¡Con P de pánico!

Por José Alvear Sanín*

No voy a acusar a tres de las ministras anunciadas por Petro, como causantes de pánico económico. Miremos el Artículo 302 del Código Penal, al que le falta precisión. Este condena desde 32 a 144 meses de prisión al que divulgue al público, o reproduzca en un medio, información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza o provocar el retiro de capitales nacionales o extranjeros.

Esa disposición se dictó hace años, cuando nadie pensaba en la llegada de un gobierno de extrema izquierda, lo que explica que solo se ocupe del pánico cambiario y nada diga de quienes afecten la confianza inversionista, paralicen los negocios o amenacen con sanciones confiscatorias a empresarios que actúan dentro del marco legal…

La triste realidad es que, haciendo anuncios de conformidad con el programa explícito de Petro, las ministras de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, han terminado de paralizar económicamente a un país ya suficientemente aturdido por la política petrolera y gasífera, que consiste en marchitar esas industrias vitales e imprescindibles.

Si nos limitamos entonces a la lectura del Artículo 302 —ya citado—, encontramos que paralizar la economía nacional no configura ningún delito. Después de reconocer ese hecho me bastará con decir que, tras de las declaraciones de esas entrantes funcionarias apenas se concreta el anuncio del cambio del modelo económico y social de la libre empresa, al estatismo, con el desmantelamiento de las empresas productivas.

En una semana las tres damas, que más que Erinnias son Parcas, han causado los siguientes estragos, siendo difícil saber cuál de ellos es el peor:

La ministra de Agricultura anuncia la aplicación de la Reforma Agraria pactada con las FARC en el “Acuerdo Final”. Esta se basa en el sofisma de que las tierras incultas se deben “democratizar”, forzando con impuestos arbitrarios y discriminatorios, es decir, de la manera menos democrática, la venta de los fundos al Estado, a cambio de bonos sin valor real.

Desconoce la ministra que, en estos tiempos de tanta sensibilidad ecológica, las tierras incultas son las de mayor importancia, porque conservan prístino el entorno, resguardan la biodiversidad, preservan el agua y multitud de especies animales y vegetales. Quien paga prediales para conservar terrenos incultos lo que merece es estímulo y protección. En cambio, forzar producciones que no demandan los mercados es una locura. Si Colombia cultivase todas sus tierras fértiles con los productos dizque adecuados ecológicamente a los distintos terrenos, en vez de alimentar al mundo, llenaría los basureros de cosechas sin la correspondiente demanda, que depende de los mercados y no de los burócratas.

Desde Lenin cultivan las izquierdas un odio visceral por los agricultores independientes, grandes o pequeños. Y, por tanto, para ellos es inapelable avanzar hacia la agricultura colectivista, que tanta hambre ocasionó en la URSS y China, y ahora impera en las famélicas Norcorea, Cuba y Venezuela.

Después de las declaraciones de la ministra López Montaño, ¿cuánto vale hoy una finca?, ¿y quién la compra?

La ministra de Salud anuncia el fin de la intermediación en la prestación de los servicios médico-asistenciales. Ella no puede ignorar que lo que funciona bien puede mejorar o empeorar, pero prefiere el camino de demoler el sistema, que viene mejorando desde hace décadas. Después de un salto al vacío, quiere arrancar de nuevo con la vieja aberración marxista que exige el monopolio público en los servicios de salud, sin importar el costo social o humano. Para ella no importa que nuestro sistema sea justamente recomendado por los expertos. Hay que estatizarlo para venerar el dogma.

La próxima responsable del Medio Ambiente rechaza la fumigación aérea con glifosato. Si es tóxico, lo es tanto en el cultivo de coca como en el cafetal, la huerta, la tomatera, el almácigo y el arrozal. Sin ese herbicida desaparece la agricultura de pan coger, a menos que el daño a combatir sea apenas selectivo y político.

Dando carta blanca a los cultivos de coca, se vislumbra un futuro afgano o birmano para un país sin petróleo, porque la ministra proscribe también el fracking, condenándolo a la ruina económica, en contraposición a lo que el valetudinario y provisional minhacienda afirma sobre la ineludible necesidad de explorar, extraer y exportar hidrocarburos.

Estas tres Parcas condenan a muerte los sectores que, por el contrario, deberían tutelar.

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Sigue subiendo el dólar. Nuestra divisa, en once días, se ha devaluado 13.51 %, a pesar de que, según parece, el Banco de la República está quemando reservas para evitar un descalabro mayor.

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“El economista que tiene corazón, a los 20 años es socialista, pero si sigue siéndolo a los 70, es porque carece de cerebro”

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Quiz: ¿Quién afirmó que no puede ser economista quien es socialista?

Cocaína: ¿estabilizador macroeconómico?

Por José Alvear Sanín*

Andrés Felipe Arias deja de lado toda referencia a la injusta condena y a la persecución de que ha sido objeto, para presentar al país un diagnóstico incontrovertible. Con el título de Cocaína: ¿estabilizador macroeconómico colombiano? (Bogotá: Universidad Sergio Arboleda; 2020. 70 p.). Su autor, con este estudio, académico, objetivo, sólido, preciso y bien sustentado, responde a ese interrogante con el lenguaje propio del economista profesional. Este paper, al mejor estilo anglosajón, escueto y sin adjetivos calificativos, invita al lector a sacar sus propias conclusiones.

Ante el hecho del choque brutal que para la economía mundial significó la caída del precio del crudo, que en 2014 se derrumbó de los US $ 100-110 hacia los US $ 50 por barril, se pregunta cómo fue que Colombia prácticamente no sufrió las consecuencias de la reducción de las exportaciones de su principal producto, que cayó de un promedio anual, entre 2010 y 2014, de US $ 27.591 millones, a US $ 13.878 millones entre 2015 y 2018. Esto significa nada menos que una reducción del 49.7 % de ese rubro, que no ha sido compensado por el crecimiento de ningún otro producto legal de exportación.

Vamos, pues, a completar una década bajo esta situación, pero el país no ha experimentado sus inevitables efectos en ningún aspecto. La vida económica sigue transcurriendo normalmente, porque, en muy buena parte, las exportaciones de cocaína han compensado la reducción de las petroleras…

Todos, de alguna manera, nos hemos dado cuenta de ese fenómeno, pero nos hemos acostumbrado a él. Faltaba entonces alguien capaz de analizarlo, cuantificarlo y de exigirnos tomar posición ante esta nueva estructura de nuestro comercio exterior.

Por la excepcional importancia de ese trabajo de impecable factura, sólida argumentación y fácil lectura, lo recomiendo vivamente, para seguir con algunas de las reflexiones que me hago después de analizarlo.

Andrés Felipe Arias ha respondido positivamente a su interrogante. En efecto, la cocaína es el estabilizador macroeconómico que permite mantener la gigantesca importación de alimentos, autos, insumos y los viajes baratos, pero que inhibe la recuperación industrial y la agricultura productiva moderna, única gran posibilidad futura, si algún día nos liberamos del predominio de la coca sobre la economía.

Después de este ensayo ya no será posible desconocer el dilema en que nos encontramos: volver a ser un estado de derecho económico o resignarnos a la condición de narcoestado.

Durante toda esta última década, los partidarios de la segunda opción han avanzado. Su ofensiva estratégica es permanente y bien financiada, mientras las fuerzas que podemos llamar democráticas ni siquiera se defienden de la capitulación ante las FARC. A lo sumo tienen el gobierno, pero carecen del poder, quizá porque el país depende ya absolutamente de las divisas generadas por el narcotráfico. El status quo político es demasiado frágil. Su horizonte se reduce a unos 30 meses, porque pronto habrá que escoger entre independizarnos de la droga o someternos definitivamente a ella.

Es tan aterrador el poder económico de la narcoindustria exportadora, que ya también tiene consumidores por todo el país, que sus actores sueñan con alcanzar el poder político total.

Detrás del odio por el petróleo y de la interdicción del fracking, hay un pensamiento atroz y lúcido que pocos captan: Si eliminamos los hidrocarburos, la nación quedará irremisiblemente arrodillada ente los estupefacientes.

He ahí la “economía verde” de Petro, pero sin máscara, puerta de entrada por donde “se va a la ciudad doliente”, como en Venezuela.

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El matoneo permanente, a partir del día de su posesión, contra el historiador Darío Acevedo Carmona, es también advertencia para que los demás empleados públicos no interfieran actividades preparatorias de la revolución.

¿Cómo será nuestra futura agroindustria?

Por José Alvear Sanín*

Afortunadamente, el representante Juan Espinal reveló que en la ley del Plan Nacional de Desarrollo se había reglamentado completamente lo referente a la búsqueda y explotación de hidrocarburos no convencionales. A continuación, una magistral clase de derecho del doctor Fernando Londoño Hoyos despejó todas las dudas y demostró la incompetencia del Consejo de Estado para mantener la suspensión provisional (¿indefinida?) de las resoluciones que autorizaban el fracking.

Pocas horas después, esa corporación aclaraba que la suspensión que ellos acababan de mantener no cobijaba las “explotaciones piloto”, necesarias para determinar las condiciones que permiten explotar, vía fracking, yacimientos profundos de petróleo y gas natural, sin causar daño ambiental.

El oso monumental de esa “alta corte” aleja probablemente la amenaza sobre la industria petrolera, porque si empezamos ya la explotación de yacimientos no convencionales, el angustioso horizonte de cinco o seis años se despeja y Colombia podrá seguir siendo un país petrolero mediano.

Desde luego, lo anterior es apenas un respiro, porque, sin dejar los hidrocarburos, Colombia tiene que reducir su dependencia de los combustibles fósiles y diversificar su oferta exportadora varias veces.

En 2018 exportamos US $ 41 381 millones. El petróleo representó US $ 13 161 millones y el carbón, US $ 7 390 millones. Las manufacturas, US $ 11 324 millones. La agroindustria exportó US $ 7 301 millones. El café fue su principal renglón, con US $ 2 521 millones. Lo siguen las flores, con US $ 1 770 millones; el banano, US $ 866 millones, y el aceite de palma, con US $ 446 millones. Pobre el balance del sector, porque importamos US $ 6 980 millones de productos agropecuarios.

Si observamos que Holanda, por ejemplo, cuyo mediocre territorio cabe 38 veces en Colombia, es el primer exportador mundial de productos agroindustriales (US $ 90 000 millones), podemos darnos cuenta tanto de nuestro potencial como de nuestra inopia agropecuaria.

Las importaciones de Colombia, ese mismo año, valieron US $ 51 230 millones; y al enorme déficit comercial se añade uno en cuenta corriente, que ya representa el 4.6 % del PIB.

Por tanto, a la economía legal la espera un descalabro monumental, si no se corrigen estos desequilibrios estructurales, con la aparición de nuevas fuentes de divisas.

Nadie apuesta a la reindustrialización del país, de tal manera que hay que volver los ojos al campo, donde el potencial de Colombia es quizás el mayor del mundo. No hay otro país donde la frontera agrícola todavía pueda avanzar entre 25 y 30 millones de hectáreas, sin necesidad de talar la Amazonia, cuya protección, por desgracia, poco nos inquieta.

Ahora bien, frente a nuestro potencial agropecuario, la política “supraconstitucional” del Estado se ha convenido a través del NAF con las FARC, para orientarla en lo futuro hacia una concepción retrógrada, parcelaria en parte y en parte colectivista, que además odia la ganadería y de la que nada productivo puede esperarse.

Sin embargo, estamos viviendo en buena medida de otra potente agroindustria, la de los estupefacientes: mucha cocaína; algo, por ahora, de heroína y grandes expectativas en la marihuana, primero medicinal y luego recreativa. No sabemos cuánto rinde la exportación de sustancias psicotrópicas, ni cómo se reparten esas inmensas utilidades entre los carteles locales y sus asociados mexicanos, ni qué porcentaje se llevan los gobiernos cubano y venezolano, pero nadie ignora que en buena parte el narcotráfico es el sector más floreciente de la economía: financia el contrabando, genera empleo, explica la opulencia de centros comerciales y el lavado masivo de activos; mantiene bajo el tipo de cambio, que explica la facilidad de viajar, la abundancia de lo suntuario, lo poco rentable de la inversión local y la reducida propensión al ahorro.

Entonces, si no se corrigen estos grandes desequilibrios, el país cada vez dependerá en mayor medida de esa fatídica agroindustria y se consolidará el narcoestado.

Está haciendo carrera el rechazo de los hidrocarburos. Un seductor ecologismo sandía (rojo por dentro, verde por fuera), que jamás ha condenado la voladura de oleoductos, predica la transformación de nuestra economía hacia lo verde. El aguacate dizque podría reemplazar el petróleo y equilibrar nuestras finanzas. Es muy fácil denostar la falacia de Petro, porque ya se sabe que para sustituir el petróleo se necesitaría algo así como exportar 50 000 toneladas diarias de paltas, multiplicando docenas de veces la producción mundial de esa fruta; pero en la opinión va quedando un sedimento falaz, romántico y generoso, en contra del denostado “extractivismo”.

En un país donde se persigue la ganadería y no se promueve la gran agroindustria moderna, técnica, productiva y exportadora, se estimulan en cambio los espejismos del cannabis medicinal, mientras llega la legalización de la mal llamada marihuana recreativa.

Dos estudios recientes llaman la atención: Fedesarrollo calcula que, dentro de diez años, las exportaciones de cáñamo medicinal podrían llegar a US $ 2 741 millones, cifra poco verosímil, pero una flamante asociación de productores de esa planta hace pronósticos aun más fantásticos, de US $ 17 000 millones.

Si consideramos el proyecto de ley sobre “el marco normativo para regular el consumo, producción, distribución, comercialización y expendio de marihuana recreativa”, presentado el pasado 18 de septiembre por el senador Gustavo Bolívar y apoyado inmediatamente por Juan Manuel Santos, es decir, por las fundaciones de Soros, vemos cómo se va consolidando el modelo de una agroindustria “verde” de la coca, el cannabis y el aguacate, en vez de la de grandes sectores de ganadería, café, frutales, flores, banano, hortalizas, lechería, apicultura, maderables, forrajes, plantas medicinales, azúcar, maíz, y mil y más cosechas útiles para un mundo consumidor.

El país debe escoger qué clase de agroindustria quiere tener, para fundar sobre ella su futuro económico.

Desafortunadamente, pienso que el proyecto del nuevo Bolívar lleva las de ganar, por su populismo, por la aceptación de la fácil idea, engañosa y superficial, de que la legalización soluciona los problemas de la drogadicción y la violencia; y por el activismo de Soros, el principal interesado, personal y políticamente, en los inconmensurables proventos de la legalización planetaria de las drogas psicotrópicas.

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A continuación del fallo de la Corte Constitucional, que permite el consumo público de estupefacientes, la legalización de la marihuana se inscribe también dentro del plan de desestabilización social, moral y jurídica que requiere el avance revolucionario, estimulando nuevos factores de desorden público y deterioro sanitario.

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Si por aquí llueve, con el nuncio apoyando a la JEP y la as FARC, en Venezuela no escampa, cuando el representante del papa participa en la nueva farsa de negociación entre Maduro y algunos políticos tránsfugas de la oposición que le colaboran, mientras los obispos de ese país siguen rechazando esa tiranía.

Petróleo (oro negro)

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

Este recurso natural no renovable, súper contaminante desde su extracción hasta su utilización, fuente de energía en vía de extinción, ha sido el factor de enriquecimiento desproporcionado de unos pocos; a su vez, medio de subsistencia de los países productores; es más, la economía colombiana tiene una muy alta dependencia de las exportaciones de este mineral, inclusive la tendencia en estos momentos es a que su precio suba.

Desafortunadamente los grupos guerrilleros, paramilitares y demás bandas al margen de la ley, criminales que en última instancia obedecen al narcotráfico y a las fuerzas paralelas a las del Estado, como lo establecen los objetivos del partido comunista, están utilizando el petróleo, luego de procesarlo en refinerías clandestinas, como insumo de primer orden en los laboratorios de producción de cocaína. Todo esto lo disfrazan con las voladuras al oleoducto que atraviesa buena parte del país, con afectaciones ecológicas, sociales y económicas muy graves; aun así, Ecopetrol genera utilidades; ¿cómo sería si se lograra un acuerdo con el ELN?

El agotamiento físico de las reservas, el descubrimiento de otras fuentes para producir energía, la necesidad de cuidar el medio ambiente, hacen que el petróleo tienda a desaparecer en un corto, de pronto, mediano plazo. Claro que eso mismo pensaba yo con el carbón, hace unos 30 años, cuando nos correspondió manejar minas de socavón para la extracción de este mineral, hoy súper demandado por las grandes potencias que todavía lo utilizan en su generación de energía.

Colombia debe aprovechar las pocas reservas que le quedan, así sea utilizando el fracking, con responsabilidad ambiental total. Las autoridades ambientales deben hacer una revisión minuciosa del cumplimiento de las normas ambientales en todas las explotaciones petroleras en nuestro país. Son muchas las denuncias de las comunidades sobre las afectaciones en sus territorios con dichas explotaciones y aquí no estamos hablando de que los afectados sean de izquierda o infiltrados, son afectados en su patrimonio y en su medio ambiente, circunstancias de fácil medición cuando hay voluntad de hacerlo. Todos los explotadores de petróleo se tienen que dar la pela, dejar la codicia, invertir en todas las medidas de mitigación; no se la pueden ganar toda y dejar embaladas a las comunidades con los problemas ambientales que generan.

Definitivamente, si las medidas de mitigación ambiental resultan tan costosas, que no permitan el cierre financiero del fracking, no se podrá explotar ese petróleo y no se pueden permitir ningún tipo de esguinces que terminen afectando los acuíferos, y por ende a las comunidades, para hacer que los proyectos cuenten con cierre financiero.

La codicia sin hígados, así genere muchas utilidades para muy pocos que se puedan justificar con impuestos y regalías, dejan miles de hectáreas inutilizadas y a sus dueños en la miseria, totalmente desamparados, y más si se trata de comunidades pobres y olvidadas.

De aquí la importancia de que sean empresas del estado, o por lo menos de economía mixta con mayoría de capital público, las que puedan adelantar este tipo de proyectos. No hay cuña que apriete más que la del mismo palo, en este tipo de empresas, el cumplimiento de las normas ambientales por parte de sus administradores tiene que ser al pie de la letra, so pena de sanciones que pueden generar acciones de repetición que afectan sus propios patrimonios; además, las entidades de vigilancia y control quedan por fuera de la posibilidad de que sus funcionarios sean comprados para hacerse los de la oreja mocha o desviar investigaciones. No es sino mirar como le han caído a las EPM todas las autoridades de vigilancia y control, por el tema de Hidroituango.

En YouTube encontramos la historia de los países árabes y las riquezas de los jeques y sus inmensas familias, en países que eran absolutamente pobres y hoy, gracias al petróleo, son inmensamente ricos, entre comillas, porque gran cantidad de su población vive en condiciones precarias de pobreza y unos pocos en una riqueza que les permite en sus colecciones de automotores de alta gama, carros y motos forrados en diamantes, palacios y aviones  forrados en oro; en fin, una cantidad de  excentricidades  obscenas, que, gracias a la codicia, no permiten que esos recursos mal utilizados se inviertan en el bienestar de las comunidades más pobres. Inclusive, en esos países petroleros son conscientes  de que sus reservas se están agotando y están convirtiendo esos desiertos en ciudades modernas orientadas al turismo, al comercio y a los servicios. Me asalta la duda de si ya no hay una sobreoferta de turismo en el mundo y los excedentes de ese oro negro se deban invertir en otras actividades productivas.

En Colombia, Ecopetrol, empresa mixta con mayoría de capital público, produce muy buenos dividendos para alimentar el presupuesto de la nación; paradójicamente, Reficar ha sido factor determinante en los resultados de la empresa, pero no podemos olvidar que el presupuesto de la nación está desbalanceado y se requieren más recursos para poder llevar bienestar a las comunidades más desfavorecidas. Pero la sostenibilidad de la empresa depende del fracking, mientras se proyectan a las otras energías alternativas, con miras a los próximos 10 o 20 años de reservas en nuestro territorio.

Venezuela tiene que moverse rápido y poner a funcionar a toda máquina su empresa petrolera PDVSA. Sería su salvación a la crisis; siempre y cuando, la codicia, que también genera corrupción, se los permita, evitando que sean unos pocos los que se lucren y puedan iniciar el proceso de reconstrucción de su país, que cuenta con las mayores reservas de ese oro negro.

Mejor dicho, toca aprovechar la riqueza que nos pueden generar las reservas del petróleo, haciendo su extracción con responsabilidad ambiental y social, sin codicia y sin corrupción, aprovechándolas en la satisfacción de las necesidades más sentidas de las comunidades más desfavorecidas, invirtiendo en infraestructura productiva, generadora de empleo y de riqueza, y preparando la empresa para el futuro con energías alternativas que suplan el agotamiento del petróleo.

Esas energías alternativas también se tendrán que hacer con responsabilidad social y ambiental, son infraestructuras muy costosas que, en su instalación y funcionamiento, utilizando el aire, el sol, el agua, el mar, presentarán afectaciones al medio ambiente; todo objeto extraño a la naturaleza afecta el medio ambiente.

El mundo requiere de la energía para su supervivencia y desarrollo.

De cara al porvenir: ¿Sí al fracking?

Por Pedro Juan González Carvajal*

Hace algunas semanas una comisión de expertos, conformada en el 2018, dio sus primeras recomendaciones y le dio luz verde, de manera preliminar, al desarrollo de planes piloto de investigación (PPI) para la explotación de hidrocarburos por este método alternativo, en desuso por parte de la mayoría de países desarrollados que tienen reservas de hidrocarburos.

En nuestro país, el país del Sagrado Corazón, donde se delimitan los parques naturales y los páramos para después otorgar licencias ambientales para la explotación de minerales, violando la legislación expedida, esta noticia no debe sorprendernos.

Es claro que en términos económicos la explotación de hidrocarburos es muy importante y significativa para el país, lo cual es un buen argumento, pero no concluyente, para determinar la aprobación de procedimientos vetados en el mundo desarrollado.

Es la visión de corto plazo, una de las causas por las cuales el activismo y la precipitud no nos dejan ni pensar, ni planear, ni ser asertivos a la hora de tomar decisiones.

Ahora que fuimos admitidos en la OCDE y que falta solo un formalismo legal interno para que esta vinculación entre en plena vigencia, se hace más que necesario estudiar las buenas prácticas y las decisiones que los países miembros han tomado alrededor del tema.

El uso del glifosato y del paraquat, el empleo del fracking, la despreocupación por el uso actual del asbesto, la venta de medicamentos prohibidos en otras latitudes, el vertimiento descontrolado de residuos propios de la minería en nuestros ríos, la voraz deforestación de nuestros bosques y nuestras selvas, es solo una pequeña muestra, de la flagrante irresponsabilidad de los órganos de control colombianos, de todos los pelambres, que no se preocupan ni se ocupan, repito, de manera irresponsable, por la salud y el bienestar de los colombianos.

La debilidad del Estado hace que tengamos fronteras desprotegidas, mares y espacio aéreo irrespetados, injerencias ajenas en los asuntos internos, patrimonios de la humanidad, otorgados por la UNESCO, descuidados; firma de contratos cuasi leoninos, Planes de Ordenamiento Territorial ( POTs ) violentados, leyes respetadas pero incumplidas, incumplimiento en la entrega oportuna y de calidad de los derechos constitucionales a los que tienen derecho los ciudadanos, ineficiencia en los procedimientos lo cual fomenta la corruptela, incumplimiento de reglas de juego internacionales, entre otras variadas circunstancias, lo que hace que la falta de gobernabilidad sea evidente y que los ciudadanos no tengamos plena confianza en las reales capacidades del Estado.

Todo lo anterior obliga a repensar al Estado y al tipo de ciudadanos que tenemos en Colombia. Solo la formación de una adecuada conciencia histórica y geográfica nos permitirá conocer, reconocer, valorar y respetar nuestro patrimonio nacional.

Arduo trabajo nos espera, puesto que para sacar adelante este importante objetivo es necesaria la existencia de un sistema educativo pertinente, lo cual hasta la fecha no lo hemos podido establecer.

Nace entonces una nueva comisión de sabios conformada por académicos, intelectuales y artistas nacionales e internacionales, con el fin de presentarle al gobierno nacional, en 10 meses, una serie de recomendaciones parta impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.

Ojalá esta comisión tenga más peso que aquella integrada por 10 sabios nacionales    que por encargo del entonces presidente César Gaviria, en septiembre de 1993, recibieron el encargo de presentar un documento que fue titulado como “Al filo de la oportunidad”, para impulsar la educación, la ciencia, el desarrollo económico y el progreso, documento entregado en julio de 1994.

Sea el momento entonces de insistir en la siguiente arenga: ¡Todo por Colombia, nada contra Colombia!