Por José Alvear Sanín*
Afortunadamente, el representante Juan Espinal
reveló que en la ley del Plan Nacional de Desarrollo se había reglamentado
completamente lo referente a la búsqueda y explotación de hidrocarburos no
convencionales. A continuación, una magistral clase de derecho del doctor
Fernando Londoño Hoyos despejó todas las dudas y demostró la incompetencia del
Consejo de Estado para mantener la suspensión provisional (¿indefinida?) de las
resoluciones que autorizaban el fracking.
Pocas horas después, esa corporación aclaraba
que la suspensión que ellos acababan de mantener no cobijaba las “explotaciones
piloto”, necesarias para determinar las condiciones que permiten explotar, vía
fracking, yacimientos profundos de petróleo y gas natural, sin causar daño
ambiental.
El oso monumental de esa “alta corte” aleja
probablemente la amenaza sobre la industria petrolera, porque si empezamos ya
la explotación de yacimientos no convencionales, el angustioso horizonte de
cinco o seis años se despeja y Colombia podrá seguir siendo un país petrolero
mediano.
Desde luego, lo anterior es apenas un respiro,
porque, sin dejar los hidrocarburos, Colombia tiene que reducir su dependencia
de los combustibles fósiles y diversificar su oferta exportadora varias veces.
En 2018 exportamos US $ 41 381 millones. El
petróleo representó US $ 13 161 millones y el carbón, US $ 7 390 millones. Las
manufacturas, US $ 11 324 millones. La agroindustria exportó US $ 7 301
millones. El café fue su principal renglón, con US $ 2 521 millones. Lo siguen
las flores, con US $ 1 770 millones; el banano, US $ 866 millones, y el aceite
de palma, con US $ 446 millones. Pobre el balance del sector, porque importamos
US $ 6 980 millones de productos agropecuarios.
Si observamos que Holanda, por ejemplo, cuyo
mediocre territorio cabe 38 veces en Colombia, es el primer exportador mundial de
productos agroindustriales (US $ 90 000 millones), podemos darnos cuenta tanto
de nuestro potencial como de nuestra inopia agropecuaria.
Las importaciones de Colombia, ese mismo año,
valieron US $ 51 230 millones; y al enorme déficit comercial se añade uno en
cuenta corriente, que ya representa el 4.6 % del PIB.
Por tanto, a la economía legal la espera un
descalabro monumental, si no se corrigen estos desequilibrios estructurales,
con la aparición de nuevas fuentes de divisas.
Nadie apuesta a la reindustrialización del
país, de tal manera que hay que volver los ojos al campo, donde el potencial de
Colombia es quizás el mayor del mundo. No hay otro país donde la frontera
agrícola todavía pueda avanzar entre 25 y 30 millones de hectáreas, sin
necesidad de talar la Amazonia, cuya protección, por desgracia, poco nos
inquieta.
Ahora bien, frente a nuestro potencial
agropecuario, la política “supraconstitucional” del Estado se ha convenido a
través del NAF con las FARC, para orientarla en lo futuro hacia una concepción
retrógrada, parcelaria en parte y en parte colectivista, que además odia la
ganadería y de la que nada productivo puede esperarse.
Sin embargo, estamos viviendo en buena medida
de otra potente agroindustria, la de los estupefacientes: mucha cocaína; algo,
por ahora, de heroína y grandes expectativas en la marihuana, primero medicinal
y luego recreativa. No sabemos cuánto rinde la exportación de sustancias psicotrópicas,
ni cómo se reparten esas inmensas utilidades entre los carteles locales y sus
asociados mexicanos, ni qué porcentaje se llevan los gobiernos cubano y
venezolano, pero nadie ignora que en buena parte el narcotráfico es el sector
más floreciente de la economía: financia el contrabando, genera empleo, explica
la opulencia de centros comerciales y el lavado masivo de activos; mantiene
bajo el tipo de cambio, que explica la facilidad de viajar, la abundancia de lo
suntuario, lo poco rentable de la inversión local y la reducida propensión al
ahorro.
Entonces, si no se corrigen estos grandes
desequilibrios, el país cada vez dependerá en mayor medida de esa fatídica
agroindustria y se consolidará el narcoestado.
Está haciendo carrera el rechazo de los
hidrocarburos. Un seductor ecologismo sandía (rojo por dentro, verde por
fuera), que jamás ha condenado la voladura de oleoductos, predica la
transformación de nuestra economía hacia lo verde. El aguacate dizque podría
reemplazar el petróleo y equilibrar nuestras finanzas. Es muy fácil denostar la
falacia de Petro, porque ya se sabe que para sustituir el petróleo se
necesitaría algo así como exportar 50 000 toneladas diarias de paltas,
multiplicando docenas de veces la producción mundial de esa fruta; pero en la
opinión va quedando un sedimento falaz, romántico y generoso, en contra del
denostado “extractivismo”.
En un país donde se persigue la ganadería y no
se promueve la gran agroindustria moderna, técnica, productiva y exportadora,
se estimulan en cambio los espejismos del cannabis medicinal, mientras llega la
legalización de la mal llamada marihuana recreativa.
Dos estudios recientes llaman la atención:
Fedesarrollo calcula que, dentro de diez años, las exportaciones de cáñamo
medicinal podrían llegar a US $ 2 741 millones, cifra poco verosímil, pero una
flamante asociación de productores de esa planta hace pronósticos aun más
fantásticos, de US $ 17 000 millones.
Si consideramos el proyecto de ley sobre “el
marco normativo para regular el consumo, producción, distribución,
comercialización y expendio de marihuana recreativa”, presentado el pasado 18
de septiembre por el senador Gustavo Bolívar y apoyado inmediatamente por Juan
Manuel Santos, es decir, por las fundaciones de Soros, vemos cómo se va consolidando
el modelo de una agroindustria “verde” de la coca, el cannabis y el aguacate,
en vez de la de grandes sectores de ganadería, café, frutales, flores, banano,
hortalizas, lechería, apicultura, maderables, forrajes, plantas medicinales,
azúcar, maíz, y mil y más cosechas útiles para un mundo consumidor.
El país debe escoger qué clase de agroindustria
quiere tener, para fundar sobre ella su futuro económico.
Desafortunadamente, pienso que el proyecto del
nuevo Bolívar lleva las de ganar, por su populismo, por la aceptación de la
fácil idea, engañosa y superficial, de que la legalización soluciona los
problemas de la drogadicción y la violencia; y por el activismo de Soros, el
principal interesado, personal y políticamente, en los inconmensurables proventos
de la legalización planetaria de las drogas psicotrópicas.
***
A continuación del fallo de la Corte
Constitucional, que permite el consumo público de estupefacientes, la
legalización de la marihuana se inscribe también dentro del plan de desestabilización
social, moral y jurídica que requiere el avance revolucionario, estimulando
nuevos factores de desorden público y deterioro sanitario.
***
Si por aquí llueve, con el nuncio apoyando a la
JEP y la as FARC, en Venezuela no escampa, cuando el representante del papa
participa en la nueva farsa de negociación entre Maduro y algunos políticos
tránsfugas de la oposición que le colaboran, mientras los obispos de ese país
siguen rechazando esa tiranía.