Por Antonio Montoya H.*
La
JEP es un instrumento jurídico que en mala hora surgió en las negociaciones de
paz con la FARC, que pretendió y pretende ser el órgano a través del cual se
juzgue, condene o absuelva a los que son admitidos a dicha jurisdicción. En el
fondo, el objetivo es condenar a aquellos que cometieron distintos delitos en
el trasegar de la vida guerrillera, sobre todo a los comandantes y al primer
grupo de dirección, a toda la cúpula del comando superior encabezado por Timochenco
y otros más que cumplían su misión en diferentes frentes del territorio
nacional, así como a los que participaron en el conflicto, los militares y
terceros que de una u otra forma fueron activos en el desarrollo de estos
cincuenta años de guerra.
Esta
bien que se sometan a decir la verdad de lo ocurrido en tantos años de
violencia y se les condene si se les encuentra culpables, además que se dé la
reparación y se comprometan a la no repetición. Es fácil si se cumple y someten
a ello, no a dilatar, torpedear y negarse a presentarse.
Si
queríamos una justicia ágil y pronta, con esta jurisdicción perdimos el año, se
van a cumplir dos años del acuerdo y nadie ha visto resultados tangibles. Mucho
bla, bla y nada de acción, se ha ido el tiempo en explicar en que se gastan el
dinero, en crear una burocracia y otorgar contratos de increíble valor para
nada, por eso es que es un adefesio jurídico la Jurisdicción Especial para la
Paz. Tiene un nombre rimbombante y ha creado grandes expectativas que se están
diluyendo en el tiempo, no creemos en ella y se vuelve en otro elefante blanco
de la justicia en nuestro país.
Por
qué no haber creado al interior de la misma Corte Suprema de Justicia una
sección especial de magistrados, con investigadores apoyados por la fiscalía
para encarar este tortuoso y necesario ejercicio de nuestro país para buscar la
justicia, no la genérica, sino la que realmente recaiga en los responsables de
los múltiples delitos que se cometieron, que no tienen justificación y que han
afectado a miles de familias en Colombia, entre ellos violación, tortura,
desaparición, desplazamiento, secuestro, utilización de menores, masacres,
genocidios y en fin todos aquellos actos que se cometieron en el conflicto.
La verdad se debe conocer, sin
ambigüedades ni engaños, así sea dolorosa, angustiante y terrible para aquellos
que en forma directa van a conocer la causa de la muerte o desaparición de sus
seres querido familiar y la explicación que se dé llenará sus almas de un dolor
que no los dejará respirar. Es la verdad que se requiere para sanar el cuerpo y
el alma no solo de sus parientes, sino de todo un país que sufrió el horror del
conflicto, que vio su economía y futuro truncado por los actos vandálicos de
los guerrilleros y los otros actores que hicieron parte del conflicto.
La justicia, si la hay, debe ser
pronta y rápida, deberíamos tener condenas y aun no las hay, se pierde la
esperanza.
La reparación no parece que se fuera
a dar porque dicen que el dinero no está, que han entregado lo que tenían. Mentira,
mentira, debe estar encaletado, esperando que las aguas se enfríen y proceder a
legalizarlo.
La
no repetición, es sin duda alguna el
objetivo, el deseo que tenemos de que, aunque se den dificultades en la puesta
en marcha, no se genere una desbandada y se vayan otra vez, como ya está
ocurriendo, a ser parte de otros grupos. Pero, los caso que observamos de
Santrich, el Paisa, Márquez y otros, que ya han sido dados de baja, hace dudar
de la no repetición.
Ahora
bien, además de las dificultades anteriores para el cumplimiento del objetivo
final del conflicto, nos hacemos la pregunta que claramente expresó el exmagistrado
de la honorable Corte suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, en el programa
de televisión El Pensamiento al Aire que grabamos en días pasados en la ciudad
de Medellín: para qué y por qué la Jurisdicción para la Paz tiene que tener una
vigencia de veinte años. No tiene razón de ser, si va haber justicia debe ser
ya, no dilatar decisiones y actuar. No debió tener más de cuatro años de
duración ese esperpento jurídico, porque, además, fue un atropello contra la
rama jurisdiccional, el soporte con el ejecutivo y el legislativo de la
institucionalidad del país.
También,
un sector grande del país se fue lanza en ristre contra el presidente Iván
Duque, porque en el ejercicio de su deber constitucional considero que 6 de los
158 artículos de la ley estatutaria de la JEP, son inconvenientes. Pues lo son
y de qué manera. Ahora tendrá el congreso que analizar el tema, con mucho
cuidado y sin pasión, porque por causa de la polarización estamos camino del
despeñadero.
No
se nos puede olvidar que cuando el país se divide, el desorden crece y los
populistas aprovechan para hacer y deshacer y convertirse en los lideres y
mesías salvadores de la democracia. Son hábiles y así lo vemos todos los días, aprovechando
las marchas para tomarse fotos, llegar a los sitios del conflicto no para
apoyar sino para enrarecer más el ambiente, y eso no lo ven los líderes de los
partidos, absortos en sus propias ideas y permitiendo que el país vaya al caos
y aquellos otros aprovechando nuestras diferencias, para después darnos jaque
mate. Así perderemos lo construido en 210 años de luchas por la democracia.
