Por Pedro Juan González Carvajal*
Hace algunas semanas una comisión de expertos,
conformada en el 2018, dio sus primeras recomendaciones y le dio luz verde, de
manera preliminar, al desarrollo de planes piloto de investigación (PPI) para
la explotación de hidrocarburos por este método alternativo, en desuso por
parte de la mayoría de países desarrollados que tienen reservas de
hidrocarburos.
En nuestro país, el país del Sagrado Corazón,
donde se delimitan los parques naturales y los páramos para después otorgar
licencias ambientales para la explotación de minerales, violando la legislación
expedida, esta noticia no debe sorprendernos.
Es claro que en términos económicos la
explotación de hidrocarburos es muy importante y significativa para el país, lo
cual es un buen argumento, pero no concluyente, para determinar la aprobación
de procedimientos vetados en el mundo desarrollado.
Es la visión de corto plazo, una de las causas
por las cuales el activismo y la precipitud no nos dejan ni pensar, ni planear,
ni ser asertivos a la hora de tomar decisiones.
Ahora que fuimos admitidos en la OCDE y que
falta solo un formalismo legal interno para que esta vinculación entre en plena
vigencia, se hace más que necesario estudiar las buenas prácticas y las
decisiones que los países miembros han tomado alrededor del tema.
El uso del glifosato y del paraquat, el empleo
del fracking, la despreocupación por el uso actual del asbesto, la venta de
medicamentos prohibidos en otras latitudes, el vertimiento descontrolado de
residuos propios de la minería en nuestros ríos, la voraz deforestación de
nuestros bosques y nuestras selvas, es solo una pequeña muestra, de la
flagrante irresponsabilidad de los órganos de control colombianos, de todos los
pelambres, que no se preocupan ni se ocupan, repito, de manera irresponsable,
por la salud y el bienestar de los colombianos.
La debilidad del Estado hace que tengamos
fronteras desprotegidas, mares y espacio aéreo irrespetados, injerencias ajenas
en los asuntos internos, patrimonios de la humanidad, otorgados por la UNESCO,
descuidados; firma de contratos cuasi leoninos, Planes de Ordenamiento
Territorial ( POTs ) violentados, leyes respetadas pero incumplidas,
incumplimiento en la entrega oportuna y de calidad de los derechos
constitucionales a los que tienen derecho los ciudadanos, ineficiencia en los
procedimientos lo cual fomenta la corruptela, incumplimiento de reglas de juego
internacionales, entre otras variadas circunstancias, lo que hace que la falta
de gobernabilidad sea evidente y que los ciudadanos no tengamos plena confianza
en las reales capacidades del Estado.
Todo lo anterior obliga a repensar al Estado y
al tipo de ciudadanos que tenemos en Colombia. Solo la formación de una
adecuada conciencia histórica y geográfica nos permitirá conocer, reconocer,
valorar y respetar nuestro patrimonio nacional.
Arduo trabajo nos espera, puesto que para sacar
adelante este importante objetivo es necesaria la existencia de un sistema
educativo pertinente, lo cual hasta la fecha no lo hemos podido establecer.
Nace entonces una nueva comisión de sabios
conformada por académicos, intelectuales y artistas nacionales e
internacionales, con el fin de presentarle al gobierno nacional, en 10 meses,
una serie de recomendaciones parta impulsar la ciencia, la tecnología y la
innovación.
Ojalá esta comisión tenga más peso que aquella
integrada por 10 sabios nacionales que por encargo del entonces presidente César
Gaviria, en septiembre de 1993, recibieron el encargo de presentar un documento
que fue titulado como “Al filo de la
oportunidad”, para impulsar la educación, la ciencia, el desarrollo
económico y el progreso, documento entregado en julio de 1994.
Sea el momento entonces de insistir en la
siguiente arenga: ¡Todo por Colombia, nada contra Colombia!
