuba y Venezuela.

Después de las declaraciones de la ministra López Montaño, ¿cuánto vale hoy una finca?, ¿y quién la compra?

La ministra de Salud anuncia el fin de la intermediación en la prestación de los servicios médico-asistenciales. Ella no puede ignorar que lo que funciona bien puede mejorar o empeorar, pero prefiere el camino de demoler el sistema, que viene mejorando desde hace décadas. Después de un salto al vacío, quiere arrancar de nuevo con la vieja aberración marxista que exige el monopolio público en los servicios de salud, sin importar el costo social o humano. Para ella no importa que nuestro sistema sea justamente recomendado por los expertos. Hay que estatizarlo para venerar el dogma.

La próxima responsable del Medio Ambiente rechaza la fumigación aérea con glifosato. Si es tóxico, lo es tanto en el cultivo de coca como en el cafetal, la huerta, la tomatera, el almácigo y el arrozal. Sin ese herbicida desaparece la agricultura de pan coger, a menos que el daño a combatir sea apenas selectivo y político.

Dando carta blanca a los cultivos de coca, se vislumbra un futuro afgano o birmano para un país sin petróleo, porque la ministra proscribe también el fracking, condenándolo a la ruina económica, en contraposición a lo que el valetudinario y provisional minhacienda afirma sobre la ineludible necesidad de explorar, extraer y exportar hidrocarburos.

Estas tres Parcas condenan a muerte los sectores que, por el contrario, deberían tutelar.

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Sigue subiendo el dólar. Nuestra divisa, en once días, se ha devaluado 13.51 %, a pesar de que, según parece, el Banco de la República está quemando reservas para evitar un descalabro mayor.

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“El economista que tiene corazón, a los 20 años es socialista, pero si sigue siéndolo a los 70, es porque carece de cerebro”

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Quiz: ¿Quién afirmó que no puede ser economista quien es socialista?

Vigía: la fumigación en Colombia aumentará la inseguridad regional

Por John Marulanda*

La suspensión de la fumigación aérea, con glifosato, a los cultivos ilícitos de coca y las trabas legales para un eventual reinicio de esta, gestionadas por Santos con sus cortes de bolsillo, fueron el pago inicial exigido por las FARC para comenzar el negociado de La Habana. Como consecuencia, pasamos de unas 60 mil a unas 200 mil hectáreas que tienen a Colombia y a la región en una penumbra transicional hacia un conjunto de Estados con el crimen organizado transnacional adueñado del poder político. Venezuela es el ejemplo. En medio del aturdimiento mediático por el arribo de las primeras vacunas contra el covid-19, el nuevo Mindefensa colombiano anunció el reinicio de las tales fumigaciones a los sembradíos que posicionan el país como el primer productor mundial de cocaína. Noticia gorda, aunque de horizonte impredecible: “en menos de 90 días estarían listas las condiciones establecidas por la Corte para la reanudación…”. dijo el funcionario. Antier, el Minjusticia dio a conocer esas muchas condiciones para el reinicio de la aspersión, suspendida desde el 2015. Y desde ya, el costo de la panela, cuya melaza se utiliza como antídoto, protección y reconstituyente de los plantíos fumigados, registra un aumento desproporcionado.

Un escenario complicado

Cuando se reinicie la aspersión aérea, ojalá en este gobierno, varios eventos ocurrirán.

Como la demanda por cocaína está al alza en Australia y el sudeste Pacífico, y Europa registra el mayor pico histórico de consumo, además con elevados porcentajes de pureza de la sustancia, cualquier reducción significativa en la producción colombiana, afectará el mercado global del estupefaciente, con secuelas económicas y de seguridad, es decir, políticas. Gobiernos que apoyan a Colombia en su lucha con el narcotráfico, entonces “mirarán con preocupación” los efectos sociales de la fumigación. Desde Europa y Estados Unidos, principales consumidores de cocaína, las izquierdas tildarán al gobierno de imprudente y en la región, “paren la fumigación” será el grito unísono de socialistas, maduristas, malinformados y oportunistas. Santos y su séquito internacional, utilizando la prensa tarifada, reactivarán el maniqueo dilema de amigos y enemigos de la paz.

Presionadas y amenazados por organizaciones criminales, mingas indígenas y otras comunidades, se movilizarán por todo el territorio nacional, realizando huelgas, protestas y bloqueos, sin importar las restricciones impuestas por la pandemia. Ya amenazó Samper: la fumigación traerá violencia, y él de eso tiene porqué saber. Con las movilizaciones, entonces, vendrán incidentes violentos con posibles fatalidades que se cargarán, claro, a la fuerza pública que, según la última encuesta de Invamer, es la institución con mayor confiabilidad en Colombia, lo cual es un tropiezo en la estrategia del Foro de Sao Paulo y los planes del Grupo de Puebla para la reconquista del poder regional. Se arreciará entonces, el asedio mediático contra el ejército y la policía, en cabeza de Vivanco y otros desde afuera, Cepeda y otros desde adentro, insistiendo en erosionar la imagen de los uniformados ante la opinión pública, debilitar su moral interna y torpedear sus capacidades operacionales.

Venezuela y Ecuador

Los grupos armados transnacionales FARC y ELN, financiados por el narcotráfico y la minería ilegal, reacomodarán sus actuales dinámicas financieras, lo que conducirá a nuevas alianzas y rupturas, acuerdos y enfrentamientos, besos y puñaladas, especialmente en las regiones fronterizas con Ecuador y Venezuela.

Venezuela, desde donde vuela la cocaína rumbo al Caribe y al mercado norteamericano, verá un incremento en su violencia urbana y en sus estados fronterizos en donde elenos y farianos mercadean el psicoactivo colombiano con las organizaciones criminales internacionales, especialmente las mexicanas. Constreñidos en su dinámica comercial por reducción o escasez del producto, presionarán por otros métodos conocidos de financiación: extorsión y secuestro, oro y coltán más caros, etcétera… La corrupción aumentará su calado. El gobierno madurista, que se frota las manos con este escenario revuelto, sentirá a plenitud lo que es aliarse con el diablo, que le pasará una cuenta de cobro muy dolorosa.

Ante una demanda que no da trazas de mermar, cualquier disminución efectiva en la oferta de cocaína colombiana, disparará la producción en los países vecinos. Perú, segundo productor mundial, accederá fácilmente al primer lugar; Bolivia aumentará la producción residual de sus “catos”; Ecuador y Venezuela verán incrementos de cultivos, cocinas y laboratorios en su territorio. La quejumbre por la decisión de Bogotá, se oirá en toda la región. Estas perspectivas por supuesto que serán útiles a los intereses geoestratégicos de China, que fusila las “mulas” colombianas y de Rusia e Irán que aplaudirán una frontera cercana a US en turbulencia.

Con efectos económicos pospandemia desastrosos en todo el continente, sistema cambiario dependiente de las exportaciones ilícitas en varios países, una no creíble erradicación de 130 mil hectáreas, un vórtice de violencia por cuenta de intereses narcos en Colombia y campañas populistas y antisistemas en progreso, el escenario para el desarrollo de la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia, no pinta fácil, pero es obligatorio asperjar ahora y con toda la fuerza posible, so pena de entregar el continente al crimen organizado transnacional, disfrazado de humanitario socialismo, de “progresismo”. Y por supuesto, habrá que implementar otras medidas que ataquen el sistema financiero de este emporio delictual.

Sensatez

Por Antonio Montoya H.*

En Colombia sus habitantes y ciudadanos polarizamos en todo, ya sea hablando de deporte, religión, mujeres, hombres, moda, política o planeaciones departamentales y municipales, por decir cualquier ejemplo. Revisando la historia de nuestro país, tanto lejana como reciente, pocas veces, o tal vez ninguna, hemos logrado un acuerdo mayoritario sobre lo fundamental. En su momento sucedió con el plebiscito del año 2016, decisión trascendental que pretendía avalar el acuerdo de paz y que, en contravía de la opinión política, perdió el SÍ y ganó el NO. Aun así, como ocurre casi siempre, al final reformaron algo y decidieron continuar con el proceso, el cual pese a todas las adversidades que ha tenido se debe mantener y así lo prometió el presidente Duque. Eso sí, se buscará vía reforma constitucional que a futuro el narcotráfico y el secuestro no sean delitos conexos al delito político y no afecte la paz. Así respetados lectores, van mutando las decisiones políticas, los acuerdos e interpretaciones, y al final nadie queda contento, se vuelve toda una colcha de retazos, micos por todas partes, y los legisladores campantes creando y reformando leyes innecesariamente.

Ahora, y nuevamente por causa de la decisión de la Corte del pasado 17 de julio del año en curso, se volvieron a revivir las disputas y opiniones sobre un tema de interés nacional, como es la búsqueda de mecanismos efectivos que permitan reducir la siembra de los cultivos ilícitos en Colombia, que están en el orden de 208 mil hectáreas sembradas, generando un grave problema social y político nacional e internacional.

Obviamente este incremento no es atribuible al gobierno del presidente Duque, sino a las consecuencias imperceptibles que se van presentando con el trascurrir de los días por causa del acuerdo de paz.

Vale la pena recordar que entre los años 1990 y 1994, siendo presidente de la República el doctor César Gaviria, se fumigaron con glifosato más de dos millones de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia; posteriormente, en el año 2014, se ordenó la suspensión de la fumigación aérea con glifosato y en el año 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes acató la decisión del alto tribunal y se insistió en la erradicación manual, que también genera riesgos para la vida por la forma en que quedan desprotegidos quienes realizan esa actividad y que pueden ser atacados por los bandidos.

No podemos dejar a un lado en esta discusión las afectaciones que se producen por la aspersión aérea contra la vida, tierras y cultivos de otra naturaleza. Por ello las entidades de salud, la misma Organización Mundial de la Salud, deben aportar el conocimiento científico y técnico que ayuden a que el estado colombiano actúe de una manera seria, efectiva pero respetuosa del medio ambiente y de la vida humana.

Dice la Corte en el fallo de la semana pasada que se podrá reanudar la aspersión aérea si una investigación científica “de forma objetiva y concluyente, demuestra ausencia de daño para la salud y el medio ambiente” dejando tal decisión en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes, reto inmenso para sus miembros, que deben actuar con sensatez, respeto por las comunidades, el medio ambiente y contra quienes promueven el cultivo ilícito para enriquecerse y perjudicar al país.

Lo que sí nos debe quedar claro es que el Estado debe combatir con todas sus fuerzas el flagelo del narcotráfico, causa de la violencia, de la degradación humana y de la proliferación de bandas criminales que ponen en jaque la institucionalidad.

En consecuencia, se debe continuar activamente con acciones múltiples y variadas para acabar con los cultivos ilícitos a través de la erradicación forzosa, la voluntaria, acuerdos con comunidades u otras alternativas eliminando todos los riesgos y recordando que el gran flagelo de nuestra sociedad es el narcotráfico, que es además el primer enemigo de la paz.

La tolerada minería ilegal

José Alvear Sanín*

Antes de tocar este tema digamos que, en la práctica, frente a los cultivos ilícitos se ha recorrido el camino que va de la tolerancia al fomento y de este a la legitimación. Si se puede cultivar legalmente una parcela de 3.5 hectáreas, si la aspersión aérea con glifosato le está prohibida al gobierno, si la erradicación tiene que ser voluntaria y pactada por escrito entre autoridades y cultivadores (y estos últimos sí pueden usar el Roundup para combatir las plagas), nada tiene de extraño que tengamos más de 200.000 hectáreas de coca; que representemos el 70% de la producción mundial de cocaína; que el narcotráfico rivalice con el petróleo por el primer lugar en las exportaciones; que sus jefes tengan garantizadas impunidad y curules; que sea el primer generador de divisas y que fije el tipo de cambio.

Esa enorme agroindustria fue deliberadamente defendida, protegida y estimulada durante la presidencia de Santos, y ahora se prepara judicialmente su legalización, porque si se autoriza por sentencia el consumo público de estupefacientes, aun en presencia de niños, esas sustancias no pueden seguir siendo prohibidas, porque, además —colijo— propician el “desarrollo de la personalidad” y su comercialización genera abundante empleo informal urbano.

Además, su gran mentor, el expresidente Santos, nuevamente se apresura a declarar que “como esa guerra se ha perdido”, procede la legalización de los psicotrópicos. Por eso me estremezco pensando que se prepara otro fallo torticero y perverso para completar la conversión de Colombia en un narcoestado pleno, siguiendo el derrotero de las fundaciones de Soros, que tienen a nuestro nobel de paz en su directorio. No es de extrañar la revelación del plan para “la industrialización de la coca como motor del futuro desarrollo de Colombia”, propuesto por los señores de la Open Society.

El camino recorrido desde la sentencia infame de Carlos Gaviria, pasando por la reciente de sus dos discípulas en la Corte Constitucional, hasta llegar a la banalización de la cocaína como droga menos perjudicial que el azúcar, es espeluznante. Con amplia base laboral, ingentes ingresos, amplia representación parlamentaria y patrocinio judicial, la narcoindustria va en camino de conquistar a Colombia, con las consecuencias de degradación en el interior y ostracismo internacional.

El auge y el desarrollo de esta terrible peste demuestran hasta dónde las FARC en sus dos vertientes, la bogotano-parlamentaria y la rural-armada, han llegado a dominar la política colombiana y a reducir a la impotencia al gobierno en esta área. ¡Por la paz hay que tolerar las actividades, droga y minería ilegal, donde las guerrillas tienen participación determinante, bien sea como productores o como protectores armados, solos o asociados a carteles mexicanos…!

Es conveniente repasar esta triste historia, no sea que de la tolerancia actual pasemos también a la legalización de la minería ilegal. La mitigación del impacto ambiental de la minería y la extracción de petróleo ha conducido a los estados a exigir la explotación técnica más avanzada de esos recursos. Pero, por desgracia, por su elevado costo, con frecuencia las multinacionales mineras y petroleras prefieren operar en países con laxas políticas ambientales. En Colombia, en vez de preocuparnos por la correcta explotación de esos recursos, se está imponiendo un clima contrario a toda gran minería de minerales e hidrocarburos, hasta llegar a predicarse la exclusión completa de fracking, en vez de exigir el sometimiento de esas explotaciones a las más rigurosas normas de protección ambiental.

La sustitución del petróleo por el aguacate es la fórmula infalible, seductoramente verde, para la futura y digna miseria en el paraíso colectivista. Paradójicamente, mientras se estigmatiza la gran minería que puede ser amigable con el entorno, nada se hace contra la producción “artesanal” del oro y el coltán, que, curiosamente, tienen el mismo patrocinio de las FARC y el ELN, lo que explica la tolerancia de los gobiernos frente a esa actividad depredadora.

Vastos territorios se han convertido en espantosos eriales y la vida ha desaparecido de ríos antes caudalosos y fecundos. De la combinación de la retroexcavadora con el mercurio y el arsénico depende la nueva gran industria minera de Colombia. Del oro hay muy pocos datos, mientras lo del coltán permanece en la más profunda oscuridad.

Nuestro país compite ahora con China e Indonesia por el primer lugar entre los países que ocasionan mayor contaminación por mercurio y arsénico.

En Londres, el presidente Duque acaba de declarar que es urgente combatir la minería ilegal. Como esa tolerancia no puede continuar, el combate debe ser contundente. Bastaría con destruir todos los equipos y detener a todos los mineros, en una operación súbita y fulgurante, antes de que los capos de esa mortífera y depredadora industria ordenen a sus amanuenses de las “altas cortes” que blinden la minería ilegal con garantías similares a las que rodean la narcoindustria.

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El Partido Verde debería llamarse Partido Sandía, porque apenas es verde por fuera pero por dentro es rojo. Eso explica su imperturbable silencio frente al crecimiento de los narcocultivos, el consumo de narcóticos y la degradación ambiental ocasionada por la destrucción de las selvas, la minería ilegal y el gigantesco derrame de crudo ocasionado por la voladura de oleoductos, todo esto en ejercicio del sagrado “derecho de rebelión”.