Por John Marulanda*
El TIAR, fosilizado desde su creación en
1947, se reactivó dos semanas después de las maromas militares de Maduro en el
Táchira. Y es que el escenario colombo-venezolano-latinoamericano, se está
convirtiendo en campo de pruebas para que los rivales del Tío Sam ejerciten
viejas técnicas de guerra con nuevas tecnologías. En la doctrina de guerra
asimétrica del socialismo del siglo 21, las fronteras y las fuerzas regulares
son distractores mientras la verdadera ofensiva utiliza medios no
convencionales: trolls, bots, hackers, criptomonedas, ciberataques, entre
otros.
Territorio y soberanía, son conceptos
revaluados frente a las realidades de estos conflictos de 4ª generación, que
inclusive han llevado a la primera potencia militar a actuar en Venezuela con
cautela, que por momentos pareciera timidez.
La guerra cibernética desde Caracas está
orientada y apoyada por Rusia que tiene la experiencia de Ucrania, en 2014, y
eventualmente por China que utiliza redes sociales y organizaciones mafiosas
subrogadas contra las protestas de Hong Kong. La nueva estrategia involucra
redes del crimen organizado transnacional del narcotráfico y de la minería
ilegal, que financian el asunto; mercenarios como los de la empresa rusa de
seguridad privada Wagner; narco organizaciones armadas “no gubernamentales”
como las células farceln, cuya relación con Miraflores se niega; el empleo de
drones fabricados en Venezuela con tecnología iraní (recordemos lo que acaba de
suceder en Arabia Saudita) y el potencial manejo político de desplazados en lo
que Turquía, los migrantes sirios y Europa serían un eventual ejemplo a seguir.
Atentados urbanos, de pronto apagones
inexplicables y periodistas coludidos apuntalarán el plan; fake news,
como el caso de las fotos de Guaidó con paramilitares, o espantajos como el de
Zukhois llegando en 15” a Bogotá, aumentarán en frecuencia e intensidad. Un
incidente o un “accidente” militar fronterizo con munición real, sin embargo,
es siempre una opción, ahora que Washington le ha dado 52 millones de dólares a
Guaidó, que seguramente se administrarán desde Bogotá, para “restaurar la
democracia”.